Chile, AL MARGEN DEL DIAL

Las radios comunitarias suenan en el breve espacio que se les otorga entre los grandes conglomerados comunicacionales que ocupan el espectro. En medio de las ondas radiofónicas, las que tienen concesión suenan tranquilas mientras existe un grueso que transmite sin permiso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y son arrojadas a la ilegalidad, donde el principal enemigo es la fiscalización y el rol inquisidor de la Archi. El derecho a comunicar versus el respeto a la institucionalidad se enfrentan mientras los representantes discuten la ley en el Congreso y los radiodifusores bajan las antenas ante el peligroso paso de los vehículos de la Subtel.


Por Christopher Holloway, Marilyn Lizama y Romina Reyes



Al mediodía del 30 de julio de 2009, una decena de personeros de la Policía de Investigaciones (PDI) conducía en dirección al cerro Bellavista de Valparaíso. Sería una operación simple. Golpear la puerta, pedir amablemente que los dejasen pasar para proceder a incautar todo tipo de pruebas y arrestar a los responsables, en el caso de que fuera necesario. Todo debía terminar para la hora de almuerzo. Aún así, los policías llevaban chalecos antibalas y armas que usarían en caso de defensa. A esa hora, un operativo similar se llevaba a cabo en los cerros Montedónico y Las Cañas de Valparaíso.
La fuerza pública doblaría por avenida Alemania y se encaminaría hasta las dependencias del histórico Teatro Mauri. A un costado del centro cultural bajarían de manera tranquila para no perturbar el paso de los porteños. Al llegar, nada fuera de aquella puerta de madera delataba las cosas que podrían hacerse en aquel recinto. Había tres radios en la lista, todas acusadas de no tener concesión para transmitir. Radio Placeres, que, según los datos manejados, funcionaba al interior de aquel recinto, era la última.
La denuncia por transmisión ilegal había sido interpuesta días antes por Eugenio González, más conocido como el Tiqui Tiqui, un pintoresco concejal famoso por sus vueltas de chaqueta en la política –militante de la Democracia Cristiana, el partido Socialista y actualmente, la Unión Demócrata Independiente (UDI)-. El Tiqui González era, además, dueño de Radio Congreso, una popular emisora de la región y, por si fuera poco, el representante regional de la Asociación de Radios de Chile, Archi. Luís Pardo, presidente del gremio, esperaba en Santiago noticias sobre el operativo policial bautizado como “Operación Silencio”, un hito en la lucha de la Archi contra la radiodifusión ilegal.
Al momento en que el policía se bajaba del auto para golpear la puerta de Radio Placeres, ya otras tres radios habían sido bajadas de transmisiones por el mismo operativo. La Placeres habría sufrido la misma suerte de no ser porque ese 30 de Julio no había nadie en la radio: sin orden de allanamiento, la PDI no podía irrumpir en el recinto. Al final del día, radio UV15 y radio Chile 2000 desaparecían del dial, mientras Radio Placeres buscaba la forma de recuperar sus equipos sin ser vistos para pasar a hacer radio desde la clandestinidad.


