Manuel Contreras, ex jefe del principal cuerpo represivo de la dictadura, asegura que el tirano autorizó la elaboración de cocaína en recintos militares
La Nación
Dicen que la venganza es un plato que se come mejor frío. Y el general (R) Manuel Contreras lo sabe de sobra. Su última estocada es contra quien, de seguro, se convirtió definitivamente en su enemigo número uno desde que el Senado norteamericano descubrió en 2004 que mantenía millones de dólares escondidos en distintos bancos de Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales: su ex jefe, Augusto Pinochet.
Contreras, en un informe entregado la semana pasada al ministro Claudio Pavez, encargado del proceso por el homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares, asegura que la fortuna amasada por el ex dictador se debe nada menos que al tráfico de drogas realizado por su hijo Marco Antonio junto al empresario chileno de origen sirio Edgardo Bathich Villarroel y el químico de la DINA Eugenio Berríos. Por otra parte, establece la responsabilidad que le cabría a Pinochet en el asesinato de Huber.
Entre los detectives que conocen de cerca a Contreras por haberlo investigado en diversos procesos por violaciones de los derechos humanos, hay un dicho que se repite: “Siempre que se trate de defender a un amigo dice la verdad, cuando tiene que asumir su responsabilidad es otro tema”.
La historia de este informe comenzó unos meses atrás, cuando el ministro Pavez –dentro de las diligencias para llegar a la verdad procesal– decidió interrogar a Contreras: Huber había pertenecido a la DINA en los años posteriores al golpe militar del 73 como jefe de la inteligencia en la IX y X Región, cumpliendo también labores en Punta Arenas y Santiago.
Por otro lado, el magistrado había recibido la información de que Contreras apreciaba a Huber. Esto podía significar que en enero de 1992, cuando Huber desapareció en el Cajón del Maipo, podría haber obtenido más de alguna información sobre su destino. La primera pista se la entregó al juez el ex espía del Ejército mayor (R) Abel Sepúlveda Gutiérrez, cuya declaración quedó estampada a fojas 3.158 del expediente. Este último fue quien reemplazó a Huber en la labores de inteligencia en el sur del país.
“Huber era muy amigo del general Contreras... a mí me lo contó el propio Gerardo”, testimonió Sepúlveda.
Con este dato, en junio pasado Pavez se dirigió al Penal Cordillera, donde Contreras cumple condena por la desaparición del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval.
De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, en esa oportunidad el magistrado conversó de diversos temas con el ex director de la DINA, entre ellos la muerte de Huber. Pero como la diligencia se alargó más de la cuenta, Pavez le pidió a Contreras que elaborara un informe para que, de acuerdo a la lógica procesal, quedara estampado como su declaración en la causa.
EL DESTAPE
Pero el ex jefe de la DINA no sólo se limitó en el documento a relatar sus ya clásicas teorías conspirativas sobre la participación de la CIA en el atentado contra el ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, sino que aprovechó la oportunidad para dejar establecido procesalmente –por primera vez desde el inicio de la transición– cómo Pinochet armó su fortuna de manera ilícita.
Contreras, de acuerdo con las fuentes consultadas por LND, asegura en su informe que cuando Huber se hizo cargo del Complejo Químico del Ejército ubicado en Talagante, a mediados de los ’80, el químico de la DINA Eugenio Berríos, junto a otro “cocinero”, se encargaban de elaborar cocaína “negra”, conocida también como “coca rusa”. La fórmula para fabricarla era mezclar el alcaloide con sulfato ferroso y otras sales minerales para ayudar a que éste se impregnara del pigmento, de modo que se adhiriera a distintas superficies y careciera del tradicional olor que permite a los perros detectarla.
Un ejemplo de cuán moderno era el sistema implementado por Berríos se verificó en julio del año pasado, cuando por una corazonada de la policía se descubrió en el puerto de Manzanillo (México) un cargamento con seis toneladas de esta droga. Ésta fue transportada por el buque “Colibrí” desde el terminal marítimo de Callao (Perú). No pudo ser detectada por los métodos tradicionales en más de cinco países por donde recaló la nave.
Según Manuel Contreras, la elaboración de cocaína en el recinto del Ejército fue autorizada por la más alta autoridad del mismo (Pinochet), donde trabajó Berríos. En esta actividad habrían participado Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich. La producción, señala el informe, era enviada a Estados Unidos y Europa, donde el pariente político de Bathich, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, la distribuía para posteriormente enviar remesas a las distintas cuentas que el clan Pinochet mantenía en el viejo continente y EEUU.
