Victoria Viñals | Sábado 28 de mayo 2016 11:33 hrs.
La actriz María Paz Cajas, de 34 años, fue golpeada por una funcionaria de Carabineros en el contexto de una detención, en la última jornada de protesta estudiantil.
El pasado jueves María Paz Cajas se dirigió al centro de Santiago a realizar diligencias personales. A eso del medio día iba pasando por las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, cuando observó que efectivos de Carabineros estaban realizando controles preventivos de identidad con especial violencia. La madre de un lactante interfirió en defensa de los secundarios y fue detenida por la policía.
Al momento de constatar lesiones, la mujer solicitó que la esposaran con las manos hacia adelante. Ante la negativa de Carabineros, se inició un forcejeo que terminó con la mujer en el suelo. En ese momento “la cabo Tiare Araya me golpeó en la vagina. Yo la encaró y le digo ‘me pegaste en la vagina’ a lo que ella respondió que no sonriendo”, relató María Paz.
Posteriormente fue llevada a un Sapu en Renca para constatar lesiones. En ese lugar, la mujer se dio cuenta que tenía un sangrado vaginal y fue derivada al Hospital San Juan de Dios que cuenta con servicio de ginecología.
Al ser atendida por el especialista, se le tomaron exámenes que arrojaron que la mujer de 34 años había sufrido, producto del golpe de la funcionaria de Carabineros, el aborto de un embarazo de cinco semanas.
En entrevista con la periodista Javiera López de Radio Juan Gómez Millas, María Paz Cajas relató el detalle de lo sucedido.
Tras lo ocurrido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, se encuentra recabando antecedentes para presentar una querella por apremios ilegítimos contra Carabineros.
La grave acusación realizada por la estudiante Constanza Vargas y confirmadas en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile pone nuevamente en tela de juicio el actuar policial frente a las movilizaciones ciudadanas.
Alrededor de las 10 de la mañana del día sábado, la estudiante de 18 años Constanza Vargas se encontraba junto a sus compañeras custodiando el Liceo de Niñas de Concepción, el cual mantenían en toma desde el miércoles 1 de junio en apoyo al movimiento estudiantil a nivel nacional y también a los petitorios internos.
Esa mañana, Carabineros ingresó abruptamente al Liceo con la instrucción de desalojar a las estudiantes, acto que según las mismas alumnas fue violento y lleno de insultos.
La carabinera Tatiana Melo fue la encargada de llevar a Constanza al furgón donde estaban sus otras compañeras, mientras la joven reclamaba por la fuerza que ejercía la funcionaria en su brazo. Reclamos que solo sirvieron para que Melo la apretara e insultara aun más.
A su llegada al furgón, la alumna intentó zafarse por lo que cuatro funcionarias policiales se abalanzaron sobre ella, situación que concluyó en un forcejeo en donde la carabinera Melo recibió un manotazo de la joven, hecho que se consideró como una de las razones para que Constanza Vargas fuese formalizada por maltrato a Carabineros y quedara con orden de alejamiento de la uniformada.
Cuando llegaron a la 1° Comisaría de Concepción, las 10 alumnas detenidas en el desalojo fueron separadas en dos grupos: menores y mayores de edad. Las ocho menores de edad salieron en libertad al poco tiempo de ser detenidas, mientras Constanza y Javiera Escalona, las dos mayores, permanecieron ahí, sufriendo diversas humillaciones por parte de las funcionarias policiales.
Según el relato de ambas, las carabineras las obligaron a desnudarse. Ante el pudor que mostraban las jóvenes, comenzaron a humillarlas: “Nos decían ‘ahora no se quieren sacar la ropa las conchesumadres’, y nos trataban de putas”, relató Constanza Vargas.
“Cuando ingresamos al calabozo, nos obligaron a sacarnos la ropa interior de la parte superior. Al no querer hacerlo se nos dio un trato que no corresponde a un funcionario público, tratándonos de ‘lesbianas culeadas’. Como no queríamos sacarnos la ropa ellas nos gritaron que cómo nos iban a tocar, que nosotras éramos unas asquerosas”, sostuvo Javiera.
Después de sacar a Javiera de la celda que compartía con su compañera, trasladaron a Constanza a un sector donde la cámara de seguridad se encontraba apagada.