Excedentes de la transición
En los meses siguientes, pero mucho más abajo de los cerros, Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile (Anarcich) y Luís Pardo, representante nacional de Archi, se reunían en el Congreso de la nación para debatir lo que sería la nueva ley de radios comunitarias.
Hasta ese momento, en el país no existía la figura legal de “radio comunitaria”. Recién en 1991, comenzó una discusión al respecto producto de la persecución que recibieron algunas de éstas por sectores políticos ligados a la derecha chilena. Ya durante los 80’, las radios autogestionadas eran asociadas al Partido Comunista y a grupos extranjeros como Sendero Luminoso, llegando a ser calificadas de “terroristas”.
Pero el modelo de radiodifusión comunitaria ya había aparecido en los 60’, sin fines de lucro y con una propuesta de corte social y muchas veces, más crítica que la de los medios tradicionales.
El 91’, el Presidente Patricio Aylwin presentó un proyecto de ley integrando a las radios comunitarias al marco legal vigente luego de que miembros de la UDI, apoyados por la Archi, presentaran una acusación constitucional contra Germán Correa, otrora ministro de Transportes y Telecomunicaciones, por no sancionar a las llamadas “radios piratas” que se expandían por el dial.
Después de un largo debate entre la Archi, la entonces Agrupación Nacional de Radios Populares (Anarap) y los parlamentarios de la época, se modificó la Ley General de Telecomunicaciones N°18.168, y en 1994 se promulgó la Ley N°19.277, que legaliza las emisoras comunitarias estableciendo el término de “radios de mínima cobertura”.
De esta manera, las radios comunitarias se dieron a conocer por medio de concesiones que les otorgaban un trozo del espectro por tres años y con posibilidad de renovación. Sin embargo, el concurso público, decidido por sorteo simple, es decir, al azar, dejó a muchas radios con trayectoria fuera de la legalidad.
Es el caso de radio Placeres, que postuló a una concesión entre 2005 y 2006. En esa ocasión, el equipo de la radio no obtuvo el permiso para funcionar legalmente, por lo que decidieron no volver a solicitar concesiones.
Ricardo Salazar es parte del equipo de la Placeres que hoy transmite desde Valparaíso. Cuenta que, si bien, operar en la clandestinidad es difícil, ha servido para afianzar un grupo de gente que cree en el proyecto de la radio comunitaria. Hoy radio Placeres tiene una política estricta de resguardo de información y opera con la prohibición de llevar invitados a sus estudios. Respecto al sistema de entrega de concesiones, Salazar señala que “el tema del sorteo no evalúa el proyecto social que tiene la radio con la comunidad”, razón por la cual la organización optó por la ilegalidad como una forma de protesta ante el marco legal existente, considerado antidemocrático por no poner en igualdad de condiciones a las radios comunitarias con las comerciales a la hora de optar por un lugar en el espectro.
Como la Placeres, otras radios operan sin concesión, ya sea por decisión propia o por no haberla obtenido de la Subtel, organismo encargado de velar por la regularidad en el espectro radioeléctrico. Esta situación generó que operativos como la “Operación Silencio”, ocurrida en Valparaíso durante julio de 2009, se repitieran a mayor y menor escala en el país.
Por otro lado, la ley de 1994 establecía pobres condiciones técnicas para operar: un watt de potencia y una antena de altura máxima de 6 metros, lo que hizo de la radiodifusión comunitaria un difícil ejercicio que requería la astucia de los miembros para subir las antenas y aumentar la cobertura a escondidas de los fiscalizadores de la Subtel.


Los marginados del espectro

Radio Sin Tierra suena en la comuna de La Reina, Santiago, desde diciembre de 2008. El proyecto de Fidel Galaz, su director, pretendía crear un medio vecinal y popular que abordara las problemáticas locales de Villa La Reina, el que logró armar con la ayuda de un equipo voluntario que bordeaba las 10 personas.
Desde el comienzo de las transmisiones, Galaz se preocupó de preparar un proyecto para acceder a una concesión. Sin embargo, las postulaciones nunca se abrieron y el dinero que entregaron por cada una de las presentaciones de documentos jamás fue devuelto. Afirman incluso haber pagado a la misma Subtel más de 300 mil pesos por la firma de uno de sus técnicos cada año para aprobar los requisitos solicitados, pero la institución no se ha hecho responsable.
Sin Tierra continuó operando con el debido resguardo de la antena y de los equipos. Su historia judicial comenzaría el 4 de mayo de 2009 a las 15 horas, cuando personal de la Subtel concurrió al lugar donde operaba la radio para proceder con el cierre, tras una denuncia por emitir contenidos radiales sin contar con licencia. En el lugar, tomaron fotografías y grabaron un audio de las emisiones, pero no pudieron acceder al recinto pues no había personal dentro de él.
Días más tarde, el Ministerio Público notificó a través de una carta a Fidel Galaz que debía concurrir a presentarse a la audiencia de formalización por los cargos acusados al cuarto Tribunal de Garantía de Santiago.
La demanda había sido cursada por la presidenta de la Junta de Vecinos nº 13 de Villa la Reina, Rosa Pafían, por molestias tras las declaraciones emitidas dentro de uno de los programas de la radio, que afirmaba que ella, junto a su directiva, no había estado cumpliendo una buena labor dentro del sector. Esto aún cuando ella había sido invitada más de alguna vez a la radio y que incluso se le había ofrecido la oportunidad de crear un programa que informara acerca de su gestión.
Tras el cierre, los trabajadores radiales hicieron una campaña para recolectar firmas entre los vecinos que avalaban su trabajo. De un total de 27 mil habitantes, 5 mil firmaron para que la radio permaneciera al aire, pero esto no consiguió los frutos esperados y aún está en curso la causa en su contra. Lo que sí consiguieron fue ser conocidos nacional e internacionalmente, pues se juntaron con 380 radios comunitarias de Chile para debatir sobre el sucesivo cierre de este tipo de medios, recibiendo ayuda de Argentina y Uruguay.
Mientras, radio Sin Tierra, “La voz de los sin voz”, seguirá transmitiendo en forma ilegal, aunque sin esconderse. Incluso, preparan un canal de televisión gestionado por los mismos vecinos, pues creen que es su derecho como ciudadanos. Ya perdieron el miedo y así lo expresa Fidel Galaz: “Que nos demanden, que nos encarcelen, que hagan lo que quieran, pero en realidad creemos que estamos haciendo la pega que corresponde para el vecino, para la comunidad. Queremos una comunidad distinta, una comunidad informada, no una comunidad muda”.


