La Represión Política en Chile - CAPÍTULO III - DETENIDOS-DESAPARECIDOS (p. 2)

2ª  Parte

Otros antecedentes
En el curso de las acciones legales, tanto recursos de amparo como la instrucción de sumario por presunta desgracia de los ocho desaparecidos, existe un antecedente importante que es 1a declaración de Jorge Zurita Figueroa ante los Tribunales: «... Me vol. vieron al Silva Palma, y en los días lo y 11 de marzo (1975) vi en ese cuartel a Fabián Ibarra Córdova, que usaba bigote grueso blue jeans y camisa blanca. Tenía la celda número 6. María Isabel Gutiérrez está en una celda bajo las nuestras; Ricardo Villa¡ Estaba en la celda número 4; Alfredo Vilches se encontraba abajo, en el lugar antes indicado de María Gutiérrez; Sonia Ríos Pacheco, en la celda número 7, frente a la mía; Alfredo García Vega, en la celda número 8, después lo sacaron y lo llevaron a otro celda; Horacio Carabantes, en la celda número 1, y Carlos Rioseco, en la celda número 2, a mano izquierda de la mía... Yo a las personas que he individualizado las vi vivas por última vez el 11 de marzo de 1975, como a las 11,00 de la mañana. A las 16,00 horas me llevaron a Villa Grimaldi.»
Posteriormente Zurita Figueroa hace ante el notario público don Demetrio Gutiérrez una declaración jurada del siguiente tenor:
»Que durante mi detención en el Cuartel Silva Palma, el mes de marzo, los días l0, 11 y 12 de ese mes pude ver en el momento en que eran llevadas al baño a las siguientes personas: María Isabel Gutiérrez Martínez, Fabián Ibarra Córdova, Abel Vilches Figueroa, Carlos Rioseco, Horacio Carabantes Olivares, Alfredo García Vega, Sonia Ríos Pacheco y Ricardo Villar, todos actualmente desaparecidos y en favor de quienes se encuentra actualmente un proceso pendiente para saber de su paradero...
»Que mientras el proceso al que se hace mención en el punto anterior se encontraba en manos del ministro de visita designado por la Corte de Valparaíso... fui citado a ese Tribunal, siendo llevado desde el Campamento de Puchuncaví hasta el juzgado. Allí declaré lo expresado precedentemente en el punto cuarto de esta declaración jurada...
»Que posteriormente, por incompetencia del tribunal civil ordinario, el proceso pasó al Juzgado Militar de la 11 División del Ejército, el que designó para proseguir la investigación al fiscal de la Fiscalía Militar del Ejército y Carabineros de Valparaíso. Que fui citado por dicho fiscal (Sr. Fuenzalida), al objeto de que ratificara mis anteriores declaraciones emitidas en ese proceso. Concurrí efectivamente a Valparaíso ese día (13), siendo interrogado entre las 17,00 y las 18,00 horas, ocasión en que ratifiqué ante el señor fiscal mis anteriores declaraciones; constancia de ello quedó en el expediente. A continuación me dejó citado para el día siguiente (14 de diciembre de 1977), previa retención de mi cédula de identidad. El día antes mencionado (14 de diciembre de 1977) concurrí a las nueve horas a la mencionada Fiscalía en la plaza frente al puerto (edificio de la Intendencia); hasta esa hora no conocía el motivo de mi citación. Antes de ingresar a la Sala del Fiscal lo hacen dos personas, uno vestido con uniforme de la Marina y otro de civil; posteriormente se me hace ingresar a mí.
»Acto seguido el fiscal me vuelve a consultar si ratifico mis anteriores declaraciones, a lo que afirmé positivamente; en ese instante la persona vestida de civil, que había hecho su ingreso anteriormente, me indica que "no me meta en problemas", iniciándose desde ese instante un verdadero interrogatorio en mi contra, en el que participan las tres personas, el fiscal y las que anteriormente habían ingresado en la sala. Se me empieza a presionar bajo todas las formas para que me desdiga de mis anteriores declaraciones, se me consulta por el motivo que me indujo a prestarlas, que quién estaba detrás de todo ello, qué participación tenía la
Vicaría en mis declaraciones y otras que en este momento no recuerdo, e incluso me llevaron hasta el Cuartel Silva Palma.
»En definitiva, fui obligado a firmar una declaración en la cual reconozco" básicamente los siguientes hechos:
a) Que nunca estuve detenido en el Cuartel Silva Palma; b) Que jamás estuve detenido ni vi a las ocho personas mencionadas en el punto cuarto de esta declaración; c) Que cuando hice mis anteriores declaraciones fui inducido y presionado a hacerlas por dos dirigentes del MIR, Carlos Díaz Cáceres y Hernán Brain Pizarro, y, supuestamente por la Vicaría de la Solidaridad: este último organismo sería el que financiaba mis viajes y me daba dinero para que yo declarara en la forma en que anteriormente lo había hecho; d) Que para poder hacer la anterior declaración, Hernán Brain me había pasado las fotografías de los "ocho" y me había dado sus nombres para que yo me los aprendiera de memoria; igual cosa habría hecho el abogado Guillermo Lowley antes de prestar declaración el día 13 de diciembre de este año de 1977; e) Que la Vicaría me presionó para que viajara a Valparaíso a declarar e incluso me dio dinero para el viaje, y f) Que constantemente me presionaba (la Vicaría) para que hiciera declaraciones falsas...
»Dejo constancia que esta declaración, que se me hizo firmar bajo presión, la hice el día 14 de diciembre de 1977 alrededor de las 13,00 horas, asegurándome el fiscal que ella era secreta y que nadie la conocería, y que en definitiva no me metiera para nada con la Vicaría de la Solidaridad y que si hacía una nueva declaración en contrario (como la que en ese momento hago) lo pasaría muy mal y 1as cosas serían diferentes".
»Dejo constancia también de que el trato duro y severo de un principio se suavizó cuando accedí a "declarar" lo mencionado en el punto sexto de esta declaración jurada.
»Hago la presente declaración jurada como una forma de constituir una prueba o antecedente si a futuro sufriere algún apremio ¡legítimo o mi vida corriera peligro.
»15 de diciembre de 1977.»
En 1976 desaparecen 115 personas. Durante ese año la represión se centra en militantes del Partido Comunista. Las detenciones ocurren a partir de marzo. Algunas de ellas son practicadas por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, otras por la DINA. Entre el 29 y 30 de abril son detenidos y desaparecen cuatro miembros de una misma familia (padre, dos hijos y una nuera perteneciente a la familia Recabarren). Igual cosa ocurre con la familia Ramos Vivanco.
En mayo, junio a agosto y septiembre, continúan las detenciones de altos dirigentes de la juventud y el Partido Comunista, culminando estas detenciones en diciembre. Algunos de los detenidos son vistos en Villa Grimaldi, según declaraciones juradas de otros detenidos.
Declaración jurada
