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domingo, 6 de noviembre de 2011

Neruda fue “asesinado”

13 MAYO 2011


El presidente Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda.
El presidente Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda.
Por Francisco Marín*
Todo estaba dispuesto para que el poeta y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda se exiliara en México. Había viajado de su casa en Isla Negra a Santiago de Chile y un avión enviado por el gobierno mexicano estaba listo para recogerlo. Sin embargo, tuvo que ser internado en la clínica Santa María. Avisó por teléfono a su mujer, Matilde Urrutia, y a su asistente Manuel Araya que un médico le había puesto una inyección en el estómago. Unas horas después murió. Araya -quien estuvo al lado del poeta en sus últimos días- cuenta a Proceso un secreto que lo ahoga: el poeta “fue asesinado”.
Valparaíso.- El poeta chileno Pablo Neruda “supo a las cuatro de la madrugada (del 11 de septiembre de 1973) que había un golpe de Estado. Se enteró a través de una radio argentina que captaba por onda corta. Ésta informaba que la marina se había sublevado en Valparaíso.
“Trató de comunicarse a Santiago, pero fue imposible. El teléfono estaba fuera de servicio. Recién como a las nueve de la mañana confirmamos que el golpe se había concretado. (…) Ese 11 de septiembre fue un día caótico y amargo porque no sabíamos qué iba a pasar con Chile y con nosotros.”
Manuel Araya Osorio habla de Neruda con la familiaridad de quien ha compartido momentos cruciales con un personaje histórico. Y sí. Fue asistente del poeta desde noviembre de 1972 -cuando regresó de Francia- hasta su muerte el 23 de septiembre de 1973.
El corresponsal se reunió con este personaje el pasado 24 de abril en el puerto de San Antonio. La entrevista se llevó a cabo en la casa del dirigente de los pescadores artesanales chilenos Cosme Caracciolo, a quien Araya le pidió ayuda para develar un secreto que lo ahogaba: “Lo único que quiero antes de morir es que el mundo sepa la verdad, que Pablo Neruda fue asesinado”, asegura a Proceso.
Sólo el diario El Líder, de San Antonio, dio cuenta parcial de su versión el 26 de junio de 2004. Pero no trascendió por la poca influencia de este medio.
Araya afirma que siempre ha querido que se haga justicia. Cuenta que el 1 de mayo de 1974 le propuso a Matilde Urrutia, viuda de Neruda, aclarar esa muerte. Ambos fueron testigos de sus últimas horas: durmieron, comieron y convivieron en la misma habitación a partir del golpe del 11 de septiembre de 1973 y hasta la muerte del poeta, 12 días después, en la clínica Santa María de Santiago.
Pero Araya afirma que Matilde -quien murió en enero de 1985- no quiso tomar acción alguna para fincar eventuales responsabilidades. Según él, Urrutia le dijo: “Si inicio un juicio me van a quitar todos los bienes”. Araya cuenta que en otra ocasión tuvieron una discusión que marcó un quiebre final en su relación con la viuda. “Me dijo que lo que había pasado era cosa de ella y no mía, porque yo ya había terminado de laborar con Pablo, ya no era trabajador y no teníamos nada que ver”.
“Neruda quería que cuando muriera, la casa de Isla Negra quedara para los mineros del carbón (…) Pero la fundación (Pablo Neruda) se apropió de su obra y no ha concretado ninguno de sus sueños. A ellos (los directivos de la fundación) sólo les interesa el dinero”, espeta.
Afirma que hace dos años le entregó a Jaime Pinos, entonces director de la Casa Museo de Isla Negra, de la fundación, un relato sobre los últimos días del poeta. “Pero no han hecho nada con esa información, ni siquiera la han dado a conocer. No quieren que la verdad se sepa (…) Nunca me han dado la palabra en los actos que organizan ni siquiera en las conmemoraciones de su muerte”.
Araya proviene de una familia de campesinos de la hacienda La Marquesa, cerca de San Antonio. Cuando tenía 14 años fue acogido en Santiago por la dirigente comunista Julieta Campusano, quien le dio trato de ahijado.
Este vínculo le ayudó, pues Campusano llegó a ser senadora y la mujer más influyente del Partido Comunista, y gestionó que Araya recibiera una preparación especial en seguridad e inteligencia, entre otras materias. Araya escaló rápido. Fue mensajero personal de Allende antes de fungir como principal asistente de Neruda.
Araya, quien hacía de chofer, mensajero y encargado de seguridad de Neruda, acepta que el autor de Canto general tenía cáncer de próstata, pero no cree que esa enfermedad lo matara. Asegura que dicho padecimiento “estaba controlado” y que Neruda “gozaba de buena salud, con los achaques propios de una persona de 69 años”.