Comunicando bajo las piedras

Alberto Cancino, representante de Anarcich es el principal defensor de las radios comunitarias, pero sólo de aquellas que cuentan con concesión. Por lo mismo, se muestra escéptico ante los casos de medios cerrados. “Son denuncias, no persecusiones… no conozco casos que digan que por parte de Subtel, por parte del gobierno, se allanó a las radios. Lo que sí tengo son denuncias de particulares que han señalado y se denuncian entre ellos”, señala Cancino.
Tal es el caso de Radio Galáctica de San Antonio. Suena hace seis años en el puerto buscando ser un lugar de expresión de los artistas locales. Su historia judicial parte el 14 de abril de 2009, a las 10:30 a.m, cuando personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP) toma fotografías del lugar en el que mantienen los equipos y emiten sus contenidos.
Las sospechas sobre quien habría interpuesto la denuncia recaen en una trabajadora municipal, a quién habrían criticado por medio de su página web después de protagonizar un conflicto con la radio en un evento cultural del municipio. La radio habría sufrido hostigamiento con llamados telefónicos del departamento de cultura amenazando con demandas si no bajaban la información, requisito que al no ser cumplido, provocaría el cierre de la emisora.
Dicho y hecho. Aún cuando el personal de SIP no logró captar emisiones en aquel momento, la radio fue acusada de violar el artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones al transmitir sin licencia. En la audiencia formalizadora se acordó la suspensión condicional como salida alternativa al juicio oral, es decir, finalizar inmediatamente las trasmisiones y obligar a Alfredo González, representante legal y director del medio, a firmar en forma bimensual. Mientras, las dependencias de la radio eran apedreadas por desconocidos.
Actualmente Radio Galáctica transmite en su señal online y aspiran a postular a una concesión, aunque a la fecha no se han abierto nuevos concursos en la zona. Mantienen su trabajo con la comunidad a pesar de las trabas de la municipalidad hacia su centro cultural y las presiones que no cesan. Además, son parte de la Red de Medios de lo Pueblos y mantienen sus denuncias hacia la municipalidad. En palabras de González: “aquí hubo un abuso de poder, una censura, hostigamiento hacia nosotros, nadie los puede negar. Qué pena que venga de una funcionaria pública que están para otra cosa, están para construir no para destruir”.


