Lista de todos los agentes de la División de Ingeniería de la CNI:
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lunes, 31 de agosto de 2015
Lista de todos los agentes de la División de Ingeniería de la CNI:
La parodia al video de la UDI que la misma UDI censuró
Se trata de la irrisoria propaganda de la UDI contra el aborto terapéutico subida a YouTube
El cineasta JOAQUÍN PAVEZ subió a YouTube un video que responde irónicamente a los dichos de los UDI sobre la "defensa de la vida". Mención honrosa para el señor Patricio Melero, que dice ser Pro-Vida pero que no tiene vergüenza de haber participado en Chacarillas en 1977.
La UDI se ocupó de bloquear este video en YouTube por términos de Copyright en las imágenes... pero no hay que ser muy perspicaz para entender que las razones de ese partido van más allá del derecho de autor.
PERIODISTA CHILENO PATRICIO MERY CONDENADO A CÁRCEL ENVÍA MENSAJE
Atentado contra la Libertad de Expresión Multa y 32 días de cárcel efectiva
Aunque el delito se encuentra prescrito y en primera instancia, la justicia falló a favor del periodista Patricio Mery Bell, y luego de una ofensiva por parte del Alto mando de Carabineros de Chile, que presionaron a los jueces, lograron que por el no pago de una multa se condenara al periodista a la cárcel sin posibilidad de apelación.
Lo paradójico del caso, es que esto es inconstitucional, ilegal y arbitrario. La policía utilizó a su favor la Ley de Prensa, herramienta que fue creada en teoría para proteger la libertad de expresión, y que en la práctica se utiliza para aplicar penas corporales a los trabajadores de la prensa, en especial a los periodistas de medios independientes que han denunciado sistemáticamente, casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, espionaje político y vulneración de derechos laborales que suceden en aparatos del Estado, específicamente Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Datos de la causa.
La causa rol 17136-2013 del séptimo juzgado de garantía de Santiago se origina el 9 de septiembre de 2013 por el requerimiento del alto mando de carabineros para que el portal Panoramas News publique una nota aclaratoria sobre el reportaje “MICHELLE BACHELET SERÁ CITADA EN JUICIO DE DIRECTOR DE CARABINEROS GONZALEZ JURE POR ASESINATO DE NIÑO DE 14 AÑOS EN 1988”.
El 23 de octubre de 2013 se condena a Patricio Mery como director del Portal Panoramas News a publicar la nota aclaratoria o al pago de 13 UTM. Se notifica la sentencia el día 16 de abril de 2014, en la cual el medio publica la nota que envía el Capitán Parra Aguilar, funcionario del departamento jurídico de Carabineros, en donde hace sus descargos con respecto a la investigación que vincula al General González Jure con el asesinato de un menor durante la dictadura de Pinochet, esta carta es idéntica en su redacción, pero con una referencia a otra nota. Situación que sirvió de ardid para iniciar esta causa.
patoLuego de eso, a espaldas del periodista Mery Bell y con ánimo de denostar su imagen pública, además de perseguirlo y hostigarlo, se inicia una causa de cumplimiento, que termina con orden de detención en este verano. Producto de esta causa el portal informativo www.pnews.cl se mantiene censurado.
En primera instancia, el juez Daniel Urrutia Laubreuax acoge la excepción de cumplimiento de publicación de la carta. Sin embargo, en la Corte de Apelaciones de Santiago, una sala conformada por los ministros Dobra Lusic Nadal, Dora Mondaca Rosales y Jenny Book Reyes revoca tal decisión mandando a cumplir la sentencia. Familiares de estos ministros, trabajan en el departamento de justicia de carabineros. Parte interesada en silenciar el trabajo periodístico del condenado.
Increíblemente y lo que raya en lo absurdo, es que sin perjuicio de esto, según la ley penal, la causa se encuentra prescrita, lo que se reclamó en audiencia del 28 de agosto de 2015. Sin embargo la jueza Carla Valeria Cappelo Valle, dictó contra todas las normas del procedimiento primero la orden de detención y luego se le remitió a los abogados copia de la resolución.
miércoles, 26 de agosto de 2015
Justicia y Dictadura: Comparación revela fracaso en proceso chileno
Claudio Medrano | Sábado 15 de agosto 2015 19:50 hrs.
En medio de las críticas de las organizaciones respecto del rol que ha jugado el Estado de Chile en materia de reparación y justicia a las víctimas de la dictadura cívico-militar, el ex presidente Ricardo Lagos afirmó que “Chile es el país que más avanzó en la materia”. ¿Es certera esta afirmación? Comparamos el proceso chileno con otros similares en el mundo para tener una idea al respecto.
El Caso Quemados y la muerte de Manuel Contreras reflotaron los cuestionamientos respecto del proceso de reparación y justicia para las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet, sobre todo por el retraso que han tenido el esclarecimiento de diversas causas.
Se recuerda, por ejemplo, la impunidad que rodeó la muerte de Augusto Pinochet y la política institucional de encubrimiento que emprendieron las Fuerzas Armadas, en complicidad con civiles que participaron del régimen y que ha impedido que se conociera la verdad en muchos de los casos que se denunciaron en las comisiones Rettig y Valech.
Este tipo de críticas provocó que el ex Presidente Ricardo Lagos afirmara que “no hay otro país del mundo que haya abordado las violaciones a los DD.HH como fuimos capaces de hacerlo nosotros”.
¿Qué tan cierta es esta afirmación?, ¿existe un parámetro con el cuál comparar los avances hechos en esta materia a nivel global?, para la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudia Cárdenas, los Estados están al debe.
“No conozco algún caso de un Estado que se pueda poner como ejemplo de virtud en esta materia. No conozco de un Estado que haya perseguido todos los casos penalmente y que haya reparado a todas sus víctimas, y dudo que exista. Hay sí quienes han avanzado en algunas áreas como en Argentina, donde al día de hoy existen muchos procesos en curso”, sostuvo.
De acuerdo a datos del Poder Judicial, en la actualidad hay pendientes 1052 causas, algunas con más de 10 años de tramitación. Nelson Caucoto, abogado especializado en casos de Derechos Humanos, aseguró que detrás de estos extensos procesos no existen retrasos. “La investigación de estos casos comenzó el año 2000, a partir de los jueces con dedicación exclusiva. Antes no existió esa investigación”, sentenció el profesional.
Para el abogado Alberto Espinoza es una falacia afirmar que Chile está a la vanguardia en el tema, “es un argumento que no tiene un sostén empírico claro y preciso. Argentina ha avanzado notablemente en la persecución de los violadores a los Derechos Humanos, los encarceló en cárceles comunes, no ha dado ningún privilegio a los responsables como acá sí se ha dado, donde los condenados viven en verdaderos resorts”, puntualizó.
Por su parte, la abogada Carmen Hertz, sostuvo que “es verdad que hay muchos juicios abiertos y un mínimo de condenados, pero eso es a partir del año 2000. Si comparamos nuestra realidad con la de Argentina, no hay comparación posible”.
De acuerdo a cómo se ha dado el proceso en nuestro país, Chile optó por una “transición consensuada”, es decir, pactó con las Fuerzas Militares para garantizar que el proceso fuese exitoso, algo similar a lo ocurrido en España luego de la muerte de Franco.
España y el modelo de transición pactada
Francisco Franco muere el 20 de noviembre de 1975, lo que da inició al proceso de transición en España que permitió, además, la asunción del Rey Juan Carlos I como monarca de ese país, que había sido designado seis años antes por el general Franco como su sucesor.
Dicho proceso de transición se hizo en todo momento en connivencia con los altos mandos militares lo que impidió, por ejemplo, que se iniciaran causas en contra de los crímenes cometidos por el franquismo desde los años 30.
Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, fueron 140 mil personas, (entre víctimas de la Guerra Civil Española y de la posterior dictadura franquista) las que se contabilizan en el país. Se ha llegado a mencionar que España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, después de Camboya.
De hecho, Naciones Unidad ha reclamado repetidamente a España que investigue tanto los crímenes del franquismo como los desaparecidos de la dictadura. Por su parte, la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad una condena del régimen franquista en la que instaba al Gobierno español, entre otras cosas, a crear una comisión de investigación sobre los crímenes de la dictadura.
La impunidad que ha protegido a los autores de los crímenes se explica por la promulgación de la Ley de Amnistía del año 1977 que, en lo medular, señala que “quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1963”.
Si bien la ONU y Amnistía Internacional han solicitado insistentemente en la derogación de dicha ley, porque contraviene los acuerdos internacionales en la materia, sus defensores afirman que la Constitución española de 1978 impediría tal derogación, pues la reactivación de una responsabilidad penal que ya ha sido extinguida violaría el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
El 18 de julio de 2007 varias asociaciones de Derechos Humanos presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional para la investigación de los crímenes del franquismo, pero éstas fueron desestimadas, ya que “los delitos habían prescrito o, en todo caso, estaban sujetos a la Ley de Amnistía de 1977″.