Paralelamente –escribe el ex jefe de la DINA–, Pinochet usó una segunda vía para enriquecerse: el uso de los fondos reservados del Ejército, los que eran depositados en varias cuentas y cuyos intereses iban a parar a su erario personal.
Efectivamente, la última línea de investigación seguida por el ministro Carlos Cerda, a cargo del caso Riggs, donde Pinochet está procesado por fraude tributario, apunta en esa dirección. En las últimas semanas, el magistrado ha pesquisado precisamente el uso de los gastos reservados de esa institución. En estos días envió dos exhortos internacionales, uno a EEUU y otro a Canadá, para avanzar en esa arista.
Contreras afirma, además, que la existencia de la fortuna de Pinochet era un hecho comentado por altas autoridades del Ejército de la época; se llegaba a decir que hasta sus tataranietos serían inmensamente ricos.
GUARDAR SILENCIO
En el informe entregado a Pavez, Contreras asegura que efectivamente sentía aprecio por Huber, a quien conoció a finales de los ’60 en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, puesto que ambos pertenecían a la misma especialidad.
Cuando fue descubierto el tráfico de armas a Croacia en diciembre de 1991 y el ministro Hernán Correa de la Cerda inició la investigación judicial, uno de los principales involucrados fue precisamente el coronel Gerardo Huber, quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística del Ejército.
Con el pasar de los días, según relatan varios de sus colegas en el proceso, el coronel Huber comenzó a mostrar signos de estar bajo una fuerte presión. Sólo una declaración formal hizo el coronel ante el magistrado, donde le aseguró que si deseaba saber sobre el tráfico ilegal de armas descubierto en Budapest (Hungría), debía consultar al jefe de Material de Guerra de entonces, el general Florencio Tejos.
Los dichos de Huber causaron preocupación en el entorno de Pinochet. De allí que en los círculos de la inteligencia se comenzara a correr la voz de que padecía de una depresión, noticia que más tarde trascendió a los medios.
Pero según Contreras, el 20 de enero –nueve días antes de su desaparición–, Huber se comunicó nuevamente con el ministro Correa de la Cerda, y “en una extensa declaración informal” le contó los detalles de lo que ocurría en el Complejo Químico del Ejército de Talagante, la forma en que se exportaba la cocaína y los manejos financieros del clan Pinochet en torno al tráfico de drogas y armas.
Manuel Contreras asegura que Gerardo Huber conocía los ilícitos relacionados con la familia Pinochet. A Marco Antonio Pinochet Hiriart lo conocía bien. Ambos habían coincidido en la Embajada de Chile en Washington en los años 1985-86. Manejaba tanta información sobre la familia reinante que, según Contreras, su vida dependía de su silencio.
Cuando Huber desapareció, el 29 de enero de 1992, supuestamente desde el puente El Toyo en el Cajón del Maipo, la operación comunicacional preparada por la entonces Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) se ejecutó exitosamente cuando, más tarde, el 20 de febrero de 1992, el coronel apareció muerto en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza: Huber se había suicidado, y punto.
Pero Contreras entrega un detalle adicional: el día que desapareció, Huber abandonó la casa de su íntimo amigo Elwin Tapia en el Cajón del Maipo, donde alojaba, para alejarse de la presión de los medios y del Ejército, porque miembros de la DINE lo llamaron para comunicarle que Pinochet quería reunirse con él.
La teoría, en todo caso, tiene un asidero en la realidad, ya que la hija de Tapia, casada con uno de los nietos del ex dictador, se encontraba en la misma casa cuando Huber desapareció. Al día siguiente, el 30 de enero, Loreto Tapia, junto con su marido, Hernán García Pinochet, viajaron a Bucalemu, donde se encontraba el ex dictador, entonces comandante en jefe del Ejército. “Ese mismo día, Pinochet me llevó a su oficina en la casa, me hizo sentar frente a su escritorio, donde me manifestó que mi tío Gerardo Huber había desaparecido. Me dijo que estaba todo solucionado y yo me puse a llorar”, declaró la joven Loreto Tapia en el caso.
Por último, Contreras arriesga el siguiente análisis: Huber fue asesinado por miembros de la Compañía de Operaciones Especiales de Contrainteligencia (Coeci), la que por aquellos años funcionaba en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), a cargo del entonces coronel Manuel Provis Carrasco.
Esta última tesis de Contreras no se aleja mucho de lo que el ministro Claudio Pavez ha establecido hasta la fecha.
