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lunes, 19 de marzo de 2012

Presidente Piñera, hágame caso

La derecha se ha venido farreando en estos años una oportunidad política tras otra. Luego de dos largas décadas de gobiernos concertacionistas, Piñera tiene en bandeja la posibilidad de modelar un nuevo Chile. ¿Lo hará?


POR PEDRO CAYUQUEO  -  TEMUKO, PAÍS MAPUCHE  -  19 / 03 / 12



En cada conflicto social de los últimos años el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido una oportunidad de oro. Desperdiciada, lamentablemente. Cuesta creerlo. Las señales iniciales resultaban, paradójicamente para muchos, esperanzadoras. Punta de Choros, por poner un ejemplo. Desatado el conflicto por la famosa termoeléctrica, fue el propio primer mandatario quien rayó la cancha a los inversionistas nacionales y extranjeros, ganándose el aplauso cerrado de ambientalistas y la ciudadanía en general. Hubo quienes no lo podían creer. Quien escribe, uno de ellos. O quienes sospechaban oscuras maniobras tras su posición. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Otro caso emblemático? La huelga de hambre mapuche. Jamás, pero jamás los gobiernos de la Concertación aceptaron dialogar con los presos políticos movilizados en las cárceles sureñas. Lo hizo Piñera y destrabó un escenario de conflicto que bien pudo terminar trágicamente, con consecuencias políticas insospechadas al sur del Bío Bío y un repudio de la comunidad internacional casi asegurado. El inteligente abordaje de la huelga (el dialogo siempre requiere más dedos de frente que la confrontación, ojo con eso) no solo implicó sentar por primera vez en una mesa de diálogo a la temida CAM; también fue un poderoso mensaje para el pueblo mapuche en su conjunto; “Este gobierno escucha. Y está dispuesto a corregir errores del pasado. En resumen, no más de lo mismo”.

¿Qué pasó en el camino? Ni idea. Que los sectores duros de la UDI se impusieron ante la “nueva derecha” —en teoría más ciudadana— que despuntaba en La Moneda; que el gran empresariado comenzó a sentirse incómodo con un gobierno de derecha gobernando como si fuera de izquierda; que los astros se desalinearon, Edmundo Varas desapareció de la televisión y todo volvió a su irremediable cauce natural… Vaya uno a saber. Lo cierto es que de la esperanza pasamos a la decepción. Y de la decepción pareciera avanzarse por un despeñadero hacia la indignación. Ese es al menos mi pesimista pronóstico mapuche-maya para este 2012. Una lata, a decir verdad. Y es que no se requiere ser militante de derecha para esperar que a este gobierno le vaya bien. Yo lo espero y de derecha precisamente no soy. Pero en política no hay atajos ni excusas; para ello deben gobernar y hacer las cosas bien. Bien para las mayorías, aclaro, que de eso trata —o debería tratar— el arte de ser gobierno en una democracia. Que lo digan los habitantes de la región de Aysén, votantes de la Alianza por Chile, quienes hoy ven con estupor como ante sus demandas —del todo justas y atendibles— “su” gobierno les responde con ninguneo, ultimátum y represión. No necesariamente en ese orden, lo más terrible de todo.

Magallanes, el movimiento estudiantil, el conflicto Estado chileno-Pueblo Mapuche, ahora el levantamiento ciudadano en Aysén, un largo etcétera de conflictos pésimamente gestionados en lo político y horriblemente manejados en lo comunicacional. Disparos en el pie, como diría mi abuelo, con un Mañalich hiperventilado cazando brujas en Patagonia Sin Represas y un Hinzpeter amenazando con “todo el rigor de la ley” a colonos australes que si de algo saben es precisamente de rigor. Mañalich y Hinzpeter, una verdadera competencia por quién mete más las patas dentro del gabinete. Convengamos que este último ya había estrenado este 2012 su particular tino político. Lo hizo al acusar torpemente a la CAM de estar tras el incendio en Carahue, el mismo que costó la vida a siete brigadistas y que más tarde la justicia determinó fue provocado por faenas ilegales de carbón. Si, leyeron bien, faenas ilegales de carbón, la hipotesis inicial de todos menos del ministro y su entorno. ¿Cómo se explica que, sin prueba alguna, Hinzpeter haya responsabilizado a la CAM del incendio? Ojo, hablamos de la misma organización que un año atrás el gobierno había logrado sentar en una inédita mesa de diálogo, robándose los aplausos mapuches y desmarcándose de la zanahoria y el garrote de la Concertación.