En septiembre de 2008, el juez Baltasar Garzón, volvió a impulsar estas denuncias, acompañadas de los nombres y apellidos de 130 mil desaparecidos del franquismo. El fiscal de la Audiencia Nacional alegó que los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados en el Código Penal de 1932, que regía cuando se cometieron, y que no se podían aplicar con carácter retroactivo.
Garzón, amparándose en que son delitos que no prescriben, imputó al régimen franquista el 14 de octubre, del delito de genocidio por estos y otros sucesos.
Garzón, amparándose en que son delitos que no prescriben, imputó al régimen franquista el 14 de octubre, del delito de genocidio por estos y otros sucesos.
Finalmente, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal de los imputados ya fallecidos y remitió la causa a distintos juzgados de los lugares donde habían sucedido los hechos. Por otra parte, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela admitió a trámite una querella interpuesta por las formaciones ultraderechistas Falange Española y Manos Limpias contra Garzón ,acusándole de prevaricación por asumir la causa contra el franquismo, al entender que no tenía las competencias para ello.
De hecho, existe en el mundo solo una querella formal y en trámite presentada en contra de los crímenes del franquismo, la cual se encuentra en Argentina y es apoyada por diversas organizaciones de Derechos Humanos.
Carlos Slepoy, abogado representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, es crítico respecto de lo ocurrido en España, “respecto de muchos procesos de dictadura ha actuado la justicia española, pero cuando se han tenido que juzgar crímenes cometidos en el territorio español, este modelo de transición de impunidad ha hecho que se buscaran argumentos para no investigarlos, aduciendo que España no había firmado los tratados, que la Ley de Amnistía lo prohibía, entre otras excusas”.
El hecho que la querella contra el franquismo haya sido presentada en Argentina no es casual. Las vinculaciones que existen entre el Gobierno de transición español y los regímenes dictatoriales trasandinos son muchos y últimamente se han conocido detalles de su alcance.
De hecho, fue el propio Rey Juan Carlos I el encargado de gestionar acuerdos económicos con el régimen de Jorge Rafael Videla, que permitió inyectar con varios millones de dólares las arcas de la alicaída economía de la dictadura argentina.
Argentina y el juicio a los responsables
Para el abogado Slepoy y varios de sus colegas chilenos, Argentina es el país que más ha avanzado en materia de reparación y justicia respecto de crímenes cometidos en dictadura. De acuerdo a datos recopilados por organizaciones de ese país, en total, hay cerca de 600 condenados, más de mil procesados, sin mencionar las causas que aún están abiertas en todo el país.
Además, los jueces de ese país han comenzado una persecución penal en contra de los civiles que participaron de los Gobiernos de facto en Argentina, demanda que ha sido planteada por muchos años en Chile sin que hasta ahora se los persiga.
Fue en el año 1985 que el presidente Raúl Alfonsín ordenó iniciar, a través de la justicia civil, un proceso penal en contra de los máximos responsables de la dictadura en Argentina, lo que fue conocido posteriormente como el “Juicio a las Juntas”.
Este proceso había comenzado dos años antes, en 1983, cuando una vez asumido el Gobierno democrático, Alfonsín ordenó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de Derechos Humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.
Los militares hicieron todo lo posible por evitar el juicio. Poco antes de iniciarse el proceso se intentó una operación a cambio de un reconocimiento de los miembros de las juntas de su responsabilidad en los hechos que se le imputaban, promovida por el General Albano Harguindeguy, ex Jefe del Ejército durante la dictadura militar.
Por su parte, Alfonsín que como Presidente de la Nación era también jefe de fiscales, le ordenó al fiscal Julio Cesar Strassera presentar pruebas contundentes contra los militares.
Debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los diez mil, el fiscal Strassera tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos. La fiscalía presentó entonces 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación. En ella declararon 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. Las 530 horas que duró fueron filmadas en videocasettes.
Además de la documentación audiovisual que fue celosamente resguardada, el Gobierno argentino se encargó de que el juicio fuese transmitido en su integridad a través de la Televisión Pública, de esta forma la población tuvo acceso a los documentos, pruebas y testimonios de los casos de violaciones a los Derechos Humanos, también a los nombres de los responsables.
La sentencia fue leída por León Arslanián en su condición de presidente de la Cámara Federal. Fundamentalmente el fallo reconoció que las Juntas diseñaron e implementaron un plan criminal y rechazó la ley de autoamnistía sancionada por el último gobierno militar.
Señaló también que cada fuerza actuó autónomamente y que las penas deben ser graduadas en función de ello. Finalmente, concluyó que la fiscalía no pudo probar que con posterioridad a 1980 se hubieran cometido crímenes que pudieran ser responsabilidad de la Junta Militar, exculpando así a la tercera junta compuesta por Galtieri, Anaya y Lami Dozo.
De esta forma se sentenció a Jorge Rafael Videla a presidio perpetuo al igual que Emilio Eduardo Massera. Por su parte, Roberto Viola fue condenado a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 y Orlando Ramón Agosti a 4 años.
Si bien durante la década de los 90 se detuvieron los procesos debido a la promulgación de la “Ley de Punto Final” impulsada por Carlos Saúl Menem, dicha norma fue derogada a comienzos del milenio por el Gobierno de Néstor Kirchner, lo que permitió la reapertura de una serie de causas.
La presidenta de Abuelas Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, destacó que en la última década “Argentina ha empezado a reconstruir el derecho humano, el respeto a la vida y a castigar a los que secuestraron y asesinaron” durante la dictadura que comenzó en 1976.
La argentina de 85 años afirmó que en “los últimos 12 años los gobiernos han decidido categóricamente poner las cosas en su lugar” y castigar a las personas que cometieron estos delitos.
“Es una gran tranquilidad que condenen a estas personas porque son ancianos que no se arrepienten y que dicen que si fuera necesario lo volverían a hacer”, añadió de Carlotto.
Uruguay y una impunidad de dos décadas
El impacto del “Juicio a las juntas” en Argentina no logró contagiar a sus vecinos de Uruguay. En ese país, al igual que en Chile y España, se optó por una transición consensuada para establecer un Gobierno democrático que reemplazara la dictadura cívico militar.
Recién con la llegada del nuevo milenio, Uruguay comenzó a hacer esfuerzos por tratar de alcanzar algún grado de justicia para las víctimas de la dictadura, proceso que se había visto entrampado por la redacción de la “Ley de Caducidad” que fue promulgada en el año 1986 por el primer gobierno de José María Sanguinetti.
Dicha norma establecía la caducidad del “ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.
En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos relacionados con la izquierda, se realizó un referéndum con el objetivo de revocar la ley. El resultado fue favorable al mantenimiento de la norma, que permaneció vigente.
Esta ley permitió que por cerca de dos décadas no se persiguiera a los responsables de los crímenes cometidos durante el periodo de dictadura, ni tampoco obtener información que pudiese establecer el paradero de los detenidos desaparecidos.
Recién con la llegada del nuevo milenio y con Jorge Battle al mando de la Nación, se buscó dar una solución definitiva al problema de los desaparecidos con la creación de la Comisión para la Paz, la cual estaba integrada por abogados del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, por el Arzobispo de Montevideo y por personalidades sociales. Se elaboró un informe sobre el destino final de 30 casos y encontrados los restos de dos de ellos, los cuales fueron entregados a sus familiares en Argentina.
Si bien fue muy discutida, esta Comisión marcó un hito en la historia política reciente del país y prueba de ello fue que la popularidad de Batlle alcanzó (el 66 por ciento), la cifra más alta, hasta ese momento, desde que se registra la popularidad de los presidentes. Batlle se convirtió entonces, en el primer mandatario latinoamericano en reconocer explícitamente la existencia del Plan Cóndor.
A mediados de 2007 se realizó una campaña para plebiscitar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley, lo que hubiese implicado efectos retroactivos, entre ellos la negación de la cosa juzgada.
El 14 de junio de 2009 la Corte Electoral confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar este plebiscito. El mismo tuvo lugar junto a las elecciones nacionales uruguayas, el 25 de octubre de 2009, pero en la votación el plebiscito no aprobó la reforma.
Luego, en 2010, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley interpretativo de la Constitución que, en los hechos, anulaba los artículos 1º, 3º y 4º de la ley. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con el voto favorable de los 50 diputados oficialistas.
En 2011 el proyecto fue aprobado con modificaciones por el Senado, por lo que tuvo que volver a la Cámara de Diputados, donde no obtuvo los votos suficientes. Finalmente, el 27 de octubre de 2011, el Parlamento aprobó la ley N° 18.831, de “restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985″, que catalogó esos delitos como de lesa humanidad.
Si bien la ley nunca fue anulada ni derogada, los hechos ocurridos en el año 2011 determinaron que, en sus efectos, fueran eliminados del ordenamiento jurídico del Uruguay hasta el año 2013, en que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831.