Lo que sin duda queda claro es que el ex director de la DINA tenía una cuenta pendiente con Pinochet, la que cobró apuntando a la faceta más imperdonable del ex dictador para moros y cristianos: el origen ilícito de su fortuna.
El caso Berríos
Este proceso es tramitado por el ministro en visita Alejandro Madrid. Está acreditado que el químico de la DINA Eugenio Berríos fue asesinado por miembros de la DINE en Uruguay entre enero y junio de 1993. Que Berríos fabricaba drogas y que sus relaciones más cercanas eran narcotraficantes. Que fabricó gas sarín para la DINA en los ’70. Que existen presunciones para establecer que, eventualmente, participó en la aún no resuelta muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
En este caso están procesados por asociación ilícita los ex directores de la DINE generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el teniente coronel (R) Manuel Pérez. Por secuestro están encausados Ramírez, Rodríguez, Lillo, Pérez y los oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Además, Covarrubias lo está por secuestro con homicidio. Por infracción al artículo 295 bis del Código Penal –la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito–, el oficial (R) Mario Cisternas, junto a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva. Y por obstrucción a la justicia, Madrid procesó a Emilio Rojas, ex agregado cultural de Chile en Uruguay entre 1990 y 1993. El último encausado por asociación ilícita por el secuestro de Berríos es el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) brigadier (R) Manuel Provis.
El Caso Huber
En el proceso sustanciado por el ministro Claudio Pavez se ha establecido que Huber fue asesinado por un arma de fuego. Que en la operación de encubrimiento, por distintas vías –comunicacionales, legales–, participaron varios agentes de inteligencia del Ejército de la época. Que la familia del coronel siempre fue vigilada por distintos miembros de la DINE y el BIE. Que se intentó secuestrar al hijo de Huber para que éste desistiera de contar la verdad acerca del tráfico de armas a Croacia. Que Huber habría permanecido secuestrado en las dependencias del Laboratorio de Guerra Bacteriológica que estaba en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Que en esos hechos participaron, al menos, cinco personas que están procesadas por el delito de asociación ilícita: el general (R) Carlos Krumm, jefe de la Dirección de Logística; el ex jefe de la DINE general (R) Eugenio Covarrubias; el subdirector de la misma, Víctor Lizárraga; el jefe del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Manuel Provis, y el amigo de Huber coronel (R) Julio Muñoz.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=34360Contreras, en un informe entregado la semana pasada al ministro Claudio Pavez, encargado del proceso por el homicidio del coronel Gerardo Huber Olivares, asegura que la fortuna amasada por el ex dictador se debe nada menos que al tráfico de drogas realizado por su hijo Marco Antonio junto al empresario chileno de origen sirio Edgardo Bathich Villarroel y el químico de la DINA Eugenio Berríos. Por otra parte, establece la responsabilidad que le cabría a Pinochet en el asesinato de Huber.
Entre los detectives que conocen de cerca a Contreras por haberlo investigado en diversos procesos por violaciones de los derechos humanos, hay un dicho que se repite: “Siempre que se trate de defender a un amigo dice la verdad, cuando tiene que asumir su responsabilidad es otro tema”.
La historia de este informe comenzó unos meses atrás, cuando el ministro Pavez –dentro de las diligencias para llegar a la verdad procesal– decidió interrogar a Contreras: Huber había pertenecido a la DINA en los años posteriores al golpe militar del 73 como jefe de la inteligencia en la IX y X Región, cumpliendo también labores en Punta Arenas y Santiago.
Por otro lado, el magistrado había recibido la información de que Contreras apreciaba a Huber. Esto podía significar que en enero de 1992, cuando Huber desapareció en el Cajón del Maipo, podría haber obtenido más de alguna información sobre su destino. La primera pista se la entregó al juez el ex espía del Ejército mayor (R) Abel Sepúlveda Gutiérrez, cuya declaración quedó estampada a fojas 3.158 del expediente. Este último fue quien reemplazó a Huber en la labores de inteligencia en el sur del país.
“Huber era muy amigo del general Contreras... a mí me lo contó el propio Gerardo”, testimonió Sepúlveda.
Con este dato, en junio pasado Pavez se dirigió al Penal Cordillera, donde Contreras cumple condena por la desaparición del militante del MIR Miguel Ángel Sandoval.
De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, en esa oportunidad el magistrado conversó de diversos temas con el ex director de la DINA, entre ellos la muerte de Huber. Pero como la diligencia se alargó más de la cuenta, Pavez le pidió a Contreras que elaborara un informe para que, de acuerdo a la lógica procesal, quedara estampado como su declaración en la causa.
