La Represión Política en Chile - EPÍLOGO - CIFRAS DE LA REPRESIÓN

1. La generalidad de las estimaciones hace ascender a más de 30.000 los muertos habidos con ocasión del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, si bien ellas varían en cuanto a las cifras exactas dadas las características del país y el pánico provocado por la represión. En todo caso, el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de 1985 señaló que el golpe militar «utilizó con ese propósito (el aplastamiento de toda posible resistencia) todos los recursos a su disposición, incluyendo los métodos de violencia más extremos». El embajador norteamericano en Santiago en la fecha del golpe, don Nathaniel David, escribió al respecto años después: «Las estimaciones acerca del número de gente muerta durante o inmediatamente después del golpe varían desde menos de 2.500 a más de 80.000. Una lista de 3.000 a 10.000 muertos cubre las estimaciones más fiables.»
2. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el cuadro de detenciones practicadas por la policía de Carabineros y el Servicio de Investigaciones (que no contempla las detenciones propiamente políticas realizadas por cuerpos militares y/o de seguridad) entre los años 1970 a 1980 fue el siguiente:

Año	Carabineros	Investigaciones	Total
1970	-	-	539.521
1971	-	-	553.196
1972	493.967	64.775	558.742
1973	459.455	65.096	524.551
1974	667.859	84.706	752.565
1975	806.304	87.694	893.998
1976	915.47	108.660	1.024.137
1977	999.060	113.607	1.112.667
1978	850.999	90.615	941.614
1979	783.884	81.125	865.009
1980	748.616	74.642	823.258
1981	714.067	66.855	780.922

Como puede verse, entre 1973 y 1974 las detenciones aumentaron en un 43,4 por 100, en un 70,4 en 1975, en un 95,2 en 1976 y en un 112,1 por 100 en 1977 respecto de las practicadas en el año 1973. Con posterioridad, las detenciones decrecieron, pero se mantuvieron por sobre un 50 por 100 más, anualmente, de las contabilizadas para 1973. Se trata, reiteramos, solamente de las detenciones cumplidas por las fuerzas de policía, por lo que quedan fuera la mayor parte de aquellas propiamente políticas a cargo de servicios de inteligencia (DINA, CNI o servicios específicos de las Fuerzas Armadas) y las decenas de miles de detenciones practicadas en allanamientos masivos efectuados por fuerzas militares. Cifras tan elevadas ilustran la «normalidad» de la vida cotidiana de Chile y muestran a la vez la represión sistemática a que es sometida la población, ininterrumpidamente sujeta, por otra parte, a diversos regímenes de excepción.

3. En mayo de 1975, el Ministerio del Interior reconoció que en Chile había 41.359 personas detenidas por estado de sitio. Al 6 de febrero de 1976, esa misma fuente indicó que «habían sido detenidas 42.486 personas».
4. Se ha estimado en cerca de 2.000 los casos de detenciones seguidas de desapariciones practicadas en el país entre 1973 y 1976. De ellos 668 casos han sido documentados por la Vicaría de la Solidaridad, estimándose que el resto no ha sido registrado por temor, por haberse producido los hechos en zonas rurales, por disolución de grupos familiares, etc. Ninguno de los recursos de amparo en favor de detenidos desaparecidos tuvo, en definitiva, éxito. En 1948 se produjo otro caso, apareciendo la víctima, Juan Antonio Aguirre Ballesteros, un joven activista católico, muerto meses más tarde. En 1985 se denunció otro caso de detención seguida de desaparición, el de Sergio Ruíz Lazo, exiliado que había ingresado clandestinamente a Chile. Y en septiembre de 1987 desaparecieron cinco personas, jóvenes vinculados a la organización comunista.
5. En los últimos años las muertes producidas por la represión (en manifestaciones, supuestos enfrentamientos, abusos de poder, etc.) fueron las siguientes: 1983, 96; 1984, 80; 1985, 66, y 1986, 58. Total, 300 muertes.

Entre el 11 de marzo de 198 1, fecha de vigencia de la actual Constitución, y el 1 de enero de 1983 murieron 84 personas.
En el curso del presente año, hasta fines de octubre, se habían producido al menos 25 víctimas fatales, considerando los 12 asesinados los días 15 y 16 de junio en el curso de la llamada «Operación Albania» efectuada en Santiago por la CNI en presencia, según informó la prensa, de un fiscal militar.

