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martes, 26 de abril de 2016
Aylwin, Lagos, Insulza y Piñera, principales encubridores de los crímenes de la dictadura
Al fin, en este país de hipócritas – y a veces cínicos – alguien se atreve a decir la verdad: la madre de Rodrigo Rojas Denegri, Verónica, expresó, sin pelos en la lengua, aquello que la casta política y los “lameculos” de los periodistas no se han atrevido a decir. Bien porque los canales de radio y televisión pertenecen a los que otrora fueron partidarios del golpe militar, o a los ambiciosos y corruptos, marionetas de los empresarios de la Concertación. Esta prensa, de tanto esconder la verdad, se acostumbró a creer que los ex Presidentes de la Concertación eran personas honorables y que merecían todo su respeto. No querían dar a conocer la violación flagrante a los derechos humanos, bien por intereses personales o por miedo a perder su puesto de trabajo, porque todavía en Chile hay despistados que confunden libertad de empresa periodística con libertad de prensa, como también hay tontos que votarían de nuevo por los traidores de la Concertación o por el frívolo y ricachón, Sebastián Piñera .
La señora Verónica Denegri zarandeó, a su gusto, al periodista entrevistador de CNN Chile, y lo trató de ignorante y desinformado al afirmar que ella se había entrevistado con Enrique Correa - en ese entonces Secretario General de Gobierno – diálogo que dio pie a una seguidilla de verdades. Por ejemplo, que “Patricio Aylwin había sido un golpista”; que “Eduardo Frei Ruiz-Tagle había sido muy cobarde, a diferencia de su hermana Carmen, en defensa de su padre,contra sus asesinos” en la clínica Santa María; a José Miguel Insulza, lo acusa de “haber traído al dictador de vuelta” cuando estaba preso en Londres. “Algunos de ellos son candidatos a la presidencia, no voten por ellos”. También para la Presidenta Bachelet hubo un mensaje: que “cerrara, de una vez por todas, Punta Peuco” y que además, “quitara a los condenados por crímenes de lesa humanidad los privilegios de que aún gozan”.
La madre de Rodrigo Rojas Denegri no usa el lenguaje hipócrita de muchos chilenos, sino que va directo al objeto: sostiene que no perdona, que al ejército chileno hay que cambiarlo radicalmente y que hemos avanzado muy poco en el respeto a los derechos humanos; también reconoce la valentía del juez Mario Carroza, quien está a cargo de la investigación del caso “quemados”.
Los famosos “pactos de silencio”, que no tiene ninguna característica de voluntaria, sino una coacción del mando jerárquico del ejército, se han mantenido desde el comienzo de la transición democracia hasta hoy, y muchos del número de víctimas han sido de soldados conscriptos que, en los años de la represión, tenían menos de 20 años. Con la declaración de uno de ellos, Fernando Guzmán, se ha destapado una faceta de la forma en que la División del ejército desarrollaba la estrategia de coacción para evitar ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad – les obligaban a aprender de memoria las declaraciones ante el fiscal o el juez, así como se les aseguraba algunos beneficios, como salud, ascenso y mejores sueldos y, a su vez, se les amenazaba de muerte no sólo a ellos, sino también a sus familias -.
El arrepentimiento y denuncia pública del conscripto Fernando Guzmán está permitiendo conocer a fondo quiénes eran los oficiales culpables del hecho brutal de quemar vivos a los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, el de julio de 1986, durante una de las protestas contra la dictadura fascista de Augusto Pinochet.
El oficial de inteligencia del ejército, Julio Castañer, en ese entonces teniente, fue el autor del inicio del incendio que quemó vivos a los jóvenes, luego abandonados a su suerte en una zanja de Quilicura, quien en vez de ser juzgado y condenado como correspondía, ascendió en el ejército, incluso fue becado por la institución para cursar estudios de ciencia política, convirtiéndose luego en profesor de la Universidad de Magallanes.
