La última edición de la revista Forbes situó al presidente Sebastián Piñera en el undécimo lugar entre los millonarios del país y 589 del mundo. De acuerdo a la publicación, la fortuna del mandatario creció en 100 millones de dólares el último año, al alcanzar una cifra estimada en dos mil 500 millones de dólares. A esto se suma que Piñera es considerado dentro de las 50 personas más poderosas del planeta.
Entre las posesiones asociadas al mandatario y su familia, figuran un departamento en la avenida El Golf, casas en San Damián, Cachagua y los lagos Caburga y Ranco. Además en su declaración de patrimonio da cuenta de participación en cuatro fondos de inversión extranjeros, lo que le permite tener presencia en empresas multinacionales de todo el mundo, además de sus negocios en el país.
A juicio de investigadores en el tema, el hecho que el presidente sea un empresario, es muestra de la estrecha vinculación que en nuestro país existe entre los grandes grupos económicos y la derecha política. Se trata de verdaderas redes en torno a amistades y la misma ideología política.
El riesgo quedó en evidencia desde la campaña presidencial pasada, al desatarse los conflictos de interés del mandatario y de sus cercanos colaboradores, muchos de ellos también millonarios o relacionados íntimamente con los grupos económicos, todo lo cual se acentuó una vez que llegaron al poder.
El origen del vínculo
"En Chile y en el mundo, siempre la derecha económica ha estado ligada a la política", afirmó el analista político Genaro Arriagada, quien consideró como "anecdótico que esto ocurra en la izquierda, como por ejemplo sucedió con Federico Engel, socio de Carlos Marx e hijo de millonarios, que fue un caso muy excepcional."
Quien constató muy bien esto, es la premio nacional de periodismo 2009 María Olivia Mönckeberg en su libro "El Saqueo de los Grupos Económicos".
Considera que esto es parte de un "proceso casi natural que tiene que ver con quienes fueron los diseñadores del sistema". Porque la dictadura impuso un modelo que se caracteriza por incentivar la concentración en grupos económicos, que están presentes en todo ámbito del quehacer nacional, muchas veces con "intereses entrelazados fuerte¬mente".
En conversación con Cambio21, la periodista explicó que el periodo de Pinochet fue el caldo de cultivo para los millonarios de la derecha, que se aprovecharon de las privatizaciones impulsadas por ese gobierno. Como ejemplo citó el caso del grupo Penta, que no existía en la década del 70: "Juan Hurtado Vicuña, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín eran empleados del grupo Cruzat y surgieron tras la crisis de 1982, que hizo reventar los grupos económicos".
"Ellos se aprovecharon y profitaron de la segunda ola privatizadora y fueron la base para la generación del grupo Penta, que hace unos meses vendió Cuprum, después fueron dueños de Vida Tres y más tarde se asociaron con Eduardo Fernández León y son dueños de Banmédica y de las clínicas Santa María y Dávila. Fernández León es supernumerario del Opus Dei y principal benefac¬tor de la universidad de Los Andes", detalló.
Enfatizó en que "mientras más se ahonda en el tema, más se percibe que la gran mayoría de los grupos económicos están ligados a la derecha". Recordó que durante su investigación determinó muchos lazos de este tipo y que actualmente "hay personas que tienen mucha influencia en el gobierno, que a la vez están vinculadas a los grupos económicos".
En las representaciones políticas, reconoce, "hay empresarios muy poderosos, pero en general en el parlamento están más al servicio de las ideas de derecha y conectados con grupos económicos, que ser ellos mismos grupos económicos".
Los conflictos de interés.
A juicio de la investigadora, "en el gobierno ha habido muchos directivos que provienen del mun¬do privado y uno de los grandes problemas que tiene su gobierno es que ellos no conocen la gestión pública".
Dijo que a lo largo de estos tres años "han demostrado que no tienen sentido de lo público y que en cambio tienen conflictos de intereses en lo privado y lo peor es que cuando llega el problema, no lo quieren afrontar".
Afirmó que este es el "caso de Julio Pereira en el SII, pero si analizamos bien en este gobierno ha sido como un desfile" y calificó muchas de las de¬signaciones de Piñera como "curiosas", entre estas la del canciller Alfredo Moreno y otros de sus cercanos, lo que en parte se explica porque muchos de los amigos de Piñera son empresarios, ya sean dueños, socios o empleados de primer nivel.
Para Genaro Arriagada "no cabe duda que los ricos tiene derecho a participar en política. Seria aberrante lo contrario, pero el dinero en la política tiene que ser regulado, porque o sino el dinero termina mandando más que las ideas".
Explicó que la tendencia internacional es velar por la transparencia. "el problema no es que uno sea rico, el problema es que tiene que inhabilitarse en el caso del conflicto de interés".
Agregó que éstos "son inevitables y no son un delito, pero la falta ética es no transparentarlo y no inhibirse. Eso debería ser sancionado como un delito".
Consideró que eso le falta a la política nacional y que "producto de la oposición de la derecha, nunca ha habido una legislación eficaz que regule el rol del dinero en la política".
Estimó que "están dadas las condiciones para que se legisle al respecto" y destacó que "Chile es el país menos corrupto de Latinoamérica y la clase política es de las más honorables, pero al contrario, la legislación sobre dinero y política es una de las más pobres y más insuficientes que yo conozco, dado el nivel de desarrollo del país", dice Arriagada.