Un clima de ilegalidad

Juan Enrique Ortega pertenece a la ONG ECO, Educación y Comunicación y es parte de la mesa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). Desde su trabajo, ha elaborado informes acerca de la situación de las radios comunitarias en el país, siguiendo de cerca lo que denomina como una “persecusión y hostigamiento por parte del Estado”.
Juan tiene una lectura de lo que fue la primera ley que normaba a la, entonces, radiodifusión de mínima cobertura. Cuenta que “hasta el `92 habían muchas radios que la Archi denominó ‘radios piratas’, porque efectivamente vio que en el terreno donde siempre habían mandado, y que ellos manejaban a diestra y siniestra, hoy aparecían otras voces, transmitiendo mal, hablando cosas políticas… para ellos fue tener intrusos dentro de su casa”.
Por ello, con la Archi presionando por medio de la UDI y del gobierno, se generó esta primera ley que no tomó en cuenta la realidad de la radiodifusión comunitaria. El engorroso proceso de obtención de licitaciones sumado a las limitantes que establecía la legalidad para la transmisión, mantuvo la atmósfera de ilegalidad en las radios comunitarias. “La ley generó una situación de hecho que era muy distinta”, dice Juan Ortega, debido a que la legislación introdujo penas de cárcel y multas a
quienes operasen fuera del marco vigente por la inclusión de modificaciones al artículo 36b de la Ley General de Telecomunicaciones, penalizando de esta forma la
radiodifusión social comunitaria a toda persona que tuviese una señal sin
concesión, que emitiera sobre las ondas de alguna otra radio y que superara los
límites establecidos para su condición.
Con los criterios definidos, se hacía imposible transmitir por lo limitado del alcance. Un watt abarca un diámetro de aproximadamente 4 cuadras. “Si sales a gritar a la calle, tienes más de ése alcance”, explica Ortega. Otro problema fue el burocrático sistema de concesiones, el cual, según explica el representante de Amarc “califica con 90 puntos a todos los postulantes que sean considerados organizaciones públicas, sin fines de lucro. Un 90 por ciento queda, y todos ellos entran a participar por sorteo. Es una tomboleta, una bolita, el Kino”. Con estos antecedentes, la ley no respondió a la realidad de la radiodifusión comunitaria y generó una situación de ilegalidad que saturó el dial.
En mayo de este año terminó la discusión sobre la nueva ley que prometía regularizar la situación al establecer nuevos términos para otorgar concesiones, ampliando la potencia de las transmisiones de 1 watt a 25, el alto de las antenas de 6 a 10 metros y las concesiones de 3 a 10 años. El acuerdo se cerró con apretón de manos entre los representantes de ambos mundos y los aplausos de los miembros de la Cámara Alta que terminaban con una de las tantas deudas de la democracia.


El Archi-enemigo de las comunitarias

En la discusión de la mentada ley, la Archi tuvo un rol protagónico. Mientras Alberto Cancino ponía la cara por los comunitarios, Luís Pardo imponía sus restricciones, negándose a dejar que las radios autogestionadas pudiesen pasar publicidad y prohibiendo las cadenas nacionales entre ellas, puntos que se mantuvieron inamovibles en la discusión.
Si hay algo que maneja la Archi, es el lobby. No sólo ha estado presente en la discusión de la ley de las radios comunitarias, sino que también ha sido parte importante de las discusiones que generaron la ley General de Telecomunicaciones, la ley de Prensa y la ley de Fomento a la Música Nacional, así como actor principal de la última modificación a la ley de Telecomunicaciones.
Con más de 70 años de existencia y una cantidad de asociados que supera los 1.000, la Archi es considerada por una buena parte de los miembros de agrupaciones como la Red de Medios de los Pueblos, Amarc y ECO, como un actor desmedidamente relevante en la mayoría de los procesos que comprometen tanto a la libertad de expresión como al libre uso de un bien público, como son las ondas radioeléctricas.
Aparentemente, los organismos encargados de fiscalizar el uso legal del espectro eléctrico no cuentan con las capacidades para realizarlo, por lo que la Archi pasa a ser el principal denunciante a la hora de eliminar radios comunitarias. Incluso, bajo una norma legal, muchas veces le son entregados los equipos de las radios cerradas, para que ellos los destruyan. “La Archi realiza una labor de fiscalización que debería realizar el Ministerio Público. Entonces es juez y parte”, indica Juan Enrique Ortega, “es un actor muy potente, que tiene mucho poder frente a los gobiernos. A todos les tiemblan los pies cuando llega Pardo a la Subtel”. Aunque se intentó concertar una entrevista con el representante de la Subtel en Valparaíso, Luis Eduardo González, no logramos obtener su visión con respecto a este tema.
Prácticamente la totalidad de radios que han sido perseguidas y allanadas comparten la opinión de que la Archi es la fuerza que se opone con mayor ímpetu a sus aspiraciones por alcanzar un espectro radioeléctrico más democrático, y con una igualdad de condiciones para comunitarias y comerciales. Pero el asunto se complica cuando se aprecia que la Archi argumenta esas mismas razones para limitar el acceso a las concesiones y apoyar las normas que Amarc y la Red de Medios de los Pueblos consideran ofensivas contra la libertad de expresión.
Un ejemplo de esto se aprecia en la discusión sobre quiénes caen dentro de la definición de radio comunitaria. Según Ortega estas corresponderían a las radios que “estén bajo organizaciones sociales, al servicio de la comunidad y haciendo participar a la comunidad”. Esto haría necesaria una evaluación de los proyectos antes de clasificarlos como comunitarios, siendo parte de las recomendaciones que hace Amarc para un funcionamiento democrático de este tipo de organizaciones, y sumándose a los proyectos latinoamericanos de radiodifusión, que le dan un espectro mucho mayor a las radios comunitarias.
Pardo considera que la misma evaluación de los proyectos atentaría contra la libertad de expresión y la igualdad de acceso. “¿Quién es Dios para juzgar si la asociación de mapuches de por acá es más importante que una organización de no sé qué? Lo otro es ¿quién fiscaliza esto? La radio presenta un proyecto maravilloso, pero ¿quién mira si acaso este proyecto se pone al aire?”


