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lunes, 23 de septiembre de 2013

Indemnizan en Chile a la familia de Prats

SANTIAGO, Chile (EFE).- A 38 años de su muerte, el Estado chileno deberá pagar una indemnización de 600 millones de pesos (1,23 millones de dólares) a la familia del ex jefe del ejército chileno Carlos Prats, asesinado por agentes de Augusto Pinochet en 1974 en Buenos Aires, informaron ayer fuentes judiciales.
El fallo es muy importante porque establece que pese al tiempo transcurrido, en delitos de lesa humanidad "no se aplica la prescripción por normativas internas, tratados internacionales o la propia Constitución política", afirmó Luciano Fouilloux, abogado de la familia.
El general Prats, que fue antecesor de Pinochet en el mando del ejército, durante el gobierno de Salvador Allende, murió junto a su esposa, Sofía Cuthbert, al estallar una bomba que había sido colocada bajo su auto en el barrio porteño de Palermo.
El ex jefe militar se había trasladado a Buenos Aires, donde aún existía un gobierno democrático, luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile.
Un año más tarde, el norteamericano Michael Townley, agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA), ingresó al garaje de Prats y colocó un aparato explosivo bajo el auto del general.
Luego se hizo estallar el artefacto por medio de control remoto en el momento en que el ex jefe militar y su esposa subieron al vehículo.
En julio de 2010, en un fallo definitivo, la Corte Suprema de Chile condenó a 17 años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables de la temible DINA, el general retirado Manuel Contreras y el ex brigadier Pedro Espinoza.
Además, el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el ex brigadier José Zara y los coroneles Christoph Willeke y Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día de prisión por los homicidios y 100 días por asociación ilícita.
La escritora Mariana Callejas, que según el expediente judicial fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba, fue condenada a cinco años de prisión, que cumple en régimen de libertad vigilada.

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