Los derechos humanos en el “reino del revés”

Aunque a través de su ministro del Interior el presidente Lagos ha dado señales de que impulsará la reparación en los términos planteados por el mundo de los derechos humanos y algunos parlamentarios de la Concertación, si no hay anuncio público el discurso de la UDI penará sobre Chile. Pero el “sí” de Insulza -ante tres ex presos políticos integrantes de la Comisión Etica Contra la Tortura- ha llegado a las agrupaciones de derechos humanos, reactivando esperanzas. Personalidades como el juez Juan Guzmán y el padre José Aldunate -entre otros- han coincidido con las demandas de reparación integral. Al mismo tiempo, familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados de Iquique, Pisagua, Calama, La Serena, Santiago, Paine, Talca, Parral, Chillán, Los Angeles, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Coyhaique, reunidos en Santiago, exigieron al gobierno rechazar la propuesta de la UDI, “sacar de los sótanos del Congreso el proyecto de derogación de la ley de amnistía”, legislar para crear la declaración de ausencia forzosa, y reformar la actual ley de reparación.

EL padre José Aldunate, firme defensor de los derechos humanos.

Al irrumpir como vocero de un sector de familiares de desaparecidos y ejecutados, Pablo Longueira, presidente de la UDI, había calculado, sin duda, las reacciones que provocaría en el gobierno y los partidos de la Concertación, agobiados por el peso de la corrupción. La UDI, que apuesta a ganador, ha expresado que no quiere llegar con esa mochila a gobernar. De allí “la solución final” lanzada con las mejores técnicas de mercadeo y comunicación: aparición en TV en horario prime con familiares de víctimas, suspenso, emoción, cercanía. Pero ese partido, heredero de la dictadura, en el que reconocen filas caras civiles del régimen militar como Sergio Fernández, Jovino Novoa, Carlos Bombal y otros, no supo medir con igual habilidad la respuesta del movimiento de derechos humanos ante su histriónica oferta de canjear indemnización por impunidad. “Esto es una provocación, un insulto. Para la UDI, todo es objeto de transacción mercantil. Actúa como si todo se pudiera comprar y vender”, sostuvo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

LORENA Pizarro Sierra, presidenta de la AFDD e hija de Waldo Pizarro Molina, detenido desaparecido desde 1976.

Una imparable oleada de indignación y repudio avanzó por esa parte de la geografía chilena que pueblan no sólo miles de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados sino también alrededor de 300 mil ex presos torturados, además de millones de chilenos que, de una u otra forma, participaron en la lucha antidictatorial como luchadores sociales de ayer y de hoy. Ni siquiera la actual fragmentación social y política impidió que denunciaran al unísono la maniobra de la UDI y se levantara, ante el gobierno, la exigencia de una reparación con verdad y justicia, que incluye investigación, sanción a los culpables, recuperación de todos los derechos civiles e indemnización.

EL TELON DE FONDO

¿Quién puso el escenario para el reality show de la UDI? Las agrupaciones de familiares de desaparecidos y ejecutados señalaron en declaración conjunta que los tres gobiernos de la Concertación han carecido de voluntad política para enfrentar el tema, y de coraje para revelar los acuerdos secretos que los amarran, en tanto que los tribunales sólo recientemente han comenzado a investigar.
Paz Rojas, presidenta de Codepu de Santiago, por su parte, sostuvo: “El silencio y la inacción de la autoridad ante los reclamos y legítimas exigencias de quienes han visto vulnerados sus derechos por el accionar del Estado, han permitido que sectores directamente involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos levanten propuestas de reparación, simulando interés y conmoción frente al dolor de aquellos a quienes han despreciado durante todos estos años, tergiversando la historia”.
La Comisión Etica Contra la Tortura, en carta abierta a Longueira y firmada por obispos, religiosos, intelectuales y organizaciones sociales y de derechos humanos, señaló que sus propuestas “carecen de toda legitimidad moral, y son posibles dado que los gobiernos de la Concertación no han tenido voluntad política para establecer la verdad, construir la justicia y cumplir con el derecho a la reparación integral de las víctimas”.
La Coordinación de Familiares, Amigos y Compañeros de Miristas Caídos -por su parte- afirmó que la Concertación no ha escuchado la voz de las víctimas y no ha querido ver sus enormes necesidades: “La verdad y la justicia eran imprescindibles para garantizar el Nunca Más... Las medidas parciales han sido insuficientes y son el resultado de consensos en los que se ha despreciado el dolor, se ha sacrificado la justicia y privilegiado los intereses de los poderosos”.
La Agrupación de ex Presos Políticos de Valparaíso usó el término “vergüenza ajena” para referirse al hecho de que familiares hayan recurrido a la UDI, ya que “los gobiernos de Frei y Lagos prefirieron barrer debajo de la alfombra los problemas, judicializando el tema y haciendo el show de la mesa de diálogo... antes que asumirlos en su dimensión histórica, política, social, jurídica y económica”. Recuerdan también que en los tribunales, el Consejo de Defensa del Estado ha negado el legítimo derecho a la reparación.
Desde Francia, la Agrupación de ex Prisioneros Políticos denunció que la derecha espera comprar el silencio de las víctimas y lograr honorabilidad democrática “aprovechando la desesperanza, la pobreza y las desilusiones engendradas por la lentitud y las debilidades de la justicia chilena”. En Calgary, Canadá, la organización que agrupa a 64 ex presos y presas políticas reaccionó reivindicando el derecho a una reparación integral de quienes sufrieron tortura.
Entretanto, se conocía el informe anual de Amnistía Internacional, que denuncia al gobierno por la aplicación de tortura en la cárcel de Colina y por violación a los derechos del pueblo mapuche.

