La ONU alerta de la desaparición de los peces en 2050

Los gobiernos de los países más industrializados del mundo aportan 27.000 millones de dólares como subsidio a empresas pesqueras que no practican una pesca sostenible. Este dato se ha desvelado tras la publicación de un estudio de la canadiense Universidad de Columbia Británica.

Dos terceras partes del total de las subvenciones las proporcionan países europeos, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur yTaiwán. Esto se explica al observar que en los estados ricos se consume el triple de pescado que en los menos desarrollados. Tal desproporción en la demanda provoca que estos gobiernos tengan que recurrir a la importación. Para ello las empresas subvencionadas acuden a caladeros extranjeros y obtienen de allí sus recursos porque sus reservas pesqueras se agotaron hace tiempo.

La mayor parte de las financiaciones públicas va a parar a la construcción de barcos, cada vez mejor equipados tecnológicamente, así como al combustible necesario.

Los sectores pesqueros locales no pueden competir con esta pesca industrial, caracterizada por su sistema de arrastre para conseguir capturas masivas de forma rápida.

Los 12 millones de pescadores artesanales ven reducidas sus posibilidades de obtener ingresos. Observan impotentes cómo los poderosos buques extranjeros esquilman sus recursos y poco a poco desaparecen las condiciones que les permitían ganarse la vida.

Las zonas más afectadas por el expolio son África Occidental y el Pacífico Sur, desde Chile y Perú hasta las islas de Oceanía.

En Senegal un 7% de la población se dedica al sector pesquero y algunas ciudades costeras dependen de forma casi exclusiva de la pesca. Esta situación también propicia la escasez de alimento para buena parte de las poblaciones litorales empobrecidas, ya que su sustento principal es el pescado.

A pesar de la lucha por evitar esta sobrexplotación, las multinacionales buscan mecanismos para seguir faenando a sus anchas. El gobierno senegalés suspendió sus acuerdos con la Unión Europea (UE), pero ahora esas multinacionales se han transformado en empresas mixtas, es decir parte de la empresa es local. También se dan maniobras poco transparentes como la concesión de licencias para pescar en áreas protegidas.

Otro caso ilustrativo lo podemos encontrar en Chile. La Fundación Centro de Investigaciones e Informaciones Periodísticas (Ciper) asegura que la reserva de jureles ha descendido un 90% en tan sólo 20 años. Un ritmo inadmisible.

Además de que la actividad extranjera lastra los recursos marinos de la población local y deja poco dinero -entre el 2% y el 6% de las ganancias- en sus países como compensación, en muchos casos el precio pagado va a parar a administraciones corruptas que no invierten en el bien común.

La pesca industrial desecha 15 millones de toneladas de peces, el 50% de sus capturas, mientras que con los métodos tradicionales la cantidad descartada es casi nula. La pesca artesanal emplea 24 veces más trabajadores y contamina siete veces menos. Además la pesca industrial no sería rentable sin el apoyo financiero de sus gobiernos.

Parece haber suficientes razones para apoyar la pesca tradicional en los países empobrecidos. También para alzarse contra los abusos que cometen las embarcaciones propiedad de instituciones autoras de crímenes sociales y medioambientales que operan impunes al amparo de ambigüedades legislativas y gracias a maniobras ilícitas de obtención de licencias.

La UE se encuentra inmersa en la elaboración de la reforma de su Política de Pesca Común. Propone desautorizar y penalizar aspectos como los descartes, peces que se devuelven muertos al mar por su escaso valor en el mercado, o el sistema de arrastre en los fondos marinos, culpable también de la extracción de plancton y de la consiguiente destrucción de la cadena trófica marina. Pero esta medida de control solo será aplicable al territorio europeo.

Millones de personas se quedarán sin trabajo ni comida. La pesca abusiva devasta el ecosistema marino y extingue de manera progresiva los ejemplares que en él viven. La ONU ya advirtió de que, de seguir así, el planeta se quedará sin peces en el año 2050. Es necesario exigir el fin de las subvenciones a quienes no hagan pesca sostenible y la elaboración de una legislación clara a nivel internacional que garantice una actividad pesquera respetuosa con el medio ambiente y con las personas.

