Campamento de Prisioneros de Pisagua

Tarapacá -  I Región

   

   

El Campamento de Prisioneros de Pisagua fue utilizado, desde Septiembre de 1973 hasta octubre de 1974, como centro de detención y tortura. Después del 11 de Septiembre se organiza un campamento militar para albergar a los presos políticos, especialmente de la zona norte, bajo la dependencia de la Sexta División del Ejército.

Los testimonios entregados al Informe Valech revelan que hubo más de 800 personas detenida en el Campo de Prisioneros de Pisagua. En los años ochenta, fueron enviados, en calidad de relegados, más de cien detenidos, a quienes se les recluía en la Cárcel y a las mujeres en las dependencias contiguas al teatro del pueblo y en un galpón, nombrado El Supermercado. Según los testimonios, los detenidos permanecieron allí en muy malas condiciones de vida: fueron mantenidos largos períodos vendados y esposados, constantemente golpeados, amenazados, sometidos a trabajos forzados, privados de alimentos, agua y sueño.

El hacinamiento fue extremo, especialmente cuando los detenidos fueron enviados, incomunicados por largos períodos, en grupos de cerca de 15 personas, a un calabozo de dos por cuatro metros, autorizados a salir al baño sólo dos veces al día.

Los testimonios de sobrevivientes describen haber sido objeto, durante los interrogatorios, de golpizas constantes, en ocasiones con manoplas; cortes en el cuerpo con objetos cortantes, como corvos o yataganes; simulacros de fusilamiento; eran amarrados y se les vendaban los ojos, colgados; les aplicaban la parrilla, el teléfono, el submarino en agua y excrementos, corriente eléctrica, quemaduras con cigarrillos. Señalan haber sido enterrados en fosas hasta la cabeza y se les orinaba encima, a pleno sol, por largos períodos; se les golpeaba hasta ocasionarles fracturas, eran atacados por perros; los obligaban a pelear entre ellos por comida; se les encerraba en unos toneles para lanzarlos cerro abajo. Existen relatos de personas sometidas además a violencia y agresiones sexuales. Se les mantenía a torso desnudo bajo el sol, hasta provocar quemaduras graves en sus cuerpos, y por las noches quedaban a la interperie, sufriendo las bajas temperaturas. Eran obligados a subir y bajar los cerros corriendo y golpeaban a aquellos que por su salud física o avanzada edad no lograban seguir el ritmo de los demás prisioneros.

Diariamente, algunos detenidos eran escogidos para tratos degradantes, trabajos pesadísimos durante largas horas o ejercicios físicos de extenuación como correr por suelos con desnivel con la vista vendada, o intentar subir a la carrera una escala, mientras sus guardias hacían fuerzas para empujarlos hacia abajo.  Concluido un día de interrogatorio, se solía dejar a veinte o treinta reclusos que lo habían sufrido, tendidos a la intemperie por hasta 48 horas, bajo el calor diurno y el hielo nocturno.  Uno de los así apremiados, Nelson Márquez,  terminó con ello de enloquecer, e intentó fugarse; recapturado a los pocos minutos bajo el muelle, fue asesinado a tiros de inmediato. 

Pisagua, como campo de concentración, se caracterizó además por la tortura psicológica que sufrían sus detenidos por las ejecuciones que allí ocurrieron. Este recinto registra la mayor cantidad de ejecuciones por la llamada ley de fuga. Se concentró una gran cantidad de personas sometidas a consejos de guerra, condenadas a penas extremadamente altas, muchas de ellas incluso de muerte. Los condenados permanecían días esperando sus propias ejecuciones y eso provocaba angustia y desesperación a sus compañeros y a ellos mismos. 

