Miércoles 22 de Agosto de 2012
Si 30 secundarios (iba a escribir "estudiantes", pero me arrepentí)lograron retomar el Instituto Nacional derrotando a ocho carabineros, ¿alguien podrá sentirse ya seguro en Chile? Poco rato después de ese numerito, la vocera de los adolescentes llamó a iniciar un nuevo estallido social y confirmó así los nobles propósitos que animan a sus representados.
Seguramente en La Araucanía leerán estas líneas con razonable desdén, ya que entienden mucho mejor que los santiaguinos hasta dónde puede llegar la desfachatez de los audaces, la indiferencia de los pusilánimes y la desidia de algunos investidos de un poder que no ejercen. Hay unos límites sutiles en todo aguante social que los pacíficos no quieren cruzar, pero que un día -casi sin darse cuenta- quizás van a rebasar, porque se saben desprotegidos y porque creen que más allá de esa línea, y por mano propia, podrían encontrar justicia.
Cuando los carabineros se baten en retirada; cuando ciertos profesores hacen causa común con los delincuentes; cuando algunos jueces dictaminan a favor de los agresores; cuando muchos parlamentarios protegen a los insurrectos, ¿qué le queda al pacífico ciudadano?
No pagar impuestos. Sería una delicia que alguna consultora calculara las pérdidas totales causadas por los movimientos callejeros en los bienes públicos y que pudieran distribuirse esos montos como rebaja entre los contribuyentes. Sería justo no pagar impuestos el año entrante por la misma cantidad de la pérdida total del año anterior. Sólo en un liceo de Estación Central hubo daños por 30 millones esta semana. Sería una delicia, pero no será posible. Al Estado lo pueden acogotar mil hidras subversivas, pero no dejará de cobrar los dineros que esas mismas fieras dilapidan.
Quizás habría que intentar un Dicom de futuros individuos no contratables. Sí, una lista amplia de todos los jovenzuelos que hoy destrozan locales y marginan a la mayoría de sus compañeros, para que cada empleador futuro sepa a qué atenerse y simplemente no les dé trabajo. Por cierto -y dado el creciente clima de protección al agresor-, no faltará quien sostenga que excluir a un antiguo violentista de la lista de seleccionables para un empleo privado sería una discriminación inaceptable.
Tal vez puedan algunos profesores negarse a calificar a quienes se niegan a aprender. Usted dice tener derecho a ser interrogado, pero ese derecho caducó cuando usted decidió no cumplir sus deberes de estudiante; pasando y pasando. Pero una audacia así es prácticamente imposible, porque cunde el pánico entre los educadores. Seguro que el liceo o el colegio, que la universidad o el instituto, termina sancionando a esos profesores.
¿No litigar más en tribunales y recurrir sólo a formas consensuadas de justicia privada? Puede ser.
¿No votar, hasta que el porcentaje de sufragios alcance un nivel tan bajo que sea total la deslegitimación de los métodos supuestamente representativos? Puede ser también.
¿No asomarse más a aquellos medios de comunicación -ni financiarlos- que estimulan la agresividad juvenil, pero que después esconden la mano? Puede ser, pero hay gente muy rica que se las arreglará igual para ganar más plata con esos medios. Tratar de aislarlos será ineficiente casi con toda seguridad, aunque sea a veces un imperativo de conciencia. Quizás ayude algo tan prosaico como saludar a los carabineros, de ahora en adelante, con un "gracias", pero acompañado de un "no se deje atropellar, protéjame".
Por cierto, todas estas medidas parecen respuestas agudas ante el deterioro gradual del Estado de Derecho. ¿Y no es justamente eso lo que está sucediendo?
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/08/22/la-rebelion-de-los-pacificos.asp
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