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martes, 15 de enero de 2013

Patricio Poblete: La Universidad de Chile y los modelos de asignació...


LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y LOS MODELOS DE ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

La indignación ha cundido entre las autoridades y los académicos de la Universidad de Chile ante lo que se considera una afrenta perpetrada por la asignación del Fondo Basal por Desempeño realizada por la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A través de un modelo matemático basado en indicadores más que discutibles, la DIVESUP repartió 11,8 mil millones de pesos a 25 universidades, agrupadas en tres categorías. En la categoría superior, que recibió poco menos de 3,5 mil millones, la Universidad de Chile fue rankeada en tercer lugar, a gran distancia de la PUC y de la USACH, recibiendo una asignación de solo 892 millones de pesos.

El modelo introducido para este efecto por la DIVESUP ha recibido, merecidamente, fuertes críticas. En el caso del grupo en que está la Universidad de Chile, se utilizan seis indicadores: 
  • a) Número de académicos de Jornada Completa (JC) por cada 100 alumnos
  • b) Porcentaje de académicos con doctorado
  • d) Número de publicaciones Scopus por número de Jornadas Completas Equivalentes (JCE)
  • f) Número promedio de citas por publicación Scopus
  • j) Tasa de graduación en programas de doctorado
  • k) Número de patentes solicitadas por JCE
Llama la atención de inmediato que todos son indicadores relativos, por lo que se daría el absurdo de que una universidad con 10 académicos, todos con doctorado, recibiría la misma cantidad de dinero por este hecho que otras con 100 o con 1000 académicos, todos con doctorado. Pero el modelo empeora más todavía si se observa que las diferencias, a veces no significativas entre las instituciones, se magnifican al tomar el rango entre el mínimo y el máximo y trasladarlo al intervalo [0..100]. Como si lo anterior fuera poco, con este algoritmo se asigna la mitad del fondo, y el mismo método se aplica para distribuir la otra mitad de los recursos, pero esta vez usando lavariación de los indicadores, con resultados aún más inciertos. El resultado es un "cóctel" matemático que entrega resultados que no guardan relación con los "rankings" comúnmente aceptados para las instituciones, y que es altamente sensible a cambios menores en las variables.

Es comprensible, por tanto, el furor que ha causado el anuncio de esta asignación de fondos y la lluvia de críticas que han recibido las autoridades ministeriales. Sorprende, sin embargo, que este episodio haya causado tanto revuelo, cuando por otra parte opera sin ningún barullo otro modelo, con variables tanto o más cuestionables, con un algoritmo que raya en lo surrealista, que administra un fondo más de quince veces más grande, y que cada año le hace perder a la Universidad de Chile más de 500 millones de pesos. Y sobre esto, nadie dice nada.

Me refiero, por cierto, al modelo que asigna el 5% del Aporte Fiscal Directo.

Cada año, el 95% del Aporte Fiscal Directo se asigna en proporción a lo asignado el año anterior, y el 5% restante se distribuye por criterios "de calidad". Para esto último, se utilizan cinco indicadores:
  • a) alumnos de pregrado / carreras de pregrado
  • b) alumnos de pregrado / JCE
  • c) JCE con magister o doctorado / JCE
  • c) número de proyectos FONDECY y otros / JCE
  • d) número de publicaciones internacionales / JCE
Nuevamente vemos que se trata de indicadores relativos, lo que conduce al mismo absurdo que en el caso anterior, al punto que por ejemplo, si una universidad se dividiera en dos mitades de "calidad" similar, ¡por ese solo hecho pasaría a recibir cerca del doble del financiamiento!

No deja de llamar la atención, y quizás sea un símbolo de lo incoherente de estas políticas públicas, que lo que trata de incentivar el indicador b) sea justo lo opuesto de lo que busca incentivar el indicador a) del Fondo Basal.