Durante su funcionamiento estuvieron prohibidas las visitas de familiares y de funcionarios de organismos de derechos humanos. En este campamento fueron ejecutadas 19 personas: siete en virtud de sentencias pronunciadas por consejos de guerra, cinco por sentencia de muerte en consejos de guerra cuyo texto se desconoce y siete por la aplicación de la denominada Ley de Fuga.  Entre los presos políticos asesinados en el Campamento de Prisioneros de Pisagua se encuentran Orlando Tomás Cabello Cabello, Nicolás Chanez Chanez, Juan Mamani Garcia, Luis Aníbal Manriquez Wilden, Hugo Tomás Martinez Guillen, Juan Rojas Osega, Julio Cabezas Gacitua, José Cordova Croxatto, Humberto Lizardi Flores, Mario Morris Barrios, Juan Valencia Hinojosa, Rodolfo Jacinto Fuenzalida Fernandez, Juan Antonio Ruz Diaz, José Demóstenes Rosier Sampson Ocaranza, Freddy Marcelo Taberba Gallegos, Germán Eladio Palominos Lamas, Juan Alarcón, Nolberto Cañas, Marcelo Guzmán, Michel Nash, Luis Lizardi y Juan Jiménez.

Criminales y Cómplices

Teniente Coronel Ramón Larrain (Comandante del Campo de Prisioneros de Pisagua); General de Brigada Carlos Forestier Haensgen (Comandante VI División del Ejército); Mario Acuña Riquelme (Fiscal Militar de Iquique); Mayor Plácido Muñoz Faúndez; Teniente Portales (Ejército)

Fuentes de Información: Informe Rettig; Informe Valech;  Libros: “La represión política en Chile: los hechos”; Revista Análisis; Diarios: La Tercera; Archivo Memoriaviva

 De la Coordinadora SERPAJ - Arica, hemos recibido la siguiente informacion.

 MARTIRES DE PISAGUA

1. Luis A. Lizardi Lizardi. Obrero. Militante socialista. Fusilado por aplicación de Ley de Fuga el 29 de Septiembre de 1973
2. Marcelo O. Guzmán Fuentes: 33 años. Educador sanitario. Militante socialista. Fusilado por aplicación de Ley de Fuga el 29 de Septiembre de 1973
3. Nolberto Jesús Cañas. 48 años. Interventor Pesquero. Militante socialista. Fusilado por aplicación de Ley de Fuga el 29 de Septiembre de 1973
4. Michel Selim Nash Saez. 19 años. Conscripto. Militante Juventudes Comunistas. Fusilado por aplicación de Ley de Fuga el 29 de Septiembre de 1973
5. Juan Calderón Villalón. 25 años. Oficial de marina. Fusilado por aplicación de Ley de Fuga el 29 de Septiembre de 1973
6. Juan Jiménez Vidal. 40 años. Oficial de Marina. Militante socialista. Fusilado por aplicación de Ley de Fuga el 29 de Septiembre de 1973
7. Julio C. Cabezas Gacitúa. Abogado del Consejo Defensa del Estado. Sin militancia. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 11 de Octubre de 1973
8. José R. Córdova Croxato. Administrador del Puerto de Iquique. Militante dl MAPU OC. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 11 de Octubre de 1973
9. Juan Valencia Hinojosa. Funcionario ECA. Militante Comunista. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 11 de Octubre de 1973
10. Mario Morris Barrios. Oficial de Aduanas. Militante Comunista. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 11 de Octubre de 1973
11. Humberto Lizardi Flores. 30 años. Profesor de Estado. Militante del MIR. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 11 de Octubre de 1973
12. Freddy Taberna Gallegos. 30 años. Geógrafo. Militante socialista. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 30 de Octubre de 1973
13. José Sampson Ocaranza. 30 años. Empleado Municipal. Militante socialista. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 30 de Octubre de 1973
14. Juan A. Ruz Díaz. Funcionario d Aduanas. Regidor de Iquique. Militante socialista. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 30 de Octubre de 1973
15. Rodolfo Fuenzalida Fernández. 40 años. Piloto Pesquera Iquique. Militante socialista. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 30 de Octubre de 1973
16. Germán Palominos Lamas. 31 años. Carpintero. Militante socialista. Fusilamiento por Consejo de Guerra el 30 de Octubre de 1973
17. Luis Higuera. Ejecutado en Enero de 1974
18. Nelson Márquez. Ejecutado en Enero de 1974
19. Luis Toro Castillo. Ejecutado. 11 de Febrero de 1974
20. Alberto Yañez Carvajal. Ejecutado. 11 de Febrero de 1974
21. Manuel Sanhueza Mellado. 29 años. Obrero Industrial. Muerto en tortura el 10 de Julio de 1974
22. Marcelino Lamas Largo. Ejecutado el 26 de Diciembre de 1974