“Abandonados”

Araya dice que después del golpe del 11 de septiembre, Neruda, su mujer y el resto de los habitantes de la casa de Isla Negra quedaron “solos y abandonados”. El contacto con el mundo exterior se reducía a las noticias que les llegaban a través de una pequeña radio que Neruda sintonizaba, a las esporádicas conversaciones telefónicas de un aparato que sólo recibía llamadas y a lo que les contaban en la hostería Santa Elena, cuya dueña “era de derecha y sabía todo lo que pasaba”.
Cuenta que el 12 de septiembre llegó un jeep con cuatro militares. “Todos llevaban los rostros pintados de negro. Yo salí a recibirlos. (…) El oficial me preguntó quiénes estaban en la casa. Le tuve que decir que en ese momento estaban Cristina, la cocinera; la hermana de ésta, Ruth; Patricio, que era jardinero y mozo; Laurita (Reyes, hermana de Neruda); la señora Matilde, Pablito (Neruda) y yo.
“El oficial nos señaló que en el domicilio no podía quedar nadie más que Neruda, Matilde y yo. Entonces tuvimos que arreglárnoslas entre los tres: dormíamos en la recámara matrimonial que estaba en el segundo piso. Yo dormía sentado en una silla, arropado con un chal. Lo hacía para estar más cerca de Neruda, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar.”
El 13 de septiembre, cerca de las 10 de la mañana, los militares allanaron la casa. Araya dice que eran como 40 soldados que venían en tres camiones. Iban armados con metralletas, con las caras pintadas de negro y uniforme de camuflaje. Vestidos y pertrechados “como si fueran a la guerra”.
Recuerda: “Entraban por todos lados: por la playa, por los costados (…) Salí al patio para preguntar qué querían. Hablé con el oficial que daba las órdenes. Me dijo que abriera todas las puertas. Mientras revisaban, destruían y robaban, los militares preguntaban si había armamento, si teníamos gente escondida adentro, si ocultábamos a líderes del Partido Comunista (…) Pero no encontraron nada. Se fueron callados. No pidieron ni perdón. Se sentían dueños y señores del sistema. Tenían el poder en las manos”.
Añade que como a las tres de la tarde, poco después de que se habían ido los soldados, llegaron marinos. “Estuvieron más de dos horas. También allanaron la casa y robaron cosas. Registraban con detectores de metales. (…) La señora Matilde me contó que el mandamás de los marinos entró al dormitorio de Neruda y le dijo: ‘Perdón, señor Neruda’. Y se fue”.
Araya recuerda que durante varios días la marina puso un buque de guerra frente a la casa del poeta. “Neruda decía: ‘Nos van a matar, nos van a volar’. Y yo le decía: ‘Si nos tenemos que morir, yo voy a morir en la ventana primero que usted’. Lo hacía para darle valor, para que se sintiera acompañado. Entonces le dijo a la señora Matilde: ‘Patoja -que así la nombraba-: mire el compañero, no nos va a abandonar, se va a quedar aquí’”.
Araya cuenta que conversaciones de ese tipo tenían lugar en la pieza del matrimonio: ellos acostados y él sentado a los pies de la cama. “Nos preguntábamos que haríamos nosotros solos. Pensábamos que a Neruda lo iban a asesinar. Entonces, resolvimos que la única opción era salir del país”.

El viaje

Araya narra que Neruda le dijo que su plan era instalarse en México y una vez en ese país pedir “a los intelectuales y a los gobiernos del mundo entero ayuda para derrocar a la tiranía y reconstruir la democracia en Chile”.
Rememora: “Desde la hostería Santa Elena -a menos de 100 metros de la casa de Isla Negra- nos comunicamos con las embajadas de Francia y México. La de México se portó un siete (nota máxima en el sistema educativo chileno). El embajador (Gonzalo Martínez Corbalá) se movilizó para ayudarnos. Creo que el 17 de septiembre nos llamó para decirnos que se había conseguido una habitación en la clínica Santa María. Allí deberíamos esperar la llegada de un avión ofrecido por el presidente Luis Echeverría”.
El problema era trasladar al poeta a la clínica. “Con Neruda y Matilde pensamos que la mejor y más segura manera de llegar hasta allá era en una ambulancia. Mi misión era conseguirla. Viajé a Santiago en nuestro Fiat 125 blanco y pude arrendar una ambulancia. (…) Recuerdo que ofrecí como seis veces más de lo que me cobraban para asegurar que efectivamente fueran a buscarnos. Acordamos que fueran el 19, porque ese día la clínica tendría todo dispuesto para recibir a Pablito.
“Llega el 19 y solicitamos a Tejas Verdes (el regimiento militar de la provincia de San Antonio) permiso para trasladar a Neruda. Me dijeron: ‘No estamos dando salvoconductos, menos a Neruda’. A pesar de la negativa decidimos partir. La ambulancia entró hasta la puerta que daba a la escalera de su dormitorio. (…) Al salir se despidió de su perrita Panda, se subió a la ambulancia y se acostó en la camilla. Neruda y Matilde se fueron en la ambulancia. Yo los seguí muy de cerca en el Fiat.”
“El viaje fue triste, caótico y terrible. Nos controlaban cada cuatro o cinco kilómetros, parecía imposible llegar a nuestro destino. Imagínese que salimos a las 12:30 y llegamos a las 18:30 a la clínica (distante poco más de 100 kilómetros de Isla Negra).
“En Melipilla fue el control más maldito. Allí Neruda vivió el momento más terrible. (…) Los militares lo bajaron de la ambulancia y le registraron el cuerpo y la ropa. Decían que buscaban armas. Él pedía clemencia, decía que era un poeta, un premio Nobel, que había dado todo por su país y que merecía respeto. Para ablandar sus corazones les decía que iba muy enfermo, pero las humillaciones continuaban. En un momento lloramos los tres tomados de la mano porque creíamos que así iba a ser nuestro fin.”
Finalmente la ambulancia llegó a la clínica tres horas más tarde de lo acordado. “Como llegamos muy cerca de la hora del toque de queda, no pudimos hacer nada más que quedarnos todos en la clínica a dormir (…)
“El embajador Martínez Corbalá fue a vernos al día siguiente. Y también el francés, que nunca supe cómo se llamaba. También recibimos la visita de Radomiro Tomic y Máximo Pacheco (dirigentes democratacristianos), de un diplomático sueco, y de nadie más.”