Por Víctor García Arroyo

26/11/12

www.solidarios.org/Ecoportal.net

http://www.elciudadano.cl/2012/12/03/61035/la-onu-alerta-de-la-desaparicion-de-los-peces-en-2050/

Contraloría da luz verde para que carabinero que mató a Matías Catrileo siga en la institución

El policía, que cumple una pena de 3 años y un día de presidio, pero con el beneficio de la libertad vigilada, ha continuado ejerciendo funciones al interior de Carabineros, aunque es trasladado constantemente.

A casi cinco años de la muerte del universitario mapuche Matías Catrileo en el fundo Santa Margarita en la Región de la Araucanía, el único condenado en el caso, el cabo segundo Walter Ramírez, seguirá ejerciendo funciones en la institución. Esta vez con la venia de Contraloría.

El policía, que cumple una pena de 3 años y un día de presidio, pero con el beneficio de la libertad vigilada, ha continuado ejerciendo funciones al interior de Carabineros, aunque es trasladado constantemente.

La institución solicitó al órgano liderado por Ramiro Mendoza un pronunciamiento sobre la procedencia de disponer el cese de Ramírez, que cuando custodiaba el fundo del agricultor Jorge Luchsinger, disparó por la espalda al joven de 23 años.

Según detalló Contraloría, si bien procede el retiro por haber sido condenado a una pena aflictiva, en otros dictámenes se concluyó que el otorgamiento de alguna de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena “establecidas en la ley N° 18.216, en lo que interesa, a los servidores de esa institución policial -como ocurrió en la situación en análisis-, le permite al condenado ser considerado como si nunca lo hubiese sido y, por ende, no está obligado a cesar como consecuencia de la sanción penal impuesta”.

Por ello, señala que  “si bien fue condenado por un crimen o simple delito, se le concedió un beneficio establecido en la ley N° 18.216, en la especie, la libertad vigilada, cabe concluir que aquél puede continuar prestando servicios en Carabineros de Chile”.

http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2012/12/04/contraloria-da-luz-verde-para-que-carabinero-que-mato-a-matias-catrileo-siga-en-la-institucion/

Las privatizaciones de la dictadura

La privatización de empresas durante la dictadura de Augusto Pinochet provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares según el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la República

La comisión no investigó las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la Concertación que incluyen las empresas de agua potable y un sinnúmero de otras actividades económicas y sobre todo la privatización o extranjerización de la empresa estatal ENDESA por la que el grupo estatal ENDESA español pagó 500 millones de dólares por el control de un patrimonio equivalente a unos 10 mil millones durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ni la entrega del control y propiedad con contratos leoninos de Emos; ESSBIO y otras empresas de suministro de agua potable; ni la semi privatización de los ferrocarriles; las carreteras; las cárceles y otras realizadas en los distintos gobiernos de la Concertación.

También el informe no señala que dichas „privatizaciones“ son simples órdenes del FMI que en Chile ha podido actuar con amplia libertad, mientras sus políticas „privatizadoras“ fracasaban escandalosamente en Argentina y en Europa.

Es decir, el informe no pone en duda la eficacia y el valor económico social de dichas „privatizaciones“ sino que acentúa el „robo“ realizado por la dictadura al dañar el patrimonio estatal directo en 6.000 millones de dólares.

El daño causado por las „privatizaciones“ concertacionistas en costo social, en traslado de los costos a la población por las „privatizaciones“ de las comunicaciones, el agua; y la electricidad no es mencionado por la Comisión ad hoc del parlamento chileno.

Tampoco se habla del daño que alcanza a unos 20 mil millones de dólares anuales causado por la “privatización” de la gran y la mediana minería nacional.

La Comisión tiene por objeto evidente „posicionar a la Concertación como un referente aceptable para la izquierda“, como señaló un diputado en Valparaíso.
El documento concluyó que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar.
Apenas el 20 por ciento de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana.
La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares.
La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares.
Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El negocio ha sido muy ’sano’ para él.
El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, el partido del candidato presidencial Joaquín Lavín, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden distanciarse del anciano dictador.
En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado dirigente de la UDI, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.
La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.
En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. El actual presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco.
El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociarán cuando se necesitaba. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’.