Elena Zaffaroni, integrante de la Agrupación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay, sostiene que “si bien se abrieron muchas libertades y la democracia se vio fortalecida, abandonó esa fuerza inicial y enseguida lo taponearon con la Ley de Caducidad y eso obstruyó los procesos judiciales y que en este país eran muy fuertes”.
En la actualidad hay abiertos una serie de procesos en contra de integrantes de la dictadura, pero sin un acceso total a la información de los nombres de los victimarios ni de los procesos, debido a que se encuentran bajo secreto de sumario.
El Salvador, Brasil y Sudáfrica, otros casos de “Transiciones pactadas”
Estos países también optaron por esta vía para reestablecer los procesos democráticos en sus naciones. Con contextos diferentes, las fuerzas represoras consiguieron pactar la entrega del Gobierno a cambio de impunidad por los crímenes cometidos.
En el caso de El Salvador, país que durante los años 80 vivió una cruenta guerra civil, los Acuerdos de Chapultepec lograron poner fin al conflicto con una serie de condiciones para ambas partes.
En dichos acuerdos, las partes convenían crear una Comisión de la Verdad y se comprometían a cumplir con las recomendaciones de la misma. Este compromiso fue reafirmado en los Acuerdos de Chapultepec, en donde se reconocía la necesidad de superar la impunidad en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, remitiendo la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad, la cual estuvo presidida por el expresidente colombiano Belisario Betancur.
En cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Chapultepec, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero de 1992 la “Ley de Reconciliación Nacional”, la cual establece lo siguiente: “Se concede amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del 1º de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro, contemplado en el Art. 220 del Código Penal”.
No obstante, la normativa señalaba la siguiente exclusión: “No gozarán de esta gracia las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1º de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”, así mismo, “no se aplicará esta gracia a los que hubieren sido condenados por el Tribunal del Jurado por cualquiera de los delitos cubiertos por esta amnistía”.
El informe de la Comisión denominado “De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador” se dio a conocer el 15 de marzo de 1993, 26 meses después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec. La Comisión recibió testimonio directo de 2 mil personas con relación a 7 mil víctimas, e información de fuentes secundarias relacionadas con más de 8 mil víctimas. Además, de 23 mil denuncias presentadas a través de otras instituciones o remitidas por carta.
De todo este cúmulo de denuncias se elaboró una lista de 13 mil 569 casos de los que la Comisión seleccionó 32 considerados ejemplarizantes de los patrones de violencia de las partes contendientes, la Fuerza Armada de El Salvador, los Escuadrones de la Muerte y la guerrilla del FMLN.
Entre estos casos se hallaba el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, ocurrida el 24 de marzo de 1980. Hecho atribuido a la acción de los escuadrones de la muerte; así como también la matanza de campesinos conocida como Masacre del Mozote y los homicidios de seis sacerdotes jesuitas, acontecidos el 16 de noviembre de 1989, atribuidos a la acción de unidades de la Fuerza Armada.
Cinco días después de que la Comisión presentará su informe, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, la cual regula lo siguiente: “Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos”.
La “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”, al abarcar todos los hechos violentos ocurridos en la guerra civil, constituyó una violación a lo pactado en los Acuerdos de Chapultepec.
Por su parte, en Brasil recién el año 2011 se estableció la Comisión Nacional de la Verdad que investigará las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre los años 1946 y 1988, es decir, desde la Constitución de 1946 dictada inmediatamente después de la renuncia forzada de Getulio Vargas que abrió paso a la llamada República Nueva (1945-1964), hasta la Constitución de 1988, que cerró definitivamente el período de la dictadura militar (1964-1985).
El trabajo de la instancia deberá terminar con un listado de los detenidos desaparecidos o bien personas ejecutadas durante el tiempo de la dictadura. La Comisión recibió críticas de algunos miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas que se sienten incómodos sobre lo que perciben como un intento de venganza por parte de un gobierno ideológicamente parcial, debido a que la propia presidenta Dilma Rousseff fue arrestada y torturada bajo el régimen.
Por su parte, los familiares de las víctimas también están disconformes con que la Comisión tenga poder para investigar violaciones de Derechos Humanos, pero que no pueda castigar a los culpables debido a una Ley de Amnistía dictada por el gobierno militar en 1979 y que permanece en vigor. La Comisión de la Verdad tendrá dos años para emitir un informe.
Finalmente Sudáfrica, luego del fin del Apartheid y la llegada de Nelson Mandela al poder, comenzó un proceso de reparación de los abusos cometidos por los gobiernos racistas y para eso tomó como ejemplo el modelo que Chile había utilizado un par de años antes.
Es tal la influencia que el nombre de la instancia es similar al de Chile, “Comisión para la verdad y reconciliación” la cual fue encabezada por el arzobispo de ese país, Desmond Tutu.
Las personas que eran identificadas como víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos eran invitadas a prestar declaración sobre sus experiencias. Muchas de estas víctimas ofrecieron sus relatos en audiencias públicas.
Los autores de los hechos violentos podían también confesar sus crímenes, y eran sus propias víctimas las que decidían si concederles la impunidad. El tribunal nunca funcionó como equipo judicial, sino como intermediario entre víctimas y agresores.
Existen valoraciones muy diversas acerca del resultado de la Comisión. Sus detractores consideran que proporcionó impunidad a criminales confesos, sus defensores, en tanto, argumentan que permitió el esclarecimiento de desapariciones y otros delitos que hubieran quedado en la oscuridad de otro modo, así como que facilitó que las víctimas recibieran indemnizaciones y reconocimiento por su sufrimiento.
De acuerdo a los especialistas consultados, si bien no existe ningún país en el mundo que haya alcanzado parámetros ideales respecto de reparación y justicia a las víctimas, coinciden en que es Argentina la nación que persiguió, con mayor fuerza, la justicia, sobre todo lo referido a condenar a los responsables directos.
Asimismo, consideran que Chile ha logrado muchos avances, pero a un ritmo menor al que se esperaba y básicamente debido a la acción del Poder Judicial que desde el año 2000 comenzó una persecución más activa de las víctimas de la Dictadura.
También hay una crítica respecto de la voluntad política de las autoridades de los gobiernos que se han visto enfrentados a esta situación por claudicar a las pretensiones de los regímenes de facto, pese a la insistencia de las familias de las víctimas y organismos de Derechos Humanos.
http://radio.uchile.cl/2015/08/15/justicia-para-las-v%C3%ADctimas-de-la-dictadura-es-chile-un-pa%C3%ADs-a-la-vanguardia-en-este-tema
Carmen Gloria Quintana: “Hay un doble estándar del gobierno en materia de DD.HH.”
Martes 11 de agosto 2015 12:50 hrs.
Para la víctima del Caso Quemados es importante que el Ejército entregue toda la verdad, pero también que el Gobierno trabaje en mejorar la educación y la formación de los actuales miembros de las Fuerzas Armadas. En su opinión, se sigue manteniendo el doble estándar en materia de Derechos Humanos, haciéndose parte en lo legal, pero no en lo civil.
Con la visita de Carmen Gloria Quintana a Chile y los nuevos testimonios entregados en el Caso Quemados, se reabrieron viejas discusiones, que apuntan a la vigencia de los ocultamientos del Ejército en materia de Derechos Humanos y al modo en que los gobiernos que sucedieron a la dictadura han enfrentado el tema.
La luchadora social, quien como consecuencia del ataque perpetrado por el Ejército en julio de 1986 resultara con más del ochenta por ciento de su cuerpo quemado, dijo que la actualización de su caso es positiva, por el despertar del país respecto a lo ocurrido entre 1973 y 19990. En ese sentido, valoró cómo los Derechos Humanos han cobrado relevancia y son dimensionados en su real plenitud.
“Hay muchos temas inconclusos en materia de Derechos Humanos. Por ejemplo, este secreto de cincuenta años sobre la Comisión Valech, que es insólito. Es necesario que haya toda la verdad, toda la justicia y toda la reparación integral, que incluya un perdón por parte de los medios de comunicación que nunca han reparado la imagen de las víctimas tan dañada durante esa época. También es necesario que se reivindique a todos los luchadores. Con todas esas bases vamos a tener los fundamentos para una democracia real”.
En conversación con el programa Semáforo, reconoció que los jóvenes chilenos le agradecen su lucha y su dedicación, situación que permite pensar que un nuevo país se construye. “He participado en varias convocatorias con los jóvenes. Es muy emocionante escuchar a los dirigentes actuales decir que continúan con la lucha que nosotros empezamos en los ochenta”. Asimismo, cuestionó la criminalización del movimiento social. “Sin los movimientos la democracia queda encapsulada. Por eso llamo a todo el mundo a la acción, para poder renovar la política desgastada”.