Hay quienes culpan al segundo piso, es decir, al batallón de asesores provenientes todos de la cota mil y tantos, cuál de todos menos conectado con el Chile real, su temperatura social y los ciudadanos de a pie. Desconectados por tanto de los pueblos originarios, de los créditos con aval del Estado y de las regiones que subsidian con sus recursos naturales y mano de obra barata el bienestar capitalino. Quién sabe. Es una de las posibilidades. Lo único claro es que la derecha se ha venido farreando en estos años una oportunidad política tras otra. Luego de dos largas décadas de gobiernos concertacionistas, un agotamiento evidente del modelo económico (“su” modelo, dicho sea de paso) y una crisis en ciernes de la estructura de Estado (más propia del siglo XIX que de un miembro de la OCDE), la derecha tiene en bandeja la posibilidad de modelar un nuevo Chile. Obviamente hablamos de un Chile más democrático, igualitario, descentralizado, por qué no federal, donde los mapuches gocen de reconocimiento y autonomía, donde la ciudadanía cuente con reales canales de participación y representación local, y donde una educación pública, gratuita y de calidad catapulte a todos, sin distinción, hacia el desarrollo. Es, a mi juicio, LA oportunidad que se está farreando la actual administración.

Presidente Piñera, nunca es tarde para recomenzar. Podría partir por Aysén, dialogando con su bella gente, atendiendo sus legítimas demandas y ordenando el retorno de los gorilas de uniforme verde enviados desde la capital del Reino. Se sabe que no son muchos votantes, pero allí, en los fiordos australes, podría jugarse su coalición no sólo un nuevo periodo de gobierno; también varias páginas gloriosas en los libros de Historia. Imagine su nombre al lado de un Portales, un Balmaceda o un Pedro Aguirre Cerda, grandes reformadores de la Patria. Parta por Aysén, Presidente. No sea leso. Hágame caso.
 

* Publicado originalmente en El Mostrador.

http://www.azkintuwe.org/20120319_001.htm

La lucha de Hinzpeter

OPINIÓN: SOBRE LAS PROTESTAS Y LA PAZ SOCIAL QUE JAMÁS PODRÁ REALIZARSE.