« … A una manzana de mi domicilio se me acercaron dos individuos vestidos de civil; uno era moreno, más bien bajo, de contextura regular, bien vestido, y el otro, un joven de veinte años, más o menos alto, blanco, trigueño, bien vestido. El primero me mostró un revólver. Me hicieron subir a un automóvil donde había otros dos individuos y una mujer que llevaban detenida, a quien reconocí. Su nombre es Juana Villavicencio, vive cerca de Manuel Mieres en Huechuraba, comuna de Conchalí. Había sido sacada para reconocerme en la calle.
»Me hicieron la misma operación que durante mi primera detención: scotch en los ojos y lentes oscuros.
»Me llevaron a Villa Grimaldi y me "mostraron" a "Julio Vega Vega" por si yo lo reconocía. Se trataba de un hombre de más o menos setenta años. Al negar conocerle me pasaron de inmediato a una pieza donde me obligaron a desnudarme completamente, amarrándome de pies y manos en un catre con huinchas metálicas y comenzaron a aplicarme corriente eléctrica, colocándome entre la piel y el cordón conductor paños húmedos. Las aplicaciones las hicieron en dos oportunidades. Posteriormente me dejaron en una celda, metiéndome en una "cajonera" de aproximadamente metro y medio de largo por metro y medio de ancho, en la cual se puede permanecer parado o sentado en cuclillas, pero que no permite tenderse a lo largo. La ventilación, que es escasa, se hace a través de un pequeño cuadrado que está casi pegado al cielo raso.
»En estas "cajoneras" de "La Torre" estuve cinco días. Cada cierto tiempo pasaba un individuo ofreciendo un tarro para que orinaran las personas detenidas. Me sacaban por lo menos una vez al día para someterme a interrogatorio y careos. Se realizaron con las siguientes personas: Manuel Mieres, julio Vega Vega, Juana Villavicencio, Horacio Silva y un compañero de apellido Albarrán, a quien no conocía.
»Después de esos cinco días en la "cajonera" fui colocado en una pieza de una especie de barraca, junto a Juana Villavicencio y Rosa Leiva. La primera de ellas había sido torturada con corriente eléctrica y flagelada en varias oportunidades. La segunda me hizo presente que Ia habían tratado muy mal", sin especificarme cuáles fueron los apremios de que fue objeto. Estuve dos días en compañía de las dos mujeres mencionadas.
»La alimentación durante todo ese tiempo consistió en lo siguiente: por la mañana, un cuarto de pan y un jarro de aluminio con té – en sólo dos oportunidades me dieron café puro-; como almuerzo, un cucharón de porotos con otro pedazo de pan (114); por la tarde, una sopa con otro cuarto de pan. Había que comer del plato directamente, ya que no se nos proporcionaban cuchara ni tenedor.
»En el cuarto próximo al que nos encontrábamos estaban Marta Ugarte y María Galindo, personas a quienes vi al sacarnos a comer durante esos dos días, ya que debíamos usar la misma puerta. Pude también conversar con ellas durante ese tiempo, ya que el tabique que separaba nuestras piezas tenía un orificio que nos permitía hacerlo.
»Marta Ugarte me relató que ella había soportado fuertes torturas. Había estado "colgada" durante tres días, y yo pude apreciar las huellas que tenía en las muñecas. Le habían aplicado corriente eléctrica varías veces. Ella mencionó que el "Chino", Víctor Díaz, estaba allí. Ella lo había visto.
»María Galindo también había sido torturada, habiendo sufrido todo tipo de abusos en su persona.
»Durante los días que permanecí en el cuarto con Juana Villavicencio y Rosa Leiva los agentes de seguridad de la Villa pidieron un especialista para desabollar un guardabarros de una camioneta. Como yo conocía ese oficio se me asignó esa tarea. Me entregaron a mí y a un compañero que dijo llamarse "Polo" la pieza que necesitaba reparación. No vimos el vehículo. Yo no conocía a Polo. Me contó que vivía en el sector de Maipú, que había sido candidato a regidor de esa comuna. Era un joven de más o menos treinta y cinco años. Su señora estaba esperando familia y vivía con su madre. Había trabajado anteriormente en una empresa de automóviles. Su cónyuge iba a tener niño el mismo día que lo detuvieron, hacía dos semanas.
»Para efectuar el trabajo de desabolladura se vieron obligados a quitarnos las vendas de los ojos. Por este motivo pude ver a algunas personas. Conocí ahí a Mario Maureira, un joven aproximadamente de veintidós años. Había estado en una de las cajoneras. Lo tenían encadenado y lo habían tratado muy mal. Le pegaban casi todos los días. En una ocasión lo hicieron caminar arrodillado, afirmándose con los codos por un camino lleno de piedras.
Este espectáculo lo vimos lsaac: Godoy, Rosa Leiva, Juana Villavicencio, Horacio Silva, julio Vega, etc. Pude escuchar en varias oportunidades las serías amenazas que le hacían a Maureira.
»Por otra parte, Polo me expresó que hacía pocos días habían trasladado a Juica a otro lugar. El también había visto en la Villa Grimaldi a Isaac Godoy y a Víctor Atencio.
»Con fecha 25 de agosto me llevaron a un automóvil y me dejaron cerca de mi casa-habitación. Antes de hacerlo nuevamente me amenazaron conminándome a que no hiciera gestión alguna, que no comentara lo sucedido con ninguna persona, "no olvídara que tenía mujer y cuatro hijos", y que por ningún motivo "recurriera a los curas" si no quería pasarlo mal.
»Con posterioridad a esta segunda detención he sido visitado en dos ocasiones en mi casa por agentes de seguridad de] gobierno.
»La primera vez ocurrió diez o doce días después de haber sido dejado en libertad.
»La visita la realizó un agente de la DINA, que no se identifico, limitándose a mostrar un carnet de color azul-verdoso. Iba acompañado por dos carabineros. El representante de la DINA me señaló que "no estaba conforme con los nombres que había dado, porque se trataba de personas que estaban fuera del país o estaban desaparecidas. Que habían sabido que había concurrido a la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago y que había contado a mis familiares y vecinos que había estado detenido". Querían que yo los acompañara a una esquina para "conversar", a lo que me negué.
»La segunda "visita" la llevaron a cabo, siempre en mi hogar, dos civiles que no se identificaron, alrededor de las 11,30 a.m. A uno de ellos lo reconocí porque fue uno de los individuos que iba en el auto cuando me pusieron en libertad. Ambos iban bien vestidos. Uno era de un metro ochenta más o menos de altura, moreno, macizo, de treinta y cinco a cuarenta años, pelo castaño oscuro, sin bigotes, ojos oscuros, terno color beige a rayas con corbata. El otro era de pelo oscuro, canoso, liso, un poco más bajo que el anterior, con bigotes, vestido con terno color plomo.
»El interrogatorio versó sobre los siguientes puntos: ¿Había encontrado trabajo? ¿Conocía a Manuel Carreño, desaparecido hacía dos años? Me hicieron "recomendaciones". Que me acordara de la "parrílla" y no me metiera en ''leseras'', que viviera tranquilo. Que me visitarían periódicamente. »