SEGUNDO ACTO

Desde la Concertación, las reacciones de indignación fueron acompañadas de variadas propuestas, unas más improvisadas que otras. El senador Carlos Ominami y los parlamentarios Jaime Naranjo y Fulvio Rossi del PS, llevaron a La Moneda una propuesta de reparación, y otro tanto hizo Camilo Escalona.
Las organizaciones de derechos humanos postulan que el gobierno y los parlamentarios partan de sus propuestas, que no son improvisadas y que se han elaborado para responder a los acuciantes problemas planteados por la inexistencia de una reparación integral. En ese marco, un compromiso por la verdad y con las demandas de reparación integral fue firmado por parlamentarios como Carolina Tohá y Jorge Montes, por abogados de derechos humanos, personalidades y dirigentes de diversas organizaciones sociales durante el acto central de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
Entre las demandas de la AFDD está la pronta anulación del Decreto Ley 2.191, de amnistía, y el impulso de la iniciativa legal que tipifica el delito de desaparición forzada de personas a través de una ley de declaración de ausencia forzosa, para resolver los problemas legales que enfrentan. Asimismo se pide la modificación de la ley 19.123 (actual ley de reparación).
En su intervención, Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la AFDD manifestó: “Queremos cerrar el duelo de la única manera posible, recuperando los restos de nuestros familiares, sancionando a los responsables penalmente y reivindicando el rol de luchadores sociales de los nuestros. La reparación la entendemos como un componente más de la justicia y parte del derecho que nos asiste”.
Interrogada por PF si sus propuestas incluyen el tema de los sobrevivientes de la tortura, excluidos de la reparación por el Informe Rettig, Lorena Pizarro respondió: “No, pero considero que ésa es otra gran deuda pendiente con todos y cada una de las víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

IMPUNIDAD Y EXCLUSION

Tanto el Codepu como el senador Ominami en su proyecto de ley, se han ocupado de los ex presos. A su vez, la Comisión Etica Contra la Tortura viene planteando el tema desde hace tres años, cuando entregó al presidente Lagos el primer informe sobre la necesidad de incorporar el tema de la tortura como crimen inamnistiable e imprescriptible.
Sucesivas campañas de recolección de firmas, seminarios y debates para socializar la consigna “Tortura Nunca Más”, precedieron a la entrega al gobierno (en agosto de 2002) de una propuesta de procedimientos para la creación de una Comisión de Verdad Histórica sobre la Tortura y la Detención por Razones Políticas entre 1973 y 1990. En su elaboración trabajó un grupo interdisciplinario conformado por ex presos, abogados de derechos humanos, religiosos, intelectuales, profesionales y miembros de diversas organizaciones sociales y de DD.HH.
El anterior jefe del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, Luciano Fouilloux, reconoció que sólo algunas víctimas habían obtenido reparación. La Moneda no actuó para revertir la situación. Pero ahora el ministro del Interior, José Miguel Insulza, en una entrevista con el secretario ejecutivo de la Comisión Etica Contra la Tortura, Ricardo Frödden, y sus integrantes Mireya García y Juana Aguilera, anunció que el gobierno acogerá la propuesta planteada.

UNA REPARACION INTEGRAL

Para la Comisión Etica contra la Tortura la reparación integral comprende la verdad, la justicia y la reivindicación moral y material. Las convenciones y tratados internacionales sobre la tortura -definida como la aplicación de tormentos, trato cruel, inhumano y degradante realizado por agentes del Estado- señalan los deberes de los estados frente a los actos de tortura, los derechos de los sobrevivientes, la obligación de investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Ricardo Frödden y Mireya García recordaron al ministro Insulza que a la pérdida de libertad, juicio arbitrario y estigmatización, se suman la indefensión ante las secuelas de salud y el trauma que marca las vidas de las personas torturadas. Ello requiere de políticas integrales para abordar las consecuencias éticas, morales, políticas, jurídicas, sociales, psicológicas y médicas de la tortura aplicada durante los 17 años de la dictadura que Longueira apoyó.
La Comisión de Verdad Histórica sería conformada por personalidades de reconocida solvencia moral y compromiso con la defensa de los derechos humanos, de distintas vertientes doctrinarias; y debería contar con recursos para culminar su labor en uno o dos años. En el intertanto, -plantearon- el gobierno debiera adoptar medidas para lograr la rehabilitación de las personas que todavía sufren secuelas significativas de la tortura, y restaurar los derechos civiles y políticos de los afectados.
Sostuvieron estos dirigentes que el Estado debe “reconocer nuestra condición de luchadores sociales, de personas que lucharon por el término de la dictadura”. Ilustrando la importancia de la reparación moral, Ricardo Frödden señaló al ministro Insulza: “Hay gente enferma o anciana que lo único que quiere es irse de este mundo con la frente en alto, y no humillada e ignorada por una democracia que ellos mismos ayudaron a construir y que los margina”.
La Comisión Etica Contra la Tortura volverá a fines de junio a La Moneda acompañada del obispo Helmut Frenz, uno de los fundadores del Comité Pro Paz; de Frode Nilsen, que fue embajador de Noruega en Chile en 1973 y de Françoise Visée, que en Bélgica acogió a los refugiados chilenos.
¿Qué encontrarán los visitantes en este “reino del revés”, donde los cómplices de los verdugos están poniendo la mesa para el banquete de la reconciliación? Con tantos chefs, el menú es una incógnita. La decisión del presidente Lagos pondrá sello definitivo al carácter de un gobierno que hasta ahora se ha distanciado de los luchadores antidictatoriales