Una ley para los ilegales

La ley que vio la luz en mayo de este año, recorrió un largo camino que comenzó en octubre de 2007, cuando se presentó un proyecto de ley que creaba los Servicios de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, abandonando la definición de “radio de mínima cobertura”, que aplicaba sólo criterios técnicos y no incluía las características sociales que estos medios debían tener.
Pero no fue un proceso fácil, los involucrados han debido pasar años participando activamente discutiendo con la Archi y la Subtel para lograr obtener esta extemporánea ley. En el Congreso, Anarcich propuso y Archi dispuso. “Nosotros llevamos una propuesta al Congreso que tuvo que ser conversada y discutida más de una vez con el grupo de radios comerciales (Archi) que el gobierno planteó como contraparte”, explica Cancino, el mayor triunfador de la nueva ley.
“El espectro radioeléctrico es un bien de uso público donde todos los actores involucrados tiene derecho a participar en el debate”, dice Luís Pardo, presidente de la Archi, con respecto a su participación en la discusión de la ley, “especialmente si se planea limpiar una franja. Por lo demás, creo que el aporte de la Archi contribuyó a mejorar la situación tanto para radios comerciales como para comunitarias”, afirma.
Los principales cambios que incluye la nueva ley tienen que ver con cobertura, titulares, rol de la Subtel y el carácter de la concesión. Este último era uno de los principales temas tomando en cuenta las críticas que existían al anterior sistema de concesiones.
La ley operó con criterios técnicos y se obstinó con la idea de que la radio comunitaria debía su nombre a lo corto de su alcance. Pero radio comunitaria, según asociaciones como Amarc y la Red de Medios de los Pueblos, responde a un carácter político y social que remite a un trabajo con la comunidad y que le da participación a la misma en su funcionamiento. “Una radio comunitaria no tiene por qué ser chica, marginal y pobre”, afirma Perla Wilson, directora de Radio Tierra, una radio con concesión radiofónica comercial, pero que realiza un destacado trabajo completamente comunitario, “el que no tenga fines de lucro sólo responde a que las ganancias que genera –si es que tiene- no pueden ir enfocadas a la supuesta ganancia privada, sino a reinvertirse en beneficio de la misma organización”, agrega Wilson.