“Me da mucha bronca ver que gente que luchó en esos años hoy criminaliza a los que luchan. En este país hay una crisis valórica importante. La dictadura impuso un modelo cultural individualista y hemos perdido la solidaridad entre nosotros. Por eso es importante volver a eso, a la justicia social, para consolidar la democracia”, agregó.
La psicóloga de profesión reiteró su disconformidad con el actuar de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, insistió en que se sigue adelante con la política sistemática de encubrimiento a los crímenes de lesa humanidad. “En mi caso se demuestra que seguían teniendo contratado a Castañer, el principal responsable de nuestras quemaduras, y que aún era parte del Ejército, pese a estar jubilado y procesado. Las Fuerzas Armadas, desde el retorno a la democracia, han mentido sistemáticamente a todos los gobiernos. Se mantienen silenciados y siguen encubriendo a los criminales, lo que es prueba de que el poder militar aún no se somete al poder civil”.
En ese sentido, aseguró que ha faltado valentía para exigir que se diga toda la verdad. También política y audacia, para poner al Ejército al servicio de todos los chilenos y no de una parte de la sociedad, de los empresarios que protegieron durante la dictadura. “No han demostrado que son un Ejército de todos los chilenos ni tampoco que encarnan un conocimiento cabal de la democracia”.
Yo reivindico mi historia
“Yo soy la víctima de las violaciones a los Derechos Humanos, pero también soy la activista en pro de la solidaridad y de una sociedad más progresista e igualitaria. Donde exista educación, salud, y derechos sociales para todos”, definió Carmen Gloria Quintana.
En ese sentido aludió a los derechos faltantes en Chile, pero aseguró que cada vez son más los que buscan participar y renovar la política a través del activismo, cuya base sea el ser ciudadano.
Recordando su historia con Chile, Carmen Gloria Quintana reconoció a todos quienes la apoyaron mientras se debatía entre la vida y la muerte tras el ataque del Ejército que acabó con la vida del fotógrafo Rodrigo Rojas. También, repasó su participación y trabajo por el triunfo del NO, momento que recordó como especial. “Sin embargo, terminado ese momento, sentí que nos mandaron para la casa. Como que nos dijeron que no molestáramos más porque ya habían recuperado el gobierno. Sentí que el discurso de los Derechos Humanos era algo que nadie quería mirar. Incluso, en ocasiones, entregaron los mismos argumentos que durante la Dictadura para no pagar por la reparación, desconociendo el daño moral. Esos argumentos de un gobierno que luchó con nosotros fueron patéticos y son usados hasta el día de hoy, cuando las víctimas demandan al Estado. Todavía hay un doble estándar, haciéndose parte en lo penal y desconociendo lo civil”.
En ese sentido, criticó duramente que los luchadores sociales de ayer reciban pensiones de miseria, mientras que los torturadores ganan millonarias pensiones, pese a los juicios que los responsabilizan por su actuar. “Es una pésima señal. Es impresentable. Nadie entiende cómo Pinochet murió sin ser juzgado, después muere Manuel Contreras vestido con honores, entonces esas cosas avergüenzan al país”.
Por ello, insistió que en un Ejército donde muchas otras voces conocen las verdades que Contreras se llevó a la tumba, es hora que se den a conocer las verdades. “Es tiempo de la prueba de blancura, tiene que desmarcarse de la Dictadura y refundarse en valores democráticos, de todos los chilenos”.
En su opinión, es importante a que se reformen los planes de estudio para que se formen en Derechos Humanos y que los oficiales tengan enseñanza de parte del mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de las propias víctimas, para no repetir los errores del pasado. “Hay muchas generaciones dañadas. Mis hijas todavía piensan que me pueden matar los militares. Por esas cosas, es importante refundar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas”.
Al finalizar, Carmen Gloria Quintana reflexionó en torno a la negociación que se hizo en la transición con los Derechos Humanos. Por ello, dijo que es necesario poder hacer nuevos informes, con testimonios más profundos. “Es necesario validar a las víctimas. Hay una decepción profunda con el compromiso de la verdad y justicia. No hay que quedarse solo con la verdad. Es hora de exigir toda la justicia y no en la medida de lo posible. Nos tenemos que poner los pantalones y las faldas para exigirlo. Basta de negociar con el dolor de las víctimas”.
http://radio.uchile.cl/2015/08/11/carmen-gloria-quintana-hay-un-doble-estandar-del-gobierno-en-materia-de-dd-hh
Ex presos políticos encuentran resquicio legal para levantar secreto de Informe Valech
Martes 25 de agosto 2015 12:33 hrs.
http://radio.uchile.cl/2015/08/25/ex-presos-politicos-encuentran-resquicio-legal-para-levantar-secreto-de-informe-valech
A pesar de que las autoridades han manifestado que el llamado Informe Valech tiene una cláusula de secreto de 50 años sobre las identidades de los testimonios allí codificados, un grupo de ex presos políticos asegura haber dado con un resquicio legal que permitiría develar la información que contiene el reporte.
Un grupo de ex presos y presas políticos que militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) sacaron a la luz un resquicio legal en la Ley de la Comisión Valech, lo que permitiría romper con el secreto que cubre dichos archivos.
El grupo coordinado asegura así haber “tomado la determinación de hacer valer su derecho como personas individuales a la desclasificación de sus testimonios, y así romper el silencio cómplice de los gobiernos continuistas”.
El artículo 15 sobre el secreto en el texto de la ley 19.992 agrega al final que el secreto rige “sin prejuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer a terceros por voluntad propia
Es por eso que el llamado del grupo es a una “desclasificación popular”, para la cual se reunirán este martes a las 18.00 horas con Francisco Ugás, Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, respaldó dicho llamado.
“Apoyamos toda actitud para dar a conocer lo que pasamos, lo que sufrimos. Sin victimizarnos, sino con el derecho que tenemos de denunciar ante la sociedad que nos impidieron hacer justicia, de haber puesto el informe de prisión política y tortura en mandato de la justicia para investigar los crímenes y no haberle puesto los cincuenta años de impunidad. Por lo tanto, creo que es un acto de dignidad”.
La dirigente enfatizó en que gracias a las víctimas de las violaciones a los DD.HH. y sus los familiares, además de la movilización social en la materia, ha conseguido avances, pese a la nula voluntad política de los Gobiernos transicionales.
Alicia Lira recordó al grupo de ex prisioneros políticos que este año protagonizó una huelga de hambre, e instaló una mesa de diálogo de alto nivel, cosa que, a juicio de la presidenta de AFEP, no debiera ocurrir.
http://radio.uchile.cl/2015/08/25/ex-presos-politicos-encuentran-resquicio-legal-para-levantar-secreto-de-informe-valech
martes, 4 de agosto de 2015
Teillier: "La Derecha Busca una Nueva Ley Maldita contra los Comunistas
Frente a declaraciones de parlamentarios y dirigentes de los partidos de la derecha que pidieron que la Presidenta de la República saque del gabinete ministerial a quienes pertenecen al Partido Comunista por supuestos vínculos de esa colectividad con las Farc de Colombia, el presidente del PC, Guillermo Teillier, expresó a la prensa que “lo que estamos viendo es que la derecha lo que quiere es aplicar una Ley Maldita contra los comunistas, es sacarnos de la legalidad y reprimirnos como lo hizo Gabriel González Videla”.
Añadió que “como esta gente de la derecha no puede dar un golpe de Estado para perseguirnos, excluirnos y reprimirnos, como lo hicieron durante la dictadura en complicidad con los militares, ahora quieren una Ley Maldita y sacarnos del gobierno y de la vida institucional”.
Publicado: 31 Julio 2015
Teillier argumentó que es falso que su partido tuviera acuerdos militares con las Farc y mucho menos que haya promovido acciones armadas en los territorios mapuches. Precisó que “acuerdo militar con la FARC, eso no ha existido nunca, lo que ha existido es una relación política” como la que han tenido decenas de organizaciones políticas y sociales de todo el mundo.
El presidente del PC planteó que con las reacciones de los partidos de derecha queda claro a dónde apuntaban las notas periodísticas sobre supuestos correos electrónicos que establecían nexos de los comunistas con la guerrilla colombiana.
“Lo que buscan es agredirnos, difamar, y a la derecha lo que le gustaría es debilitar el proceso de reformas sacando al Partido Comunista del gobierno”.
Manifestó que esto de las relaciones con las Farc vuelve a ser una operación política y mediática, ahora “para desvirtuar todo lo que está ocurriendo con el Caso Quemados, evadir los graves temas de derechos humanos en Chile, para tratar de meter cuñas en la Nueva Mayoría, para tratar de meterle problemas al gobierno”.