Por : Domingo Lovera Parmo en Opinión
Publicado: 19.03.2012



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Domingo Lovera, profesor de derecho de la Universidad Diego Portales, ve con preocupación las ganas que tiene el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de restringir el derecho a reunión. Sostiene que este gobierno ha mostrado una inagotable imaginación a la hora de restringir derechos pero ninguna voluntad de revisar “los estatutos que sancionan los abusos de autoridad, pese a la enorme cantidad de detenciones declaradas ilegales y los actos de tortura cometidos por Carabineros de Chile”. Todo eso, dice Lovera, terminará degradando nuestra democracia.
I.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acaba de anunciar la posibilidad de nuevas restricciones al derecho de reunión. Ha dicho que los últimos hechos del día jueves 15 de marzo lo llevan, casi como una fuerza superior, a definir espacios y horarios en los cuales “es conveniente el ejercicio del derecho a las movilizaciones” y otros en que, debido al normal desarrollo de nuestras ciudades”, no lo es.
En primer lugar, llama la atención que el ministro centre su atención en solo una parte de los hechos que a menudo ocurren para echar a volar su imaginación en materia de reformas. Hasta ahora, el ministro se mantiene silente sobre posibles reformas a los estatutos policiales y penales que sancionen los abusos de autoridad, pese a la enorme cantidad de detenciones declaradas ilegales y los actos de tortura cometidos por Carabineros de Chile.
II.
“Hasta ahora, el ministro se mantiene silente sobre posibles reformas a los estatutos policiales y penales que sancionan los abusos de autoridad, todo ello pese a la enorme cantidad de detenciones que son declaradas ilegales y los actos de torturas cometidos por Carabineros de Chile”
En segundo lugar, y sobre esto se ha insistido hasta el hartazgo, tampoco explica el ministro cómo es que los actos de unos pocos que cometen desórdenes acarrean restricciones a los derechos de la inmensa mayoría que se manifiesta de forma pacífica. Las restricciones a los derechos de los manifestantes, en la lucha del ministro, se justifican por una suerte de contagio por cercanía (al fin y al cabo, todos son manifestantes) y por considerarse las protestas campo fértil para los delitos (las manifestaciones en espacios públicos –se ha dicho– son espacio propicio para los desórdenes).
¿Estaríamos dispuestos a aceptar este tipo de reformas, justificadas de igual forma, para el caso de otros derechos? Por ejemplo, y frente a los delitos de los ejecutivos de La Polar, ¿habrá pensando el ministro sugerir al Presidente un proyecto de ley que restringa el derecho a la libre empresa? Al final, todos son empresarios y, el ejercicio de la libre empresa, como demuestra la experiencia, no así la práctica judicial, es un campo fértil para el delito. La respuesta es una sola: por supuesto que no. Como se trata de un ámbito en que el Estado y los medios de comunicación tradicionales cumplen su rol al amplificar el estereotipo del empresario (el emprendedor) por oposición al del manifestante (el encapuchado), estamos dispuestos a dar varios pasos atrás para “pensarlo mejor.” Seguramente conseguiríamos más cejas levantadas que señales de apoyo.
III.
En tercer lugar, las modificaciones que impulsa el ministro, así como toda su agenda en materia de seguridad interior, descansa en una noción de orden público que la Constitución no endosa, de una parte, y que es imposible de llevar a la práctica, de otra. La Constitución no la endosa, porque en parte alguna de su texto se menciona como criterio general de restricción de derechos. En efecto, en materia de derechos la Constitución se refiere al orden público como límite al libre ejercicio del culto (art. 19 Nº6); como límite a la libertad de enseñanza (art. 19 Nº11 inc. 2º); como límite al derecho de asociación (19 Nº15 inc. 4º); y como límite al ejercicio de la libertad económica (art. 19 Nº21 inc. 1º). Si la Constitución asumiera que el orden público opera como criterio general de restricción de derechos, no serían necesarias las menciones específicas. Todavía más; nuestras comunidades políticas que han optado por textos constitucionales, lo han hecho, entre otras razones, justamente para delimitar las facultades del Estado y para definir, sin que la imaginación de la autoridad de turno juegue un papel, cuáles son los criterios conforme a los cuales los derechos pueden ejercerse.
“El ministro ha reiterado en innumerables ocasiones que el orden público equivale al derecho de las personas a vivir en paz y tranquilidad. No es necesario que se insista por qué una concepción tal no solo no podrá jamás realizarse, no al menos sin que las desigualdades sociales, culturales y económicas sean superadas”
Pero, además, la concepción de orden público de Hinzpeter y el Gobierno es impracticable. El ministro ha reiterado en innumerables ocasiones que el orden público equivale al derecho de las personas a vivir en paz y tranquilidad. No es necesario que se insista por qué una concepción tal no solo no podrá jamás realizarse, no al menos sin que las desigualdades sociales, culturales y económicas sean superadas. Más peligroso aún; como se trata de una concepción imposible de llevar a la práctica, entonces ella operará, como lo ha hecho, como un recurso para justificar cualquier tipo de regulación y restricción que apunte al impracticable fin. Cualquier cosa.
Por ello es que en el derecho internacional de los derechos humanos, se ha optado por conceptualizar el orden público “como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.” Dos notas para cerrar este punto. Primero, dicho orden coherente de valores y principios comprende el desempeño libre de los derechos políticos, en especial la libertad de expresión y reunión. Segundo, las protestas en caso alguno perturban el normal desempeño de las instituciones. En cambio, operan como mecanismos de comunicación hacia las autoridades y no como, según los más afiebrados han sugerido, herramientas de derrocamiento de las mismas. La protesta le habla a las autoridades.
IV.
En cuarto y último lugar, las reformas que el ministro acaba de anunciar requieren introducir modificaciones al D.S. 1.086/1983. En efecto, dicho decreto, que regula reuniones públicas, opera sobre la base de manifestantes que solicitan permisos y autoridades que las resuelven. No le permite a las autoridades, en cambio, que éstas establezcan reglas generales sobre ciertos espacios y horas en las cuales las reuniones públicas no puedan desarrollarse.
El mismo decreto, además, adolece de varios vicios de inconstitucionalidad que ya se han advertido. En efecto, la Constitución (art. 19 Nº13) reconoce el derecho de reunión “sin permiso previo.” No obstante, sí sujeta su regulación a las “disposiciones generales de policía.” En efecto, la autoridad podría tener legítimo interés en establecer ciertas regulaciones referidas al tiempo, lugar y forma (TLF) de las movilizaciones. El decreto, sin embargo, en contra de la regulación constitucional, abre espacios para la prohibición de las protestas, tal y como ha ocurrido en la práctica. En el derecho internacional, por su parte, se ha sostenido que las regulaciones TLF no pueden transformarse en permisos, sino que operar, más bien, como notificaciones que los manifestantes envían a la autoridad. Nada más lejos de lo que ocurre en Chile.
“Las protestas en caso alguno perturban el normal desempeño de las instituciones. Operan como mecanismos de comunicación hacia las autoridades y no como, según los más afiebrados han sugerido, herramientas de derrocamiento. La protesta le habla a las autoridades”
Ahora bien, que la autoridad pueda establecer regulaciones de TLF, tampoco quiere decir que éstas pueden imponerse al arbitrio de la autoridad. Por ello es que las restricciones anunciadas por el ministro Hinzpter deben escrutarse atentamente. Es muy probable que tras el reclamo del ministro se busque, como lo enseña la experiencia doméstica y comparada, esconder las protestas enviándolas a sectores en que no se incomode al poder político o autorizarlas en horas en que su impacto mediático y político pueda ser disminuido.
Que el decreto requiera modificaciones para implementar las reformas anunciadas –esas formas con las que el Gobierno se siente incómodo– abre un interesante espacio para que parlamentarios comprometidos con la libre expresión y el derecho de reunión cuestionen la constitucionalidad del mismo frente al Tribunal Constitucional (art. 93 Nº16). En efecto, una vez publicadas las reformas al decreto se abre el plazo constitucional para reclamar la revisión de constitucionalidad de la norma que, de otra forma, permanece vedada.
Demás está decir que, fuera de esta posibilidad, los parlamentarios realmente comprometidos con la libertad de expresión y el derecho de reunión debieran avanzar a equiparar este último derecho con los demás. Hoy, el derecho de reunión, es un derecho de segundo orden y una anomalía dentro del esquema constitucional nacional. Un derecho que, a diferencia del resto que reclama leyes que definan sus contornos, puede regularse por medio de decretos. Como nos enseñan los últimos sucesos, dicha posibilidad puesta en manos de autoridades cuya imaginación a la hora de restringir (algunos) derechos es inagotable, degrada nuestra democracia. Lamentablemente, ello parece bastante obvio en el contexto de una comunidad que ha preferido pactar con el orden constitucional, legal y reglamentario de la dictadura, antes que decidir eliminar, ahora sí, de verdad, los lazos autoritarios. Esos que Ricardo Lagos pensó que se eliminaban con una firma.