La inyección misteriosa

Araya dice que los primeros días en la clínica transcurrieron sin sobresaltos. El 22 de septiembre, la embajada de México avisó que el avión dispuesto por su gobierno tenía programado salir de Santiago rumbo a México el 24 de septiembre. Le comunicó además que el régimen militar había autorizado su salida.
“Entonces Neruda nos pidió a mí y a Matilde que viajáramos a Isla Negra a buscar sus cosas más importantes, entre éstas sus memorias inconclusas. Creo que eran Confieso que he vivido. Al día siguiente -23 de septiembre- partimos temprano hacia la casa de Isla Negra. (…) Dejamos a Neruda muy bien en la clínica, acompañado por su hermana Laurita, que llegó ese día a acompañarlo.”
Asegura que Neruda estaba “en excelente estado, tomando todos sus medicamentos. Todos eran pastillas, no había inyecciones. Nosotros nos preocupamos de recoger todo lo que nos indicó. Estábamos en eso cuando Neruda nos llamó como a las cuatro de la tarde a la hostería Santa Elena, donde le dieron el recado a Matilde, quien devolvió la llamada. Neruda le dijo: ‘Vénganse rápido, porque estando durmiendo entró un doctor y me colocó una inyección’.
“Cuando llegamos a la clínica, Neruda estaba muy afiebrado y rojizo. Dijo que lo habían pinchado en la guata (el estómago) y que ignoraba lo que le habían inyectado. Entonces le vemos la guata y tenía un manchón rojo.”
Araya recuerda que momentos después, cuando se estaba lavando la cara en el baño, entro un médico que le dijo: “Tiene que ir a comprarle urgente a don Pablo un remedio que no está en la clínica”.
Fue a comprar el medicamento y Neruda se quedó con Matilde y Laurita. “En el trayecto me siguieron sin que yo me diera cuenta. El médico antes me había dicho que el medicamento no se encontraba en el centro de Santiago, sino en una farmacia de la calle Vivaceta o Independencia. Cuando salí por Balmaceda para entrar a Vivaceta aparecieron dos autos, uno por detrás y otro por delante. Se bajaron unos hombres y me pegaron puñetazos y patadas. No supe quiénes eran. Me cachetearon harto y luego me pegaron un balazo en una pierna.
“Después de todo lo que me pegaron terminé muy mal herido en la comisaría Carrión, que está por Vivaceta con Santa María. Luego me trasladaron al estadio Nacional donde sufrí severas torturas que me dejaron a un paso de la muerte. El cardenal Raúl Silva Henríquez logró sacarme de ese infierno. Por eso estoy vivo.”
Neruda murió a las 22:00 horas en su habitación -la número 406- de la clínica Santa María.
Consultado por Proceso, el director de archivos de la Fundación Neruda, Darío Oses, dio a conocer la posición de esta institución respecto de la muerte del poeta:
“No hay una versión oficial que maneje la fundación. Ésta se atiene a los testimonios de personas cercanas a Neruda en el momento de su muerte y de biógrafos que manejaron fuentes confiables. Hay bastantes coincidencias entre las versiones de Matilde Urrutia en su libro Mi vida junto a Pablo, la de Jorge Edwards en Adiós poeta y la de Volodia Teitelboim en su biografía Neruda. La causa de muerte fue el cáncer. Uno de los médicos que lo trataba, al parecer el doctor Vargas Salazar, le había advertido a Matilde que la agitación que le producía al poeta el enterarse de lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento podía agravar su estado. A esta situación también contribuyeron el allanamiento de su casa (…) y el traslado en ambulancia (…) con controles y revisiones militares en el camino.”
Pero Manuel Araya dice no tener duda alguna: “Neruda fue asesinado”. Y sostiene que la orden vino de Augusto Pinochet: “¿De qué otra parte iba a salir?”.
Consejos para Allende
VALPARAÍSO, CHILE.- El presidente chileno Salvador Allende era el visitante más asiduo de Pablo Neruda en su casa de Isla Negra. “Cuando iba, Allende siempre le pedía consejos al poeta porque éste era muy sabio en política”, sostiene Manuel Araya Osorio, exasistente personal de Neruda.
Recuerda, por ejemplo, los consejos que Neruda le dio a Allende sobre las fuerzas armadas en las semanas previas al cuartelazo, cuando el 23 de agosto de 1973 la derecha y los militares golpistas forzaron la renuncia del general Carlos Prats GonzЗlez, comandante en jefe del ejército.
“Tenemos que descabezar a las fuerzas armadas… Los de nosotros hacia acЗ y los otros hacia un lado”, le decТa Neruda al presidente.
Araya lamenta que El Chicho (Allende) no le hiciera caso al poeta en este tema. “Si lo hubiera hecho, la historia habría sido bien diferente. Otro gallo hubiera cantado, todavía estaríamos en el poder”, dice convencido.
Y cuenta que el 10 de septiembre de 1973 -un día antes del golpe militar- Neruda le pidió que viajara a Santiago para entregarle un mensaje al presidente Allende. Se trataba de una invitación a la inauguración de Cantalao, el refugio para la inspiración y el descanso de los poetas, que sería precisamente el 11 de septiembre.
En entrevista con Proceso, Mario Casasús, estudioso de la vida de Neruda y corresponsal en México de El Clarín de Chile, dice que Neruda había escrito los estatutos de la fundación Cantalao. A ésta traspasaría los terrenos de la casa de los poetas del mismo nombre, que están muy cerca de su casa de Isla Negra.
Araya afirma que Allende lo recibió en su despacho. “Estaba caminando, parecía nervioso. Leyó la nota de Neruda e inmediatamente redactó una respuesta. Sin leerla me la guardé en un bolsillo. (…) No tengo idea lo que decía ese mensaje, pero el presidente me dijo: ‘Dígale al compañero (Neruda) que mañana yo voy a ir a la Universidad Técnica (donde anunciaría la realización de un plebiscito) y que posiblemente haya ruidos de sables este 11 de septiembre’”.
Dice que Neruda, al conocer el mensaje, se quedó muy preocupado porque entendía el curso que estaban tomando los acontecimientos. “Esa noche casi no durmió”.
Ese 11 de septiembre “nosotros quedamos completamente abandonados y solos” afirma Araya. “La muerte del presidente Salvador Allende afectЧ mucho a don Pablo. Sin embargo Оl se sentТa con la fuerza y entereza necesaria para seguir luchando por lo que crea justo”.
“Las noticias emitidas por los medios de comunicación nacionales eran manipuladas por el régimen militar. Sabíamos que eran falsas, que todo era mentira.”
Araya narra que Neruda se deprimió mucho. Él le pidió que no se pusiera triste. “Le dije que los militares en un mes le iban a entregar el poder a la Democracia Cristiana”.
Neruda le replicó: “No compañero, esto va a durar muchos años, como ocurrió en España. Yo conozco la historia, usted no sabe de golpes de Estado”.
Tomado del diario El Clarin
*Corresponsal en Chile del semanario mexicano Proceso, reportaje publicado en la edición número 1081 del 8 de mayo de 2011. Se reproduce en Clarín.cl con autorización del autor.