EL DESTAPE
Pero el ex jefe de la DINA no sólo se limitó en el documento a relatar sus ya clásicas teorías conspirativas sobre la participación de la CIA en el atentado contra el ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Washington en 1976, sino que aprovechó la oportunidad para dejar establecido procesalmente –por primera vez desde el inicio de la transición– cómo Pinochet armó su fortuna de manera ilícita.
Contreras, de acuerdo con las fuentes consultadas por LND, asegura en su informe que cuando Huber se hizo cargo del Complejo Químico del Ejército ubicado en Talagante, a mediados de los ’80, el químico de la DINA Eugenio Berríos, junto a otro “cocinero”, se encargaban de elaborar cocaína “negra”, conocida también como “coca rusa”. La fórmula para fabricarla era mezclar el alcaloide con sulfato ferroso y otras sales minerales para ayudar a que éste se impregnara del pigmento, de modo que se adhiriera a distintas superficies y careciera del tradicional olor que permite a los perros detectarla.
Un ejemplo de cuán moderno era el sistema implementado por Berríos se verificó en julio del año pasado, cuando por una corazonada de la policía se descubrió en el puerto de Manzanillo (México) un cargamento con seis toneladas de esta droga. Ésta fue transportada por el buque “Colibrí” desde el terminal marítimo de Callao (Perú). No pudo ser detectada por los métodos tradicionales en más de cinco países por donde recaló la nave.
Según Manuel Contreras, la elaboración de cocaína en el recinto del Ejército fue autorizada por la más alta autoridad del mismo (Pinochet), donde trabajó Berríos. En esta actividad habrían participado Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich. La producción, señala el informe, era enviada a Estados Unidos y Europa, donde el pariente político de Bathich, el famoso traficante internacional de armas y drogas Monser Al Kassar, la distribuía para posteriormente enviar remesas a las distintas cuentas que el clan Pinochet mantenía en el viejo continente y EEUU.
Paralelamente –escribe el ex jefe de la DINA–, Pinochet usó una segunda vía para enriquecerse: el uso de los fondos reservados del Ejército, los que eran depositados en varias cuentas y cuyos intereses iban a parar a su erario personal.
Efectivamente, la última línea de investigación seguida por el ministro Carlos Cerda, a cargo del caso Riggs, donde Pinochet está procesado por fraude tributario, apunta en esa dirección. En las últimas semanas, el magistrado ha pesquisado precisamente el uso de los gastos reservados de esa institución. En estos días envió dos exhortos internacionales, uno a EEUU y otro a Canadá, para avanzar en esa arista.
Contreras afirma, además, que la existencia de la fortuna de Pinochet era un hecho comentado por altas autoridades del Ejército de la época; se llegaba a decir que hasta sus tataranietos serían inmensamente ricos.
GUARDAR SILENCIO
En el informe entregado a Pavez, Contreras asegura que efectivamente sentía aprecio por Huber, a quien conoció a finales de los ’60 en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, puesto que ambos pertenecían a la misma especialidad.
Cuando fue descubierto el tráfico de armas a Croacia en diciembre de 1991 y el ministro Hernán Correa de la Cerda inició la investigación judicial, uno de los principales involucrados fue precisamente el coronel Gerardo Huber, quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior de la Dirección de Logística del Ejército.
Con el pasar de los días, según relatan varios de sus colegas en el proceso, el coronel Huber comenzó a mostrar signos de estar bajo una fuerte presión. Sólo una declaración formal hizo el coronel ante el magistrado, donde le aseguró que si deseaba saber sobre el tráfico ilegal de armas descubierto en Budapest (Hungría), debía consultar al jefe de Material de Guerra de entonces, el general Florencio Tejos.
Los dichos de Huber causaron preocupación en el entorno de Pinochet. De allí que en los círculos de la inteligencia se comenzara a correr la voz de que padecía de una depresión, noticia que más tarde trascendió a los medios.
Pero según Contreras, el 20 de enero –nueve días antes de su desaparición–, Huber se comunicó nuevamente con el ministro Correa de la Cerda, y “en una extensa declaración informal” le contó los detalles de lo que ocurría en el Complejo Químico del Ejército de Talagante, la forma en que se exportaba la cocaína y los manejos financieros del clan Pinochet en torno al tráfico de drogas y armas.
