El Partido Socialista recurrió este jueves ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en contra de la decisión del Tribunal Electoral Regional que proclamó a Pedro Sabat como alcalde de Ñuñoa.
La sesión se inició a eso de las 09.00 horas en la sede del Tricel en la capital, con la vista de los recursos presentados por el PS que intentan revertir la proclamación del candidato de RN en desmedro de Maya Fernández, según determinó la Segunda Sala del TER.
Lo primero que se alegará será un recurso de hecho interpuesto por el Partido Socialista a la sentencia del TER del 9 de noviembre, que rechazó un recurso de apelación presentado por el PS al conteo de votos que se realizó en 29 mesas de la comuna de Ñuñoa.
El recurso es alegado por el abogado Gabriel Osorio por parte del conglomerado opositor, mientras que por RN lo hará Juan Domingo Acosta.
Para mañana viernes se procederá los alegatos por el recurso más importante para el Partido Socialista, en el cual se pide la nulidad de toda la elección de alcalde en Ñuñoa y su repetición.
Hinzpeter no sólo ha puesto en entredicho mundial al Estado de Chile por la represión de carabineros al movimiento estudiantil y ha buscado terroristas donde no los hay, sino que ha contribuido a debilitar la institucionalidad del Ministerio del Interior, ahora también cuestionado por su manejo en las pasadas elecciones municipales, arrastrando en el descrédito al gobierno del Presidente al que asesora.
El acotado cambio de gabinete que trasladó a Rodrigo Hinzpeter del Ministerio del Interior al de Defensa tras la salida de los presidenciables, hacía pensar que el concepto restringido de orden público que imperó durante el “segundo tiempo” en La Moneda, tendería a extinguirse junto con la confianza del Presidente en quien fuera su asesor más cercano ideológicamente.
Nada más lejos de la realidad. Piñera aparecía cediendo a las presiones -incluso de su propio sector- por sacar de Interior a su polémico ministro, pero lo que en realidad estaba haciendo era salvarlo de una enésima interpelación de la Cámara de Diputados y mantener su “legado” en materia de seguridad pública.
Apenas unos días después de asumir su nuevo cargo en palacio, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, le puso suma urgencia al cuestionado proyecto de ley de Fortalecimiento del Orden Público -más conocido como Ley Hinzpeter-, que restringe el derecho a la libertad de expresión y reunión y busca criminalizar la protesta social, tipificando como delito las tomas de colegio, cortes de tránsito o sancionando criminalmente a quienes convoquen a movilizaciones que terminen en desórdenes, asignándole penas de hasta tres años de cárcel.
Lejos de agotarse con el enroque ministerial, la doctrina Hinzpeter sigue instalada en la cabeza del hombre que a pesar de sus múltiples errores en su paso por la jefatura del gabinete -nula coordinación política, aumento de la victimización, caso sobreprecios (que ya ha provocado 5 renuncias), excesiva represión policial, cuestionamiento al Poder Judicial violando la independencia de los poderes del Estado, mal manejo del proceso electoral en las municipales- sigue participando en el Comité Político, esta vez desde la cartera de Defensa.
Su poder y respaldo presidencial siguen intactos, como quedó demostrado en su airada reacción en una ceremonia de homenaje en la Escuela de Carabineros frente al “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012” de la Universidad Diego Portales, que tildó la represión a los movimientos sociales como “irracional y desproporcionada”.
Tal como si Carabineros siguiera teniendo la doble dependencia de Defensa e Interior como era antes de la creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Hinzpeter no sólo se permitió recibir un reconocimiento por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando ya no era Ministro del Interior, sino también se tomó la libertad de azuzar a oficiales que consideró víctimas de maltrato en las calles.
Esas mismas calles a los que los ciudadanos han visto restringido su acceso debido a la persistencia del Decreto Supremo 1086 de 1983, que reglamenta las disposiciones generales de la policía que rigen las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público.
La aplicación del Decreto 1086 el emblemático 4 de agosto del año pasado, cuando la Intendencia no autorizó una marcha estudiantil en el centro de Santiago, le valió al Estado de Chile la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violencia en las manifestaciones estudiantiles, que habrían significado detenciones y uso desproporcionado de fuerza contra centenares de estudiantes.
Asimismo, Hinzpeter intentó “acabar con la fiesta de la delincuencia” y “poner el candado a la puerta giratoria”, cuestionando la labor del Ministerio Público y tensando la relación con el Poder Judicial.
En el bullado caso bombas, en que el Ministerio del Interior fue parte querellante, el fallo de la Corte Suprema que absolvió a los imputados y ordenó al Fisco el pago de un millón de dólares a los ex imputados, fue leído por Hinzpeter como “la posibilidad que el sistema judicial no estuviera entregando las señales de seguridad que la gente necesita”.
El resultado de su aprensión fue que el mismísimo Hinzpeter -y no el ministro de Justicia- impulsara una improvisada reforma a la Reforma Procesal Penal (a laque considera demasiado garantista), en su obsesión por mejorar los indicadores de seguridad ciudadana, temática especialmente sensible para la derecha más dura, a la cual intenta hacer guiños permanentemente.