Guillermo Teillier insistió en que judicialmente en Colombia y Chile esos correos fueron desestimados y además, en concreto, no hay ninguna prueba de que se buscó tener alguna colaboración militar. Planteó que “siempre respaldamos la salida política al conflicto armado en Colombia y ahora saludamos las negociaciones entre las Farc y el gobierno colombiano para alcanzar la paz”.
http://www.diarioreddigital.cl/politica/6675-teillier_ley_maldita.html
Testimonios Acreditan que el Ejército Ocultó e Incineró Archivos Secretos de la Dictadura
Nuevos testimonios de militares confirman que el Ejército mantuvo en bóvedas subterráneas de la DINE archivos con cientos de miles de documentos microfilmados con información de operaciones secretas en dictadura. Los documentos existían mientras el Ejército los negaba una y otra vez. Así se acreditó en el juicio por el crimen de Eduardo Frei Montalva, en el cual no ha habido colaboración militar. La revelación sobre un pacto de silencio para ocultar a quienes quemaron a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana acrecienta la presión para que el Ejército entregue esos archivos y acotar la impunidad.
Veintinueve años después de que una patrulla militar quemara vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, sobreviviendo solo esta última, dos conscriptos que integraban esa patrulla revelaron la identidad del principal autor material de un hecho que conmocionó al país y a la opinión pública internacional.
El Ejército se demoró 17 días en reconocer que militares habían participado en un “accidente”, asumiendo como único error el que el jefe del pelotón, el teniente Pedro Fernández Dittus, no prestó auxilio a las víctimas. Una versión que el Ejército mantiene hasta hoy a pesar de que en esos mismos días de julio de 1986 una investigación interna determinó que el entonces teniente Julio Castañer y otros oficiales habían tenido un rol protagónico en el estremecedor episodio.
Los dos conscriptos que acaban de romper el pacto de silencio que operó hasta ahora –Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas–, revelaron que Castañer fue quien prendió fuego a los dos jóvenes y que se les ordenó encubrirlo. Sus testimonios coinciden con la declaración que desde el primer minuto entregó Carmen Gloria Quintana: que fueron quemados deliberadamente y que uno de los autores fue Castañer.
Estos son los datos que debieron estar en la investigación interna que hizo el Ejército en la época y que Carmen Gloria Quintana ha pedido una y otra vez sin respuesta.
¿Dónde está la investigación del Ejército sobre este macabro episodio? Hasta hoy no hay rastro ni de ese documento ni de ninguno de los archivos que contienen el registro de las operaciones secretas de los organismos de seguridad durante la dictadura. Y hay pruebas de su existencia. Primero, de los registros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego de la Central Nacional de Informaciones (CNI), a los que suman los de la propia Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Miles de documentos que contenían tanto el detalle de los seguimientos a los opositores al régimen, como de las operaciones criminales para eliminarlos.
Estos archivos han sido durante años objeto de una intensa búsqueda y de requerimientos oficiales al Ejército. Así ocurrió durante el juicio en Chile por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires (1974), y más recientemente en la investigación por el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva (1982), reabierta en mayo pasado.
A pesar de que el ministro en visita Alejandro Madrid ha obtenido reveladores testimonios de integrantes de los servicios secretos de la dictadura que dan cuenta de la existencia de esos archivos, el Ejército nuevamente ha negado tenerlos.
El equipo con el que trabajó Madrid logró reconstituir cómo los organismos de seguridad registraron los seguimientos que se hicieron a cada paso de Frei Montalva en sus tres últimos años de vida, lo que incluye interceptaciones de sus llamadas telefónicas, hasta culminar con su muerte en la Clínica Santa María.
A ellos se suman otros testimonios recogidos en ese mismo proceso sobre los registros que se iban guardando en dependencias de la CNI y que luego pasaron a la DINE, documentación que aún estaba bajo custodia hasta bien avanzada la democracia en dependencias del Ejército.
Las últimas revelaciones de los dos conscriptos sobre la verdad de lo ocurrido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, confirman que el Ejército ha ocultado deliberadamente información que podría haber dilucidado cientos de juicios sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Y lo sigue haciendo.
“La importancia de las declaraciones de los conscriptos es que devela que al interior del Ejército existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira en todos los casos de derechos humanos“, denunció Carmen Gloria Quintana en Tolerancia Cero.
ARCHIVOS INCINERADOS EN DEMOCRACIA
En enero de este año, el ministro Alejandro Madrid recibió un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI que recoge los testimonios de ex agentes que trabajaron con esos archivos. La pista más reciente es la que entrega Raúl Luis Otárola López, suboficial (R) del Ejército y ex integrante de la DINA y luego de la CNI:
“Recuerdo que el año 2005 bajé al referido subterráneo (de la DINE) a dejar documentos microfilmados, donde existen repisas metálicas donde están los rollos de celuloide soportados por cartridges, ordenados por códigos y números”.
La ruta de los archivos es fácil de seguir a partir de la trayectoria de Otárola López, quien empezó a trabajar en la sección “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976. En esa época, la unidad funcionaba en el Cuartel Belgrado de la DINA, el cuartel desde donde operaba el director del organismo de inteligencia, Manuel Contreras. Al año siguiente, la DINA sería reemplazada por la CNI, con lo cual los funcionarios del archivo se mudarían a las dependencias del nuevo organismo, en calle República con Toesca.
Ahí Otárola se desempeñó en la sección “Microfilm”, donde se enteró de que Manuel Contreras, el ex director de la DINA, se había llevado los rollos correspondientes al asesinato de Orlando Letelier en Washington, por el que fue condenado años más tarde. Su testimonio desmiente la versión que ha entregado el Ejército hasta ahora: que Contreras se llevó todos los archivos de la DINA a un paradero desconocido, no dejando nada en sus cuarteles.
Con el regreso a la democracia y la disolución de la CNI, los archivos tuvieron una nueva mudanza, esta vez a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), ubicada en el número 129 del Paseo Bulnes. En el subterráneo de ese edificio, declaró Raúl Otárola, se habilitó una bodega especial para guardar los microfilms de la CNI. Ese fue el lugar que dijo haber visitado el año 2005, cuando seguían almacenados los cartridges con información.
La ruta seguida por Otárola coincide con la que revelaron otros ex agentes, como la actriz y profesora de danza María Ximena del Rosario Galleguillos Aracena, quien ingresó a la sección de “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976, pasó a Microfilms en el Cuartel Belgrado, y de ahí a la CNI en República con Toesca:
“Mi función consistía en operar una máquina microfilmadora, donde se respaldaban y reducían los archivos físicos al formato celuloide, quedando contenidas en un cartridge donde podía almacenarse un gran número de documentos. Nuestra labor debía ser realizada en forma rápida, por tanto no era necesario interiorizarse de su contenido. Una vez efectuada la microfilmación, realizábamos el revelado, para lo cual fuimos capacitados por la empresa Kodak”, relató Galleguillos.
Esos microfilms sobrevivieron al menos una década en el subterráneo de la DINE. Según declaró Otárola, algunos rollos fueron incinerados en un horno de la Escuela de Inteligencia de Nos, para lo cual se levantó un acta del proceso que fue supervisado por la mayor Mercedes Rojas Kuschevich –quien estaba a cargo del archivo subterráneo– y por otra oficial cuyo nombre dijo haber olvidado.
Solo en este punto, el relato de Otárola se contradice con el de la teniente coronel (R) Rojas Kuschevich, quien aseguró a los detectives que todos los archivos de la CNI fueron quemados y que no se dejó registro de la incineración. Según el relato de Rojas, en 1989 fue destinada a la DINE, específicamente al Departamento II de Contrainteligencia:
“Entre 1991 y 1992 la información de la CNI, microfilmada en rollos de celuloide, fue entregada al Departamento II para su custodia, pasando a depender por consiguiente de nuestra sección. No podría precisar cuántos rollos eran, pero sí recuerdo que se almacenaron en la bóveda situada en el subterráneo del inmueble ubicado en calle República con Toesca. Con posterioridad a esa época, las instalaciones de la DINE fueron trasladadas hasta calle Bulnes Nº 129, siendo ubicada la bóveda que contenía los archivos de microfilmación en el subterráneo del referido cuartel”.
La teniente coronel (R) Rojas Kuschevich reveló un importante antecedente hasta ahora desconocido sobre el uso que le dio el Ejército a esos archivos en los años 90:
“Recuerdo que en el periodo en el cual se encontraba a cargo de la DINE el general Eduardo Jara Hallad (Jara asume esa dirección en 1996), ya ubicados en Bulnes, recibimos la orden de revisar los microfilms de la CNI, con la finalidad de ver su contenido y advertir si existía información referente a las violaciones a los derechos humanos”.
Según la misma teniente coronel, la documentación –que incluía oficios– estaba clasificada por materia, mencionando categorías como “embajadas”, “discursos de opositores”, “informaciones de prensa referida al gobierno militar”, “transcripciones de radio” y consultas efectuadas a la CNI por otras instituciones sobre antecedentes de personas.
Ante los detectives que la interrogaron, Rojas aseguró que no encontró información referente “a política, opositores o investigaciones de personas, tampoco respecto de labores operativas”, por lo que informó a sus superiores que no había nada relacionado con derechos humanos.