http://ciperchile.cl/2012/03/19/la-lucha-de-hinzpeter/

Chile: Crónica de un terrorismo de Estado anunciado


LUNES, 19 DE MARZO DE 2012


Norton Contreras Robledo (especial para ARGENPRESS.info)

Se han cumplido dos años de gobierno de la Alianza por Chile. La situación política, social y económica actual del país ya estaba anunciada desde el 17 de Enero del 2010, cuando su candidato a presidente, Sebastián Piñera, saliera elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, dónde se enfrentaron dos fuerzas políticas que, con diferentes matices defienden el mismo sistema político, social y económico.

Si bien es cierto que el Gobierno de la Concertación representó a los sectores que asumieron como propio el proyecto de la dictadura, aplicando algún parche para que siguiera todo igual, adscribiéndose plenamente al neoliberalismo y profundizando el modelo, sería necio no reconocer que hay una frontera que limita estas dos fuerzas políticas.

En tanto, la Alianza Por Chile representaba a los sectores más reaccionarios del capital interno, contando entre sus filas con los "herederos" del General Pinochet, gestores y cómplices junto con la CIA, del golpe de estado en Chile, autores y sostenedores de la dictadura que terminó con el estado de derecho, y por ende con la democracia en Chile dando inicio al período más siniestro y nefasto de nuestra historia; ministros, voceros y altos funcionarios de gobierno, hoy señorones de cuello y corbata, fueron otrora pijes y señoritos fascistas, militantes de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matos.