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Noticias Relacionadas a este Centro de Concentracion

 La Tercera Mayo 1998
Un largo y angosto cementerio clandestino

De vez en cuando el país recobra la memoria. Son golpes secos, tremendos y trágicos que hacen recordar que en Chile existen procesos pendientes. Heridas abiertas. Casos que tienen que ver con la memoria colectiva de un país que, pese a los esfuerzos oficiales, no se reconcilia con su propia historia. Un país que amparado en cifras macroeconómicas y en un afán de progreso, prefiere dejar a un lado uno de los hechos más traumáticos de su corta vida como nación. El golpe militar de 1973 y sus trágicas consecuencias. Muertes, torturas y desapariciones, son la tónica de un proceso que quebró el orden democrático de Chile, y en el cual, se siguen contando víctimas. Los últimos sucesos despiertan una vez más las esperanzas de los familiares de detenidos desaparecidos. Madres, esposas e hijos de personas que dejaron de ver hace 25 años, cuando fueron detenidos por los organismos de seguridad del gobierno presidido por el ex general Augusto Pinochet Ugarte.

Hoy, la sociedad chilena se ve sacudida por las noticias que hablan de la posibilidad de que algunos de los detenidos desaparecidos estuviesen vivos en el interior de la ex Colonia Dignidad, enclave alemán que fue utilizado como campo de prisioneros durante el golpe de 1973 y en el que se presume, se hallaría un cementerio clandestino con los cuerpos de varios de ellos.

Otro hecho, es el nuevo hallazgo de osamentas en el norte. Se trataría de tres fosas, donde estarían enterrados alrededor de 150 presos políticos fusilados en 1973, descubiertas en las cercanías del Campo de detención de Pisagua (Primera Región), luego que un presunto uniformado revelara al diputado por Antofagasta Felipe Valenzuela (PS) la existencia de esos depósitos. Con las informaciones entregadas por esa fuente, que estaba destacada en el lugar durante el golpe militar, se logró ubicar los puntos cavados a una distancia equidistante uno de otro, en la ribera del río Camarones, cerca de Quillagua Viejo. Las labores de rastreo dieron resultado a las 18 horas del lunes 4 de mayo, cuando fue desenterrado el primer cuerpo. Valenzuela indicó que los cadáveres están amarrados de manos y presentan signos de haber sido acribillados. Se trata de un nuevo hallazgo que se suma a los ocurridos a partir del año 1990, cuando la sociedad chilena pudo observar como eran descubiertos 20 cuerpos en terrenos cercanos a la Cárcel de Pisagua (en la foto). Era Junio de 1990, a sólo meses de recuperada la democracia, un hallazgo que remeció la memoria nacional y que puso al descubierto la brutalidad con la que actuaron algunos elementos de las Fuerzas Armadas.