“Me decían ‘hácete la chora ahora’ […] Yo tenía un aro en la nariz que primero intentaron sacármelo con un corta uñas. Al no lograrlo probaron con un alicate tirándome el aro, de manera que me sangró la nariz y mientras me recogía en el suelo, se burlaban y se reían. Me tuvieron en eso alrededor de 20 a 25 minutos, además se acercaban a mí con amenazas de que me iban a pegar si yo me hacía la chorita, y si decía algo más, me sacarían la cresta entre las cuatro. Cerca del lugar había una capitana que solo estaba viendo la situación y no hizo nada, a pesar de que me vio llorando del dolor”.
La fuerza con la que le sacaron el piercing le produjo una hemorragia en la nariz, a la que se sumó un agudo dolor de cabeza, mareos y vómitos. En su relato aclara que Carabineros nunca ofreció ayuda cuando vieron el estado en que estaba. En la misma celda, húmeda y con evidente olor a orina, la acompañaba una mujer que la ayudó a sentirse mejor.
Después de media hora de vómitos que no terminaban, Carabineros decidió trasladar a Constanza al hospital, donde llegó en pésimo estado para luego ser devuelta a la comisaria para así poder formalizarla el domingo. Su martirio se extendió hasta la noche de ese sábado, cuando ella solicitó a los funcionarios que le entregasen su polerón para cubrirse del frío, cosa que nunca sucedió.
Posterior a la difusión de la noticia, la Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles, Codeju, en un comunicado repudió el actuar de Carabineros en el desalojo de la toma del Liceo de Niñas de Concepción.
“Podemos reconocer claras violaciones a Derechos Humanos como la existencia de tortura en el procedimiento, discriminación y violencia de género dentro del relato dado por la estudiante, además de la denuncia verosímil de detención injusta o por lo menos con procedimientos ilegales donde se apagan las cámaras de la comisaría, se mantiene la detención posterior a la constatación por lesiones y se desnuda y agrede a la estudiante”, sostuvo la Comisión.
En tanto, la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región del Bío Bío, Carolina Chang, manifestó que “los hechos relatados por Constanza son bastante graves. Existen procedimientos que no son acordes al derecho internacional y nosotros estamos evaluando tomar medidas acorde a eso y a otros antecedentes que recabaremos entre hoy y mañana”. Violencia institucional: nada nuevo bajo el sol
En el último tiempo han aumentado las denuncias de violencia por parte de Carabineros, tanto en marchas como en tomas estudiantiles.
Cabe recordar la denuncia realizada por el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, quien fue detenido en una concentración estudiantil. Según lo relatado por el estudiante, lo llevaron a la 3° Comisaría de Santiago donde le rompieron la ropa, lo desnudaron y le pegaron.
Marcelo Correa, vocero de la Cones y presidente del Centro de Alumnos del Colegio Salesianos Alameda hizo un llamado a Carabineros para que se declaren públicamente los hechos.
“El accionar de Carabineros representa al Estado chileno actual, un Estado que tiene miedo a los cambios, un gobierno que al parecer esta confuso con su accionar”
Respecto a la actitud adoptada por el Ministro del Interior, Jorge Burgos, sobre este y otros casos, Correa lo criticó señalando que es un personaje nefasto: “El ministro Burgos lo único que ha hecho es seguir ordenes de su partido, partido que no quiere una transición real, que no quiere las transformaciones que Chile necesita. Él representa esa clase que lo único que quiere es ponerle la bota encima a los más débiles”
El hecho que ocurrió este fin de semana en Concepción es uno más de la excesiva violencia que están ejerciendo los uniformados en protestas ciudadanas.
Hace algunas semanas, la actriz María Paz Cajas fue detenida y golpeada por una funcionaria de Carabineros, produciéndole un aborto.
A comienzos de año y en el contexto de una manifestación ciudadana, Carabineros habría obligado a un menor de 16 años a desnudarse y realizar sentadillas en la 48° cCmisaría de Santiago, lo cual terminó con una querella criminal interpuesta por la familia del joven en contra de los responsables en la institución.
En tanto, en un fallo unánime, la segunda sala de la Corte Suprema concedió a la justicia civil – en este caso el Tribunal de Garantía de Antofagasta- el trámite de la causa por la golpiza que habría sufrido un adolescente en abril del 2014, posterior a su detención por supuestos desordenes públicos.
En el fallo se argumenta que: “Al efecto debe tenerse en vista que se trata en este caso de un delito cometido por funcionarios de Carabineros quienes, desprendiéndose de su calidad de servidores públicos, maltrataron, vejaron y golpearon a un civil menor de edad […] durante un procedimiento de constatación de lesiones en atención a su calidad de supuesto detenido por un delito flagrante, lo que evidentemente queda fuera de toda calificación como acto de servicio policial (militar), o efectuado con ocasión del mismo servicio”.