Una batalla entre tanta guerra

La nueva ley de Radios Comunitarias estaba cargada de críticas desde antes de su promulgación. Miembros de gremios que agrupan a estas emisoras, con una postura más política acerca del deber ser de la comunicación y los medios, la consideraron insuficiente. Alberto Cancino, por su parte, opina conforme con su ley bajo el brazo. “Nosotros estamos bastante satisfechos con lo logrado” dice, y pregunta “¿Quiénes son los que mantienen la crítica? ¿Tienen radios, tienen proyectos?”.
La gente agrupada en Amarc efectivamente posee radios, y la principal diferencia entre esta agrupación y Anarcich es que integra también a las radios no concesionadas: las ilegales. Otra buena parte de las críticas proviene de la Red de Medios de los Pueblos, asociación que nació el año pasado y que reúne no sólo a radios, sino a canales de televisión y otros medios, que, sin ser comunitarios, apoyan la pluralidad de voces en la comunicación como lo es el periódico El Ciudadano.
Raúl Rodríguez, director de la Radio Juan Gómez Millas la cual pertenece a Amarc, pero que no renovó la concesión, razón por la cual hoy transmite por Internet, ha estado atento a la discusión. Comenta desde su oficina en el campus de la Universidad de Chile que “ahora podemos hablar de radios comunitarias, podemos hablar de avances, podemos hablar de mejoras técnicas, económicas y jurídicas, perfecto. Pero eso todavía es muy insuficiente”.
Los avances técnicos son reconocidos, pero considerados limitados por su anacronismo, además por no contener ni problematizar acerca del rol social de las comunitarias.
“La ley del 2010 viene a ser la ley que debería haber sido hecha el `94. Es una ley muy atemporal que cumple estándares casi del `85, del `90. No es una ley que ponga a la comunicación, a la radio comunitaria y a la libertad de expresión como un derecho de los pueblos”, opina Juan Ortega de ECO, sobre la nueva ley.
Las mejoras técnicas presentadas en la ley no solucionarían el problema de fondo, el cual corresponde a la noción del espectro radioeléctrico como un bien público. “El espectro radioeléctrico es finito, es un bien común, un patrimonio de la humanidad. De esta forma está caracterizado en la mayoría de los países, pero en Chile, así como pasa con la educación, la salud y el agua, está considerado como un bien comercial en vez de reconocer su carácter público”, comenta Nanette Liberona, de la Red de Medios de los Pueblos.
El problema apunta a que no hay una repartición que sea equitativa y a la vez representativa de todos los actores sociales que actualmente participan en la radio. Con la nueva ley se le otorga un 5 por ciento del dial a los comunitarios, correspondiente a su última fracción, lo que algunos consideran como un ghetto del espectro. “La pelea es porque el acceso sea igualitario”, aclara Perla Wilson, quien toma como ejemplo la legislación de países como Argentina y Uruguay que reconocen la presencia de tres estamentos en el espectro: el comercial, el comunitario y el estatal (ver recuadro).
Luís Pardo, desde su oficina ubicada en el centro de la capital, se refiere al orden necesario para que las radios de todo tipo funcionen. Esto último, porque las regulaciones garantizarían que las radios comunitarias pudieran transmitir de manera correcta. Aparentemente la libertad total en el dial sería contraproducente. “Sólo en Buenos Aires hay 6000 radios ilegales y eso hace que las radios privadas, ya sean comerciales o comunitarias, no se escuchen”, indica Luís Pardo. Según él, organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Interamericana de Comunicaciones (Citel) recomiendan que los países tengan normas de sanción de la transmisión ilegal. “¿Qué sentido tiene legislar y poner condiciones especiales para las radios comunitarias, si después cualquier ciudadano puede tomarse un pedazo del dial e interferir una radio comunitaria?”, se pregunta Pardo.
Desde Anarcich, Alberto Cancino defiende lo logrado: “logramos establecer un estatuto jurídico en Chile, antes existía una normativa en la ley General de Telecomunicaciones que se refería a esto. Ahora pueden reclamar que hay discriminación, segregación… pero bueno, conseguimos una ley”.


El Eterno Retorno

Si bien la mayor cantidad de cierres de radios comunitarias se registraron entre 2008 y 2009, las amenazas contra la libertad de expresión no han cesado. La ley de Radios Comunitarias da un nuevo marco legal, pero no resuelve la situación de las cientos de radios no catastradas que operan sin concesión y ven en peligro su labor.
El pasado 9 de noviembre dos radios de la comuna de Paine fueron cerradas, ambas por violación al artículo 36b letra A de la ley General de Telecomunicaciones. Dos meses antes, la Subtel ya estaba haciendo un rastreo por la comuna. En Paine, muchas radios transmiten de forma “libre”, refiriéndose a que operan sin concesión debido a que esperan que se abran nuevos concursos en la comuna, aún así, la municipalidad apoya a estos medios e, incluso, ha trabajado en varias ocasiones con ellos.
Por la orden judicial interpuesta por la Subtel, la emisoras Tentación 105.3 y Radio 24 100.5 fm, fueron allanadas por personal de la PDI. Esto, impulsado por una denuncia de la radio local “La voz de Paine”, que paradójicamente también es comunitaria. En el operativo incautaron los equipos de ambas emisoras y en el caso de radio Tentación, detuvieron por cuatro horas a los comunicadores que se encontraban en aquel momento. Al operativo llegaron seis carros policiales, y alrededor de 14 funcionarios de investigaciones con armamento a la vista en un despliegue exagerado para cerrar un medio de comunicación ciudadano.
Marcelo Nuñez, de radio Tentación, afirma que no aceptará el acuerdo reparatorio. Ya cuenta con un grupo de abogados que defiende su causa y los miembros de la radio se encuentran preparando un evento en la comuna para costear el juicio. Según Nuñez, el artículo que los criminaliza, el 36b letra A, sigue siendo la principal piedra de tope para la radiodifusión comunitaria. “Chile reconoce la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en muchos congresos internacionales, pero dentro de su propio hogar lo reprime”, opina desde Paine.
Por otro lado, Amarc elaboró un comunicado en el cual expresa que condenan “la persecución, hostigamiento y decomiso de equipos a los comunicadores y comunicadoras comunitarias en Chile que no cuentan con un marco legal que permita el desarrollo de un modelo comunicativo sin fin de lucro y de servicio a la comunidad”. Aseguran que el actual marco legal, al mantener el artículo 36b, mantiene la represión, las penas de prisión y el uso de la fuerza, violando los derechos básicos de comunicación y desarrollo social del ser humano.