Pero en donde el modelo del 5% le gana lejos al modelo del Fondo Basal, es en el algoritmo de cálculo utilizado. El Decreto Nº 128 del Ministerio de Educación, de 1991, describe este método de una manera inigualable:

Artículo 3 
El procedimiento de cálculo que permitirá asignar los recursos a cada institución se realizara en la secuencia que se señala. 
1:  A partir de los datos básicos indicados en los artículos anteriores se realizara el cálculo de los cinco coeficientes por institución mediante las divisiones correspondientes; 
2:  Obtenidos cada uno de los cinco coeficientes por institución, se procederá a calcular la media aritmética y la desviación estándar de los cinco coeficientes; 
3: Bajo el supuesto de que cada uno de estos cinco coeficientes son una variable aleatoria cuya distribución se aproxima asintomáticamente a una normal, se procederá a corregir cada uno de ellos conforme al procedimiento de estandarización de una distribución normal. Con tal objeto a cada uno de los cinco coeficientes obtenidos en el punto 1., se le restare la media aritmética correspondiente obtenida en el punto 2 y la diferencia resultante se dividirá por la desviación estándar respectiva, generándose así cinco nuevos coeficientes para cada institución; 
4: Con el propósito de que el rango de valores para cada uno de dichos cinco coeficientes, correspondientes, teóricamente, al 95% de la probabilidad acumulada de una distribución normal estándar, este situado en un tramo de valores positivos solamente se procederá a sumar 2 a cada uno de dichos cinco coeficientes y, enseguida, con el objeto de que el rango resultante de dichos valores se ubique entre 0 y 1, se procederá a dividir cada uno de los resultados anteriores por 4. 
5: Estos resultados deberán ser objeto de una nueva transformación, utilizando esta vez una función exponencial que es característica de un crecimiento biológico. Dicha transformación tendrá por objeto cumplir la finalidad de la Ley de incentivar el nivel y progreso académico de cada una de las instituciones. 
Para ello, los valores obtenidos en el punto 4 se le restará un parámetro igual a 1.9, la diferencia resultante se elevara al valor de un exponente igual a 3 y, a este nuevo resultado, se le aplicare la función exponencial con base "e". 
6: Previamente, para realizar las operaciones siguientes se deberá asignar un parámetro a cada uno de los coeficientes señalados en el artículo 1, de manera que refleje su importancia relativa sobre una base que sume 1. Estos parámetros se fijaran anualmente por Resolución del Subsecretario de Educación. 
Los cinco coeficientes por institución corregidos, obtenidos en el punto 5, se sumaran ponderadamente, ocupando como ponderación los parámetros de importancia relativa antes mencionados, lo que generara un valor único para cada institución.  
7:  Finalmente, se obtendrá el porcentaje de asignación de los recursos del 5% para cada institución como el resultado de dividir el valor por institución obtenido en el punto 6 por la suma de este valor para el conjunto de las instituciones, todo ello multiplicado por 100.
En otras palabras:


No estoy inventando nada: vean cómo se justifica, sin ni siquiera pestañear, el uso de una función exponencial "característica de un crecimiento biológico" como la forma de incentivar el nivel y el progreso académico de las instituciones, como si fuera obvio que una cosa implica la otra. ¡Uno imagina a la autoridad que promulgó esta norma, quien, como en la historia del rey desnudo, no debe haberse atrevido a confesar que no entendía nada de lo que estaba firmando!

Antes de que alguien objete que en realidad la manera en que se asigne el 5% no es tan importante porque el 95% restante continúa asignándose con un criterio histórico, hay que notar que la aplicación iterativa de este procedimiento, año tras año, hace que a la larga el criterio con que se asigna el total del fondo termine siendo el criterio del 5%, independientemente del estado inicial.

El resultado de la aplicación de este modelo ha sido nefasto para la Universidad de Chile. El siguiente gráfico muestra cómo ha decaído constantemente  la participación de la "U" en el AFD en los últimos años:



La magnitud de la pérdida de recursos que ha sufrido (y sigue sufriendo) la Universidad de Chile se aprecia mejor si uno recuerda que el 1981, al momento de crearse el AFD, su porcentaje de participación en este fondo era de 28,1%. Por esta vía, la Universidad de Chile ha perdido casi un tercio de los recursos que el Estado le asigna a través del AFD. Si este mecanismo continúa operando sin cambios, se puede extrapolar que cuando el proceso converja, su participación en el AFD probablemente será la mitad de lo que era en 1981.

