La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el polémico proyecto de ley que pretende regular la pesca en Chile a partir de 2013. Para el presidente de Anapesca, Rodrigo Vial, el proyecto lo único que hace es maquillar el escenario actual. Y no sólo porque las licitaciones de cuotas –una medida que él impulsaba- fueron rechazadas, sino porque, a su juicio, la principal arma para incluir la sustentabilidad en la legislación no cumple su objetivo: despolitizar la toma de decisiones. En esta columna, asegura que los Comités Científicos que definirán las cuotas “serán presa fácil de la influencia y control de los interesados en maximizar la captura hoy, no a futuro”. Un punto a tener en cuenta ahora que el proyecto está manos del Senado.
El ministro de Economía, Pablo Longueira, declaró que el proyecto de ley recientemente aprobado en la Cámara de Diputados es un paso decisivo que tiene como eje central la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Si leemos con cuidado el articulado aprobado, nos damos cuenta que las declaraciones optimistas del ministro no están respaldadas por la realidad de la ley que se pretende aprobar en el Senado. Es cierto que se le quitan atribuciones al Consejo Nacional de Pesca, donde la gran industria ha tenido mayoría para impulsar sus intereses. Sin embargo, se abren varias puertas a la corrupción del sistema –once, para ser precisos– a través de los Comités Científicos Técnicos, que con seguridad serán perforados por los intereses particulares en detrimento de la competencia, los pescadores artesanales y los recursos pesqueros. En definitiva, las decisiones finales acerca de las cuotas globales quedan entregadas a los mismos actores que en el pasado han sido responsables por la sobreexplotación de los recursos pesqueros y con un aparato burocrático que pareciera diseñado -como alguien dijo antes- por Kafka y el Tony Chalupa.
Cuando se desean eludir responsabilidades, llegar a acuerdos sin significado, diseñar estructuras vacías de contenido e inoperantes, tradicionalmente se recurre a las “mesas de diálogo”, “las juntas”, “las comisiones”; todas instancias donde mucho se habla, poco se hace y se diluyen las responsabilidades. En este caso los once Comités Científicos Técnicos, con asientos en los centros de desembarque de la actividad pesquera, donde es mayor la influencia local de las empresas dedicadas a la explotación de los recursos, serán presa fácil de la influencia y control de los interesados en maximizar la captura hoy, no a futuro.
En varias instancias hemos abogado por la creación de un Instituto Pesquero de Chile, con autonomía y responsabilidad única y absoluta, recursos fiscales e independencia para determinar el estado de los recursos pesqueros y las cuotas de pesca, sin interferencia política ni de intereses privados. Esta iniciativa fue introducida a través de varias indicaciones al proyecto de ley mientras se revisaba en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, las que fueron rechazadas sistemáticamente por la máquina política dirigida por la UDI y RN. Las indicaciones fueron reinstaladas cuando el proyecto se discutió en la Sala de la Cámara, pero ahí nuevamente terminaron rechazadas.
Los políticos de hoy, tal como los del pasado, han diseñado un mal sistema de administración pesquera que dejará amplio campo a la influencia de los más poderosos, lo que significará indefectiblemente la destrucción de los recursos pesqueros de Chile. Si este proyecto no es radicalmente modificado en el Senado, después de la auto felicitación, los palmoteos del éxito tras la ardua jornada legislativa, vendrá la firma presidencial, promulgación de la flamante pieza legal y, en algunos años, el fracaso rotundo. Claro está que los actores ya se habrán olvidado de los hechos y se le echará la culpa de la extinción de los peces a algún fenómeno natural o un monstruo marino como las vilipendiadas jibias.
http://ciperchile.cl/2012/07/30/ley-de-pesca-%C2%A1mas-de-lo-mismo/
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