LUCIA SEPULVEDA RUIZ

Carta a Longueira Señores de la UDI: Agradezco sobremanera el interés manifestado por su partido por aportar una solución al problema de los derechos humanos en Chile, y paliar de esta manera la angustia de las familias que tienen un ser querido desaparecido o ejecutado. Es por esta razón que me permito pedirle al señor Cristián Labbé, militante de su partido, alcalde de Providencia, que entregue la información que tiene, puesto que como ex instructor en el campo de concentración de Tejas Verdes, debe conocer el paradero de muchas personas que allí desaparecieron. Carlos Bombal podría ayudar también en la investigación de la desaparición del profesor Alejandro Avalos Davidson y de otras personas de la Universidad Católica, ya que mientras trabajaba en ese lugar, los entregó a la Dina, manteniendo silencio al respecto. Se despide atte. en espera de su respuesta, MICHÈLE DROUILLY hermana de Jacqueline Drouilly, detenida desaparecida, y cuñada de Marcelo Salinas Eytel, igualmente desaparecido.

Verdad histórica Obispos, religiosos, intelectuales y organizaciones sociales y de derechos humanos llaman a formar la Comisión de Verdad Histórica sobre la Tortura y la Detención, para registrar todos los casos y aprobar una ley de reparación. La actual Comisión Etica contra la Tortura agrupa a instituciones de derechos humanos y destacadas personalidades nacionales. Señaló que la propuesta de Pablo Longueira, presidente de la UDI, carece de legitimidad moral y sólo se entiende por la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos concertacionistas “para establecer la verdad, construir la justicia y cumplir con el derecho a la reparación integral de las víctimas”. Por ello, la Comisión Etica contra la Tortura propone la creación de esta Comisión de Verdad Histórica sobre la Tortura y la Detención por Razones Políticas ocurridas entre 1973 y 1990 que registre las personas que sufrieron detención y experimentan aún secuelas físicas o psicológicas de la tortura, para permitir así la aprobación de una ley de reparación con políticas integrales para abordar las consecuencias de la tortura aplicada durante los 17 años de la dictadura. Esa Comisión de Verdad Histórica sería nombrada por decreto supremo, estaría conformada por personalidades de reconocida solvencia moral y compromiso con la defensa de los derechos humanos, de distintas vertientes doctrinarias; debe contar con recursos e infraestructura como para culminar su labor en uno o dos años. En el intertanto, la Comisión Etica sostiene que el gobierno debe adoptar medidas inmediatas para lograr la rehabilitación de las personas que todavía sufren secuelas de la tortura y debe restaurar los derechos civiles y políticos de los afectados. Firman la declaración: Padre José Aldunate, Padre Oscar Jiménez, P. Obispo Tomás González, P. Obispo Carlos Camus, P. Obispo Fernando Ariztía, Padre Roberto Bolton, Padre Mariano Puga, Padre Pierre Dubois, Padre Alfonso Baeza, Andrés Aylwin, Juana Aguilera, Isaías Gutiérrez, Hervi Lara, Paz Rojas, Felipe Portales, Gabriel Salazar, Tomás Moulian, Laura Moya, Hna. M. Dolores Cruzat, Hna. María Inés Urrutia, Roberto Garretón, Eugenio Oyarzún, Fernando Aliaga, Francisco Undurraga, Jaime Escobar, Jorge Mario Saavedra, Elías Padilla, José Galiano, Carlos Madariaga, Jorge Pavez, José Sabat, Hiram Villagra, Oscar Aguilera, Manuel Antonio Garretón, Peggy Cordero, Katia Reszczynski, Ricardo Frödden, Alberto Alicera, Eduardo Navarro, Juan Subercaseaux, Sergio Grez, Juanita Kowalsky, Gloria Laso, Juan Pablo Cárdenas, Manuel Jaques, Cosme Caracciolo, Douglas Hübner, Carmen Lazo, Miguel Morales y Manuel Cabieses. Contacto: Lucía Sepúlveda R. Fono 2781368 lusr@cmet.net

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