Dado el impacto económico que tiene el "ranking" de universidades que genera el modelo del 5%, es extraño que no tenga mayor visibilidad, y que su fórmula de cálculo sea uno de los secretos mejor guardados. Todo el mundo sabe que se basa en varios indicadores, pero cuesta encontrar a alguien que sepa, por ejemplo, que involucra una función exponencial con parámetros misteriosos.

Si este ranking, que pretende medir la calidad de las universidades, se publicara cada año, nos llevaríamos más de una sorpresa. Por ejemplo,

  • En 2011, el segundo lugar lo ocupó la Universidad Católica de Valparaíso
  • Entre 2009 y 2003, el tercer lugar lo tuvo la Universidad de Talca
  • Entre 2004 y 2009, el tercer lugar lo ocupó la Universidad de La Serena, excepto el 2006, año en que ella se empinó al segundo lugar

El siguiente gráfico muestra cómo ha variado el porcentaje de participación en el 5% de los principales actores del sistema:


Nota: Los datos de la distribución del 5% del año 2010 no están publicados en el sitio web del AFD de DIVESUP, y el decreto respectivo fue aprobado con alcance recién el 22 de noviembre de 2011 por Contraloría.

El impacto de los "números mágicos" que incluye el modelo del 5% del AFD no es menor, y los cambios que han sufrido algunos de ellos explican algo del comportamiento errático de este proceso. Por ejemplo, el Decreto Supremo Nº 111 de 1992 modificó el exponente original, que era 5, para cambiarlo a 3, y cambió la constante que originalmente era 1,4 por  la actual 1,9.  Como hace notar un estudio de José Cuello Juárez, ese solo hecho hizo que en ese momento la fracción del 5% que recibía la Universidad de Chile subiera de 7,2% a 23%. Las ponderaciones de los diversos factores han cambiado también a lo largo del tiempo. El cambio más notorio es la del indicador a), que tenía originalmente un peso de 0,15, luego entre 1992 y 1997 subió a 0,25, y a partir de 1998 bajó a 0,01.

La atención que el asunto del Fondo basal por Desempeño ha puesto sobre estos modelos matemáticos de asignación de recursos es bienvenida, y es de esperar que el escrutinio se extiendo a otro modelo, el del AFD, que tiene un impacto enormemente superior, cuya metodología nunca ha sido fundamentada adecuadamente, y que hasta ahora ha logrado mantener un perfil bajo.

http://ppoblete.blogspot.com.ar/2013/01/la-universidad-de-chile-y-los-modelos.html

lunes, 14 de enero de 2013

Juan Gabriel Valdés: “Todos celebran las primarias porque no se atreven a confesar que fracasó el sistema binominal”

14 de Enero, 2013 

El candidato a senador por el Partido Socialista (PS) argumentó que de ser senador, utilizará sus facultades para modificar el sistema.
Juan Gabriel Valdés oficializó su candidatura como senador por el Partido Socialista (PS) por la región de los Ríos. El ex embajador realizó un llamado a concretar el impulso por el desarrollo de la región. También calificó de "enfermedad", el sistema binominal argumentando que es el único impedimento para lograr credibilidad en la política chilena. 
“Yo creo que los partidos tienen que definir cómo van a elegir sus candidatos y cómo los van a ofrecer a sus electorados locales”, remarcó Valdés. Explicó además que a su juicio la única importancia de las primarias es que los ciudadanos pueden elegir a quienes quieren como representantes en el parlamento.