Personas mencionadas en la declaración jurada y que posteriormente desaparecieron
Julio Vega Vega	Detenido el 16-VIII-1976
«Polo», Carlos Viscarra Jofré	Detenido el 11-VIII-1976
Marta Ugarte Román	Detenida el 9-VIII-1976 (Aparece asesinada)
María Galindo Ramírez	Detenida el 22-VII-1976
Víctor Díaz López	Detenido el 12-V-1976
Mario Maureira Vásquez	Detenido el 8-VIII-1976
Mario Juica Vega	Detenido el 9-VIII-1976
(Víctor) Vicente Atencio Cortés	Detenido el 11-VIII-1976

La Ratonera
Mario Zamorano Donoso, casado, cuarenta y cinco años a la fecha de la detención. Obrero marroquinero. Miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Jorge Muñoz Poutays, casado, treinta y cinco años a la fecha de la detención. Ingeniero civil. Miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Uldarico Donaire Cortés, casado, cincuenta y un años. Obrero gráfico. Miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Jaime Donato Avendaño, casado, cuarenta y un años a la fecha de detención. Mecánico eléctrico. Dirigente nacional del Partido Comunista.
Elisa del Carmen Escobar Cepeda, soltera, cuarenta y dos años a la fecha de detención. Dirigente del Partido Comunista.
Estas cinco personas fueron detenidas entre el 5 y el 6 de mavo de 1976 en una «ratonera» en la calle Conferencia, número 1.587.
Relato extractado hecho por Juan Becerra, dueño de la casa, su cónyuge María Angélica Gutiérrez y su cuñada María Teresa Zimiga:
«Me unía desde hace quince años una amistad con Mario Zamorano, quien, al igual que yo, era obrero marroquinero. Yo era simpatizante de partidos políticos de izquierda, sin llegar a ser militante. En base de esta amistad, Zamorano me pidió que le facilitara mi hogar para en algunas ocasiones reunirse con algunos amigos; accedí. Estas reuniones se hacían cada dos o tres meses; yo no conocía a los concurrentes, excepción hecha de Zamorano, y tampoco intervenía en sus reuniones. El 30 de abril del año en curso, aproximadamente a las 3,30 horas, llegó a mí casa un vehículo del cual bajaron algunos hombres. Me preguntaron si conocía a María Teresa Zúñiga, domiciliada en Alejandro Fierro, 4.946; les dije que sí, que era mi cuñada. Me manifestaron que estaba muerta y que era necesario que fuese a la Morgue para reconocer su cadáver. Dije que bueno y subí al vehículo. A las pocas manzanas me esposaron y me taparon los ojos, llevándome a un sitio de interrogatorio. Pregunté que dónde estaba, y me contestaron que cerca de Cartagena.»
María Teresa Zúñisga declara lo siguiente: «Que el día 29 de abril de 1976 salió de su lugar de trabajo y tomó un autobús para dirigirse a su domicilio El autobús enfiló por avenida Las Rejas. Allí un hombre le preguntó cuánto faltaba para llegar a San Pablo. Ella bajó en la esquina de Las Rejas con San Pablo, y el hombre bajó tras ella y le preguntó si ella era María Teresa Zúñiga. En seguida le mostró una credencial, que no alcanzó a leer, y le dijo que era de Investigaciones, y que su cuñado, Juan Becerra, había interpuesto una denuncia en su contra por robo de cueros. Ella negó esto de inmediato. La subieron a un vehículo, ella gritó y negó la acusación que le formulaban. Le pegaron repetidas veces. El auto se dirigió por San Pablo hacia el oriente, y al llegar a Matucana la vendaron y esposaron. Fue conducida a un lugar que ella no logró identificar. Al entrar allí le dijeron que no eran de Investigaciones, sino agentes de la DINA. Le dijeron que querían saber el paradero de Mario Zamorano y que ella tenía que indicárselos, ya que era la amante de él. Entonces la desnudaron completamente y la ataron a una reja metálica. Allí la golpearon fuertemente, luego le aplicaron corriente eléctrica, para luego mojarla y aplicarle nuevamente electricidad. La amenazaron con detener a su'hija y hacerla pasar el mismo tratamiento. Siendo alrededor de las 2,00 a.m. la vistieron, la arroparon con una manta y se la llevaron en un vehículo lleno de gente a otro lugar bastante lejos. Allí la golpearon mucho, en la cara y en el cuerpo, siempre preguntándole por el paradero de Zamorano. Luego la sacaron afuera y la ataron a un árbol. Escuchaba ruidos de hojas y agua. Estaba siempre con los ojos tapados.
»Después la hicieron ingresar en la casa de nuevo y le quitaron la venda. Frente a ella estaba su cuñado, Juan Becerra.»
Relata Juan Becerra: «... Allí pude ver bajo la venda que también estaba detenida mi cuñada. Me "interrogaron" mediante golpes y aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo. Me preguntaban si conocía a Mario Zamorano. Finalmente, tuve que reconocer que sí lo conocía y que hacían algunas reuniones en mi domicilio. También tuve que reconocer que se haría una reunión en mi casa entre el 4 y el 5 de mayo.
»... Cuando fui interrogado por funcionarios de la DINA, para obtener mi confesión, además de los golpes me dijeron que sí no hablaba me matarían a mis hijos ... ».
Relato de María Angélica Gutiérrez: «La misma mañana de ese día, en hora que esperaba un autobús en la puerta de mí casa con mi prima Eliana Vidal, fui detenida por individuos que me mostraron una placa y me dijeron ser de la DINA. Me subieron a un automóvil, vendándome los ojos, llevándome a un sitio desconocido para mí. Allí fui golpeada, interrogándome si conocía a díferentes personas cuyos nombres me daban. Se me presionó y golpeó mucho. Incluso se me amenazó con matar a mis hijas si no colaboraba con ellos ... »
En la declaración jurada de María Teresa Zúñiga se dice:
«... La- hicieron arreglarse un poco y peinarse. Ahí se dio cuenta de que tenía la cara desfigurada por completo por los golpes. La sacaron de ese lugar en un auto y la llevaron a una casa de la calle Conferencia, donde se veía perfectamente la entrada. La conminaron a que identificara a cualquier persona que entrara en la casa, pero nadie entró en ese rato. Poco después salió en una furgoneta julio Maigret, otro cuñado de la declarante, el cual fue seguido por el vehículo donde estaba la declarante. El se dirigió a la calle Alejandro del Fierro, donde descendió. Al poco tiempo llegaron otros dos vehículos donde venían los otros tres detenidos. Todos entraron entonces en la casa de Conferencia.
En el interior de la casa permanecieron cinco agentes de la DINA de día y de noche, todos armados con metralletas. Durante el día los detenidos eran mantenidos en el taller de trabajo simulando trabajar normalmente en la confección de carteras de cuero y atendiendo a los clientes que llegaban. Los agentes de la DINA permanecían en un corredor interior, desde donde podían vigilar el grupo e inspeccionar a las personas que entraban de la calle.»
Relata Juan Becerra: «El día 4 de mayo, cerca de las 19,30 horas, entró en la casa tirando de un cordel que abría la puerta Mario Zamorano, mi amigo. Nada más hacerlo fue detenido. Se produjo un incidente muy rápido y se escuchó un disparo. No sé si Mario Zamorano trató de tomar una metralleta y uno de los individuos de guardia le disparó; el hecho es que resultó herido en un muslo y fue vendado, siendo llevado a una pieza aparte. Esa misma tarde, entre las 20,00 y 10,30 horas, llegó a la casa otro individuo, a quien no conocían; usaba lentes y correspondía a la fotografía que S. S. me exhibe; también fue detenido (Jorge Muñoz Pountays). Estas dos personas fueron sacadas de mi casa entre las 22,30 y 23,00 horas y llevadas a otro lugar por los mismos individuos que los detuvieron.»
Relato de María Angélica Gutiérrez: «Los hombres que los detuvieron y se los llevaron limpiaron la sangre del suelo y quemaron las ropas ensangrentadas que había. Al día siguiente se llevó a cabo la detención de dos hombres más que llegaron a la casa... Estos dos hombres fueron sacados de la casa cerca de la medianoche.»
Relato de María Teresa Zúñiga: «El 6 de mayo, siendo las 13,30 horas, y estando la declarante en el taller de trabajo con todos los detenidos, llegó una mujer joven a quien conocía como Marcela y que había estado otras veces en la casa. Era de pelo largo, delgada, y llevaba lentes oscuros. En cuanto entró aparecieron los de la DINA, que la obligaron a entrar en una habitación. La mantuvieron allí unos 20 minutos y después la sacaron a la calle aparentando una salida normal y la introdujeron en un taxi. Después la declarante supo por su cuñado que esta mujer se llama en realidad Elisa Escobar Cepeda, y que los hombres detenidos el día anterior eran Jaime Donato y Uldarico Donaire.
Los agentes de la DINA se quedaron en la casa hasta ese día 6 de mayo. Ese día llegó un médico, un hombre alto, grueso en general, siendo lo más destacado su barriga, colorado, de pelo rubio canoso, que usaba lentes con mucho aumento y vestía delantal blanco. Nos dijo que nos relajáramos, que durmiéramos, que luego de un sueño íbamos a olvidarnos de todas Ias pesadillas marxistas desgraciadas"; junto con esto nos colocó música suave.»
El domicilio de la madre de Juan Becerra, Alejandro del Fierro, número 5.113, fue ocupado por agentes de seguridad desde el 30 de abril de 1976.
El obispo auxiliar de Santiago, monsenor Enrique Alvear Urrutia, declaró acerca de estos hechos: «El día 1 de mayo concurrí al domicilio particular de calle Alejandro del Fierro, número 5.113, a petición de una persona que me solicitó fuera a dejar unos remedios a uno de los detenidos, don Hernán Maigret, según se me informó, sufría una grave dolencia en los oídos... Al. llegar a dicho lugar me percaté de que había una atmósfera tranquila, pienso que para no despertar sospechas a los vecinos ni a la gente que llegaba confiadamente hasta allí. Luego de permanecer un instante quise retirarme, pero un hombre dijo: "Usted está detenido." Al interrogarlo se iddntifícó mostrando su carnet de DINA. Cuando supo que yo era obispo decidió consultar por teléfono; el que contestó quería saber el nombre de la persona que me había encargado los remedios, negándome yo a decírselo. Cuando ya habían transcurrido unas dos horas que yo estaba allí, llegó el jefe, que me comunicó que no se iba a identificar ni tampoco me iba a decir a qué servicio pertenecían los que estaban ocupando la casa. Yo le dije que ya sabía que pertenecían a la DINA. Pero él entonces comenzó a preguntarme acerca de mis datos personales y quiso seguir haciéndome otras preguntas, negándome yo a contestar. Le pedí en cambio la orden de detención, a lo cual me explicó que estaba solamente "retenido". Luego agregó: "Ya que no quiere colaborar en la lucha contra el comunismo que está contra Chile y contra la Iglesia, puede irse ... »
En declaraciones públicas emitidas por la Dirección Nacional de Comunicaciones de Gobiernos (DINACOS) los días 14 y 17 de julio de 1976 se señaló que en el mes de mayo de ese año se había detectado el funcionamiento de varias «casas-buzones» del Partido Comunista de Chile y se afirmó que en ellas habían sido arrestados aquellos miembros del Partido Comunista clandestino que se dedicaban a los enlaces. Se reconocía así la detención de varias personas ligadas al Partido Comunista; sin embargo no se entregó nombres.
En nota verbal de 30 de agosto de 1976 el gobierno de Chile informó a las Naciones Unidas que Mario Zamorano y Jorge Muñoz Poutays «abandonaron el territorio nacional con fecha 13 de mayo de 1976 con salida por el aeropuerto de Pudahuel con destino a Argentina». Por otra parte, extraoficialmente se supo que Mario Zamorano Donoso había sido conducido a la Posta Central, siendo ingresado por sus iniciales.
En 1977 desaparecen 15 personas, ocho de ellas durante el segundo semestre, cuando ya la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, había sido disuelta y se había creado la Central Nacional de Informaciones.
Estadísticas
En el proceso de recopilación de antecedentes que ha sido necesario efectuar para poder describir este arduo y doloroso hecho represivo que son las desapariciones forzadas hemos llegado a algunas cifras que nos parece importante exponer. A pesar de que «El desaparecido no es un número, una ficha, un slogan, una consigna» (*). Era necesario sumar y saber por éste método cuántos, quiénes, dónde, cómo.
Es así como presentamos 767 casos de personas desaparecidas de las cuales tenemos más de un dato, además de su nombre. Hay aún una cantidad desconocida de personas que fueron detenidas y desaparecieron; en estos casos los familiares no hicieron la denuncia o solamente se conoce el nombre y ningún otro dato. Algún día podremos hacer estadísticas exactas cuando se abran las puertas y las ventanas y el miedo no sea un muro que resguarde la verdad y el silencio se quiebre.