7. Los homicidios frustrados (entendiendo Por ellos las heridas de bala en las circunstancias señaladas en el número anterior) fueron, según datos de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1.222 entre el 11 de marzo de 1981 y el 31 de diciembre de 1986.

Las cifras de la tortura son particularmente difíciles de precisar, por el efecto intimidatorio que el tormento tiene sobre las víctimas. En todo caso, se encuentra abundantemente documentada la aplicación masiva e indiscriminada de tortura a miles y miles de personas en los meses siguientes al golpe militar.
La Vicaría de la Solidaridad procesa estas cifras sólo desde 1979, y desde 1982, la Comisión Chilena de Derechos Humanos. De acuerdo a estas fuentes el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1985 da el siguiente panorama:

Año	Denuncias formalizadas	Estimadas
1979	143	-
1980	91	-
1981	68	-
1982	57	123
1983	77	434
1984	100	294
Totales	536	851

Para 1985, la Comisión Chilena de Derechos Humanos contabilizó 168 casos de tortura y 255 para el año 1986, estimándose más o menos en una vez y media las producidas realmente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 1985: «La sólida evidencia recogida por la CIDH... le permite constatar que la práctica de la tortura no ha sido el resultado de excesos individuales cometidos por miembros de los organismos de seguridad ni un fenómeno tolerado ante la indiferencia o debilidad de otras instituciones chilenas; por el contrario, la tortura ha sido y es una política deliberada del gobierno de Chile ejecutada durante todo el período iniciado el 11 de septiembre de 1973.»
La aplicación de tortura a partir de 1985 muestra una tendencia al aumento y a la crueldad. «Monstruos» ha llamado el juez indiviRené García Villegas a los torturadores de la CNI, cuya dualización le ha sido negada por dicho cuerpo represivo, y que, sin embargo, el magistrado ha detectado en el curso de la investigación de más de 30 querellas por torturas interpuestas contra la Central Nacional de Información. La investigación ha desencadenado una campaña de amedrentamiento contra el juez, que debió recibir protección policial.
La convicción de la brutalidad de la tortura llevó el 11 de noviembre de 1983 a Sebastián Acevedo, trabajador de la construcción, a prenderse fuego ante la catedral de Concepción reclamando de la CNI la entrega de dos de sus hijos que llevaban hasta la fecha tres días desaparecidos. En homenaje a Sebastíán Acevedo y al sacrificio de su vida tomó su nombre un Movimiento contra la Tortura que ha desplegado una admirable labor de denuncia.

8. Amedrentamientos. Mediante secuestros, amenazas, seguimientos ostensibles, interferencias telefónicas y otros recursos se despliega una permanente campaña de amendrentamiento a dirigentes sociales, religiosos, activistas de derechos humanos, periodistas y políticos. En 1984 los amedrentamíentos graves fueron 554; en 1985 superaron los 430. En 1986 llegaron a 559, entre los cuales se anotan 109 acciones de amedrentamiento contra defensores de derechos humanos.

Según el diario «La Epoca», de 22 de noviembre de 1987, entre enero y septiembre de 1987 hubo 722 denuncias por amenazas graves hechas por la Acción Chilena Anticomunista, el Comando Nacionalista de Combate y otros grupos que tienen la tolerancia cuando no la orientación del gobierno. Este aumento de la intimidación contra la disidencia ha hecho que, según el diario, alrededor de 500 personas inicien mensualmente trámites para salir de Chile como refugiados políticos.

9. Las detenciones contabilizadas por la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, a contar desde 1979, fueron las siguientes: 1979, 1.325; 1980, 1.129; 1981, 911; 1982, 1.789; 1983, 15.077; 1984, 39.440; 1985, 8.946, y 1986, 33.665.

El notable incremento de las detenciones a partir de 1983 se explica por las manifestaciones y la agitación multitudinarias que comienzan a generalizarse a partir de ese año.