Ley General de Telecomunicaciones, la batalla final

Los hostigamientos sufridos por las distintas radios no son casos aislados y dan cuenta de vicios y resabios dictatoriales que permanecen en la legislación del país. En específico, el artículo 36b de la ley General de Telecomunicaciones que penaliza la radiodifusión ilegal y establece que comete delito de acción pública “el que opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente (…) La pena será la de presidio menor en sus grados mínimo a medio, multa de cinco a trescientas unidades tributarias mensuales y comiso de los equipos e instalaciones”.
Nanette Liberona, de la Red de Medios de los Pueblos explica que “este artículo fue creado como un decreto supremo durante la dictadura el año `82 con el objetivo principal de acallar a todas las radios opositoras”. Sin embargo, el artículo 36b fue modificado en 1994, mismo año en que se publicó la primera ley de Radios Comunitarias. Curiosamente, al mismo tiempo que se dio la normativa para su funcionamiento, se establecieron las penas para su castigo. Sin embargo, no fue hasta el gobierno de Michelle Bachelet que la normativa fue retomada para penalizar la radiodifusión sin licencia. “Hubo por lo menos 40 radios amedrentadas bajo esta regla”, especifica Liberona.
La permanencia de este artículo es una constante amenaza para la radio comunitaria, pues establece penas excesivas para su ejercicio. “Nosotros siempre hemos estado en contra del 36b”, cuenta Alberto Cancino, presidente de Anarcich. “Siempre hemos planteado que (en estos casos) no se puede aplicar el código penal, siempre el código civil”. Sin embargo, falta voluntad política y mayor lobby de parte de las asociaciones que reúnen a radios comunitarias para reestructurar esta normativa.
Según Perla Wilson, la discusión sobre la derogación del mentado artículo estuvo presente en las reuniones de la ley de Radios Comunitarias. María Pía Matta, presidenta de Amarc y miembro de Radio Tierra estuvo presente en las negociaciones. Según Wilson, “las autoridades de ese tiempo se comprometieron frente a los senadores a mandar un proyecto refrendando la derogación del 36b. Eso fue en enero, hubo una nueva reunión el 26 de febrero todos decían ‘no, si el artículo se va, lo sacamos con suma urgencia’… Luego, fue el terremoto y ahí nos quedamos”.
El presidente de la Archi está totalmente en desacuerdo con este punto. “La transmisión ilegal es un acto antisocial, interfieres a otro y a los auditores de ese otro. Es un acto antisocial y hay que perseguirlo… quizás se podrá discutir… habrá otro tipo de penas… pero ese artículo tiene que basarse en garantizar que se pueda evitar el fenómeno de la proliferación de las radios ilegales.”
Si por un lado las distintas organizaciones sociales trabajan actualmente en proponer mejoras a una ley que lleva apenas meses en vigencia, la preocupación mayor y a largo plazo es a una reforma profunda de la ley de Telecomunicaciones, de manera que, además de la derogación del 36b, exista una mayor presencia ciudadana tanto en el espectro radiofónico como en el televisivo, tomando en cuenta el desarrollo que los medios comunitarios han tenido en el último tiempo.
Pero, como hemos apreciado, en una situación donde un ligero cambio en la interpretación sirve para aplicar los mismos valores a posturas totalmente distintas, una nueva ley de comunicaciones debería ser lo más integradora e igualitaria posible, considerando a todos los actores afectados. Si se toma en cuenta el tiempo y el esfuerzo que han tomado los pocos avances obtenidos hasta ahora en materia de radios comunitarias, un cambio completo a la ley de Telecomunicaciones se ve lejano, pero necesario.
Sin duda el acceso no igualitario y aún restringido para las radios comunitarias al dial las deja en desmedro frente a las comerciales y sin la capacidad de poder obtener derechos igualitarios ante la ley que aseguren una libertad de expresión a todos los chilenos, tal como reza la Constitución en su artículo 19, N° 12. Lo cierto es que, con o sin ley, con o sin concesión, el trabajo de los comunitarios seguirá sonando, aunque sea al margen del dial.


