domingo, 31 de julio de 2016

Partidos Politicos y AFP, seleccion de ex-directores o postulantes a directores de AFP


Documentos revelan que la dictadura espió a niños en sus colegios

- Profesores y apoderados actuaron como "delatores" de la actividad política de alumnos y docentes.
- Las fichas de antecedentes eran compartidas directamente entre el Ministerio de Educación y la CNI.
Publicado: Jueves 27 de junio de 2013 | Autor: Cooperativa.cl
Documentos secretos de la dictadura revelan que los organismos de inteligencia de Pinochet espiaron durante años a niños chilenos en sus propios colegios.
"Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las 'marchas del hambre', realizadas en el centro de Santiago", consta en un informe enviado por la CNI (Central Nacional de Informaciones) al Ministerio de Educación en mayo de 1983.
Salinas figura junto a los nombres de decenas de otros jóvenes, como Diego Meza o Víctor Osorio (actual presidente del partido Izquierda Cristiana, IC), en 30.000 archivos secretos del régimen a los que accedió el periodista Mauricio Weibel, de la agencia DPA.
"Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que apoyaron esto deben responder", dijo Osorio a DPA al conocer de la existencia de estos archivos, que dan cuenta de que las operaciones de espionaje abarcaron colegios religiosos, públicos y privados como la Alianza Francesa en 1988, y fueron acompañadas por el despido masivo de los profesores que abogaban por la democracia.
Las fichas con antecedentes políticos de menores de edad y docentes elaboradas por la CNI llegaron a las oficinas de los ministros de la dictadura con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Augusto Pinochet.
La propia esposa del dictador, Lucía Hiriart, participó en este circuito de vigilancia, alertando por escrito, en 1988, de la supuesta simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera en la Región de Magallanes.
"Fue nombrado directamente por la Presidencia", la tranquilizó, en respuesta, el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.
Chadwick y Melero, jóvenes leales
Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de estudiantes y profesores, según los documentos. Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual timonel UDI, Patricio Melero.
"Por expreso deseo de Su Excelencia el presidente de la República, se realizará durante la segunda semana del próximo período de vacaciones un Congreso Nacional de 1.000 dirigentes secundarios", escribió el 30 de junio de 1982 ministro secretario general de Gobierno, brigadier Julio Bravo en el oficio 2000/4.
La iniciativa, comunicada al titular de Educación, Álvaro Arriagada, perduró en el tiempo y el 22 de agosto de 1983 el nuevo portavoz del régimen, el ministro Alfonso Márquez de La Plata, informó la realización de un segundo encuentro con escolares provenientes de 114 comunas.
Además del propio Pinochet, los oradores en la cita fueron Jaime Guzmán, el hoy ministro Chadwick y el diputado Melero, todos miembros fundadores de la Unión Demócrata Independiente.
El esfuerzo por levantar un "estudiantado leal", del cual existe registro hasta las postrimerías del régimen, fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos.
Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron, de hecho, cursos periódicos sobre "Seguridad Nacional" y "Doctrinas Totalitarias", entre otros.
Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en 1984.
"Sí, en los liceos de Santiago la represión fue fuerte", evocó en conversación con DPA el primer presidente de la entonces opositora Federación de Estudiantes Secundarios (Feses), Juan Alfaro.
En ese contexto, los funcionarios del Ministerio de Educación, a lo largo y ancho de todo el país, fueron enviados a cursos en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).
En esa institución cursaron materias como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos.
CNI "visaba" la contratación de docentes
Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y la CNI.
El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el llamado "Plan de Guerra del Frente Interno", que coordinó a través de su Oficina de Seguridad, como reseñó el oficio reservado 02/36 del 16 de febrero de 1984.
Las comunicaciones con la CNI -responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas- fueron diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros.
Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, refrendada en sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.
Imbuidos de ese ánimo, y en medio de multitudinarias protestas de escolares y universitarios, los ministros Horacio Aranguiz, Sergio Gaete y Juan Antonio Guzman decidieron entre 1983 y 1989 comprarse pistolas Astra y pagar su permiso de porte con fondos fiscales.
Todo ello lo dejaron por escrito en oficios firmados por ellos mismos y timbrados como "Reservados", que revisados por el periodista Mauricio Weibel, quien a fines del año pasado denunció acoso, intimidación y robo de material, al igual que otros profesionales de la prensa que estaban investigando los crímenes y acciones secretas de la dictadura.
Cardemil
En ese contexto, delatan los documentos, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.
El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores a través del subsecretario del Interior, el hoy diputado y candidato a senador de Renovación Nacional Alberto Cardemil.
Por ejemplo, Cardemil demandó en el oficio reservado 2464 del 14 de julio de 1986 definir medidas contra el profesor Benjamín Sierra de la Fuente del liceo fiscal A-2 de Arica.
Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986, proceso que devino en un jibarización del papel del Estado en la Educación, que hoy es cuestionada con fuerza por el movimiento estudiantil.
Mauricio Weibel reveló hace un año que Cardemil estuvo a cargo de distribuir los análisis y fichas que la CNI hacía de los opositores al régimen, incluyendo antecedentes políticos, sociales y privados de religiosos, extranjeros, víctimas de la represión y abogados de derechos humanos.
El diputado alegó entonces estar siendo víctima de un "ataque de la ultraizquierda".