Ad portas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, explicó que en el caso de las campañas se debe normar el financiamiento "que no puede ser algo secreto, sino público y el que oculte la información debe ir preso, sea el tesorero, el candidato o el empresario financista, tal como lo hacen otros países civilizados".
En segundo lugar, señaló que debe haber un límite máximo para el aporte a una campaña, "porque no puede ser que uno diga ‘todos los ciudadanos son iguales para aportar lo que quieran a las campañas', porque con ese criterio un pobre podrá aportar 80 mil pesos y un rico 8 millones de dólares, es por eso que las legislaciones universales establecen un monto máximo y el que viola la ley va preso".
Las redes de la amistocracia
Alfredo Moreno es el más millonario de los ministros de Piñera, con una fortuna de $31.548 millones. El canciller posee acciones en Cruzados SADP, Parque Arauco, Grupo Security, Curauma, Enersis, Club de Polo y Equitación San Cristóbal y fondos mutuos de Banco Penta y Scotia¬bank.
Antes de entrar al gabinete, Moreno no había ejercido cargos públicos, por lo que su nombramiento fue atribuido a su capacidad de negociar en el sector privado y a su cercanía con Piñera. Entre los cargos que ha ejercido destaca la presidencia de la Teletón, la corporación Icare, el holding Falabella.
El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín (UDI) informó poseer el 85% de la propiedad de "Estudios Económicos", sociedad creada en 1988 y que cuenta con un capital de más de $1.106 millones. Poco antes de asumir como ministro de Educación al principio del gobierno, vendió todas sus participaciones en negocios relacionados con el ramo, como las sociedades Desarrollo Educacional La Concepción Ltda., Inversiones Mobiliarias Trinitarias Ltda. e Inmobiliaria Ainavillo S.A.
Por su parte, cuando asumió como ministro de Obras Públicas, el presidenciable UDI. Laurence Golborne, declaró un patrimonio financiero de $1.265 millones. Posee dos fondos mutuos de Celfin Capital y uno de Inversiones Security, títulos financieros de Banco Santander y Grupo Security, y de Marbella Club Resort, además de una propiedad en Las Condes y dos automóviles, uno de ellos marca Audi.
El senador y presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, es el más millonario del parlamento, su fortuna es familiar, ligada al campo y la Bolsa, se estima en más de 500 millones de dólares. Tiene una propiedad en Las Condes, dos sitios en Lo Fontecilla, un departamento en camino Nueva La Parva y un fundo en Quellón. Posee acciones en Salfa Corp, Andina-B, CCU, CMPC, Concha y Toro, Copec, Enersis, Forus, Coloso, Puerto Lirquén y Pasur, por más de 1.500 millones de pesos y fondos mutuos por cerca de 300 millones de pesos, así como también el 31,8 % de la propiedad de Inmobiliaria Peñina S.A. y el 1 % en Inmobiliaria Fontecilla Ltda. Además su esposa Victoria Hurtado tiene un patrimonio personal de 250 millones de dólares.
El cuestionado director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira (RN), acumula más de $216 millones en acciones de grandes empresas, entre estas $48 millones en acciones de Falabella, $39 millones en Ripley y 48 en Endesa, todas empresas catalogadas como grandes contribuyentes por el mismo SII. También tiene acciones en Aguas Andinas, Colbún; Cruzados SADP, Enersis, Gener, Parque Arauco y Sonda. Tiene derechos en las sociedades Rentas Punta Centinela, Inmobiliaria Molino Viejo Ltda., que le arrien¬da los terrenos a Cencosud, y la sociedad Terravalle Ltda.
Gabriel Ruiz Tagle, empresario y militante de la UDI, actual subsecretario de Deportes tiene un patrimonio de US$120 millones. Su negocio más rentable fue la venta del 50% de PISA, que fabrica los productos Favorita, Magiklin y Naturell, por el cual recibió 55 millones de dólares de manos de la empresa sueca SCA y conservó la otra mitad, lo que le genera importantes utilidades. Fue el principal accionista de Blanco y Negro S.A y presidente de su directorio entre 2007 y 2010.
José Yuraszeck tiene una fortuna estimada en 500 millones de dólares, ha estado ligado a la derecha desde sus orígenes como gremialista al lado de Jaime Guzmán, actualmente es miembro de la comisión política de la UDI y sindicado como uno de los principales financistas de las campañas del partido. Su riqueza la consolidó el año 2007, con el escándalo del caso Chispas.
Carlos Alberto Délano (UDI), es dueño de una de las grandes fortunas del país, es considerado uno de los principales financistas de la UDI. Es propietario de uno de los holdings empresariales más importantes del país, Penta, dueño a su vez del grupo Banmédica, la AFP Cuprum, el Banco Penta y el Hotel Miramar. Además de muy cercano a Piñera, ha sido socio de Joaquín Lavín y del canciller Moreno y es el actual presidente del directorio de la Teletón. Conocido como El Choclo, logró su fortuna en la década de los 80.
Una bala mató a Juan Pablo Jiménez Garrido -presidente del Sindicato Nº1 de Azeta y de la Federación de Trabajadores-, al interior de las dependencias de esa empresa contratista de Chilectra. Al día siguiente, el 22 de febrero, el dirigente tenía audiencias en tribunales y en la Dirección del Trabajo para denunciar abusos de la empresa.