SEXO
		Porcentaje aproximado
Mujeres	50	6,5
Hombres	717	93,5
Total	767	100,0
De las 50 mujeres detenidas desaparecidas, siete de ellas estaban embarazadas. De dos de ellas hay informaciones de que tuvieron efectivamente su hijo.

EDAD
		Porcentaje aproximado
Hasta 18 años	30	3,9
De 19 a 25 años	243	31.7
De 26 a 35 años	252	32,9
De 36 a 45 años	110	14,3
De 46 a 55 años	55	7,2
Mayores de 55 años	23	3,0
Sin datos	54	7,0
Total	767	100,0
(*) Cantata «La vigilia», de Osvaldo Torres,

La persona de menor edad es un niño de trece años, estudíante de enseñanza media, detenido en un allanamiento efectuado en la población el 13 de octubre de 1973 por militares que tenían su sede en el interior de la Quinta Normal (sector poniente de Santiago). Estos ingresaron a la vivienda y se lo llevaron hasta la cancha de fútbol, donde habían agrupado a los detenidos. La madre relata que posteriormente «en un jeep militar, encañonado por dos militares, se lo llevaron... con destino desconocido».
La mayoría de las personas desaparecidas (57 por 100) eran jóvenes o adultos jóvenes (entre los diecinueve y treinta y cinco años de edad).

ESTADO CIVIL
		Porcentaje aproximado
Casados	423	55,0
Solteros	266	34,7
Viudos	7	0,9
Separados	5	0,7
Convivencia	13	1,7
Sin datos	53	7,0
Total	767	100,0

PROFESIÓN O ACTIVIDAD
		Porcentaje aproximado
Estudiantes	149	19,4
Profesionales universitarios	88	11,4
Técnicos	26	3,4
Artistas-artesanos	23	3,0
Obreros	105	13.7
Obreros especializados	80	10,4
Pequeños agricultores-obreros agrícolas campesinos	94	12,3
Empleados	99	13,0
Comerciantes	48	6,3
Dueñas de casa	4	0,5
Jubilados	4	0,5
Fuerzas Armadas	6	0,7
Sin datos	41	5,4
Total	767	100.0

Los obreros, especializados o sin calificación, conforman casi la cuarta parte de los desaparecidos, seguidos por los estudiantes, con casi un quinto del total.
De 488 personas no tenemos el dato de la militancia. Al hacer la denuncia y presentar el recurso de amparo, los familiares no se atrevieron a señalar que el detenido pertenecía a un partido político de izquierda, primero, porque el arrestado podía sufrir las consecuencias, y segundo, por temor a verse involucrados con los partidos proscritos.