http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/05/13/neruda-fue-asesinado/

Chile: como en la dictadura


4 DE NOVIEMBRE DE 2011


Pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos lanzadas por organismos internacionales, el gobierno de Sebastián Piñera arreció la represión contra los estudiantes –cuyas manifestaciones ya llevan más de seis meses– y amenazó con aplicar la Ley de Seguridad del Estado heredada de la dictadura de Pinochet. Más aún, presentó al Congreso de su país una iniciativa de ley que, en los hechos, permite criminalizar la protesta social y violar derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- El presidente Sebastián Piñera optó por la represión policial y la criminalización de la protesta social como salida a la crisis provocada por las masivas y prolongadas protestas estudiantiles.
Expresión de ello fue el anuncio hecho por el Ministro de Interior Rodrigo Hinzpeter de aplicar la Ley de Seguridad del Estado “cada vez que se produzcan hechos que lo justifiquen”. Esto ocurre en el contexto de las movilizaciones estudiantiles que se han prolongado seis meses.
Dicha ley fue dictada por Augusto Pinochet en 1975. Su objetivo: “identificar a las personas que cometen delitos contra la Soberanía Nacional (…) y a todos aquellos individuos que ofenden el sentimiento patrio o la independencia política de la Nación (…) y a los que se relacionan con gobiernos, entidades u organizaciones extranjeras”, como se sostiene en su artículo primero. Tras el regreso de la democracia en 1990, ese ordenamiento jurídico ha sufrido sucesivas modificaciones que sin embargo no le han hecho perder su esencia represiva.
Piñera y Hinzpeter decidieron aplicar esta ley el martes 18, horas después de que estudiantes encapuchados quemaron un camión de pasajeros en las afueras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile durante la primera de dos jornadas de protesta nacional “por una educación pública, gratuita y de calidad” convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores.
Las manifestaciones incluyeron marchas en que participaron unas 200 mil personas, cortes de rutas y tomas y retomas de establecimientos educativos; esas acciones que fueron reprimidas por las Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las protestas estudiantiles han detonado una abrupta caída en los índices de popularidad del presidente Piñera: de 57% a 28% en los últimos 12 meses, según los resultados de la encuesta anual de la Universidad Diego Portales dada a conocer el pasado miércoles 12.