La historia tributaria del terreno que vendieron los Matte en La Dehesa

Por : Patricio Herman en OpiniónPublicado: 20.01.2012



portada-prediomatte
El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad asegura que a pesar de tener “aptitud urbana plena” desde 2002, el terreno de 42 hectáreas que la familia Matte acaba de vender en La Dehesa siguió pagando impuestos como si fuese agrícola. No obstante, los Matte no lo vendieron a precio de predio agrícola, pues cobraron US$ 96 millones. El autor explica cómo pudo suceder eso y calcula los impuestos anuales que debería pagar el consorcio inmobiliario que lo adquirió, ahora que se sinceró su destino urbano y su valor comercial: US$ 2,3 millones si se mantiene eriazo o US$ 1,1 si es loteado.
En la edición del lunes 16 de enero pasado el diario electrónico El Mostrador publicó el reportaje “Los Matte Capdevila vendieron el terreno más caro de Chile sin pagar impuestos”, con epígrafe “recibieron US$ 96 millones por 42 hectáreas planas”. Se decía que este terreno era el más grande sin construir en el sector oriente de Santiago, teniéndose en cuenta que los vendedores del predio son los tres hijos del empresario Eleodoro Matte Larraín.
Ese medio expresó que si la operación comercial hubiera sido hecha por una de las tantas sociedades del anterior, se habría aplicado el impuesto de primera categoría y en este punto específico enfocó su crónica. Por nuestra parte, decimos que hubiera sido descabellado que los Matte pagaran esos impuestos si la enmarañada normativa chilena permite esquivarlos con la ayuda de los siempre atentos especialistas en tributación.
De acuerdo a las normas de edificación que tiene ese exclusivo terreno de 42 hectáreas, se podrán construir allí unas 390 viviendas unifamiliares e innumerables edificios de cuatro pisos de altura, inmuebles todos naturalmente dirigidos a quienes tengan ingresos mensuales superiores a los US$ 8.000, es decir, la elite santiaguina que gusta vivir en las inmediaciones de la cota 1.000, mirando la hermosa cordillera de Los Andes.
Consultado un profesional en la materia, éste le informó a El Mostrador que “como cualquier propiedad los terrenos pagan contribuciones, las que suben al doble cuando son sitios eriazos como el paño vendido el 4 de enero pasado por el que hubo tres consorcios interesados”, con lo cual los lectores del medio entendieron que el gigantesco predio de la familia Matte pagaba contribuciones de bienes raíces o impuesto territorial desde que fue comprado a alguien.