MILITANCIA
		Porcentaje aproximado
Partido Comunista	116	41,6
Partido Socialista	52	18,6
Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR	95	34,0
Movimiento de Acción Popular Unitaria MAPU	5	1,8
MAPU Obrero Campesino	3	1,1
Izquierda Cristiana	2	0,7
Partido Radical	4	1,4
Partido Izquierda Radical	1	0,4
Partido Demócrata Cristiano	1	0,4
Total	279	100,0

Más de dos quintos del total de afectados por esta modalidad de represión desaparecieron en los primeros ciento doce días del régimen. Luego el número de víctimas comienza a disminuir, se recrudece en 1976 y vuelve a caer desde 1977.
Durante 1974, 1975 y 1976, la DINA es el organismo que mayor cantidad de detenciones efectúa y, por tanto, el responsable de la mayor cantidad de desapariciones. Durante 1974, 102 personas desaparecidas fueron detenidas por sus agentes.
Le sigue en importancia Carabineros. La mayor cantidad de detenidos-desaparecídos de los cuales son responsables se produce en 1973 (89 casos). En las detenciones seguidas de desapariciones efectuadas por patrullas mixtas hay carabineros implicados en 31 casos, 24 de los cuales suceden el año 1973. En cuanto a los civiles no identificados cabe suponer que pertenecían a los servicios y inteligencia y, mayoritariamente, a la DINA y,lo a el SIFA. Hay sólo un caso en provincias en que los aprehensores eran todo, civiles y pertenecían a «Patria y Líbertad».

AÑOS DE DESAPARICIÓN
		Porcentaje aproximado
Del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 1973	319	41,6
1974	235	30,6
1975	81	10,6
1976	115	15,0
1977	15	2,0
1978	2	0,2
Total	767	100,0

La participación de civiles en patrullas que hemos denominado mixtas se dio principalmente en zonas rurales. Cabe reiterar que tanto en la DINA como en el SIFA actuaron civiles que pertenecían al movimiento político Patria y Libertad y/o personas contratadas en el lumpen para efectuar detenciones, torturas, amedrentamiento. También civiles que, pertenecientes a los partidos perseguidos, decidieron después de haber sido torturados y amenazados colaborar con las fuerzas represivas.

AGENTES QUE DETIENEN
		Porcentaje aproximado
DINA	203	26.5
Militares-Ejército-SIM	69	9,0
Fuerza Aérea-SIFA	25	3,2
Carabineros-SICAR	175	22,8
Servicio de Investigaciones	13	1,7
Mixto	46	6,0
Marina-SIN	4	0,5
Civiles no identificados	53	7,0
Sin datos	179	23,3
Total	767	100,0

Casi dos tercios de las detenciones que terminan en la desaparición del afectado tienen lugar en Santiago.
En el último cuatrimestre de 1973 casi el 58 por 100 de estas detenciones tuvo lugar en el interior del país. En 1974 ese porcentaje cae a 9, con lo que a partir de ese año esta modalidad de represión se concentra abrumadoramente en Santiago.

LUGAR GEOGRÁFICO DE LA DETENCIÓN
		Porcentaje aproximado
Santiago	489	63,8
Provincias	258	33,6
Sin datos	15	2,0
Argentina-Buenos Aires	3	0,4
Paraguay.Asunción	1	0,1
Bolivia-La Paz	1	0.1
Total	767	100,0

Más del 40 por 100 de estas detenciones se produce en el domicilio del afectado y apenas el 10 por 100 en su lugar de trabajo o estudio.
Durante 1974, 76 personas fueron detenidas en la vía pública y 93 en su domicilio. En 1975, 33 y 28, respectivamente, y en 1976, 89 y 16.

LUGAR DEL ARRESTO
		Porcentaje aproximado
Domicilio	315	41,1
Vía pública	280	36,5
Trabajo	69	9,0
Estudio	8	1,0
Presentación voluntaria	32	4,2
Tres Alamos	2	0,2
Sin datos	61	8,0
Total	767	100,0

Esta creciente preferencia por el arresto en la vía pública no es casualidad, sino que corresponde al perfeccionamiento de la operatoria de secuestro. Si se detiene a una persona en su domicilio es más posible la presencia de testigos; al contrario, el arresto de una persona en la vía pública es más «limpio» para los agentes y permite hacerla desaparecer sin mayores problemas judiciales. cabria agregar que las detenciones en el domicilio tienden cada vez más a producirse en horas de la noche.

ÚLTIMO RECINTO DE DETENCIÓN EN EL CUAL FUERON VISTOS
Comisarías	111
Villa Grimaldi	58
Cuatro Alamos	58
Regimientos-Recintos Militares	14
Londres 38	14
Regimiento Tacria	12
«Venda Sexi»	10
Bases Aéreas-Recintos secretos de SIFA	7
Cárceles (provincia)	9
Bases navales	13
Otros recintos	5
Total	297

La información disponible sobre esta materia no llega ni al 40 por 100 de los casos. Llama la atención en todo esto el elevado número de personas cuyo rastro se pierde en comisarías de carabineros.
Después de que se publica la lista «de los 119» las personas que estuvieron detenidas al mismo tiempo que ellas comienzan a atestiguarlo, concurriendo a declarar en los procesos por presunta desgracia, muchos de ellos desde los lugares de detención en que se encontraban (Tres Alamos, Ritoque, Puchuncaví, Casa Correccional, Cárcel Pública o Penitenciaría). Otros, que deben salir al exilio, lo hacen en declaraciones juradas ante notario público antes de partir. Otros, ya fuera de Chile, lo hacen ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o ante notarios de los países en que se encuentran. Gracias a estos testimonios ha podido reconstruirse parte de la verdad.
Cuadro 1

DETENIDOS-DESAPARECIDOS CASOS DE PERSONAS EXTRANJERAS
Nombre del detenido desaparecido	Nacionalidad	Testigos de la detención
1. García Franco, José Félix.	Ecuatoriana	Cónyuge
2. Pesle de Menil, Etienne Marie.	Francesa	Compañeros de trabajo
Fuente: «¿Dónde están?». Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad.

Cuadro 2

DETENIDOS-DESAPARECIDOS Número de casos y personas que tienen lazos familiares (1) Por tipo de lazo familiar
	Cónyuge o  conviviente	Hermanos	Padres e hijos	Cuñados	Suegra y suegro	Tío y sobrino	Primos	Total
Casos (2)	15	25	9	2	1	1	1	54
Personas (3)	30	60	24	7	2	2	5	108
Fuente: «¿Dónde están?», Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad.