Abuso de poder

La represión a los estudiantes tiene al gobierno de Chile bajo la mirada de importantes organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la sesión especial Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas en Chile, el viernes 28 en Washington.
Esta reunión fue solicitada por el Programa de Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad y fue motivada por los violentos hechos acaecidos en Santiago el 4 de agosto. Ese día la policía detuvo y golpeó a cientos de manifestantes –la mayoría menores de edad– que intentaron marchar por la Alameda.
El 6 de agosto la CIDH emitió un comunicado en el que exigió explicaciones al gobierno de Chile por el abuso de poder ejercido contra los estudiantes. “La CIDH y sus relatorías de Derechos de la Niñez y de Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles llevadas a cabo en Chile el jueves 4 de agosto, que habrían significado la detención y uso desproporcionado de la fuerza en contra de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios”.
La Confech participó en la denuncia ante la CIDH. Entregó antecedentes que incluyeron más de un centenar de casos de torturas y maltratos injustificados cometidos por policías contra estudiantes.
La represión policial y la criminalización de la protesta social motivó la visita a Chile –entre el domingo 16 y el miércoles 19– de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang.
La funcionaria de la ONU se reunió con 27 representantes de la sociedad civil, entre ellos dirigentes de la Confech y de la Federación Mapuche de Estudiantes, quienes le expusieron el motivo de sus protestas y denunciaron las prácticas represivas del Estado.
Al concluir su estancia en Chile la alta comisionada adjunta dijo: “Lamentablemente mi visita se ha enmarcado en un clima de violencia en medio de reclamos sociales. He observado con preocupación cómo grupos aislados aprovechan las manifestaciones pacíficas para realizar actos violentos y (…) también he visto el excesivo uso de la fuerza por parte de fuerzas del orden. Las autoridades tienen que investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, y a la vez proteger a los que se manifiestan de manera pacífica”.
El pasado lunes 3 la Universidad Diego Portales dio a conocer su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, donde establece que la policía ha reprimido “con fuerza innecesaria” a los estudiantes. En el capítulo “Protesta social y derechos humanos” se señala que “a las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanza-agua disolviendo marchas pacíficas y jóvenes que denuncian fuertes golpizas y maltratos, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles; funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta”.
Periodistas y reporteros gráficos que cubren las protestas estudiantiles también han sido víctimas de la violencia policial, según denunció el miércoles 19 en París la organización defensora de la libertad de expresión Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Al fundamentar su denuncia RSF aludió expresamente a las recientes agresiones sufridas por trabajadores de prensa del diario La Tercera, del Canal Chilevisión y de las agencias IPS y AFP. La organización “exigió que estos abusos se esclarezcan por completo y que los carabineros no interpongan ningún obstáculo en las investigaciones”.
Un día antes –el martes 18–, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile expresó “su más profunda preocupación y rechazo absoluto por el accionar violento, desmedido, indiscriminado por parte de Carabineros de Chile (…) Desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles nuestros representados en varios puntos del país han sido víctimas de la represión por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, en un accionar particularmente brutal, que nos hace suponer que estas agresiones focalizadas son intencionales”.

Ley Antitomas

Para dotarse de nuevas herramientas legales con las cuales hacer frente a las protestas del último año, el gobierno de Piñera presentó ante el Parlamento el proyecto de ley que “fortalece el resguardo del orden público”. Este tiene por objeto endurecer las sanciones contra quienes realizan tomas y otros desórdenes públicos como forma de protesta.
Este proyecto –firmado por el presidente Piñera y los ministros de Justicia, Teodoro Rivera, y de Interior, Rodrigo Hinzpeter– ingresó a la Cámara de Diputados el martes 4 con carácter de urgencia simple (Boletín Legislativo 7975-25).
La iniciativa prevé la instauración de penas de cárcel de entre 541 días hasta tres años a quienes invadan inmuebles educativos, religiosos, de oficinas e industriales entre otros; impidan o alteren la libre circulación de personas o vehículos en calles y caminos o interrumpan los servicios públicos.
Esta propuesta considera también el aumento de las penas por delitos y desórdenes públicos a quienes actúen “encapuchados o con otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor”.
Asimismo permite la apelación por parte del Ministerio Público “en contra de la resolución judicial que declare ilegal una detención o que deniegue o revoque una prisión preventiva en casos de atentados graves en contra de la fuerza policial”.
Esta iniciativa –conocida como Ley Antitomas– otorgaría facultades a las fuerzas de seguridad para solicitar la entrega de “grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos”. Esto provocó que el domingo 9 la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional emitiera un comunicado en el que manifiesta que este proyecto “pretende obligar a la prensa internacional a entregar sus archivos audiovisuales a la policía sin siquiera una orden judicial”.
En entrevista con Proceso, Consuelo Labra, abogada de la ONG Observatorio Ciudadano, expresa que este proyecto “podría conculcar gravemente los derechos de reunión y la libertad de expresión, lo que constituiría una trasgresión a los derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución y a los compromisos internacionales que en esta materia tiene el Estado de Chile”.
Labra señala también que, de aprobarse en el Legislativo, esta normativa “amenaza con agravar la represión que las fuerzas policiales han ejercido contra los estudiantes que participan en las manifestaciones públicas, especialmente contra sus dirigentes”.
La jurista asegura que tras esta propuesta “existe la intención de criminalizar la protesta social más allá de lo que una sociedad democrática puede tolerar y para ilegalizar cualquier forma de expresión de disidencia, otorgando a priori un carácter violento a formas de acción que muchas veces corresponden a prácticas de libertad de expresión y opinión”.
En una carta enviada el jueves 6 a la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Margarte Sekaggya, el presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de ONG, Martín Pascual y José Aylwin, respectivamente, expresaron que el proyecto de ley mencionado “sólo contribuirá a retroceder en las negociaciones que buscan una salida a las demandas sociales y a generar un clima de criminalización del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales en general”.
Pascual y Aylwin consideran que las demandas sociales deben ser enfrentadas “con más democracia y más participación”. Agregan: “El gobierno, en cambio, está proponiendo medidas de carácter autoritario que sólo contribuirán a agudizar los conflictos”.
De acuerdo con un sondeo hecho por Proceso en el Congreso, se estima que esta ley será aprobada en la Cámara de Diputados –donde el oficialismo tiene mayoría– y será rechazada en el Senado. Esto implica que deberá pasar a comisión mixta donde el resultado es incierto.
La presentación de este proyecto de ley se dio junto con una ofensiva del Ejecutivo contra el Poder Judicial. Funcionarios del gobierno han acusado a algunos jueces de proteger a los manifestantes violentos. El viernes 21 el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, dijo que hay jueces que “solamente se preocupan de los imputados y no del bien común, que es también la seguridad colectiva”.
El ministro fue más allá: “Quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema obviamente tiene que ser un magistrado que sepa conciliar adecuadamente los intereses individuales con los intereses colectivos”.
Estas declaraciones de Rivera, que fueron respaldadas por Piñera, fueron rechazadas el mismo día 21 por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien las definió como una “hostilización” y una “presión indebida” de parte del gobierno.
El clima de crispación política se exacerbó aún más después de que el jueves 20, 47 personas –la mayoría estudiantes de secundaria– tomaron la sede que el Congreso Nacional tiene en Santiago. Los manifestantes exigían “¡plebiscito ahora!”, en referencia a la solicitud lanzada por las organizaciones estudiantiles de realizar una consulta ciudadana sobre el carácter de la educación en Chile.
El objetivo de esa manifestación tuvo el propósito de que “la ciudadanía zanje el conflicto político y educativo que sacude al país y que tiene su origen en la ausencia de una verdadera democracia”, explica a Proceso Luis Mariano Rendón, líder de los manifestantes que se agrupan en el foro Democracia para Chile.
El presidente del Senado, Guido Girardi, del Partido por la Democracia, se negó a desalojar el Congreso por la fuerza como le exigían la derecha parlamentaria y Hinzpeter. Además comprometió con su firma el apoyo a las demandas de los manifestantes de impulsar una reforma a la Constitución que haga posible la realización de plebiscitos vinculantes. Esto desató la furia de los partidos de la derecha: Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, los que el viernes 21 anunciaron la presentación de una moción de censura contra Girardi, la que será votada el próximo 2 de noviembre.
Esta toma provocó fuerte impacto debido a que los manifestantes ingresaron a una sala donde sesionaba la Comisión Mixta de Educación que estudiaba la propuesta de presupuesto presentada por el gobierno. Además de diputados y senadores estaba presente el ministro de Educación, Felipe Bulnes. Los manifestantes los increparon durante más de 10 minutos sin encontrar respuesta.