Un poco de historia

Según las inscripciones que constan en el Conservador de Bienes Raíces, los hermanos Matte Capdevila (Eliodoro, Jorge y María del Pilar) obtuvieron el predio por donación de Eliodoro Matte Larraín en julio de 2010. A su vez estos fueron adquiridos por Eliodoro Matte Larraín a Eliodoro Matte Ossa en 1967, “por precio equivalente en moneda corriente chilena de 6.340 quintales métricos de trigo blanco”. Eliodoro Matte Ossa fue el primero de la familia que tuvo propiedad en el terreno, el que adquirió en 1953 en sociedad con Bernardo Larraín Vial, Juan Larraín Vial, Julio Pereira Larraín y Pedro Lira Urquieta, quienes lo compraron a Bernardo Larraín Cotapos en $10 millones de la época. Tres años después, Matte Ossa liquidó la comunidad con los otros cuatro socios y se adjudicó el predio en $7.230.975.
El terreno está localizado en el sector de La Dehesa de la comuna de Lo Barnechea, la que se escindió el año 1992 de la comuna de Las Condes y durante ocho años aquella municipalidad otorgó permisos de edificación de acuerdo a las normas contenidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994 (PRMS) hasta que finalmente, en 2002, se vio en la necesidad de publicar su propio Plan Regulador Comunal (PRC).
Hasta el año 1994 era considerado un predio rural o agrícola, de acuerdo a lo establecido con antelación en el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960. Por esa sola circunstancia, su valor comercial hasta 1994 era ínfimo. A partir de ese año y hasta 2002 formó parte del Área Urbanizable del Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), con ciertas normas fijadas en ese instrumento: “Hasta que los PRC establezcan las normas definitivas para esta área” (artículo 3º transitorio del PRMS).
A partir de la puesta en marcha del PRC de Lo Barnechea (2002), tal terreno adquirió la aptitud urbana plena, es decir, con un simple acto administrativo firmado por funcionarios públicos (alcaldesa de Lo Barnechea, seremi de Vivienda y Urbanismo e intendente metropolitano) la familia Matte obtuvo una importante plusvalía patrimonial no afecta a ningún tributo, porque las autoridades de nuestro país siempre se han opuesto a legislar acerca de las ganancias privadas que se producen con estos cambios en los usos de suelo.
Desde hace años la Municipalidad de Lo Barnechea ha invertido cuantiosos recursos públicos para equipar la zona en donde está el terreno recién vendido por los Matte al consorcio inmobiliario conformado por Enaco y Moller Pérez-Cotapos. La ejecución de las redes viales, sanitarias, eléctricas, áreas verdes, etcétera, están todas terminadas, pero por estas cosas curiosas de la vida ese valioso predio urbano es, ¡oh sorpresa!, agrícola. Lo es por solicitud al Servicio de Impuestos Internos (SII) de los abogados y consejeros de negocios de Matte padre, asunto resuelto a favor de los peticionarios el 25 de febrero de 2002 por el juez del tribunal tributario de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente.
Luego, dicho terreno en vez de pagar contribuciones de bienes raíces por el doble de lo que correspondía, según el avalúo fiscal determinado por el SII, por ser eriazo, ese empresario ha pagado durante muchos años una suma irrisoria equivalente a una modesta vivienda económica DFL2 de 50 m2. En la actualidad, su inmenso predio recién vendido para que otros construyan centenares de viviendas de lujo tiene un avalúo oficial que corresponde al 0,5 % (sic) del precio de venta (US$ 96 millones) informado por la prensa.
Con ese habilidoso ardid aceptado por el Estado, la caja fiscal ha dejado de percibir numerosos millones de dólares por concepto de pagos de contribuciones de bienes raíces, situación que, por lo demás, se debe repetir en otros tantos casos.

Terreno “en engorda”

Los Matte, a pesar de que desde 1994 ese terreno ya tenía aptitud habitacional, optaron por mantenerlo en “engorda”, con dos vacas y tres caballos en su interior para justificar su condición de agrícola, sustrayéndolo del mercado del suelo. Con ello, impidieron que operara, en la determinación de los precios de cada transacción, la oferta y demanda en ese sector urbano de moda. Y más encima fueron favorecidos con el obsequio tributario acordado tiempo atrás por el SII.
El 17 de mayo de 2004 le representamos esta burlesca situación a Juan Toro, director nacional del SII en aquella época, autoridad que preocupada por cuestiones de gobierno bastante más trascendentales, no nos contestó. Comprendimos rápidamente que esa consulta era asaz incómoda para el sistema y por ello no insistimos, pero como tenemos una excelente memoria la recordamos en esta oportunidad.
Lo relatado es similar a lo acontecido con unas rebajas de estos impuestos territoriales por reclamos formulados al SII por la empresa Reconsa, ya que este servicio público había retasado sus terrenos cobrando más, en atención a que siendo rurales se habían transformado en urbanos, y la constructora quería seguir pagando menos, asunto narrado el 04/01/12 en la crónica de El Mostrador titulada “Las transversales redes de poder detrás de las dunas de Concón”. El abogado entrevistado dijo que Reconsa obtuvo lo que pretendía.
En resumen, en Chile los que más ganan, pagan menos impuestos y esto se mantendrá indefinidamente porque los que hacen las leyes y quienes las interpretan, así lo quieren.