10. La Comisión Chilena de Derechos Humanos describió así los allanamientos masivos contra las poblaciones de la periferia de Santiago: «En dichas acciones participaron regulainente efectivos militares con uniformes de combate, arniados y con sus rostros pintados, efectivos de Carabineros y agentes de Investigaciones y de la CNI. En algunas oportunidajes se hicieron Presentes efectivos de la Fuerza Aérea.»

»Las áreas poblacionales eran cercadas desde tempranas horas de la madrugada, prohibiéndose el ingreso y salida de personas desde el interior; en algunas ocasiones se cortaba el suministro de energía eléctrica y los teléfonos' por lo que los pobladores quedan n la más absoluta indefensión respecto del accionar de estos ejercitos de ocupación. Estos ingresaban al interior de las viviendas que eran allanadas con violencia, destruyendo los modestos enseres de los pobladores y luego Procedían 'a hacer destrozos en los inmuebles, levantanjo los pisos y haciendo excavaciones en los patios (en busca de armas y/o propaganda).
»Posteriormente, procedían a sacar de sus hogares a todos los varones entre los dieciséis ni los sesenta años de edad. Todos eran trasladados a sitios eriazos, lugares municipales (estadios) o públicos (plazas) donde debían Permanecer a la intemperie en tanto sus antecedentes eran chequeados. Esto resulta especialmente duro en los meses de otoño e invierno (marzo a septiembre) cuando los pobladores debían soportar las inclemencias del tiempo, el frío y la lluvia.» (Informe correspondiente al año 1986, CCHDH.)

11. Situación de los medios de comunicación. En la reciente reunión de la Sociedad Interarnericana de Prensa (SIP), realizada en Santiago del 16 al 20 de noviembre de 1987, el periodista chileno Emilio Filippi señaló: «En Chile no existe libertad de prensa. A la ya abundante legislación restrictiva, 34 leves coaccionan la libertad de prensa, se ha sumado ahora la promulgación de una nueva ley, que establece la censura a determinadas informaciones y opiniones. Se ha anunciado oficialmente, además, la promulgación de otra ley de prensa que se teme tenga adicionales y graves restricciones al ejercicio del Periodismo.»

Agregó Filippi: «Continúan los procesos en contra de periodistas, algunos de los cuales han sufrido o sufren penas de cárcel, en virtud de leves que coartan la libertad de expresión. Varios periodistas han sufrido y sufren amenazas que ponen en peligre, sus vidas y aún no se conocen las pesquisas destinadas a establecer quiénes son los autores e instigadores del asesinato del periodista José Carrasco Tapia, asesinado hace ya más de un año.»
A título de ejemplo, digamos que las agresiones a periodistas denunciadas en 1986 de acuerdo a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fueron: Secuestro y, asesinato, 1 ; amenazas de muerte, 19; heridos por la policía, 2; otras agresiones, 3; abusos de poder, 10; detenciones, 11; procesados, 12; exonerados, 47.
Y las agresiones en el mismo año a los medios de comunicación: Allanamientos y asalto de locales, 2; clausuras y suspensiones, 15; requisiciones, 12; suspensiones, 7; prohibiciones o suspensiones de emisiones radiales, 4.
En Chile, como se sabe, la televisión se encuentra rígidamente controlada por la dictadura.

12. Existe una tendencia al aumento de los presos políticos, en su inmensa mayoría jóvenes:

Situación legal	1985	1986
Procesados:
En cárceles	267	462
En libertad provisional	630	580
Condenados:
En cárceles	47	49
Con reclusión nocturna	1	5
Con pena remitida	51	43
Total	1.016	1.139

13. Es difícil calcular con precisión la magnitud del exilio producido por el golpe y el régimen militar consiguiente, a partir de 1973. Según información manejada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, solamente en los dos primeros año del gobierno militar 20.000 chilenos tuvieron que exiliarse por motivos políticos (véase Informe correspondiente a 1985). A ellos hay que sumar decenas de miles que salieron por motivos económicos o imposibilidad de vivir en el país. La Iglesia Católica estima en cientos de miles los afectados por situaciones de exilio forzoso o voluntario. A partir de 1983, ante el incremento de la represión, nuevos contingentes de chilenos abandonaron la patria (v. número 8).