Desde el primer día estaba anunciado que del gobierno de la Alianza Por Chile no se podía esperar absolutamente nada en beneficio del pueblo y de los trabajadores. Durante el gobierno de la concertación, la derecha más reaccionaria del capital interno, fue un obstáculo objetivo para implementar reformas sustanciales en cuestiones tan sensibles como Derechos Humanos, Legislación Laboral, Regulación Medioambiental, Fiscalización a los Fondos Previsionales.

La crónica del Chile que tenemos hoy, si bien comenzó anunciarse esa noche del 17 de Enero del 2010, comenzó a escribirse cuando el gobierno dio a conocer el gabinete "de excelencia" del presidente de Chile, Sebastián Piñera. En el discurso de la campaña presidencial Piñera dijo que iba trabajar a favor de los sectores vulnerables y necesitados, que iba a ir al rescate de clase media, lo que reiteró en el primer discurso como presidente. No obstante el gabinete "de excelencia" que presentó estaba conformado por la "flor y nata" del gran capital y por ende representaba los intereses de empresarios y gerentes nacionales y de las multinacionales.

En el gabinete de los "excelentes” no había un solo representante de la clase media, ni un solo trabajador y eso que según Piñera iba a gobernar para todos los chileno. Los trabajadores son la inmensa mayoría de los chilenos.

De lo anterior se desprende que todo lo que acontece hoy comenzó anunciarse desde los primeros días del gobierno de la Alianza por Chile, ya que considerando el elitismo del gabinete, su poca representatividad social y el carácter y contenido de clases de los partidos que conforman la Alianza, todas las medidas o reformas, sociales, políticas y económicas que han aplicado han ido en función de favorecer los intereses de la clase y sectores que representan. La esencia de la política neoliberal de libre mercado, la que han seguido desarrollando y profundizando, ha afectado aún más los trabajadores, los pensionados, estudiantes, dueñas de casas, pueblos aborígenes, y no los grandes monopolios, ni la alta burguesía.
Piñera los tecnócratas y los políticos

Un año y medio después del primer gabinete, entraron a él los más duros y conocidos políticos de la coalición oficialista: Longueira, Chadwick, Allamand y Matthei. El Gabinete "de excelencia" fue sobrepasado por los movimientos sociales en Chile, que se fueron superando en rapidez, masividad y persistencia: la protesta regional de Magallanes, las movilizaciones contra el megaproyecto de HidroAysén, las marchas por los derechos de la diversidad sexual, los paros comunales de Calama, la protesta de Arica, las huelgas de los trabajadores del cobre (estatales y privados), los paros de los empleados fiscales, lucha de los mapuches por la recuperación de sus tierras y la reconquista de su autonomía, y el más masivo y de mayores efectos sociales, culturales y políticos, el movimiento por la educación pública cuya columna vertebral y principal componente son los estudiantes.

Las acusaciones realizadas por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sobre la articulación política del movimiento de puerto Aysén, son excusas para aplicar el terrorismo del estado, la represión a los movimientos sociales. Todos estos movimientos, todas las protestas y acciones de lucha por los derechos, reivindicaciones y demandas, como las que sostiene el Movimiento Social por la Región de Aysén, no son culpa de los comunistas como ha declarado el oficialismo, son la consecuencia de la política de gobierno, de la falta de voluntad, de la falta de dirección política para resolver las demandas de la población.

Si el gobierno no muestra la voluntad política para resolverlos, si además responde a estas demandas con represión, es porque resolver estas demandas va contra su esencia neoliberal, es decir en contra del neoliberalismo.

Los comunistas apoyamos todas las acciones de las organizaciones sociales que se planteen contra el régimen social y político imperante. Los comunistas no guardamos encubiertas nuestras ideas e intenciones, somos un partido de raigambre obrera, campesina e intelectual, inspirado por el pensamiento de Marx y Lenin. Nuestro objetivo inmediato es la unidad y en entendimiento de todos los actores sociales, organizaciones políticas y sociales, que conlleven al desarrollo de las luchas sociales para alcanzar un gobierno de nuevo tipo .Y seguiremos existiendo y luchando por el socialismo en el convencimiento de que otro mundo mejor es posible.

Norton Contreras Robledo. Nació en Canela, Chile. Comunicador social, Poeta, Escritor. Miembro De La Sociedad De Escritores De Chile ( SECH) Integrante De Poetas Del Mundo. Miembro De la Red Mundial De Escritores En Español (REMES). Asociación Internacional de Comunicadores y Periodistas chilenos en el exterior (AICPCH). Miembro De La Organización Cultural Víctor Jara.

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