Post scriptum

Ahora que ese terreno urbano ya le pertenece a las mencionadas inmobiliarias, esperaríamos que el SII, a partir de este año 2012, establezca en el certificado respectivo que le enviará a las anteriores el avalúo correcto, para que así esas sociedades comerciales paguen el tributo justo por el patrimonio que poseen.
Dado que en la actualidad ese avalúo fiscal fijado por el SII es muy similar al avalúo comercial, Enaco y Moller Pérez-Cotapos debieran recibir los cobros del impuesto territorial de acuerdo al siguiente esquema en dólares:
Avalúo = US$ 96.000.000, tasa anual = 1,2% y sobretasa = 100%
Si el sitio de 42 hectáreas se empieza a lotear, porque entendemos que los compradores no tienen interés en plantar cebollas ni lechugas en el mismo, el pago anual sería US$ 1.152.000. Si se mantiene eriazo, ese pago anual sube a US$ 2.304.000.
Cada lector podrá multiplicar las cifras anteriores por el valor del dólar ($ 500) para conocer el monto anual que deberían pagar esas inmobiliarias a partir del año en curso.


http://ciperchile.cl/2012/01/20/algunos-no-pagan-contribuciones-de-bienes-raices-entre-ellos-matte/

“El sistema tributario chileno está diseñado para privilegiar a unos pocos”



EXPERTO EN TRIBUTACIÓN:


Servicio Impuestos Internos
Usando como ejemplo la venta de terrenos que hizo la familia Matte, Francisco Saffie ahonda en un problema central del sistema tributario: privilegia a unos pocos. Y un aumento de impuestos, dice, no acabará con el privilegio. Se requiere entender el significado político del tributo: “Solemos pensar en los impuestos como una carga de la que podemos librarnos con astucia, cuando deberíamos considerarla una contribución para vivir en una sociedad democrática y justa”. A su juicio, lo que debiese abordar el debate actual es una pregunta por los fundamentos del sistema tributario que deberíamos tener.
Hace unas semanas El Mostrador informó que los miembros de la familia Matte vendieron un inmueble sin pagar impuesto a la renta por la ganancia de capital derivada de esa venta. Una columna en CIPER añadió, unos días después, que el terreno en cuestión estuvo en manos de esa familia por muchos años, traspasándose de generación en generación. El autor de ese artículo se preguntó por el pago (pasado y futuro) de las contribuciones de bienes raíces.
Podemos suponer que este no es el primer caso ni será el último en que aquello que ayer perteneció al abuelo de una familia sea aprovechado por los nietos. Y cabe preguntarse qué problemas nos plantea una situación como esa. ¿No es acaso esta la forma “natural” de justificar nuestro esfuerzo y trabajo? ¿Acaso el trabajo no tiene como justificación exclusivamente el bienestar de mi “familia” (actual y futura)? Dicho de otra forma: si una generación compró algo barato hace muchos años y hoy una nueva generación lo vende caro, ¿qué se puede reprochar? Por otro lado, ¿cómo entender que haya personas que se benefician económicamente sólo por ser hijos o nietos (¿habrá bisnietos por ahí?) de quien lo son? ¿Cómo es posible que en un caso como este no se pague impuesto a la renta por la ganancia de capital (esto es, por la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta del inmueble)?
Hoy, cuando discutimos sobre una posible reforma o “perfeccionamiento” tributario, estas preguntas se vuelven relevantes, pues si no somos capaces de entender la situación en que estamos, difícilmente daremos con el remedio adecuado.
En esta columna me gustaría plantear algunas posibilidades para entender el problema del sistema tributario vigente, mostrar por qué una reforma –centrada únicamente en un aumento de tasas impositivas– o un “perfeccionamiento”, es insuficiente para lo que necesitamos: un sistema tributario no sólo concentrado en obtener recursos públicos y “cuidar” la economía, sino uno entendido como el sustento necesario del Estado y de las condiciones que hacen posible nuestra vida en sociedad.
Hay quienes, de manera equivocada, creen que lo indignante de la situación descrita en un comienzo es que se haya usado la ley instrumentalmente para pagar menos impuestos. De acuerdo a esa mirada, estaríamos ante un caso de evasión (“elusión” o “planificación”) tributaria. En el lenguaje siútico e inexacto para la realidad tributaria chilena se trataría de un loophole, término en boga e importado directamente desde Harvard. La solución que corresponde sería, entonces, un “perfeccionamiento” para cerrar estos vacíos. Otros creen que lo que centralmente nos muestran casos como el descrito es que estamos recaudando pocos ingresos; la solución, entonces, es aumentar las tasas de los impuestos (generando, claro está, en lo que se ha transformado la ortodoxia, las “menores distorsiones” posibles).
Un mínimo análisis del caso en estudio nos indica que las propuestas reseñadas son remedios para otras enfermedades. La falta de recursos del Estado es un asunto muy relevante, no cabe duda, pero el problema del sistema tributario vigente en Chile no es que centralmente recaude pocos ingresos, sino que quienes tienen más no están contribuyendo como deberían. Lo que necesitamos entonces es una refundación; entender que antes que fijarnos exclusivamente en la recaudación (que, como ocurre en Chile, puede ser producto de un sistema inadecuado), necesitamos invertir los términos de la discusión para empezar por preguntarnos qué estructura tributaria tenemos. El caso mencionado de la venta del terreno sirve para dar algunas respuestas a esa interrogante.
El sistema tributario chileno permite (y si uno quisiera adoptar el lenguaje de los economistas “incentiva”) que casos como este ocurran. Sí, leyó bien: la situación narrada por los medios no es algo hecho a espaldas de la ley, sino algo que la ley permite.
Según sabemos por la columna de CIPER, los vendedores del terreno lo adquirieron por donación. Por esta transferencia debe pagarse impuesto a las donaciones. Podemos suponer que los abogados tributaristas deben haber aconsejado al padre traspasar esta propiedad a los hijos mediante donación y que éstos pagaran el impuesto correspondiente, para que no existiera reproche alguno de ilegalidad en la operación. Para recomendar esta estrategia los abogados asesores deben haber argumentado que el impuesto a las donaciones es mucho más bajo que la ganancia que se obtendría luego con la venta del inmueble. Haciendo esto, además, no es necesario utilizar “artilugios” para evitar el pago de impuestos.
Contra lo que Libertad y Desarrollo nos ha querido hacer creer, el impuesto a las donaciones conviene pagarlo porque es muy bajo y permite traspasar los privilegios que gozaron los padres, a los hijos. Una vez que éstos son los dueños del terreno, pueden venderlo y no pagar impuesto a la renta alguno (por el mayor valor obtenido en la venta), “siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley”. Las condiciones que establece la ley son pocas: (Ley sobre impuesto a la renta, arts. 17 Nº 8 letra (b) y 18): (i) que no se trate de bienes raíces que forman parte del activo de empresas que declaran su renta efectiva en la primera categoría; y (ii) que no se trate de operaciones habituales (conforme a los términos especificados en la misma ley). Eso es todo.