Lo que no dicen los diputados en su informe es que si bien esos manejos fueron „legales“, no fueron legítimos y por lo tanto carecen de validez realmente legal.

¿Cómo p8ede ser „legal“ un traspaso de propiedad sancionado por un gobierno que en si es ilegítimo e ilegal?.
La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP.
Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la República el inicio de sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones.
Este proceso privatizador fue posible sólo por la existencia de una dictadura que tuvo su propia legalidad y que ‘no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas’. Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, resumió muy acertadamente el carácter de estos cambios de propiedad.
“La privatización -escribió- es una realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio"

http://elchileno.cl/world/nacional/841-las-privatizaciones-de-la-dictadura.html

LAS PRIVATIZACIONES DE PINOCHET: Conozca como la derecha se enriqueció robando

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VÍA EL CHILENO.CL

La privatización de empresas durante la dictadura de Augusto Pinochetprovocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólaressegún el informe final de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de datos aportados por la Contraloría General de la República

La comisión no investigó las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la Concertación que incluyen las empresas de agua potable y un sinnúmero de otras actividades económicas y sobre todo la privatización o extranjerización de la empresa estatal ENDESA por la que el grupo estatal ENDESA español pagó 500 millones de dólares por el control de un patrimonio equivalente a unos 10 mil millones durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ni la entrega del control y propiedad con contratos leoninos de Emos; ESSBIO y otras empresas de suministro de agua potable; ni la semi privatización de los ferrocarriles; las carreteras; las cárceles y otras realizadas en los distintos gobiernos de la Concertación.

Lo que el documento si concluyó, fue que el fisco entregó 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar. Apenas el 20% de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. La superficie perdida por el Estado a manos de funcionarios y terratenientes pinochetistas equivale a la suma de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana. La investigación parlamentaria estableció que 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura.

El informe determinó que por la venta de sólo 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares. La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares, y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares. Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El negocio ha sido muy “sano” para él.

El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, el partido de Joaquín Lavín, está conformado por cuadros civiles del régimen militar, que hoy pretenden distanciarse del anciano dictador. En octubre de 1982, José Yuraszeck, hoy connotado presidente de Azul Azul, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a Corfo un 20% de la empresa que el dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo.

La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.  En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno.

El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero. El ex-presidente del Banco del Estado, Javier Etcheverry afirma que la operación significó un perjuicio de 273 mil UF para el patrimonio del Banco. El informe de los diputados dice que: ‘Fue legal vender sin licitación. Fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociarán cuando se necesitaba. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura’. Lo que no dicen los diputados en su informe es que si bien esos manejos fueron “legales“, no fueron legítimos y por lo tanto carecen de validez realmente legal.

¿Cómo puede ser legal un traspaso de propiedad sancionado por un gobierno que en si es ilegítimo e ilegal?.

La Comisión concluyó que: los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las AFP.

Las conclusiones de la Comisión se enviaron al Consejo de Defensa del Estado para que determine responsabilidades penales y se oficie a Corfo para que solicite a la Corte Suprema el nombramiento de un ministro en visita. La Comisión sugiere al Contralor de la República el inicio de sumarios y pedir al ministro Vicepresidente de la Corfo que exija indemnizaciones. Este proceso privatizador fue posible sólo por la existencia de una dictadura que tuvo su propia legalidad y que ‘no consideró éticamente reprochable que funcionarios de Corfo, pasaran a ser dueños o directores de las empresas privatizadas’.

Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo una humillante cesantía. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, resumió muy acertadamente el carácter de estos cambios de propiedad. “La privatización -escribió- es una realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio”

¿COMO NO VA A SER LEGAL EXPROPIAR A ESTOS ALDRONES QUE SE APROVECHARON DE UNA DICTADURA PARA ROBARNOS A TODOS?

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