Notas:
(1) Se consideran los vínculos de parentesco, las relaciones familiares de afinidad en un sentido extenso y la convivencia.
(2) Se refiere a casos que afectan lo menos a dos personas, pero que alcanzan hasta a cinco personas en una familia.
(3) Número de personas afectadas por el tipo de lazo familiar especificado.
(4) El total es el número de personas detenidas desaparecidas que tienen lazos familiares entre sí. Este total no es la suma de las personas consideradas en cada tipo de lazo familiar, pues algunas de ellas se registran simultáneamente en dos o más categorías.
Quebrar el silencio
Quisiéramos reseñar brevemente algunos hechos que han desvelado en parte el destino de los desaparecidos.
Tres de ellos se refieren a sucesos ocurridos durante el mismo plazo de desaparición: Cedomil Lausíc, Marta Ugarte y los cadáveres del río Maipo. A pesar de que no se llegó a establecer de quiénes eran estos restos, salvo en el caso de un conscripto de la Fuerza Aérea, su descubrimiento sugiere cuál ha sido la suerte de los detenidos desaparecidos.
Otros hechos son el descubrimiento de las fosas clandestinas de Yunibel, sepultura de los desaparecidos de Laja y San Rosendo; de los hornos de cal de Longuén, donde se encontraron los desaparecidos de Isla de Maipo; de los cadáveres de Cuesta Barriga, de detenidos-desaparecidos de Curacaví, y finalmente de las tumbas del Patio 29 del Cementerio General.
La acción de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, apoyada por la Vicaría de la Solidaridad, ha permitido esclarecer los hechos y por lo menos quebrar el silencio, a pesar de que los delitos siguen impunes.
Cedomil Lausic Glasinovic
Fue detenido el 3 de abril de 1975 por personal de la DINA. Al día siguiente se detuvo a su novia, Verónica González Carrasco, quien se encontraba embarazada, y a los pocos días fue dejada en libre plática en el Campamento de Prisioneros de Tres Alamos, en Santiago.
Verónica González y otros detenidos informaron que Lausíe estaba siendo interrogado y torturado en Villa Grimaldi. A raíz de la intensidad del maltrato, el detenido se desesperó y, absolutamente descontrolado, logró agarrar del cuello a uno de los verdugos; a golpes y culatazos y patadas le obligaron a soltarlo. Durante tres días Lausic estuvo agonizando. Los otros detenidos escuchaban sus quejidos y ruegos pidiendo ayuda. La víctima habría fallecido el 8 o el 9 de abril, unas dos horas después de la última visita del médico, siendo sacado de Villa Grimaldi.
El cadáver de Cedomil Lausic fue encontrado por sus familiares en el Instituto Médico Legal. La autopsia indicó: «lesiones y hematomas múltiples, desangramiento, muerte por anemia». No se les informó sobre las personas o funcionarios que habían dejado el cadáver en el Instituto Médico Legal, ingresándolo como N. N.
Marta Ugarte Román
Soltera, cuarenta y dos años, ex jefe de la junta de Abastecinientos y Precios (JAP), del Ministerio de Economía.
En la mañana del 9 de agosto de 1976, las dos hermanas de Marta Ugarte hablan con ella por última vez. Después sólo se la vuelve a ver en poder de sus aprehensores, primero en la vía pública por sus propios familiares, más tarde en Villa Grimaldi por un testigo.
El 12 de septiembre es encontrado el cadáver de una mujer en la playa La Ballena, próxima a la localidad de Los. Molles, unos 180 kilómetros al norte de la capital. El cuerpo presenta todas las costillas quebradas, lesiones en la columna vertebral y un alambre enrollado al cuello.
El diario «El Mercurio» informa que la mujer había sido estrangulada con un alambre y un pañuelo y posteriormente abandonada en la playa. Avisados del hallazgo, dos carabineros levantan los restos y los conducen al Hospital de La Ligua. El diario agrega que tenía ambas muñecas fracturadas, manchas violáceas en la cintura y en el costado superior izquierdo y señales de golpes en la mandíbula. Su muerte data desde hace cinco días a la fecha» (vale decir el 9 de septiembre).
En los días siguientes los diarios del país publican diversas crónicas sobre el hallazgo del cadáver de la mujer, algunas de ellas sensacionalistas.
El 28 de septiembre el diario «La Tercera» informa que el asesinato se habría cometido en la capital y agrega que los «victimaríos viajaron con la mujer muerta desde Santiago, más precisamente de un punto de la jurisdicción del 8.º juzgado, vale decir sectores de Las Condes, Providencia o Ñuñoa».
Al comprobar la desaparición de Marta Ugarte, sus hermanas presentan un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. Además hacen todas las gestiones posibles para ubicarla, visitando comisarías, postas, el Instituto Médico Legal y hospitales. Solicitan sin éxito audiencia al presidente de la Corte Suprema.
Ante la demora de la contestación a los tribunales, que han pedido informes a las autoridades, solicitan reiteración de oficios al Ministerio del Interior y a la DINA. El 8 de septiembre se elevó una solicitud al señor ministro del Interior con el fin de obtener la libertad de Marta Ugarte. El día 11 la Corte de Apelaciones rechaza el recurso, decisión que es apelada de inmediato.
El día 20 se presentó denuncia por secuestro al Primer juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de San Miguel.
El jueves 23 las hermanas acuden otra vez al Instituto Médico Legal, inquietas por las noticias en los diarios sobre el cadáver encontrado en la playa. Se les informó que había efectivamente un cadáver con características similares a las de la afectada y les permiten verlo al día siguiente. Las hermanas sólo pueden reconocer algunos rasgos, ya que el rostro y el cuerpo se encuentran totalmente desfigurados. El lunes 27 el dentista de la familia logra reconocer por la dentadura el cadáver de Marta Ugarte Román. El 7 de octubre se obtiene el informe dactiloscópico que confirma definitivamente la identidad. Al día siguiente la familia puede proceder a darle entierro.
Río MaíPo
Entre el 1 de junio y el 7 de octubre de 1976 son encontrados en las riberas del río Maipo 14 cadáveres de trece hombres y una mujer. El estado en que se encontraban cinco de éstos es descrito así:

«Desnudos, con sus manos y pies atados con alambres.... con los dedos de las manos amputados a la altura de la falange (en algunos casos la autopsia revela que dichos cortes fueron practicados con sierra).... manos y pies atados a la espalda, poniendo el cuerpo en una extraña posición de piernas flectadas hacia atrás.... ninguno tiene impacto de bala.
»Se comprobó que otros dos cadáveres tenían heridas de bala, y uno de ellos, cuyas manos no habían sido cortadas, fue identificado como el cuerpo de un soldado de la Fuerza Aérea que desapareció en mayo de 1976...»
El fiscal encargado del caso escribe en relación a uno de los cadáveres, el de la mujer sin manos que tenía un bolso atado a su cinturón: «Fue envenenada, amarrada después, luego mutilada y acto seguido lanzada a las aguas? Demuestra de parte del o los homicidas un afán de exterminio inobjetable y un propósito preciso en orden a que no pudiese ser identificado el cadáver. ¿Es la muerta de autos una de las personas buscadas y no encontradas? ... »
Los hornos de cal de Lonquén
En noviembre de 1987, al amparo del secreto de confesión, una persona denuncia a un sacerdote la presunta existencia en un lugar determinado de un número considerable de osamentas humanas. El sacerdote informa al cardenal arzobispo de Santiago, quien solicita a diversas personas comprobar esta denuncia. Con tal propósito se forma una comisión a la cual se le entregan los antecedentes. Forma parte de ella el jurista Máximo Pacheco, que en el libro «Lonquén» relata:
«Todos los comparecientes aceptamos el encargo y nos retiramos de las oficinas de la Vicaría para dirigirnos en dos automóviles al lugar referido, ubicado a más o menos 50 kilómetros de Santiago.
»Alrededor de las 13,30 horas llegamos al pueblo de Lonquén, enclave de unas pocas casas en medio de una geografía agreste acordonada por cerros. Allí tomamos un camino de tierra que sale del camino público, y después de aproximadamente diez minutos de marcha detuvimos los automóviles.
»En medio de un potrero encontramos una construcción, con dos antiguos hornos en forma de torres, que aparentemente estaban abandonados y debieron haber servido para el tratamiento de minerales, hechos de ladrillos y revestidos de piedra, de una dimensión aproximada de ocho metros de altura y cuatro de diámetro. Fueron construidos a comienzos de este siglo, en los faldeos de un cerro.
»Su presencia en este contorno geográfico guarda relación con la circunstancia de que desde larga data se explotaron en la zona recursos mineros, como lo da a entender el propio nombre de la cercana localidad de Calera de Tango.
»Subimos por la ladera del cerro y desde allí nos introdujimos en la parte superior del primer horno, que tenía una capa de tierra consolidada, una costra de cemento y piedras superpuestas. Con la ayuda de palas, picotas y chuzos que habíamos traído especialmente, en consideración a la denuncia formulada, cavamos. Luego de romper alrededor de 50 centímetros, en una parte contigua al muro, decidimos poner término a la faena, porque no encontramos nada y la atmósfera se hacía muy pesada.
»Luego descendimos por la misma ladera y procedimos a cavar en la parte inferior del segundo horno, donde estaba ubicada la boca, y allí pudimos comprobar la existencia de restos humanos: un cráneo que tenía adherido un trozo de cuero cabelludo, liso y de color negro; un hueso, aparentemente un fémur; trozos de tela y piedras impregnadas de una materia aceitosa, algunas de las cuales tenían adheridas materia orgánica y cabellos humanos. La tierra extraída por nosotros era de color negro y el horno despedía emanaciones de mal olor.
»Continuamos cavando y logramos abrir un forado, que conducía a un vestíbulo de ladrillo o de otro material a través del cual miramos al interior del horno, iluminados por una antorcha que fabricarnos con papel de diario, y semiarrodillados pudimos comprobar cada uno que allí había un hacinamiento de huesos entrelazados y un cuerpo humano cubierto con una tela muy oscura cuyo deslizamiento era impedido al parecer por un estrechamiento interior del horno en su parte inferior.
»Los presentes quedamos muy impresionados por este macabro hallazgo, al punto que debí apartarme y buscar refugio debajo de uno de los pocos árboles que existían en el lugar para sobreponerme.
»Con posterioridad repusimos las osamentas y las piedras en su lugar de origen y cerramos la boca del horno mediante la acumulación del material extraído.
»En esta forma dimos por finalizado nuestro objetivo y regresamos a Santiago, donde llegamos alrededor de las cinco de la tarde. Posteriormente informamos a su eminencia el señor cardenal sobre el resultado de nuestra misión.»
Al día siguiente, el obispo auxiliar de Santiago don Enrique Alvear; el vicario episcopal, don Cristián Precht; eí abogado don Alejandro González y el suscrito hicimos una presentación al presidente de la Excelentísima Corte Suprema poniendo estos hechos en su conocimiento, a fin de que se adoptaran las medidas que aseguraran una rápida y exhaustiva investigación.
Durante un año se tramitó el respectivo proceso judicial sucesivamente ante el juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Talagante, el ministro en visita de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Adolfo Bañados, y el Segundo Juzgado Militar de Santiago. A resultas de él se logró identificar quince cadáveres, correspondientes a personas que habían sido detenidas por carabineros.
Informe emitido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones

Sr. D. Adolfo Bañados Cuadra
Ministro en visita caso Lonquén
8 de abril de 1979

«Los cadáveres enterrados en el horno de cal de Lonquén corresponden a las personas detenidas o secuestradas el día 7 de octubre de 1973 en la localidad de Isla de Maipo y que hasta ahora figuran en las listas de desaparecidos, de público conocimiento.
Los informes oficiales de que hasta ahora se tenía conocimiento señalaban que once de esos individuos fueron detenidos por carabineros y entregados en el campo de prisioneros del Estadio Nacional; sin embargo, se cuenta con la constancia última del Ministerio del Interior, transmitida por el Ministerio de Defensa, en el sentido de que tales personas no llegaron nunca a dicho campo de prisioneros.
Igualmente una publicación oficial en el sentido de que algunas de dichas personas habían ingresado en calidad de cadáveres al Instituto Médico Legal en los años 1973 ó 1974 no parece absolutamente digna de crédito, por las razones que se derivan de múltiples actuaciones del sumario.
El capitán Lautaro Castro, quien a la fecha en que se estima ocurrieron los hechos investigados, era el jefe de la Tenencia de Isla de Maipo y también los que fueron entonces sus subalternos, reconocen el haber detenido a once de aquellos desaparecidos (que en total son quince); reconocen del mismo modo que éstos no fueron entregados en el Estadio Nacional, y explican, finalmente, que murieron a consecuencia de los disparos efectuados por desconocidos durante la noche, cuando las fuerzas policiales conducían a esos prisioneros hacia el sector de Los Hornos, con el fin de realizar un rastreo en busca de supuesto depósito clandestino de armas.
Esta explicación se contrapone al mérito del sumario en general, y aún más resulta intrínsecamente inverosímil, porque no cabe imaginar que los proyectiles contrarios hayan impactado en las condiciones ya expresadas tan sólo a los prisioneros y no a sus captores; que del tiroteo que allí se produjo no haya quedado ningún otro rastro bajo ningún respecto, y que en la totalidad de los casos las lesiones fueran de tal condición que provocaran la muerte instantánea de las víctimas.
De conformidad con los informes y protocolos emanados del Instituto Médico Legal, en los esqueletos y restos cadavéricos sujetos a su dictamen no se hallaron vestigios de lesiones provocadas por proyectiles, de modo que la causa de la muerte hay que atribuirla a otro tipo de situaciones.
En tal virtud fuerza es responsabilizar en este estado de proceso al capitán Castro por los hechos esclarecidos.
Tal como fluye de su confesión, y de la de otros funcionarios policiales, en la oportunidad referida todos ellos obraron en actos de servicio o con ocasión de éste.
Todos estos antecedentes me obligaron a remitir los tres tomos del presente sumario, más todos los anexos, así como la causa tenida a la vista, al Segundo juzgado Militar para que prosiga en el conocimiento y sustanciación de ellos, dado que la justicia ordinaria es incompetente en la especie por las dos razones fundamentalmente antedichas (...).
Por resolución de la justicia Militar de 2 de julio de 1979 se encargó reo y se sometió a proceso al capitán Lautaro Eugenio Castro Mendoza y a otros siete carabineros en calidad de «autores del delito de violaciones innecesarias, causando la muerte en las personas mencionadas».
Por sentencia del 16 de agosto de 1979, pronunciada por el juez militar, general de brigada don Enrique Morel Donoso, y por el auditor del Ejército don Joaquín Erlbaum Torres, se sobreseyó total y definitivamente por el DecretoLey 2191, de 1978, que legisló sobre amnistía.
El expediente tiene cinco tomos y 1.850 hojas.»
Las fosas clandestinas
El 24 de julio de 1979, los familiares de detenidos desaparecidos que tenían su domicilio en Laja y San Rosendo presentan una querella por secuestro masivo y presunto homicidio calificado, dirigida en contra de doce funcionarios de carabineros ante el juzgado del Crimen de Laja. A ésta se suman querellas individuales por otras cinco víctimas.
El 7 de agosto del mismo año el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción solicita a la Corte de Apelaciones de esa ciudad que se designe un ministro en visita que investigue la situación de los desaparecidos de Laja. El 22 de agosto el pleno del Tribunal de Alzada acoge dicha solicitud, designando al magistrado José Martínez Gaensly, quien inicia inmediatamente su trabajo.
El 2 de octubre, desde una fosa clandestina del cementerio de Yumbel, son exhumados 18 cadáveres. Se indica que estos restos habían sido trasladados en octubre de 1973 desde un predio ubicado al norte del Puente Los Perales, en el camino de Laja a Los Angeles, lugar donde se perpetró el, asesinato masivo. El traslado se hizo en horas de toque de queda y fue ordenado por el mayor a cargo de la Comisaría de Yumbel.
El 5 de octubre los familiares de los «presuntos» detenidos de Laja y San Rosendo llegan a reconocer los restos óseos de los que habían sido sus familiares (padres, hijos, hermanos).
Posteriormente es exhumado otro cadáver de un predio situado cerca de la carretera. Aparece amarrado con alambres en las piernas y con un brazo menos.
De esta forma aumenta a 19 el número de cadáveres del total de 21 personas individualizadas en la querella.
Los restos son debidamente identificados y el ministro en visita autoriza la extensión de certificados de defunción, así como su retiro desde el Instituto Médico Legal.
El ministro en visita lleva a efecto careos e interrogatorios a civiles y uniformados implicados. Los funcionarios de carabineros sostienen que habían entregado los detenidos a una patrulla militar en el camino que une Laja con Los Angeles.
El 27 de noviembre de 1979 se efectúan los funerales de las 19 víctimas en el cementerio de Laja, con la presencia de cientos de personas que acompañan a los familiares.
El ministro en visita declara reos a los funcionarios de carabineros y se declara incompetente el 18 de marzo de 1980. El expediente pasa a la Primera Fiscalía Militar de Concepción.
Finalmente, el 3 de diciembre de 1981 la Corte Marcial aprueba el fallo dictado por el Tercer juzgado Militar de Concepción, sobreseyendo definitivamente a 15 funcionarios de la Tenencia de Carabineros de Laja' en virtud del Decreto-Ley número 2. 19,1, que amnistía a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores, hubieran incurrido en hechos delictivos después del 11 de septiembre de 1973.
Cuesta Barriga
En 1978 se descubrieron dos cadáveres enterrados en Cuesta Barriga. El 19 de diciembre se constituye en el lugar una comisión compuesta por monseñor Jorge Hourton, obispo auxiliar de Santiago, otro sacerdote y periodistas directores de medios de comunicación.
Al llegar al lugar señalado se constata la existencia de osamentas correspondientes a dos cuerpos humanos (uno de ellos completo). Al tomar conocimiento del hallazgo la juez subrogante de Casablanca se constituyó de inmediato en el lugar, iniciándose el sumario correspondiente.
En 1974, Juan Antonio Barrera Barrera había denunciado el secuestro cometido en la persona de su hijo José Guillermo Barrera Barrera, camionero, casado, con dos hijos, exponiendo los siguientes hechos:
«... Mi hijo fue detenido en Curacaví el 14 de septiembre de 1973, a las 22,00 horas aproximadamente. Cerca de una semana después fue trasladado a Santiago junto con un grupo de alrededor de 15 detenidos. El camión que los conducía se detuvo en la Cuesta Barriga y todos los detenidos fueron obligados a descender y se les ejecutó, sin juicio, en el mismo lugar. Providencialmente, José Barrera salió con vida; aunque herido, logró alejarse del lugar arrastrándose. Poco después, recuperado de sus heridas, se trasladó a Huasco.
»El hermano de José Barrera hizo diversos trámites con autoridades del gobierno' quienes dejaron el caso en manos del mayor de Carabineros de esa localidad (Talagante), quien solicitó que se presentara ante él mi hijo (...) para aclarar definitivamente la situación.»
Este hermano llamó a José Barrera a Huasco, quien volvió a Santiago. Se presentó el 13 de marzo en Talagante ante el mayor Hernández, en compañía de su hermano y su padre. «El mayor Hernández, luego de escuchar la historia, manifestó que no había cargos contra José Barrera, y que estaba libre. Antes de expresar esto el mayor Hernández consultó con el capitán Aravena, de Carabineros de Curacaví.»
La familia se trasladó ese mismo día a Curacaví. José saludó en primer lugar a su madre y se dispuso a presentarse a la Tenencia local a primera hora del día siguiente.
Sin embargo, esa misma noche del jueves 4 de marzo de 1974 irrumpió en nuestro domicilio alrededor de las 2,00 a.m. un numeroso contingente de militares y carabineros uniformados, provistos de cascos y todos armados con metralletas y armas cortas. Uno de ellos preguntó directamente por el afectado y procedió a detenerlo sin más trámites, sin identificarse ni mostrar orden alguna de detención o decreto de arresto (...).»
A pesar de haberse comunicado con el mayor Hernández y hacer otros trámites, no fue posible averiguar el destino de José Barrera. Todas las averiguaciones que el padre hizo, incluso ante el Ministerio del Interior, resultaron inútiles.
Paine-El Patio 29
En el capítulo referente a las desapariciones forzadas, en 1973 debe incluirse el caso de los campesinos detenidos en la localidad de Paine.
El 13 de noviembre de 1979, el vicario general del Arzobispado de Santiago presentó al ministro en visita extraordinario encargado de los casos de Paine un enorme informe escrito sobre el entierro clandestino de unos 300 cadáveres en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Dicho informe era resultado de una información suministrada confidencialmente a las autoridades. eclesiásticas por una persona que dijo haber presenciado los entierros.
La persona describe lo siguiente:
«Los cadáveres eran transportados en camiones, en el interior de cajones destapados que llevaban dos o tres cuerpos cada uno..., colocados en distintas posiciones: uno boca abajo y otros boca arriba... Presentaban huellas de impactos de balas... algunos estaban mutilados (sin alguna extremidad o sin cabeza)... Eran enterrados en fosas de tierra (dos o tres por fosa).... estaban desnudos y a veces con la ropa al lado.»
Efectivamente, en el Patio 29 existían unas 300 tumbas señaladas como NN, otras con uno o dos nombres. Las tumbas estaban abandonadas, lo que indicaba que los parientes ignoraban que sus deudos estaban allí.
«Según el informe de la Iglesia, la persona que dio los datos dijo que algunos de los cadáveres eran de personas de Paine, que al parecer habían sido traídos de Chena (recinto militar anexo a la Escuela de Infantería de San Bernardo) por personal militar perteneciente a dicho Regimiento.»
El ministro en visita se declaró incompetente, y el proceso pasó a los Tribunales militares, encontrándose actualmente en la Tercera Fiscalía Militar. Proceso 952-80. Caratulado Pereira Salver y otros. Secuestro y desaparición.