La
ferocidad y el ansia de matar de los golpistas del Once de Septiembre
de 1973 en Chile se percibieron de inicio cuando atacaron por tierra la
sede del Gobierno en Santiago y agregaron un brutal bombardeo con
aviones de guerra. El objetivo central era matar al presidente Salvador
Allende lo que no lograron pues es conocido que él como lo había
anticipado y en un acto de grandeza, se auto eliminó. A 38 años del
Golpe, sigue apareciendo evidencia de nuevos crímenes.
El palacio de La Moneda, que alberga a la presidencia y ministerios, es una edificio construido a finales del siglo XVIII en la zona centro de Santiago y carece por completo de valor militar. El bombardeo fue pues un fracasado alarde de fuerza castrense que no ocultaba la intención del asesinato.
De hecho, una treintena de colaboradores del presidente que lucharon junto a él serían apresados y vilmente eliminados en un regimiento con el agravante de que hasta ahora no se ubican sus cadáveres. En este caso, los golpistas violaron además las leyes de la guerra que establecen respeto por los vencidos. A propósito es conocido que Pinochet decretó a Chile en “estado de guerra” con el burdo plan de justificar las matanzas de opositores, fueran ellos reales o imaginarios.
La fiebre homicida encabezada por Augusto Pinochet (AP) permanecería durante 17 años. Denuncias acerca de la permanente violación de los derechos humanos se formularon desde el mismo año 1973 ante Naciones Unidas y otras entidades, pero no todos los crímenes fueron conocidos y la prueba de ello es que al cumplirse ahora 38 años del golpe prosiguen en 2011 las denuncias sobre torturas, asesinatos y desaparición de personas al mismo tiempo que se descubre a militares culpables.
Un informe que menciona a diez mil víctimas de la dictadura y cuyos nombres no conocieron antes, fue entregado el 18/8/11 al presidente Sebastián Piñera por un comité investigador conocido como Comisión Valech, apellido del obispo que lo presidió al crearse. Organismos en defensa de los derechos humanos (DDHH) calculan en cincuenta mil los torturados y en cinco mil a los asesinados.
“Una luz sobre la sombra” es el título de un libro publicado en octubre del año pasado que relata la muerte o desaparición de una treintena de funcionarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Según relató el periodista Ernesto Carmona, ese texto fue la culminación de un acucioso trabajo a cargo de una quincena de estudiantes sobrevivientes de la peor tragedia del siglo XX en los 200 años de la historia política de la nación.
En octubre de 2010 organizaciones de DD.HH presentaron 141 denuncias ante tribunales de justicia por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, apunto la agencia Prensa Latina en despacho desde Santiago. Agrega: “Los recursos fueron interpuestos por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en alusión a la muerte de 157 personas detenidas, incluidos 10 niños”. Agreguemos que la corporación mencionada ha formulado 350 querellas de esa naturaleza. Cuando habían transcurridos 36 años desde el golpe, en septiembre de 2009, el juez Victor Montiglio encausó y condenó a 120 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) principal aparato represor en el que actuaban uniformados de todas las ramas castrenses. Entonces, ya se encontraba en prisión el ex general Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA, condenado prácticamente a perpetuidad por acumulación de varios procesos
La DINA y su heredera, la Comisión de Inteligencia Nacional (CNI) fueron aparatos represivos indignos de las fuerzas armadas. Al mejor estilo nazifascista mataron, por ejemplos, a los directivos de los partidos Comunista, Socialista y Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. Agentes de esos dos organismos envenenaron, mataron a golpes o aplicaron gases venenosos a los detenidos y luego, en ocasiones, desfiguraron los cadáveres y los enterraron en cuevas montañosas, según denunció el diario “La Nación” (Santiago de Chile, 2/9/09)
En los procesos contra miembros de la DINA-CNI se estableció que 14 encausados pertenecían aún a las Fuerzas Armadas pero en calidad de contratados como “civiles”.Entre quienes vivían todavía del dinero castrense figuraba el ex coronel Juan MacLean Vergara, quien fuera secretario de Pimochet. Este sujeto había sido enjuiciado por colaborar en los robos que enriquecieron ilegalmente a AP, episodio conocido como el Caso Riggs por el nombre del banco donde el dictador ocultaba su riqueza. (I. Escalante “La Nación”, 2/9/09)
El juez-ministro Milton Juica, presidente de la Corte Suprema de Justicia expreso en febrero pasado que “La investigación de las causas (juicios) por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictaduras militar no tienen plazo de término
Para los jueces, puntualizó, los importante es avanzar en las investigaciones y no hay ninguna orientación en el sentido de establecer plazos por el término de estas”.(periódico “El Mostrador”,3/2/11)
En Santiago de Chile hay dos cárceles “especiales” para militares y donde no están todos los que son y además los presos gozan de comodidades impensables si se compara con las prisiones comunes. Ha habido y hay intentos para amnistiar a sus ocupantes y muy posiblemente las declaraciones del ministro Juica tengan relación con esos proyectos.
El ex ministro José Tohá González fue asesinado el 15 de marzo de 1974 mientras estaba encarcelado apunta un informe del Instituto Médico Legal (IML) emitido en—mayo de 2011. La investigación del caso se realizó a petición de la familia del extinto que al parecer siempre sospechó que era falsa la versión de un suicidio a cargo de la tiranía. La Corte de Apelaciones abrió un juicio al respecto
El IML elaboró el estudio luego que los restos mortales fueron exhumados. Tohá fue apresado el 11/9/73 aunque ya no ejercía funciones estatales. Fue el primer jefe de gabinete (Ministro del Interior) de Allende y ejerció también como ministro de la Defensa. Fue llevado al campo de concentración de Isla Dawson, cercana al Estrecho de Magallanes y luego trasladado a una cárcel en Santiago en calidad de “prisionero de guerra” Fue sometido a torturas y vejaciones. Un hombre de 1.90 m. de estatura al morir pesaba 40 kilogramos
El médico criminalista, Alfonso Chelén, quien examinó el cadáver de Tohá inmediatamente después de su deceso en un hospital militar, acotó en noviembre de 2010: “Algo que no voy a olvidar es el estado extremo de caquexia en que se encontraba el señor Tohá, un estado de desnutrición irrecuperable. Por tal razón considero imposible que él se hubiera suicidado ahorcándose por sus propios medios”.Un juez busca a un culpable, ahora en 2011
Otra búsqueda de un eventual asesino corresponde al caso del general de la rama aérea, Alberto Bachelet quien falleció en una cárcel el 12 de marzo de 1974. Se trata del padre de la ex presidenta Michelle Bachelet (MB) aunque el proceso del caso-iniciado en junio de 1011- corresponde a una iniciativa de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
El militar fue detenido el 14/11/73 nada más porque en el gobierno de Allende se desempeñó en una función estatal civil. Junto con él fue apresado el capitán de la Fuerza Aérea, Raúl Vergara y ambos fueron imputados de “traición a la patria” y torturados afirmó Vergara.
Otro detenido y ahora testigo es el ex coronel de la FACH, Augusto Galaz quien sostuvo que Bachelet sufrió tales torturas que se vieron obligados tratarlo en el hospital aunque pronto fue regresado a la prisión donde murió..
La ex presidenta ejerce ahora la Subsecretaría General de la Mujer en Naciones Unidas pero el cinco de septiembre prestó declaraciones en Santiago ante el juez que lleva la investigación y lo propio hizo su madre, Angela Jeria viuda del general
(*) Periodista y escritor chileno.
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