http://www.proceso.com.mx/?p=287219

sábado, 5 de noviembre de 2011

Enrique Leddy Araneda

Ejercito - Brigadier

29 de Mayo 2003 La Nacion
Condenas en último crimen de CNI

Tres oficiales de Ejército (R), ex integrantes de la CNI, fueron procesados como autores del homicidio del dirigente del MIR Jécar Neghme Cristi, ocurrido mediante disparos la noche del lunes 4 de septiembre de 1989 en la calle Bulnes en la zona oeste de Santiago. Con esta resolución del ministro en visita Hugo Dolmetsch fueron encausados los autores del último crimen de los servicios de seguridad de la dictadura.
La resolución afectó al brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, que fue el reemplazante de Alvaro Corbalán como jefe de la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987. Apodado “El Burro” por su tozudez, Leddy no había sido hasta ahora acusado por ningún hecho de sangre durante el régimen de Augusto Pinochet.

BRIGADA AZUL

Dolmetsch procesó, además, al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares, que también se encuentra declarado reo por el mismo magistrado en el homicidio del periodista José Carrasco. El tercer encausado es Luis Sanhueza Ros, uno de los oficiales más sanguinarios que operaron en la CNI y luego en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Sanhueza, alias “El Huiro”, de chapa Ramiro Droguett Aránguiz, está procesado por los crímenes de Carrasco, Operación Albania y los cinco frentistas hechos desaparecer en 1987 por la CNI.
El dictamen del juez estableció que los autores integraban la llamada Brigada Azul de la CNI, encargada de investigar las actividades del MIR. Sanhueza Ros la dirigía.
Disuelta la CNI, a fines de 1989, “El Huiro” pasó a formar parte de una de las estructuras de la DINE, para continuar realizando operaciones clandestinas aún después de finalizada la dictadura. Su vinculación también al crimen del “gerente” de la financiera ilegal del Ejército, La Cutufa, el empresario gastronómico Aurelio Sichel, además de las espadas de la justicia que ya sobre él pendían por los otros homicidios, habrían sido las causas por las que en 1991 la DINE resolvió sacarlo clandestinamente del país para radicarlo un tiempo en Argentina.
.Por ese mismo tiempo la DINE sacó igualmente en forma clandestina del país, por las misma razones de temor a la justicia, al mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. Herrera y Sanhueza formaron parte de la elite de oficiales operativos más obedientes de los servicios represivos. Ese mismo año, la DINE había sacado a Uruguay -también con nombre falso-para obstruir la investigación en Chile del crimen de Orlando Letelier al ex agente de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Este sería luego asesinado por militares chilenos y uruguayos cerca de Montevideo.
Luego de la ruptura del MIR en 1987, Jécar Neghme abandonó la opción de la lucha armada y pasó a liderar el sector llamado MIR-Político, que estaba por integrarse a la lucha política contra el régimen militar, junto a los partidos y movimientos que ya estaban en ello. En esa condición lo sorprendió la muerte.