Manuel Contreras asegura que Gerardo Huber conocía los ilícitos relacionados con la familia Pinochet. A Marco Antonio Pinochet Hiriart lo conocía bien. Ambos habían coincidido en la Embajada de Chile en Washington en los años 1985-86. Manejaba tanta información sobre la familia reinante que, según Contreras, su vida dependía de su silencio.
Cuando Huber desapareció, el 29 de enero de 1992, supuestamente desde el puente El Toyo en el Cajón del Maipo, la operación comunicacional preparada por la entonces Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) se ejecutó exitosamente cuando, más tarde, el 20 de febrero de 1992, el coronel apareció muerto en el lecho del río Maipo con un tiro en la cabeza: Huber se había suicidado, y punto.
Pero Contreras entrega un detalle adicional: el día que desapareció, Huber abandonó la casa de su íntimo amigo Elwin Tapia en el Cajón del Maipo, donde alojaba, para alejarse de la presión de los medios y del Ejército, porque miembros de la DINE lo llamaron para comunicarle que Pinochet quería reunirse con él.
La teoría, en todo caso, tiene un asidero en la realidad, ya que la hija de Tapia, casada con uno de los nietos del ex dictador, se encontraba en la misma casa cuando Huber desapareció. Al día siguiente, el 30 de enero, Loreto Tapia, junto con su marido, Hernán García Pinochet, viajaron a Bucalemu, donde se encontraba el ex dictador, entonces comandante en jefe del Ejército. “Ese mismo día, Pinochet me llevó a su oficina en la casa, me hizo sentar frente a su escritorio, donde me manifestó que mi tío Gerardo Huber había desaparecido. Me dijo que estaba todo solucionado y yo me puse a llorar”, declaró la joven Loreto Tapia en el caso.
Por último, Contreras arriesga el siguiente análisis: Huber fue asesinado por miembros de la Compañía de Operaciones Especiales de Contrainteligencia (Coeci), la que por aquellos años funcionaba en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), a cargo del entonces coronel Manuel Provis Carrasco.
Esta última tesis de Contreras no se aleja mucho de lo que el ministro Claudio Pavez ha establecido hasta la fecha.
Lo que sin duda queda claro es que el ex director de la DINA tenía una cuenta pendiente con Pinochet, la que cobró apuntando a la faceta más imperdonable del ex dictador para moros y cristianos: el origen ilícito de su fortuna.
El caso Berríos
Este proceso es tramitado por el ministro en visita Alejandro Madrid. Está acreditado que el químico de la DINA Eugenio Berríos fue asesinado por miembros de la DINE en Uruguay entre enero y junio de 1993. Que Berríos fabricaba drogas y que sus relaciones más cercanas eran narcotraficantes. Que fabricó gas sarín para la DINA en los ’70. Que existen presunciones para establecer que, eventualmente, participó en la aún no resuelta muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
En este caso están procesados por asociación ilícita los ex directores de la DINE generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el teniente coronel (R) Manuel Pérez. Por secuestro están encausados Ramírez, Rodríguez, Lillo, Pérez y los oficiales uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli. Además, Covarrubias lo está por secuestro con homicidio. Por infracción al artículo 295 bis del Código Penal –la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito–, el oficial (R) Mario Cisternas, junto a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva. Y por obstrucción a la justicia, Madrid procesó a Emilio Rojas, ex agregado cultural de Chile en Uruguay entre 1990 y 1993. El último encausado por asociación ilícita por el secuestro de Berríos es el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) brigadier (R) Manuel Provis.
El Caso Huber
En el proceso sustanciado por el ministro Claudio Pavez se ha establecido que Huber fue asesinado por un arma de fuego. Que en la operación de encubrimiento, por distintas vías –comunicacionales, legales–, participaron varios agentes de inteligencia del Ejército de la época. Que la familia del coronel siempre fue vigilada por distintos miembros de la DINE y el BIE. Que se intentó secuestrar al hijo de Huber para que éste desistiera de contar la verdad acerca del tráfico de armas a Croacia. Que Huber habría permanecido secuestrado en las dependencias del Laboratorio de Guerra Bacteriológica que estaba en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Que en esos hechos participaron, al menos, cinco personas que están procesadas por el delito de asociación ilícita: el general (R) Carlos Krumm, jefe de la Dirección de Logística; el ex jefe de la DINE general (R) Eugenio Covarrubias; el subdirector de la misma, Víctor Lizárraga; el jefe del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Manuel Provis, y el amigo de Huber coronel (R) Julio Muñoz.
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