Por suerte aún en Chile restan personas que denuncian las traiciones de los personajillos de la Concertación respecto de los derechos humanos. Desde hace tiempo, Chile está podrido moralmente y de no mediar una refundación republicana, vamos derecho al marasmo.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
25/07/2015
http://www.elclarin.cl/web/opinion/cronicas-de-un-pais-anormal/16372-aylwin-lagos-insulza-y-pinera-principales-encubridores-de-los-crimenes-de-la-dictadura.html
martes, 4 de agosto de 2015
Testimonios Acreditan que el Ejército Ocultó e Incineró Archivos Secretos de la Dictadura
Nuevos testimonios de militares confirman que el Ejército mantuvo en bóvedas subterráneas de la DINE archivos con cientos de miles de documentos microfilmados con información de operaciones secretas en dictadura. Los documentos existían mientras el Ejército los negaba una y otra vez. Así se acreditó en el juicio por el crimen de Eduardo Frei Montalva, en el cual no ha habido colaboración militar. La revelación sobre un pacto de silencio para ocultar a quienes quemaron a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana acrecienta la presión para que el Ejército entregue esos archivos y acotar la impunidad.
Veintinueve años después de que una patrulla militar quemara vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, sobreviviendo solo esta última, dos conscriptos que integraban esa patrulla revelaron la identidad del principal autor material de un hecho que conmocionó al país y a la opinión pública internacional.
El Ejército se demoró 17 días en reconocer que militares habían participado en un “accidente”, asumiendo como único error el que el jefe del pelotón, el teniente Pedro Fernández Dittus, no prestó auxilio a las víctimas. Una versión que el Ejército mantiene hasta hoy a pesar de que en esos mismos días de julio de 1986 una investigación interna determinó que el entonces teniente Julio Castañer y otros oficiales habían tenido un rol protagónico en el estremecedor episodio.
Los dos conscriptos que acaban de romper el pacto de silencio que operó hasta ahora –Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas–, revelaron que Castañer fue quien prendió fuego a los dos jóvenes y que se les ordenó encubrirlo. Sus testimonios coinciden con la declaración que desde el primer minuto entregó Carmen Gloria Quintana: que fueron quemados deliberadamente y que uno de los autores fue Castañer.
Estos son los datos que debieron estar en la investigación interna que hizo el Ejército en la época y que Carmen Gloria Quintana ha pedido una y otra vez sin respuesta.
¿Dónde está la investigación del Ejército sobre este macabro episodio? Hasta hoy no hay rastro ni de ese documento ni de ninguno de los archivos que contienen el registro de las operaciones secretas de los organismos de seguridad durante la dictadura. Y hay pruebas de su existencia. Primero, de los registros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego de la Central Nacional de Informaciones (CNI), a los que suman los de la propia Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Miles de documentos que contenían tanto el detalle de los seguimientos a los opositores al régimen, como de las operaciones criminales para eliminarlos.
Estos archivos han sido durante años objeto de una intensa búsqueda y de requerimientos oficiales al Ejército. Así ocurrió durante el juicio en Chile por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires (1974), y más recientemente en la investigación por el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva (1982), reabierta en mayo pasado.
A pesar de que el ministro en visita Alejandro Madrid ha obtenido reveladores testimonios de integrantes de los servicios secretos de la dictadura que dan cuenta de la existencia de esos archivos, el Ejército nuevamente ha negado tenerlos.
El equipo con el que trabajó Madrid logró reconstituir cómo los organismos de seguridad registraron los seguimientos que se hicieron a cada paso de Frei Montalva en sus tres últimos años de vida, lo que incluye interceptaciones de sus llamadas telefónicas, hasta culminar con su muerte en la Clínica Santa María.
A ellos se suman otros testimonios recogidos en ese mismo proceso sobre los registros que se iban guardando en dependencias de la CNI y que luego pasaron a la DINE, documentación que aún estaba bajo custodia hasta bien avanzada la democracia en dependencias del Ejército.