INVESTIGACIÓN

La investigación judicial abierta luego de cometido el homicidio pasó por las manos de varios ministros en visita, antes de llegar a la jurisdicción del magistrado Hugo Dolmetsch. El primer designado por la Corte Suprema, a los pocos días del crimen, fue el juez Carlos Meneses. Luego fue nombrado el magistrado Guillermo Navas, después de que Meneses asumiera como secretario de la Corte Suprema. Finalmente instruyó la causa el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer.
EL DIRIGENTE PÚBLICO DEL MIR
Si hay algo que sorprendió del asesinato de Jécar Neghme Cristi fue que se cometió en una coyuntura en la cual el gobierno militar se extinguía, con una CNI en proceso de disolución y atentando contra una persona que había evolucionado desde la vocería social de un MIR aún comprometido con acciones armadas a encabezar el ala política. Esta era partidaria de sumarse a la vía política, al calor de la incorporación de sectores de izquierda a la solución pacífica después del plebiscito de octubre de 1988.
Neghme, que en el Pedagógico encabezó a comienzos de los ’80, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), rama del frente estudiantil del MIR, fue dirigente del MDP y en 1987 optó por conducir al MIR a un proyecto menos militar y más social luego de la ruptura de la organización. Aquella vez Andrés Pascal Allende se quedó en la tesis más insurreccionalista. Al ser asesinado, Neghme ya era un rostro visible del giro del MIR.

6 de Febrero 2006 El Mostrador.cl

Dolmestch formula cargos contra seis ex CNI por crimen de Jécar Neghme 

El asesinato del líder mirista se produjo el mismo día que Patricio Aylwin era proclamado como candidato presidencial de la Concertación.
Hugo Dolmestch, ministro en visita que investiga el asesinato del vocero del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dictó cargos por homicidio calificado contra seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Los acusados son el brigadier (r) Enrique Leddy Araneda; los coroneles en retiro Eduardo Norambuena Aguilar y Pedro Guzmán Olivares; los capitanes Silvio Corsini Encárate y Luis Arturo Sanhueza Ross; y el mayor (r) Manuel Navarrete Tello, todos por el delito de homicidio calificado ocurrido el 4 de septiembre de 1989.
Según diario Siete todos los miembros de la Brigada Azul, se encuentran desde mayo pasado confesos del crimen, salvo el brigadier (r) Leddy Araneda. 

Acribillado 

Jecar Neghme fue acribillado cuando salía de la sede del MIR (ubicada en calle
Bulnes) justo el día en que Patricio Aylwin fue proclamado como candidato a la Presidencia de la República, elección que el vocero más importante del partido había intentado legitimar entre sus compañeros desatando una pugna política al interior del conglomerado.
Esta circunstancia fue utilizada por años por los agentes represivos para desligarse de la responsabilidad que les cabía en el crimen, atribuyendo a los propios compañeros de Neghme el homicidio. 

16 de Agosto 2006 El Mostrador

Ex jefe metropolitano de la CNI:  Principal inculpado en muerte de Jecar Neghme pone fin a 'pacto de silencio' 

Brigadier (R) Enrique Leddy, alias ''El Burro'', decidió quebrantar la lealtad que mantenía con sus superiores, luego de que fuera condenado a cinco años y un día de presidio, junto a otros cinco subalternos. Según el abogado de DDHH Nelson Caucoto, en la apelación a la sentencia, dictada en julio por el ministro Dolmestch, el ex agente reconoce haber ocultado información.
El ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, decidió romper con su lealtad al mando y admitir que recibió ordenes superiores para ejecutar al militante del MIR Jecar Neghme Cristi, el 4 de septiembre de 1989, crimen que materializó junto a otros cinco subalternos de la agencia represiva creada durante la dictadura militar.
Neghme murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI, durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Patricio Aylwin y que marcó el retorno de Chile a la democracia.
La confesión de Leddy se produjo la semana pasada, en el marco del proceso de apelación a la sentencia de cinco años y un día de presidio, dictada por el ministro de la causa, Hugo Dolmestch, a fines del mes de julio, según confirmó a El Mostrador.cl el abogado querellante Nelson Caucoto, quien valoró el hecho porque en el Ejército, a su juicio, hay lealtades “malentendidas”. 

"El Burro" se desentiende 

En su apelación, “El Burro” Leddy deslinda responsabilidades en el entonces jefe de la CNI en la época, general (R) Gustavo Abarzúa, quien no aparece procesado en la causa, pero, según los antecedentes que aparecen en la causa, debería aclarar si entregó una fuerte suma de dinero a Leddy para concretar el asesinato.
Hay que recordar que tanto él como Leddy debieron salir del Ejército por el llamado caso La Cutufa, vinculado a su vez a la muerte del empresario gastronómico Aurelio Sichel.
El alto oficial en retiro, que reconoció haber “ocultado información al tribunal” sobre el crimen, fue condenado junto al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares; el coronel (R) Jaime Norambuena; el capitán (R) Luis Sanhueza Ross; el capitán (R) Silvio Corsini y el mayor Manuel Allende Tello. Guzmán y Olivares recibieron tres años de pena remitida, en tanto a Norambuena y Corsini el juez les dictó una condena de dos años de presidio y al último inculpado, Allende Tello, sólo lo condenó a 541 días.
Las condenas son las últimas dictadas por Dolmestch en su cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, como se sabe, dejó el caso para asumir como ministro de la Corte Suprema. 

Largo proceso 

Como se recordará, Leddy Araneda, apodado “El Burro” por su tozudez, fue el reemplazante de Alvaro Corbalán en la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987, y hasta el momento no aparece vinculado a ningún otro hecho de sangre ocurrido durante la dictadura militar.
Dolmestch dictó los primeros procesamientos en la causa, en 2003, luego de 14 años de investigación, la cual estuvo en gran parte en manos del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, quien dictó sobreseimientos temporales reiterados en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995. 