Un escenario como el descrito no cambia si se decide aumentar las tasas de los impuestos.
Nos queda mostrar ahora por qué un “perfeccionamiento” tampoco resuelve el problema. Para comenzar, es importante notar que hablar de “perfeccionamiento” respecto de algo supone que ese algo es bueno para lo que se quiere y que solo necesita algunas mejoras. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces es: ¿para qué es bueno el sistema tributario que tenemos?
Pues bien, el sistema tributario chileno es bueno para privilegiar a unos pocos. Está diseñado para privilegiar a unos pocos, así de simple. El sistema tributario actual es el sistema neoliberal instaurado en 1984 al cual se le han ido sumando perfeccionamientos (sin las comillas). En este sistema, por ejemplo, quienes realmente se llevan la mayor carga (en términos comparativos) del impuesto a la renta son los empleados asalariados sujetos a contrato de trabajo. Ellos no pueden realizar “planificaciones” tributarias porque sus impuestos son retenidos por los empleadores. No pueden, tampoco, diferir el pago del impuesto global complementario. Y, además, son quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar el IVA cada vez que consumen.
Que estos contribuyentes deban pagar impuestos no es el problema; el problema es que en ellos descansa el Estado y que sean ellos quienes contribuyen proporcionalmente más. Y hay que estar atentos porque me temo que un “perfeccionamiento” ve estas cosas pero propone más neoliberalismo (y entonces suenan voces que proponen disminuir impuestos).
Lo que hasta ahora nos han dicho el ministro de Hacienda Felipe Larraín y el Presidente Sebastián Piñera es que para “perfeccionar” el sistema piensan aumentar “un poco” el impuesto a las empresas, “alivianar” la carga de las pymes y cerrar loopholes.
“En el sistema tributario actual quienes realmente se llevan la mayor carga (en términos comparativos) son los empleados asalariados sujetos a contrato de trabajo. Ellos no pueden realizar ‘planificaciones’ tributarias ni diferir el pago del impuesto global complementario. Y, además, son quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar el IVA cada vez que consumen”.
Lo que no nos dicen Larraín y Piñera es que creen que el sistema en general les parece adecuado para lo que el país necesita. Como buenos economistas, creen que el sistema recauda lo necesario para el gasto, sin distorsionar los mercados. Con eso basta. Lo que se necesitaría entonces, son dos o tres ajustes para mostrar que el sistema da cuenta de lo que la “gente pide”.
El problema es que aquellos que quieren “perfeccionar” el sistema buscan que el impuesto a la renta esté orientado todavía más hacia un impuesto al consumo (Libertad y Desarrollo en sus “informes” y Rolf Lüders enLa Tercera del 20.01.12); es decir, que quienes contribuyan al Estado no sean quienes detentan la riqueza, sino quienes gastan (Lüders, por ejemplo, dice que esto es “justo” porque un impuesto de ese tipo “afecta el valor de aquellos bienes y servicios que las personas le sustraen a la comunidad por medio del gasto o consumo”). Perfeccionar, es para ellos hacer el sistema aún más neoliberal.
Podemos concluir entonces que: (i) el aumento en la recaudación en sí mismo no debería ser hoy el objetivo principal de una reforma tributaria en Chile; y (ii) no necesitamos un “perfeccionamiento”, lo que hoy necesitamos es volver a preguntarnos algo básico: quiénes y cómo deberían contribuir al erario fiscal; para luego preguntarnos para qué.
Una vez que tengamos respuestas a esos temas podremos determinar qué es aquello que necesitamos hacer (por ejemplo cuánto debemos contribuir). Me temo que un “perfeccionamiento” sólo empeorará la situación en que nos encontramos. Un “perfeccionamiento” nada dice respecto de cuál es el objetivo buscado, sino que lo anuncia bajo un velo “técnico”. Tal como se ha planteado hasta ahora, un “perfeccionamiento” tributario es un caso perfecto de ideología, porque permite decir una cosa y hacer otra: decir que aumentamos la recaudación fiscal para financiar la “agenda social”, pero sin decirnos quién paga y cómo lo hacemos.
Para terminar, mi diagnóstico es que el problema del sistema tributario chileno es que está basado en ideas de mercado y no en el concepto político adecuado. Solemos pensar en los impuestos como una carga de la que podemos librarnos con astucia, cuando deberíamos considerarla una contribución que todos debemos hacer para vivir en una sociedad democrática y justa.
Una palabra está ausente en la discusión impositiva, y por cierto en muchas otras discusiones, que define el tipo de sociedad en el que vivimos: Fraternidad. En el debate impositivo no hay una idea de fraternidad que justifique el que hemos de tratarnos unos a otros como ciudadanos. Lo que realmente tenemos hoy es un sistema en que la “agenda social” es financiada por los pobres para los pobres. El sistema tributario chileno no es más que reflejo de las políticas neoliberales que se establecieron en los 80’s y se han consolidado con el paso de los años.
Dicho esto, me parece que la noticia no está en que una familia se enriquezca porque vende un inmueble; lo que justifica la noticia es que lo haya hecho sin pagar impuestos porque el sistema tributario lo permite e “incentiva”. Por otra parte, lo que causa indignación es que las normas que hacen eso posible no sean el tema central de discusión hoy.

http://ciperchile.cl/2012/02/08/%E2%80%9Cel-sistema-tributario-chileno-esta-disenado-para-privilegiar-a-unos-pocos%E2%80%9D/

La Historia Oculta del Régimen Militar

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