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/documentos-revelan-que-la-dictadura-espio-a-ninos-en-sus-colegios/2013-06-27/094116.html

martes, 14 de junio de 2016

Gerardo Urrich González, alias PIUREMAN

En The Clinic está comentando un ex agente DINA, llamado Gerardo Ernesto Urrich, pero que todos conocen como PIUREMAN, quien además hoy pertenece a un grupo de ex golpitas que se hacen llamar "Vanguardia Nacional Armada".

PRONTUARIO:

Gerardo Urrich González, alias PIUREMAN, se integró a la DINA antes de su legalización, con grado de mayor; trabajaba ya en noviembre de 1973 como instructor del futuro personal en la Escuela de las Rocas de Santo Domingo y Tejas Verdes, donde estaba bajo las órdenes de Manuel Contreras.

En febrero de 1974, PIUREMAN se integra a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la Agrupación Purén, encargada en 1975 de la represión directa al Partido Socialista y en 1976 al Partido Comunista, funcionando primero en Londres 38 y luegoen Villa Grimaldi, donde compone un trío terrible junto a Raúl Carevic y Marcelo Morén Brito.

Los tres asesinan a cadenazos, luego de reiteradas torturas, a otro agente de la DINA, Rodolfo Valentín González Pérez, porque al ser enviado al Hospital Militar a cuidar a “prisioneros peligrosos” como Tito Palestro, Osvaldo Puccio y el Ministro Tohá, comenzó a ayudarlos en la comunicación con sus familiares. En Villa Grimaldi lo torturaron en “La Torre” y luego, frente a toda la guardia, lo lincharon a cadenazos para demostrar “como mueren los traidores”. González Pérez está desaparecido desde el 19 de julio de 1974.

A fines de 1974 es herido en un enfrentamiento con el MIR, por lo que vuelve sólo tras seis meses de licencia, a ocupar su puesto, en junio de 1975.

Entre los detenidos desaparecidos que habrían pasado por sus manos están los dirigentes socialistas Ricardo Lagos Salinas, Exequiel Ponce y Carlos Lorca, como también los dirigentes comunistas Mario Juica Vega, Gabriel Castillo Tapia, Juan Cortés Alruiz, Carlos Godoy Lagarrigue, Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Miguel Morales Ramírez y Daniel Palma Robledo, entre otros.

Las prisionera y posteriormente colaboradora de la DINA, Luz Arce, reconoció a PIUREMAN como uno de sus torturadores en “La Torre” de Villa Grimaldi.

En 1977 y 1978 ingresa a cursos en la Academia de Guerra. En 1986, siendo Coronel, fue designado agregado militar de la Embajada chilena en la República Federal Alemana. Es 1992 es citado a declarar en el “caso Soria”, donde admite haber pertenecido a la DINA.


martes, 7 de junio de 2016

Rodrigo Román: “Jorge Burgos es el responsable de la violencia policial”


Claudio Medrano Martes 7 de junio 2016 11:55 hrs.


En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado integrante de la Defensoría Popular se refirió a los últimos casos de tortura a estudiantes por parte de Carabineros y aseguró que se trata de “una política institucional avalada por el gobierno”.


El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, sostuvo que “estos no son hechos aislados sino que es una política institucional” respecto de los últimos casos de denuncias de torturas por parte de la policía uniformada a estudiantes.
Al respecto Román sostuvo que “hemos recibido cerca de una decena de denuncias y esperamos que el Ministerio Público investigue porque en un estado de derecho no es aceptable que las policías actúen de esa manera”.
Para el abogado esto no se trata de resabios de la dictadura sino que “es una política institucional que se ha repetido durante los últimos 25 años” y agrega que “podemos apreciar diariamente la brutalidad de la policía, tanto en la calle como al interior de los cuarteles policiales”.
Respecto de la reciente reiteración de denuncias de este tipo, el abogado sostuvo que coincide con la llegada al ministerio del Interior de Jorge Burgos “en un estado democrático social de derecho, las policías no se mandan solas, son organismo obedientes no deliberantes según la Constitución. Aquello significa que quien dispone de la Fuerza Pública, en este caso el ministerio del Interior, ahí está la responsabilidad por la brutalidad que ha empleado la policía en el último tiempo”.
Román se refirió a la formación de las policías y sostuvo que “actúan cada vez más como guardianes de los derechos de los poderosos. Tenemos los ejemplos de Magallanes, de Aysén, Freirina, esto corresponde a una política institucional avalada por el poder político”.
En ese sentido desestimó el argumento que esgrimen algunos respecto de la incapacidad del gobierno para modificar los aspectos formativos de las instituciones uniformadas “es normal escuchar esos cantos de sirena respecto de que no hay atribuciones, que están atados de manos, bueno, han pasado 25 años desde el retorno a esta supuesta democracia y las cosas siguen igual”.
A juicio del abogado “se agudiza un marco represivo y eso es responsabilidad de quienes gobiernan” y añade que “hemos observado que se ha vuelto una rutina desnudar a los chicos, obligarlos a hacer ejercicios y otro tipo de prácticas”.
Román se refirió también a los alcances que puede tener la Agenda Antidelincuencia “hay un tema oculto acá y es que dota con facultades increíbles a las policías para actuar, algunas de ellas por sobre la ley, y lo que se busca es consolidar un Estado policial, donde las fuerzas de orden puedan operar sin control”.
El abogado finalizó reiterando que “todo esto es responsabilidad de quienes conducen Chile, en este caso, no solamente este gobierno sino que las dos derechas que han manejado el país durante los últimos 25 años.

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