Miércoles 28 de enero de 2009
       Cooperativa.cl     
Corte Suprema otorgó pena remitida a culpables de crimen de Jecar Nehgme

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó las condenas, pero con pena remitida, de todos los responsables del crimen del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Jecar Nehgme Cristi, asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 4 de septiembre de 1989.
Según la investigación desarrollada por el ministro Hugo Dolmestch, Nehgme fue asesinado para provocar que la gente desistiera de apoyar la opción "No" del plebiscito de 1988, puesto que el militante era un activo participante de la campaña para el retorno a la democracia.
Acogiendo la medida de prescripción, además de las atenuantes que señaló en su momento la Corte de Apelaciones de Santiago, el máximo tribunal condenó a cinco años de pena remitida al ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda y a tres años al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capital (r) Luis Sanhueza Ross.
El abogado querellante en la causa, Nelson Caucoto, criticó duramente el fallo señalando que no comprende como los autores confesos e intelectuales de este crimen "sean simplemente mandados a sus casas".
La hermana y otros familiares de Jecar Nehgme hicieron una presentación a la Corte Suprema, solicitando que no se entregaran penas remitidas en este caso, el último conocido de represión en dictadura.


Gustavo Abarzua

 
(General de Ejercito CNI – DINE)
 
Este General hoy en retiro fue Director de la CNI y posteriormente fue el jefe del DINE, Puesto que ocupo hasta su retiro. El es uno de los hombres de confianza de Pinochet y ocupo dos de los mas altos puestos en aparatos represivos.
El 28 de Diciembre fue detenido por su participación en la financiera clandestina “La Cutufa” 

16 de Agosto 2006 El Mostrador

Ex jefe metropolitano de la CNI:  Principal inculpado en muerte de Jecar Neghme pone fin a 'pacto de silencio' 

Brigadier (R) Enrique Leddy, alias ''El Burro'', decidió quebrantar la lealtad que mantenía con sus superiores, luego de que fuera condenado a cinco años y un día de presidio, junto a otros cinco subalternos. Según el abogado de DDHH Nelson Caucoto, en la apelación a la sentencia, dictada en julio por el ministro Dolmestch, el ex agente reconoce haber ocultado información.
El ex jefe metropolitano de la CNI, brigadier (R) Enrique Leddy Araneda, decidió romper con su lealtad al mando y admitir que recibió ordenes superiores para ejecutar al militante del MIR Jecar Neghme Cristi, el 4 de septiembre de 1989, crimen que materializó junto a otros cinco subalternos de la agencia represiva creada durante la dictadura militar.
Neghme murió acribillado en la calle Bulnes de Santiago, a manos de la denominada "Brigada Azul" de la CNI, durante la campaña electoral que culminó con la victoria de Patricio Aylwin y que marcó el retorno de Chile a la democracia.
La confesión de Leddy se produjo la semana pasada, en el marco del proceso de apelación a la sentencia de cinco años y un día de presidio, dictada por el ministro de la causa, Hugo Dolmestch, a fines del mes de julio, según confirmó a El Mostrador.cl el abogado querellante Nelson Caucoto, quien valoró el hecho porque en el Ejército, a su juicio, hay lealtades “malentendidas”. 

"El Burro" se desentiende 

En su apelación, “El Burro” Leddy deslinda responsabilidades en el entonces jefe de la CNI en la época, general (R) Gustavo Abarzúa, quien no aparece procesado en la causa, pero, según los antecedentes que aparecen en la causa, debería aclarar si entregó una fuerte suma de dinero a Leddy para concretar el asesinato.
Hay que recordar que tanto él como Leddy debieron salir del Ejército por el llamado caso La Cutufa, vinculado a su vez a la muerte del empresario gastronómico Aurelio Sichel.
El alto oficial en retiro, que reconoció haber “ocultado información al tribunal” sobre el crimen, fue condenado junto al coronel (R) Pedro Guzmán Olivares; el coronel (R) Jaime Norambuena; el capitán (R) Luis Sanhueza Ross; el capitán (R) Silvio Corsini y el mayor Manuel Allende Tello. Guzmán y Olivares recibieron tres años de pena remitida, en tanto a Norambuena y Corsini el juez les dictó una condena de dos años de presidio y al último inculpado, Allende Tello, sólo lo condenó a 541 días.
Las condenas son las últimas dictadas por Dolmestch en su cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, ya que, como se sabe, dejó el caso para asumir como ministro de la Corte Suprema. 

Largo proceso 

Como se recordará, Leddy Araneda, apodado “El Burro” por su tozudez, fue el reemplazante de Alvaro Corbalán en la Brigada Metropolitana de la CNI después de los homicidios de la Operación Albania, en junio de 1987, y hasta el momento no aparece vinculado a ningún otro hecho de sangre ocurrido durante la dictadura militar.
Dolmestch dictó los primeros procesamientos en la causa, en 2003, luego de 14 años de investigación, la cual estuvo en gran parte en manos del ex presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, quien dictó sobreseimientos temporales reiterados en febrero de 1990, diciembre de 1991, octubre de 1994 y agosto de 1995.

http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales_a/abarzua_gustavo.htm

La Historia Oculta del Régimen Militar

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