Las últimas revelaciones de los dos conscriptos sobre la verdad de lo ocurrido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, confirman que el Ejército ha ocultado deliberadamente información que podría haber dilucidado cientos de juicios sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Y lo sigue haciendo.
“La importancia de las declaraciones de los conscriptos es que devela que al interior del Ejército existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira en todos los casos de derechos humanos“, denunció Carmen Gloria Quintana en Tolerancia Cero.
ARCHIVOS INCINERADOS EN DEMOCRACIA
En enero de este año, el ministro Alejandro Madrid recibió un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI que recoge los testimonios de ex agentes que trabajaron con esos archivos. La pista más reciente es la que entrega Raúl Luis Otárola López, suboficial (R) del Ejército y ex integrante de la DINA y luego de la CNI:
“Recuerdo que el año 2005 bajé al referido subterráneo (de la DINE) a dejar documentos microfilmados, donde existen repisas metálicas donde están los rollos de celuloide soportados por cartridges, ordenados por códigos y números”.
La ruta de los archivos es fácil de seguir a partir de la trayectoria de Otárola López, quien empezó a trabajar en la sección “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976. En esa época, la unidad funcionaba en el Cuartel Belgrado de la DINA, el cuartel desde donde operaba el director del organismo de inteligencia, Manuel Contreras. Al año siguiente, la DINA sería reemplazada por la CNI, con lo cual los funcionarios del archivo se mudarían a las dependencias del nuevo organismo, en calle República con Toesca.
Ahí Otárola se desempeñó en la sección “Microfilm”, donde se enteró de que Manuel Contreras, el ex director de la DINA, se había llevado los rollos correspondientes al asesinato de Orlando Letelier en Washington, por el que fue condenado años más tarde. Su testimonio desmiente la versión que ha entregado el Ejército hasta ahora: que Contreras se llevó todos los archivos de la DINA a un paradero desconocido, no dejando nada en sus cuarteles.
Con el regreso a la democracia y la disolución de la CNI, los archivos tuvieron una nueva mudanza, esta vez a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), ubicada en el número 129 del Paseo Bulnes. En el subterráneo de ese edificio, declaró Raúl Otárola, se habilitó una bodega especial para guardar los microfilms de la CNI. Ese fue el lugar que dijo haber visitado el año 2005, cuando seguían almacenados los cartridges con información.
La ruta seguida por Otárola coincide con la que revelaron otros ex agentes, como la actriz y profesora de danza María Ximena del Rosario Galleguillos Aracena, quien ingresó a la sección de “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976, pasó a Microfilms en el Cuartel Belgrado, y de ahí a la CNI en República con Toesca:
“Mi función consistía en operar una máquina microfilmadora, donde se respaldaban y reducían los archivos físicos al formato celuloide, quedando contenidas en un cartridge donde podía almacenarse un gran número de documentos. Nuestra labor debía ser realizada en forma rápida, por tanto no era necesario interiorizarse de su contenido. Una vez efectuada la microfilmación, realizábamos el revelado, para lo cual fuimos capacitados por la empresa Kodak”, relató Galleguillos.
Esos microfilms sobrevivieron al menos una década en el subterráneo de la DINE. Según declaró Otárola, algunos rollos fueron incinerados en un horno de la Escuela de Inteligencia de Nos, para lo cual se levantó un acta del proceso que fue supervisado por la mayor Mercedes Rojas Kuschevich –quien estaba a cargo del archivo subterráneo– y por otra oficial cuyo nombre dijo haber olvidado.
