El juez Garzón, acusado de violar la ley al investigar los crímenes del franquismo, recibió muestras de solidaridad el domingo en España (Reuters).
SANTIAGO DE CHILE (EFE) — Familiares de víctimas de la dictadura pinochetista en Chile expresaron su apoyo al juez español Baltasar Garzón, quien procesó a Augusto Pinochet, acusado de prevaricación por investigar los crímenes cometidos durante el franquismo.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chilemanifestó “absoluto rechazo” hacia el proceso legal que afronta Garzón, pues aseguró que “sancionar a un juez que opta por una correcta interpretación de la calidad de los crímenes de la era de Francisco Franco (1939-1945) es permitir que la impunidad se cierna sobre los responsables políticos de más de 100,000 desapariciones”.
En una carta entregada al embajador de España en Chile, Juan Manuel Cabrera, la agrupación afirmó que perseguir a un juez que ha trabajado “en la dirección correcta” da una señal “de impunidad: seguimos matando, persiguiendo y exterminando a los que piensan distinto”.
Las víctimas de la dictadura chilena (1973-1990) sostuvieron que es “ajeno a toda lógica” que se investigue si Garzón violó o no la ley española de amnistía de 1977 al asumir la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, porque éstos no prescriben ni les es aplicable perdón.
Añadieron que, por el contrario, la ley de amnistía “permite que genocidas y criminales que se amparan en el Estado comentan crímenes horrorosos”.
“Lo vivimos en España, lo vivimos en América Latina y lo vivimos en Chile”, declaró Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación, quien recordó que fue el concepto de crímenes de lesa humanidad lo que permitió a Garzón procesar a Pinochet.
“La memoria histórica, que es lo que hoy puede rescatar el juez Garzón, es una señal potente para el nunca más, y el nunca más debe establecerse hoy día en toda la humanidad”, dijo Lorena Pizarro, y aseguró que hay países “que siguen sufriendo terrorismo de Estado”.
Garzón ordenó el 16 de octubre de 1998 la detención en Londres, Inglaterra, del dictador chileno, fallecido en 2006, y se convirtió en el primero en procesarlo aplicando el principio de la jurisdicción universal.
Las víctimas chilenas expresaron su solidaridad con el juez por “su incansable labor”, pidieron justicia y que se busque la verdad “como la única forma de reparar dignamente a las víctimas y a sus familiares”.
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