RECUADROS

Chile y más allá de Los Andes

Países como Uruguay y Argentina tienen una repartición equitativa del dial y reconocen la figura de radios estatales, lo que no existe actualmente en Chile, a pesar de existir radios dependientes de municipalidades que en el papel se declaran comunitarias.
Según un informe preparado por ECO, la nueva ley deja a Chile en una situación inferior en relación a estos países, donde, por ejemplo, un 33 por ciento del espectro radioeléctrico es ocupado por los medios del sector social, mientras el resto se divide en partes iguales entre las radios dependientes del estado y las comerciales.
Por otro lado, la Unión Europea reconoce a la radiodifusión comunitaria como “el Tercer Sector de la Comunicación” (TSC), según consigna un informe de la Comisión de Cultura y Educación del Congreso de la Unión Europea, publicado en 2008, donde se señala que el TSC “contribuye a reforzar el pluralismo de los medios de comunicación por ofrecer perspectivas adicionales sobre asuntos de importancia central para una comunidad determinada”.


El ghetto comunitario

Una de las especificaciones de la ley de radios comunitarias es que tendrán una presencia correspondiente al 5 por ciento del especto radial. El resto del dial quedará poblado, en su mayoría, por grandes cadenas comunicacionales. Dentro de los grupos con mayor propiedad de radios comerciales en nuestro país está el consorcio español Ibero Americana Radio Chile, que además cuenta con un gran número de medios de comunicación a nivel latinoamericano y mundial, y el Consorcio Periodístico S.A (Copesa) propiedad de Álvaro Sahié. Sumado a esto, las emisoras que registran mayores índices de sintonía pertenecen al mencionado grupo hispano según la encuesta IPSOS 2009-2010.


Auge de radios comunitarias en Chile

A pesar de las adversidades que deben superar los medios comunitarios, el número de radios de este tipo es cada vez mayor. Según el listado de concesiones publicado en marzote 2010 por la Subtel, el número de emisoras a nivel nacional era de 417. Esta cifra se elevó en un considerable 25 por ciento, en relación al mismo documento en el mes de septiembre, que contabiliza un total de 556. Esto sin contar las radios ilegales, pues no se tiene registros de ellas.


Radios comunitarias en el Terremoto del 27 de febrero

A pesar de la precariedad en la que se encontraban (y se encuentran aún) las radios comunitarias en la catástrofe del 27 de febrero de 2010 que azotó a la región centro- sur del país, pudieron cumplir exitosamente su rol social, trasformándose en una voz que calmó las inquietudes y las necesidades de información local de aquellos días.
Junto con eso, fueron capaces de organizar a la población para la obtención de ayuda y de elementos básicos para la sobrevivencia, pusieron su señal a disposición de las autoridades para la entrega de noticias útiles y registraron, como pocos medios, el proceso completo de cada una de las zonas afectadas, pues eran parte de la misma comunidad a la que sirvieron de apoyo.
Marcelo Nuñez, de radio Tentación de Paine rescata esta labor: “en esos días, fui corresponsal de la radio Cooperativa. Radio Tentación apoyó a la Cooperativa en las transmisiones”.
Hoy, cuando los medios ya han olvidado aquel día, las radios comunitarias están al pendiente del proceso de reconstrucción y se han dado cuenta del valor de contar con una emisora verdaderamente al servicio de la sociedad.
http://www.mapuexpress.net/content/publications/print.php?id=4704