Sus dichos se contradicen con lo declarado por Raúl Otárola, quien afirmó haber elaborado fichas de opositores al régimen, incluyendo personas que estuvieron en campos de detención, para ese mismo archivo. A eso se suma una declaración del ex agente de la CNI George Frederic Styles Osorio, quien sostuvo que en la sección “Archivo y Kárdex” se “confeccionaban las fichas de cada persona en base a los informes que eran derivados desde la brigadas operativas”.
La última parte de la declaración de la teniente coronel Mercedes Rojas es la más polémica:
“Luego de esta revisión, entre 1999 y 2000 recibí la orden por parte del general Jara Hallad de incinerar estos archivos de microfilmación, ya que sólo ocupaban espacio. Por tanto di cumplimiento a esta instrucción en compañía del suboficial mayor Luis Zúñiga Celis y el cabo Osvaldo Ramírez Lazcano, concurriendo hasta dependencias de la Escuela de Inteligencia de Nos, donde los quemamos en un horno. Hago presente que no se levantó acta de este procedimiento por tratarse de archivos civiles y no militares”.
Si bien Rojas relató el episodio de la quema de esos archivos de la CNI en Nos, también agregó que los archivos correspondientes a la DINE permanecieron en custodia en las dependencias de calle Bulnes, al menos hasta su retiro en 2005.
El archivo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), añadió Rojas, siempre se manejó de forma separada.
Si Rojas afirma que los archivos de la CNI se incineraron entre 1999 y 2000, la declaración de Ramírez Lazcano sitúa la quema entre el año 2000 y el 2002, y agrega un dato: se destruyeron entre 40 y 50 rollos de microfilm. El testimonio de Ramírez Lazcano fue recogido recién en junio pasado y tiene especial relevancia, pues es un suboficial en servicio activo en Contrainteligencia de la DINE.
Quienes han tenido acceso reciente al expediente del juicio por el asesinato de Frei Montalva, cruzan este dato con el entregado por el oficial de Ejército Ricardo Yáñez Mora –segundo hombre de la División de Informática de la CNI, según Otárola, a cargo de la sección de “Microfilm”–, quien declaró que en cada cartridge cabían alrededor de 5 mil documentos microfilmados. Así, en total serían entre 200 mil y 250 mil los documentos de la CNI incinerados por el Ejército en democracia.
FECHAS CLAVE PARA LAS INVESTIGACIONES DE DD.HH.
Los márgenes de fechas señalados por Rojas y Ramírez sitúan la incineración entre 1999 y 2002, periodo en que ocurrieron al menos tres hechos relevantes. Entre octubre de 1998 y marzo de 2000, Augusto Pinochet estaba preso en Londres y tanto el gobierno chileno de la época como el Ejército aseguraban que debía volver al país para ser juzgado.
Los archivos de la CNI podrían haber sido un insumo clave para dichas investigaciones, algunas de las cuales siguen abiertas hasta hoy.
En diciembre de 1999, además, asumió como director de la DINE el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del que fuera jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, condenado en Argentina como autor del asesinato del general Prats. Durante la gestión de Roberto Arancibia al mando de la DINE, fue procesado el subdirector del organismo, Fernán González Fernández, por obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez.
En ese momento, el ministro Sergio Muñoz (actual presidente de la Corte Suprema) acusó a Arancibia Clavel de nombrar oficiales de enlace con los procesados por los crímenes de la dictadura antes de que declararan. En ese operativo, Fernán González habría presionado a Carlos Herrera Jiménez para que no confesara el crimen del ex presidente de la ANEF.
Tras toda una carrera ligada a inteligencia militar, Fernán González pasó ese año a retiro, pero fue recontratado por Arancibia inmediatamente como analista de la dirección de la DINE. La teniente coronel Mercedes Rojas cree que González era el jefe del Departamento II de Contrainteligencia cuando se le ordenó revisar los microfilms de la CNI en búsqueda de información sobre violaciones a los derechos humanos, mientras que Ramírez Lazcano dice estar seguro de que era el jefe cuando se realizó la incineración.
El tercer hito relevante del periodo es que a mediados del año 2000 se implementó la llamada Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos. En esa instancia, las Fuerzas Armadas y de Orden de comprometieron oficialmente a recabar información que permitiera determinar el destino de cientos de detenidos desaparecidos. Pese a las altas expectativas iniciales, parte de la información entregada resultó falsa o fue ocultada. No se supo entonces que paralelamente el Ejército estaba incinerando archivos, sin dejar rastro del contenido de los documentos que se destruyeron.
En su informe al ministro Alejandro Madrid, la PDI destaca que el decreto que crea la CNI establece que era un “organismo militar especializado”, por lo tanto, a diferencia de lo que declaró la teniente coronel Rojas, se trataba de documentos militares y no civiles, lo que exigía un acta de incineración.
Los policías también reparan en la contradicción de la teniente coronel Rojas respecto al contenido de los documentos, pues primero dijo que había información sobre discursos de opositores y consultas realizadas a la CNI sobre personas, pero luego aseguró que no había antecedentes sobre política u opositores.
Las declaraciones policiales de Otárola y Rojas son muy recientes: tuvieron lugar en los años 2013 y 2014, respectivamente. A ambos les preguntaron si tenían antecedentes de una visita del brigadier (R) Pedro Espinoza –ex subdirector de la DINA, condenado entre otros crímenes por el asesinato del general Prats y de Orlando Letelier– al archivo de la DINE después de su retiro. Ambos negaron tener información al respecto.
La pregunta sobre Espinoza tiene su origen en un hecho ocurrido en 2007 y nunca dilucidado: ese año, Pedro Espinoza entregó un documento al ministro Alejandro Solís que fue clave para resolver el asesinato el general Prats, el que, según dijo, había obtenido el año 2004 desde los archivos de la DINE en calle Bulnes.
El documento, fechado en 1974, estaba firmado por el entonces capitán Juan Morales Salgado, oficial de la DINA, y dirigido al general Manuel Contreras. En él, detallaba los movimientos de Prats y su esposa en Buenos Aires, donde serían asesinados posteriormente.
En ese momento, el Ejército negó tener archivos referentes a la DINA o a la CNI y el entonces comandante en jefe Óscar Izurieta dijo que Espinoza “o se confundió o falta a la verdad”. El 12 de julio de 2007, el ministro Solís llegó hasta Bulnes N°129, donde fue recibido por el jefe de la DINE, general Ricardo Ortega, para revisar los archivos. Como era esperable, no encontró nada.
Los militares fueron cuidadosos en eliminar las huellas de los crímenes cometidos durante la dictadura. Los documentos que han sobrevivido a las incineraciones han llegado a manos de los jueces porque habían sido obtenidos por abogados de derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad, periodistas o incluso algunos altos mando que los conservaron para resguardarse, como el propio Manuel Contreras. Pero hubo descuidos, como los archivos de la DINA encontrados en el ex centro de tortura de Londres 38, hallados en 2005 durante la remodelación del lugar.
La gran duda hoy es cuántos de esos archivos existen aún. En el caso de los jóvenes quemados, Carmen Gloria Quintana ha demandado por años la colaboración del Ejército y específicamente la entrega de los documentos de la investigación interna que se realizó en 1986. Los hechos han confirmado que no ha existido voluntad de colaborar con la justicia, sino de ocultar la información disponible.
La primera indagación, a cargo de un ministro civil que se declaró muy pronto incompetente traspasando el proceso a la Justicia Militar, fue casi inexistente. Y lo que entregó fue un juicio en que no había homicidio sino un “accidente”. Como era previsible, esa verdad oficial del Ejército fue ratificada por la Justicia Militar. Por eso Pedro Fernández Dittus fue condenado sólo por cuasi delito de homicidio. El Ejército incluso lo premió ascendiéndolo a capitán.
El pacto de silencio, que debió haber contado con la anuencia del entonces vicecomandante en jefe del Ejército, general Santiago Sinclair, protegió a Julio Castañer, quien es apuntado por dos conscriptos como el que encendió el fuego para quemar a Quintana y Rojas, previamente rociados con bencina. En ese momento, Castañer era el jefe de la unidad de inteligencia del Regimiento Libertadores, el mismo al que pertenecían todos los uniformados que participaron en esa operación.
Pese a ello, Castañer siguió activo en el Ejército hasta 2005 y tras su retiro fue contratado como asesor de la Quinta División en Punta Arenas. Ahí estaba la semana pasada, antes de que el juez Mario Carroza lo procesara como uno de los autores del homicidio calificado de Rodrigo Rojas y del homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Esta semana el gobierno ha vuelto a reiterarle al Ejército que entregue la documentación que mantiene bajo custodia sobre los crímenes cometidos en dictadura. A la luz de las revelaciones que emergen del juicio por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, proceso que aún está abierto, una nueva negativa del Ejército sería un nuevo acto de obstrucción a la justicia y una burla a su subordinación al poder civil y democrático.