 Osamentas en Pisagua

El viernes 1 de junio de 1990, los abogados Héctor Salazar, Carlos Vilas y Ernesto Montoya, presentaron la denuncia por "inhumación ilegal", a nombre de la Vicaría de la Solidaridad de Santiago y de la Comisión de Derechos Humanos, ante el Juzgado de Crimen de Pozo Almonte. Dos horas después, el Tribunal se constituyó en el lugar. El juez, Nelson Muñoz Morales y su secretario, se mantuvieron allí, en una carpa, recogiendo testimonios. La Vicaría de la Solidaridad ya tenía antecedentes un año antes de la existencia de este cementerio clandestino, ubicado al norte del cementerio de Pisagua. Fue el médico comunista Alberto Neumann Lagos, quien entregó su testimonio y una declaración jurada a los miembros del organismo. No obstante, se evaluó que las condiciones no estaban dadas en ese momento para emprender las acciones legales correspondientes. Por ello se decidió esperar las elecciones de diciembre de 1989. Una vez que la Concertación ganó y que Patricio Aylwin se hizo cargo del gobierno, se esperó un tiempo más, ya que el acceso al lugar era impedido por una barrera militar. Así se llegó al 31 de mayo, cuando se decidió interponer la denuncia. El primer cuerpo apareció a unos 70 centímetros de profundidad. Luego aparecieron otros. Los cuerpos estaban cubiertos por dos bolsas de arpillera amarradas, a la altura de las caderas, por gruesos alambres. Tenían los ojos vendados, sus ropas estaban intactas y orificios de bala atravesaban sus pechos.

El Campo de concentración de Pisagua está a dos horas de Iquique. Se accede por una carretera difícil en la que algunos tramos deben hacerse bordeando un precipicio. En camiones, golpeados y con frío, fueron llevados hasta allí 38 detenidos, el 14 de septiembre de 1973. "Cuando vimos el poblado, el fantasma tomó cuerpo. De inmediato nos encerraron en la cárcel. En el pueblo había unos 200 pescadores. El Comandante Larraín los reunió y les dijo que debían irse pues al lugar había llegado el 'cáncer marxista'. Nosotros debíamos permanecer encerrados. La cárcel tiene tres pisos. Al primero le llamaban 'catacumbas' ; en el segundo y el tercero había cuatro celdas. El 18 de septiembre llegó el barco Maipo con una carga de 400 prisioneros de Valparaíso. Se provocó un tremendo hacinamiento. Debíamos dormir de pie. Nos abrían las puertas sólo dos veces al día. A las 7 de la mañana nos daban un pan y un jarro de té y a las 4 de la tarde, un plato de porotos. Teníamos 7 minutos para comer, hacer nuestras necesidades y tomar agua" recordó en la revista Analisis de junio de 1990, Francisco Prieto Enríquez, ex prisionero que permaneció en Pisagua hasta el 31 de mayo de 1974.

Campo de concentración

El hallazgo de las osamentas de Pisagua causó impacto nacional. Impacto que legitimó la existencia de la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada por el Presidente Aylwin para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. La salinidad del mar y del desierto conservaron en una escalofriante integridad los cuerpos. Los esqueletos conservaban sus ropas, las amarras, las vendas y sobre todo, las expresiones de dolor. A medida que las investigaciones avanzaban se daban cuenta de nuevos antecedentes: las víctimas habían sido ejecutadas al margen de toda legalidad.

La revista Análisis del 11 al 17 de junio de 1990 cuenta que el 29 de septiembre de 1973, el teniente coronel Ramón Larraín, comandante del campo de concentración, gritó a los presos que necesitaba cinco voluntarios para trabajos en el exterior. Algunos, deseosos de tomar aire fresco, se ofrecieron. "Vimos salir a Juan Alarcón, Nolberto Cañas, Marcelo Guzmán, Michel Nash, Luis Lizardi y Juan Jiménez. Al poco rato llegó Larraín muy exaltado. En medio de insultos, informó que nuestros compañeros habían intentado fugarse, que no habían obedecido la orden de alto y que habían sido fusilados. Nadie le creyó", recuerda Francisco Prieto.

