En el año 1999, los senadores norteamericanos Cari Lcvin y Norman Coleman, miembros de la minoría política del Senado de Estados Unidos, fueron comisionados para formar un sub comité investigador para verificar la verdad sobre denuncias de presunciones de lavado de dinero, efectuadas al interior del Banco Riggs, con sede en Washington, Estados Unidos. El combate frontal al blanqueo de capitales de origen dudoso, así como las alarmantes dimensiones alcanzadas por el narcotráfico en ese país, determinaron que el Senado norteamericano aprobara una exhaustiva investigación sobre ese ilícito, así como respecto del destino que se daba al dinero, cuyos montos eran ya cuantiosos. Pese a la muerte del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en las afueras de Medellín, ese ilegal negocio siguió prosperando a causa del crecimiento y decidida acción del Cartel de Cali, heredero y sucesor del Cartel de Medellín. Los estamentos policiales norteamericanos se veían sobrepasados por la habilidad de «importadores», intermediarios y lavadores de grandes fortunas nacidas de dicho tráfico y de otras actividades similares.
Se sabía que el Cartel de Cali controlaba, en la década de los ochenta, alrededor del 80% del narcotráfico en el mundo, generando utilidades del orden de los ocho mil millones de dólares anuales. Un alto porcentaje de esa actividad se desarrollaba al interior de los Estados Unidos. Uno de los mayores operadores conocidos por organismos como la Drug Enforcement Administration (DEA), los servicios aduaneros, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y otros similares, era Gilberto Rodríguez Orejuela, considerado el líder de la organización criminal con sede en Colombia.
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