Fuente: CIPER Chile
http://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-ejercito-guardo-archivos-secretos-de-la-dictadura/
http://www.diarioreddigital.cl/ddhh/6670-testimonios-acreditan-que-el-ej%C3%A9rcito-ocult%C3%B3-e-inciner%C3%B3-archivos-secretos-de-la-dictadura.html
Veintinueve años después de que una patrulla militar quemara vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, sobreviviendo solo esta última, dos conscriptos que integraban esa patrulla revelaron la identidad del principal autor material de un hecho que conmocionó al país y a la opinión pública internacional.
El Ejército se demoró 17 días en reconocer que militares habían participado en un “accidente”, asumiendo como único error el que el jefe del pelotón, el teniente Pedro Fernández Dittus, no prestó auxilio a las víctimas. Una versión que el Ejército mantiene hasta hoy a pesar de que en esos mismos días de julio de 1986 una investigación interna determinó que el entonces teniente Julio Castañer y otros oficiales habían tenido un rol protagónico en el estremecedor episodio.
Los dos conscriptos que acaban de romper el pacto de silencio que operó hasta ahora –Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas–, revelaron que Castañer fue quien prendió fuego a los dos jóvenes y que se les ordenó encubrirlo. Sus testimonios coinciden con la declaración que desde el primer minuto entregó Carmen Gloria Quintana: que fueron quemados deliberadamente y que uno de los autores fue Castañer.
Estos son los datos que debieron estar en la investigación interna que hizo el Ejército en la época y que Carmen Gloria Quintana ha pedido una y otra vez sin respuesta.
¿Dónde está la investigación del Ejército sobre este macabro episodio? Hasta hoy no hay rastro ni de ese documento ni de ninguno de los archivos que contienen el registro de las operaciones secretas de los organismos de seguridad durante la dictadura. Y hay pruebas de su existencia. Primero, de los registros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego de la Central Nacional de Informaciones (CNI), a los que suman los de la propia Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Miles de documentos que contenían tanto el detalle de los seguimientos a los opositores al régimen, como de las operaciones criminales para eliminarlos.
Estos archivos han sido durante años objeto de una intensa búsqueda y de requerimientos oficiales al Ejército. Así ocurrió durante el juicio en Chile por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires (1974), y más recientemente en la investigación por el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva (1982), reabierta en mayo pasado.
A pesar de que el ministro en visita Alejandro Madrid ha obtenido reveladores testimonios de integrantes de los servicios secretos de la dictadura que dan cuenta de la existencia de esos archivos, el Ejército nuevamente ha negado tenerlos.
El equipo con el que trabajó Madrid logró reconstituir cómo los organismos de seguridad registraron los seguimientos que se hicieron a cada paso de Frei Montalva en sus tres últimos años de vida, lo que incluye interceptaciones de sus llamadas telefónicas, hasta culminar con su muerte en la Clínica Santa María.
A ellos se suman otros testimonios recogidos en ese mismo proceso sobre los registros que se iban guardando en dependencias de la CNI y que luego pasaron a la DINE, documentación que aún estaba bajo custodia hasta bien avanzada la democracia en dependencias del Ejército.
Las últimas revelaciones de los dos conscriptos sobre la verdad de lo ocurrido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, confirman que el Ejército ha ocultado deliberadamente información que podría haber dilucidado cientos de juicios sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Y lo sigue haciendo.
“La importancia de las declaraciones de los conscriptos es que devela que al interior del Ejército existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira en todos los casos de derechos humanos“, denunció Carmen Gloria Quintana en Tolerancia Cero.
ARCHIVOS INCINERADOS EN DEMOCRACIA
En enero de este año, el ministro Alejandro Madrid recibió un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI que recoge los testimonios de ex agentes que trabajaron con esos archivos. La pista más reciente es la que entrega Raúl Luis Otárola López, suboficial (R) del Ejército y ex integrante de la DINA y luego de la CNI:
“Recuerdo que el año 2005 bajé al referido subterráneo (de la DINE) a dejar documentos microfilmados, donde existen repisas metálicas donde están los rollos de celuloide soportados por cartridges, ordenados por códigos y números”.
La ruta de los archivos es fácil de seguir a partir de la trayectoria de Otárola López, quien empezó a trabajar en la sección “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976. En esa época, la unidad funcionaba en el Cuartel Belgrado de la DINA, el cuartel desde donde operaba el director del organismo de inteligencia, Manuel Contreras. Al año siguiente, la DINA sería reemplazada por la CNI, con lo cual los funcionarios del archivo se mudarían a las dependencias del nuevo organismo, en calle República con Toesca.
Ahí Otárola se desempeñó en la sección “Microfilm”, donde se enteró de que Manuel Contreras, el ex director de la DINA, se había llevado los rollos correspondientes al asesinato de Orlando Letelier en Washington, por el que fue condenado años más tarde. Su testimonio desmiente la versión que ha entregado el Ejército hasta ahora: que Contreras se llevó todos los archivos de la DINA a un paradero desconocido, no dejando nada en sus cuarteles.
Con el regreso a la democracia y la disolución de la CNI, los archivos tuvieron una nueva mudanza, esta vez a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), ubicada en el número 129 del Paseo Bulnes. En el subterráneo de ese edificio, declaró Raúl Otárola, se habilitó una bodega especial para guardar los microfilms de la CNI. Ese fue el lugar que dijo haber visitado el año 2005, cuando seguían almacenados los cartridges con información.
La ruta seguida por Otárola coincide con la que revelaron otros ex agentes, como la actriz y profesora de danza María Ximena del Rosario Galleguillos Aracena, quien ingresó a la sección de “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976, pasó a Microfilms en el Cuartel Belgrado, y de ahí a la CNI en República con Toesca:
“Mi función consistía en operar una máquina microfilmadora, donde se respaldaban y reducían los archivos físicos al formato celuloide, quedando contenidas en un cartridge donde podía almacenarse un gran número de documentos. Nuestra labor debía ser realizada en forma rápida, por tanto no era necesario interiorizarse de su contenido. Una vez efectuada la microfilmación, realizábamos el revelado, para lo cual fuimos capacitados por la empresa Kodak”, relató Galleguillos.
Esos microfilms sobrevivieron al menos una década en el subterráneo de la DINE. Según declaró Otárola, algunos rollos fueron incinerados en un horno de la Escuela de Inteligencia de Nos, para lo cual se levantó un acta del proceso que fue supervisado por la mayor Mercedes Rojas Kuschevich –quien estaba a cargo del archivo subterráneo– y por otra oficial cuyo nombre dijo haber olvidado.
Solo en este punto, el relato de Otárola se contradice con el de la teniente coronel (R) Rojas Kuschevich, quien aseguró a los detectives que todos los archivos de la CNI fueron quemados y que no se dejó registro de la incineración. Según el relato de Rojas, en 1989 fue destinada a la DINE, específicamente al Departamento II de Contrainteligencia:
“Entre 1991 y 1992 la información de la CNI, microfilmada en rollos de celuloide, fue entregada al Departamento II para su custodia, pasando a depender por consiguiente de nuestra sección. No podría precisar cuántos rollos eran, pero sí recuerdo que se almacenaron en la bóveda situada en el subterráneo del inmueble ubicado en calle República con Toesca. Con posterioridad a esa época, las instalaciones de la DINE fueron trasladadas hasta calle Bulnes Nº 129, siendo ubicada la bóveda que contenía los archivos de microfilmación en el subterráneo del referido cuartel”.
La teniente coronel (R) Rojas Kuschevich reveló un importante antecedente hasta ahora desconocido sobre el uso que le dio el Ejército a esos archivos en los años 90:
“Recuerdo que en el periodo en el cual se encontraba a cargo de la DINE el general Eduardo Jara Hallad (Jara asume esa dirección en 1996), ya ubicados en Bulnes, recibimos la orden de revisar los microfilms de la CNI, con la finalidad de ver su contenido y advertir si existía información referente a las violaciones a los derechos humanos”.
Según la misma teniente coronel, la documentación –que incluía oficios– estaba clasificada por materia, mencionando categorías como “embajadas”, “discursos de opositores”, “informaciones de prensa referida al gobierno militar”, “transcripciones de radio” y consultas efectuadas a la CNI por otras instituciones sobre antecedentes de personas.
Ante los detectives que la interrogaron, Rojas aseguró que no encontró información referente “a política, opositores o investigaciones de personas, tampoco respecto de labores operativas”, por lo que informó a sus superiores que no había nada relacionado con derechos humanos.
Sus dichos se contradicen con lo declarado por Raúl Otárola, quien afirmó haber elaborado fichas de opositores al régimen, incluyendo personas que estuvieron en campos de detención, para ese mismo archivo. A eso se suma una declaración del ex agente de la CNI George Frederic Styles Osorio, quien sostuvo que en la sección “Archivo y Kárdex” se “confeccionaban las fichas de cada persona en base a los informes que eran derivados desde la brigadas operativas”.