Constanza Vargas hoy se encuentra en su casa, tratando de descansar de una experiencia que según sus palabras la dejó con un gusto amargo. A pesar de sus esfuerzos por conocer los nombres de sus agresoras y así poder hacer justicia, tiene como obstáculo el ocultamiento de la información por parte de la institución de Carabineros.
De todas maneras, la estudiante se mantiene en pie y no descarta seguir movilizándose por lo que considera justo, además de velar porque esta situación no le vuelva a suceder a ningún joven.
Al fin, en este país de hipócritas – y a veces cínicos – alguien se atreve a decir la verdad: la madre de Rodrigo Rojas Denegri, Verónica, expresó, sin pelos en la lengua, aquello que la casta política y los “lameculos” de los periodistas no se han atrevido a decir. Bien porque los canales de radio y televisión pertenecen a los que otrora fueron partidarios del golpe militar, o a los ambiciosos y corruptos, marionetas de los empresarios de la Concertación. Esta prensa, de tanto esconder la verdad, se acostumbró a creer que los ex Presidentes de la Concertación eran personas honorables y que merecían todo su respeto. No querían dar a conocer la violación flagrante a los derechos humanos, bien por intereses personales o por miedo a perder su puesto de trabajo, porque todavía en Chile hay despistados que confunden libertad de empresa periodística con libertad de prensa, como también hay tontos que votarían de nuevo por los traidores de la Concertación o por el frívolo y ricachón, Sebastián Piñera .
La señora Verónica Denegri zarandeó, a su gusto, al periodista entrevistador de CNN Chile, y lo trató de ignorante y desinformado al afirmar que ella se había entrevistado con Enrique Correa - en ese entonces Secretario General de Gobierno – diálogo que dio pie a una seguidilla de verdades. Por ejemplo, que “Patricio Aylwin había sido un golpista”; que “Eduardo Frei Ruiz-Tagle había sido muy cobarde, a diferencia de su hermana Carmen, en defensa de su padre,contra sus asesinos” en la clínica Santa María; a José Miguel Insulza, lo acusa de “haber traído al dictador de vuelta” cuando estaba preso en Londres. “Algunos de ellos son candidatos a la presidencia, no voten por ellos”. También para la Presidenta Bachelet hubo un mensaje: que “cerrara, de una vez por todas, Punta Peuco” y que además, “quitara a los condenados por crímenes de lesa humanidad los privilegios de que aún gozan”.
La madre de Rodrigo Rojas Denegri no usa el lenguaje hipócrita de muchos chilenos, sino que va directo al objeto: sostiene que no perdona, que al ejército chileno hay que cambiarlo radicalmente y que hemos avanzado muy poco en el respeto a los derechos humanos; también reconoce la valentía del juez Mario Carroza, quien está a cargo de la investigación del caso “quemados”.
Los famosos “pactos de silencio”, que no tiene ninguna característica de voluntaria, sino una coacción del mando jerárquico del ejército, se han mantenido desde el comienzo de la transición democracia hasta hoy, y muchos del número de víctimas han sido de soldados conscriptos que, en los años de la represión, tenían menos de 20 años. Con la declaración de uno de ellos, Fernando Guzmán, se ha destapado una faceta de la forma en que la División del ejército desarrollaba la estrategia de coacción para evitar ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad – les obligaban a aprender de memoria las declaraciones ante el fiscal o el juez, así como se les aseguraba algunos beneficios, como salud, ascenso y mejores sueldos y, a su vez, se les amenazaba de muerte no sólo a ellos, sino también a sus familias -.
El arrepentimiento y denuncia pública del conscripto Fernando Guzmán está permitiendo conocer a fondo quiénes eran los oficiales culpables del hecho brutal de quemar vivos a los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, el de julio de 1986, durante una de las protestas contra la dictadura fascista de Augusto Pinochet.
El oficial de inteligencia del ejército, Julio Castañer, en ese entonces teniente, fue el autor del inicio del incendio que quemó vivos a los jóvenes, luego abandonados a su suerte en una zanja de Quilicura, quien en vez de ser juzgado y condenado como correspondía, ascendió en el ejército, incluso fue becado por la institución para cursar estudios de ciencia política, convirtiéndose luego en profesor de la Universidad de Magallanes.
Por suerte aún en Chile restan personas que denuncian las traiciones de los personajillos de la Concertación respecto de los derechos humanos. Desde hace tiempo, Chile está podrido moralmente y de no mediar una refundación republicana, vamos derecho al marasmo.