Hinzpeter no sólo ha puesto en entredicho mundial al Estado de Chile por la represión de carabineros al movimiento estudiantil y ha buscado terroristas donde no los hay, sino que ha contribuido a debilitar la institucionalidad del Ministerio del Interior, ahora también cuestionado por su manejo en las pasadas elecciones municipales, arrastrando en el descrédito al gobierno del Presidente al que asesora.
En definitiva, la Doctrina Hinzpeter sigue peligrosamente instalada en el Ministerio del Interior a pesar de la partida de su ideólogo, con el reimpulso de un proyecto de ley que no reconoce lo que los propios tribunales chilenos sí han hecho: las tomas como un legítimo derecho de manifestación, equiparable al derecho a huelga.
La vigencia de esa concepción restringida de orden público y seguridad, pone la alerta sobre los riesgos que podría implicar para la gestión democrática de las Fuerzas Armadas que ésta se logre instalar ahora en la cartera de Defensa, especialmente cuando se discute una Estrategia de Seguridad y Defensa que tendría entre sus prioridades el combate al terrorismo y que buscaría modificar las atribuciones de las FFAA para incorporarlas en materias de seguridad interna.
Mientras a Concepción llego una importante cantidad de mapuche lafquenche que se quedaron a pernoctar con carpas en el centro de la ciudad, en la provincia de Arauco siguen enfrentamientos contra la fuerza represiva.
Comunicado Publico
Las comunidades Mapuche-Lafquenche de la provincia de Arauco comunicamos a la comunidad nacional e internacional y a la vez hacemos un llamado a repudiar La ley de pesca que se tramita en el congreso, con el objetivo férreo de mostrar el creciente descontento que ha generado la negativa reiterada del gobierno a escuchar las legítimas demandas de nuestras comunidades.
También queremos señalar que no se ha respetado el convenio 169 de la OIT respecto del proceso de consulta a la comunidades mapuche, dejando fuera de esta ley la las reivindicaciones que el pueblo mapuche exige.
No aceptaremos que se nos despoje de nuestro territorio marítimo, creemos que esta ley traerá más pobreza a nuestras comunidades, los recursos naturales que extraemos del mar, es uno de nuestros principales sustentos de nuestras familias. Por este motivo y por la dignidad de nuestro pueblo, nos mantendremos movilizados y resistiremos frente a esta nueva ofensiva del Estado Chileno.
Hacemos un llamado al Pueblo Chileno y al Pueblo Mapuche a movilizarse con el objeto de solidarizar con nuestra justa causa y por sobre todo a generar una unidad que nos permita defender los intereses de nuestra gente.
¡¡Fuera todas las transnacionales del territorio Mapuche!!
¡¡Comunidades mapuche rechazamos la ley de pesca!!
Preocupado está el grupo Angelini por el impacto que puede tener en la industria pesquera de Arica, donde operan sus principales plantas, un potencial fallo adverso en el Tribunal de La Haya. La entidad debe definir una solicitud de Perú que puede afectar la soberanía marítima de Chile. El fallo saldría durante 2013.
El empresario dio a conocer su inquietud en la inauguración de la planta Golden Omega, de omega tres, en Arica. A ese evento fueron invitados diversos medios, entre ellos, La Tercera.
Roberto Angelini señaló que existe un riesgo que no sólo perjudicaría la soberanía chilena, sino también afectaría a la industria marítima nacional.
“Nos preocupa el futuro fallo de la demanda arbitral presentada por Perú ante el Tribunal de La Haya, que pretende cambiar los límites marinos históricos de Chile”, dijo. Agregó que si el fallo fuera negativo, “significa que se aplicaría lo que Perú está solicitando, que es cambiar el paralelo, y eso significa que se pierde el mar territorial que tenemos al frente”.
La demanda de Perú, de cambiar los límites marinos, afecta aproximadamente 37.900 kilómetros cuadrados del océano Pacífico. El tribunal internacional convocó a audiencias orales del 3 al 14 de diciembre.
En la cita se escucharán las posturas de las cancillerías de ambos países. Perú iniciará las presentaciones y los días 6 y 7 de diciembre será la oportunidad en que el canciller Alfredo Moreno expondrá los argumentos del Estado chileno.
Angelini destacó que la compañía lleva 55 años trabajando en la zona de Arica, bajo el alero de Eperva, y enfatizó que el holding “ha hecho soberanía” en la zona.
“Un escenario negativo evidentemente que nos perjudicaría, porque perderíamos la zona de pesca”, dijo.
El empresario agregó que un fallo adverso podría afectar entre el 70% y el 80% del volumen de captura de la zona de Arica. “Hay una estimación de volumen de captura de la zona, que es más o menos entre un 70% y 80% de la captura que hace la flota pesquera de Arica, la que está dentro del triángulo que se está disputando”, explicó.