23/08/2013 |
Una veintena de agentes de las policias secretas de la dictadura, la DINA y la CNI fueron condenados por el crimen de Eugenio Berrios, un quimico del Ejército que también estaría involucrado en la muerte del ex presidente Eduardo Frei. El ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.
La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.
En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.
Así el mayor del Ejército (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita. Este sujeto era el jefe de los escoltas de Augusto Pinochet.
El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange, también encargado de la seguridad del dictador, recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.
Según información de tribunales, Fernando Torres Silva deberá cumplir la pena con cárcel efectiva por tener antecedentes penales. Está acusado de obstrucción a la justicia en el caso del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.
Según información de tribunales, Fernando Torres Silva deberá cumplir la pena con cárcel efectiva por tener antecedentes penales. Está acusado de obstrucción a la justicia en el caso del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.
En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.
El resto de las condenas de la Corte
Eugenio Covarrubias Valenzuela, general (r) ex jefe del Dine del Ejército: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
Jaime Torres Gacitúa, mayor (r) ex jefe de escoltas de Pinochet: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
Manuel Provis Carrasco, general (r)ex sub jefe de la CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
Pablo Rodríguez Márquez, mayor (r), ex miembro de la DINA y la CNI:10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
Raúl Lillo Gutiérrez, ex agente de la DINA y CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.
Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.
Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
Enrique Ibarra Chamorro: abogado de la dictadura: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.
Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Erika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Emilio Rojas Gómez, periodista: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.
Cómo fue el crimen
Silva Valdés y Torres Gacitúa, jefes de escolta y seguridad de Pinochet, son los autores materiales del asesinato del químico Eugenio Berríos, cometido en 1992 en Uruguay.
Este es uno de los episodios más sórdidos y tardíos del plan Cóndor, el régimen de coordinación represiva establecido en los años 70 y 80 por las dictaduras del Cono Sur.
Berríos, un científico y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), fue retirado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991 y llevado a Uruguay a través de Argentina. Está también involucrado en la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva.
El químico escapó así de la justicia chilena cuando el juez Adolfo Bañados se disponía a interrogarlo por sus nexos con la operación de la DINA que culminó en septiembre de 1976 con el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier.
El 15 de noviembre de 1992 Berríos fue visto por última vez con vida, cuando llegó hasta la sede policial del balneario uruguayo de Parque del Plata para pedir auxilio, afirmando que estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos que querían matarlo.
El comisario Elbio Hernández tuvo que entregarlo, ”por órdenes superiores” a los tenientes coroneles del ejército uruguayo Eduardo Radaelli y Tomás Casella, que llegaron a buscar a Berríos junto a otros dos individuos.
Esos dos hombres eran Silva Valdés y Torres Gacitúa, y que ambos fueron identificados por dos testigos que viajaron desde Uruguay.
El médico Juan Ferrari, que examinó a Berríos en la seccional policial, fue uno de esos testigos. El otro fue Luis Míguez, conserje de un edificio del vecindario montevideano de Pocitos, donde los militares chilenos mantuvieron durante varios meses al científico y ex agente de la DINA.
Berríos fue uno de los hombres clave en los planes de la DINA de desarrollar armas químicas como el gas sarín, con el propósito de eliminar opositores sin dejar huellas.
El paso clandestino de Berríos por Argentina, en 1991, se hizo en solo tres días por tierra y sin conocimiento de los militares de ese país.
Berríos suministró ventajas bélicas a Chile sobre Argentina cuando ambos países estaban al borde de la guerra por la posesión de tres islotes en el austral canal de Beagle, a fines de 1978.
”
Entre otras cosas (gracias a las armas desarrolladas por Berríos) se podía envenenar el agua de Buenos Aires, y había una serie de acciones, peores, que se iban a cometer”, según informantes anónimos.
El militar asesino Silva Valdés fue jefe de seguridad de Pinochet y que en esa condición hizo más de 500 viajes al exterior, hasta que se retiró del ejército en 1993.
Torres Gacitúa sirvió, por su parte, 15 años como jefe de escoltas de Pinochet, incluso después de que el dictador dejara el poder, en 1990, y la comandancia del ejército, en marzo de 1998.
Torres Gacitúa fue el oficial que intentó enfrentarse a los agentes de Scotland Yard que el 16 de octubre de 1998 arrestaron a Pinochet en una clínica de Londres, y permaneció junto al ex dictador los 503 días de su arresto en la capital británica.
Silva Valdés y Torres Gacitúa mataron a Berríos de dos balazos en la cabeza y luego enterraron su cuerpo en las dunas de la meridional playa uruguaya de El Pinar, a 34 kilómetros de Montevideo donde el cadáver fue hallado el 13 de abril de 1995.
Los proyectiles encontrados en el cráneo de Berríos los guarda el juez Alvaro Gustavo González, de la localidad uruguaya de Pando, quien no ha hecho mayores esfuerzos por dilucidar el crimen, aclarado gracias a la labor en Chile de la magistrada Olga Pérez.
La jueza no pudo realizar diligencias en Uruguay debido a las dificultades que pusieron las autoridades de ese país en 1996.
En febrero de 1993, Pinochet viajó a Uruguay donde fue recibido por el teniente coronel Tomás Casella, el hombre que tres meses antes había impedido que Berríos obtuviera protección policial y lo entregó a los chilenos que lo mataron.
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