El 11 de octubre fueron sacados del campo José Córdova, Humberto Lizardi, Mario Morris, Julio Cabezas y Juan Valencia. Nunca más los vieron. A través de un bando, firmado por el Comandante en Jefe de la sexta división y hombre de confianza del general Pinochet, Carlos Forestier, se informó que habían sido fusilados para dar cumplimiento a la sentencia de un Consejo de Guerra. Nunca se encontró el expediente. Los detenidos fueron fusilados en Pisagua, pese a que se aseguró que el juicio se había realizado en Iquique, sin la presencia de los sentenciados. A los presos no les cupo duda de que había sido venganza. El fiscal militar Mario Acuña era un abogado de Iquique con vinculaciones con el narcotráfico. Sus actividades ilícitas habían sido descubiertas gracias a una investigación realizada por el destacado integrante del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas. El 11 de sepiembre de 1972, Acuña fue nombrado fiscal por el juez militar Forestier. Una de sus primeras acciones fue ordenar la detención de Cabezas.

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 Nuevos hallazgos

Los indesmentibles hechos que fueron apareciendo a la luz pública afectaron al Ejército, quien se sintió amenazado ya que a este hallazgo se sumaron otros. En julio de 1990 la Iglesia de Valdivia reveló la inhumación ilegal de 18 campesinos fusilados en Futrono y Chihuío. En Calama aparece una fosa clandestina con restos de cadáveres dinamitados. En el Cementerio de Copiapó, cuatro de trece cuerpos extraídos de una fosa anónima, muchos de ellos quemados, correspondieron a fusilados de 1973. En agosto se añaden tres cuerpos maniatados en el cerro Mutrún, tres en el Cementerio La Playa de Constitución, seis en Calama y otros seis, dinamitados, en un pique de Tocopilla.

Luego vendría una situación todavía más dramática. El juez Germán Hermosilla, que investiga la ejecución de campesinos de San Bernardo en Paine y Cuesta de Chada, es informado de que algunos cuerpos podrían estar enterrados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Las primeras excavaciones provocaron una nueva conmoción: en numerosas tumbas, los cuerpos habían sido apilados unos sobre otros. Consultado, el entonces comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, sobre este hecho, declaró que le parecía una medida muy "económica", generando una serie de críticas por parte de familiares de detenidos desaparecidos y de organismos de derechos humanos. Las investigaciones sobre estos hechos culminarían una año después, en septiembre de 1991, con un total de 125 cadáveres.

El Ejército hizo sentir su malestar sobre esta serie de hallazgos a través de una declaración del Cuerpo de Generales, leída por el entonces director de la Academia de Guerra, coronel Ricardo Izurieta (Actual comadante en Jefe del Ejército). En dicha declaración el Ejército expresó una clara defensa de su Comandante en Jefe, dejando en claro que Pinochet y Ejército eran un solo cuerpo. La declaración, en un tono mesurado y argumental expresó en algunos párrafos que "No somos ajenos al dolor de hoy, y hemos debido contener durante años el sentimiento que experimentamos todos, a consecuencia de la guerra interna que debimos enfrentar..." , y en clara alusión a las ausaciones que se le imputan dice " es sabido que cuando se quiere desprestigiar a los vencedores se les culpa de crueldad, de excesos criminales y , sobre todo, de ejercer un castigo desproporcionado a la capacidad ofensiva de las fuerzas derrotadas"..."en nuestro caso, estamos seguros de que la victoria de la libertad no se hubiera obtenido sin el empleo de las acciones severas y disuasivas que ejecutaron las Fuerzas Armadas y Carabineros".

Por la cercanía de los hechos, sólo han pasado 25 años desde el golpe, no existe una visión oficial sobre los acontecimientos que motivaron la intervención militar, ni sobre la supuesta guerra interna que se desarrolló. Las investigaciones judiciales tendrán que esclarecer la verdad sobre la muerte y las circunstancias en las que estas sucedieron.

Hoy, a ocho años del primer hallazgo, aparecen nuevamente osamentas en el norte del país. Cuerpos que se niegan a desaparecer, que no permiten que sean olvidados y que esperan, al menos, servir de consuelo a sus deudos que aún se preguntan ¿Dónde están?.