La última parte de la declaración de la teniente coronel Mercedes Rojas es la más polémica:
“Luego de esta revisión, entre 1999 y 2000 recibí la orden por parte del general Jara Hallad de incinerar estos archivos de microfilmación, ya que sólo ocupaban espacio. Por tanto di cumplimiento a esta instrucción en compañía del suboficial mayor Luis Zúñiga Celis y el cabo Osvaldo Ramírez Lazcano, concurriendo hasta dependencias de la Escuela de Inteligencia de Nos, donde los quemamos en un horno. Hago presente que no se levantó acta de este procedimiento por tratarse de archivos civiles y no militares”.
Si bien Rojas relató el episodio de la quema de esos archivos de la CNI en Nos, también agregó que los archivos correspondientes a la DINE permanecieron en custodia en las dependencias de calle Bulnes, al menos hasta su retiro en 2005.
El archivo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), añadió Rojas, siempre se manejó de forma separada.
Si Rojas afirma que los archivos de la CNI se incineraron entre 1999 y 2000, la declaración de Ramírez Lazcano sitúa la quema entre el año 2000 y el 2002, y agrega un dato: se destruyeron entre 40 y 50 rollos de microfilm. El testimonio de Ramírez Lazcano fue recogido recién en junio pasado y tiene especial relevancia, pues es un suboficial en servicio activo en Contrainteligencia de la DINE.
Quienes han tenido acceso reciente al expediente del juicio por el asesinato de Frei Montalva, cruzan este dato con el entregado por el oficial de Ejército Ricardo Yáñez Mora –segundo hombre de la División de Informática de la CNI, según Otárola, a cargo de la sección de “Microfilm”–, quien declaró que en cada cartridge cabían alrededor de 5 mil documentos microfilmados. Así, en total serían entre 200 mil y 250 mil los documentos de la CNI incinerados por el Ejército en democracia.
FECHAS CLAVE PARA LAS INVESTIGACIONES DE DD.HH.
Los márgenes de fechas señalados por Rojas y Ramírez sitúan la incineración entre 1999 y 2002, periodo en que ocurrieron al menos tres hechos relevantes. Entre octubre de 1998 y marzo de 2000, Augusto Pinochet estaba preso en Londres y tanto el gobierno chileno de la época como el Ejército aseguraban que debía volver al país para ser juzgado.
Los archivos de la CNI podrían haber sido un insumo clave para dichas investigaciones, algunas de las cuales siguen abiertas hasta hoy.
En diciembre de 1999, además, asumió como director de la DINE el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del que fuera jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, condenado en Argentina como autor del asesinato del general Prats. Durante la gestión de Roberto Arancibia al mando de la DINE, fue procesado el subdirector del organismo, Fernán González Fernández, por obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez.
En ese momento, el ministro Sergio Muñoz (actual presidente de la Corte Suprema) acusó a Arancibia Clavel de nombrar oficiales de enlace con los procesados por los crímenes de la dictadura antes de que declararan. En ese operativo, Fernán González habría presionado a Carlos Herrera Jiménez para que no confesara el crimen del ex presidente de la ANEF.
Tras toda una carrera ligada a inteligencia militar, Fernán González pasó ese año a retiro, pero fue recontratado por Arancibia inmediatamente como analista de la dirección de la DINE. La teniente coronel Mercedes Rojas cree que González era el jefe del Departamento II de Contrainteligencia cuando se le ordenó revisar los microfilms de la CNI en búsqueda de información sobre violaciones a los derechos humanos, mientras que Ramírez Lazcano dice estar seguro de que era el jefe cuando se realizó la incineración.
El tercer hito relevante del periodo es que a mediados del año 2000 se implementó la llamada Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos. En esa instancia, las Fuerzas Armadas y de Orden de comprometieron oficialmente a recabar información que permitiera determinar el destino de cientos de detenidos desaparecidos. Pese a las altas expectativas iniciales, parte de la información entregada resultó falsa o fue ocultada. No se supo entonces que paralelamente el Ejército estaba incinerando archivos, sin dejar rastro del contenido de los documentos que se destruyeron.
En su informe al ministro Alejandro Madrid, la PDI destaca que el decreto que crea la CNI establece que era un “organismo militar especializado”, por lo tanto, a diferencia de lo que declaró la teniente coronel Rojas, se trataba de documentos militares y no civiles, lo que exigía un acta de incineración.
Los policías también reparan en la contradicción de la teniente coronel Rojas respecto al contenido de los documentos, pues primero dijo que había información sobre discursos de opositores y consultas realizadas a la CNI sobre personas, pero luego aseguró que no había antecedentes sobre política u opositores.
Las declaraciones policiales de Otárola y Rojas son muy recientes: tuvieron lugar en los años 2013 y 2014, respectivamente. A ambos les preguntaron si tenían antecedentes de una visita del brigadier (R) Pedro Espinoza –ex subdirector de la DINA, condenado entre otros crímenes por el asesinato del general Prats y de Orlando Letelier– al archivo de la DINE después de su retiro. Ambos negaron tener información al respecto.
La pregunta sobre Espinoza tiene su origen en un hecho ocurrido en 2007 y nunca dilucidado: ese año, Pedro Espinoza entregó un documento al ministro Alejandro Solís que fue clave para resolver el asesinato el general Prats, el que, según dijo, había obtenido el año 2004 desde los archivos de la DINE en calle Bulnes.
El documento, fechado en 1974, estaba firmado por el entonces capitán Juan Morales Salgado, oficial de la DINA, y dirigido al general Manuel Contreras. En él, detallaba los movimientos de Prats y su esposa en Buenos Aires, donde serían asesinados posteriormente.
En ese momento, el Ejército negó tener archivos referentes a la DINA o a la CNI y el entonces comandante en jefe Óscar Izurieta dijo que Espinoza “o se confundió o falta a la verdad”. El 12 de julio de 2007, el ministro Solís llegó hasta Bulnes N°129, donde fue recibido por el jefe de la DINE, general Ricardo Ortega, para revisar los archivos. Como era esperable, no encontró nada.
Los militares fueron cuidadosos en eliminar las huellas de los crímenes cometidos durante la dictadura. Los documentos que han sobrevivido a las incineraciones han llegado a manos de los jueces porque habían sido obtenidos por abogados de derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad, periodistas o incluso algunos altos mando que los conservaron para resguardarse, como el propio Manuel Contreras. Pero hubo descuidos, como los archivos de la DINA encontrados en el ex centro de tortura de Londres 38, hallados en 2005 durante la remodelación del lugar.
La gran duda hoy es cuántos de esos archivos existen aún. En el caso de los jóvenes quemados, Carmen Gloria Quintana ha demandado por años la colaboración del Ejército y específicamente la entrega de los documentos de la investigación interna que se realizó en 1986. Los hechos han confirmado que no ha existido voluntad de colaborar con la justicia, sino de ocultar la información disponible.
La primera indagación, a cargo de un ministro civil que se declaró muy pronto incompetente traspasando el proceso a la Justicia Militar, fue casi inexistente. Y lo que entregó fue un juicio en que no había homicidio sino un “accidente”. Como era previsible, esa verdad oficial del Ejército fue ratificada por la Justicia Militar. Por eso Pedro Fernández Dittus fue condenado sólo por cuasi delito de homicidio. El Ejército incluso lo premió ascendiéndolo a capitán.
El pacto de silencio, que debió haber contado con la anuencia del entonces vicecomandante en jefe del Ejército, general Santiago Sinclair, protegió a Julio Castañer, quien es apuntado por dos conscriptos como el que encendió el fuego para quemar a Quintana y Rojas, previamente rociados con bencina. En ese momento, Castañer era el jefe de la unidad de inteligencia del Regimiento Libertadores, el mismo al que pertenecían todos los uniformados que participaron en esa operación.
Pese a ello, Castañer siguió activo en el Ejército hasta 2005 y tras su retiro fue contratado como asesor de la Quinta División en Punta Arenas. Ahí estaba la semana pasada, antes de que el juez Mario Carroza lo procesara como uno de los autores del homicidio calificado de Rodrigo Rojas y del homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Esta semana el gobierno ha vuelto a reiterarle al Ejército que entregue la documentación que mantiene bajo custodia sobre los crímenes cometidos en dictadura. A la luz de las revelaciones que emergen del juicio por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, proceso que aún está abierto, una nueva negativa del Ejército sería un nuevo acto de obstrucción a la justicia y una burla a su subordinación al poder civil y democrático.
Fuente: CIPER Chile
http://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-ejercito-guardo-archivos-secretos-de-la-dictadura/
http://www.diarioreddigital.cl/ddhh/6670-testimonios-acreditan-que-el-ej%C3%A9rcito-ocult%C3%B3-e-inciner%C3%B3-archivos-secretos-de-la-dictadura.html
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