Solo en este punto, el relato de Otárola se contradice con el de la teniente coronel (R) Rojas Kuschevich, quien aseguró a los detectives que todos los archivos de la CNI fueron quemados y que no se dejó registro de la incineración. Según el relato de Rojas, en 1989 fue destinada a la DINE, específicamente al Departamento II de Contrainteligencia:
“Entre 1991 y 1992 la información de la CNI, microfilmada en rollos de celuloide, fue entregada al Departamento II para su custodia, pasando a depender por consiguiente de nuestra sección. No podría precisar cuántos rollos eran, pero sí recuerdo que se almacenaron en la bóveda situada en el subterráneo del inmueble ubicado en calle República con Toesca. Con posterioridad a esa época, las instalaciones de la DINE fueron trasladadas hasta calle Bulnes Nº 129, siendo ubicada la bóveda que contenía los archivos de microfilmación en el subterráneo del referido cuartel”.
La teniente coronel (R) Rojas Kuschevich reveló un importante antecedente hasta ahora desconocido sobre el uso que le dio el Ejército a esos archivos en los años 90:
“Recuerdo que en el periodo en el cual se encontraba a cargo de la DINE el general Eduardo Jara Hallad (Jara asume esa dirección en 1996), ya ubicados en Bulnes, recibimos la orden de revisar los microfilms de la CNI, con la finalidad de ver su contenido y advertir si existía información referente a las violaciones a los derechos humanos”.
Según la misma teniente coronel, la documentación –que incluía oficios– estaba clasificada por materia, mencionando categorías como “embajadas”, “discursos de opositores”, “informaciones de prensa referida al gobierno militar”, “transcripciones de radio” y consultas efectuadas a la CNI por otras instituciones sobre antecedentes de personas.
Ante los detectives que la interrogaron, Rojas aseguró que no encontró información referente “a política, opositores o investigaciones de personas, tampoco respecto de labores operativas”, por lo que informó a sus superiores que no había nada relacionado con derechos humanos.
Sus dichos se contradicen con lo declarado por Raúl Otárola, quien afirmó haber elaborado fichas de opositores al régimen, incluyendo personas que estuvieron en campos de detención, para ese mismo archivo. A eso se suma una declaración del ex agente de la CNI George Frederic Styles Osorio, quien sostuvo que en la sección “Archivo y Kárdex” se “confeccionaban las fichas de cada persona en base a los informes que eran derivados desde la brigadas operativas”.
La última parte de la declaración de la teniente coronel Mercedes Rojas es la más polémica:
“Luego de esta revisión, entre 1999 y 2000 recibí la orden por parte del general Jara Hallad de incinerar estos archivos de microfilmación, ya que sólo ocupaban espacio. Por tanto di cumplimiento a esta instrucción en compañía del suboficial mayor Luis Zúñiga Celis y el cabo Osvaldo Ramírez Lazcano, concurriendo hasta dependencias de la Escuela de Inteligencia de Nos, donde los quemamos en un horno. Hago presente que no se levantó acta de este procedimiento por tratarse de archivos civiles y no militares”.
Si bien Rojas relató el episodio de la quema de esos archivos de la CNI en Nos, también agregó que los archivos correspondientes a la DINE permanecieron en custodia en las dependencias de calle Bulnes, al menos hasta su retiro en 2005.
El archivo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), añadió Rojas, siempre se manejó de forma separada.
Si Rojas afirma que los archivos de la CNI se incineraron entre 1999 y 2000, la declaración de Ramírez Lazcano sitúa la quema entre el año 2000 y el 2002, y agrega un dato: se destruyeron entre 40 y 50 rollos de microfilm. El testimonio de Ramírez Lazcano fue recogido recién en junio pasado y tiene especial relevancia, pues es un suboficial en servicio activo en Contrainteligencia de la DINE.
Quienes han tenido acceso reciente al expediente del juicio por el asesinato de Frei Montalva, cruzan este dato con el entregado por el oficial de Ejército Ricardo Yáñez Mora –segundo hombre de la División de Informática de la CNI, según Otárola, a cargo de la sección de “Microfilm”–, quien declaró que en cada cartridge cabían alrededor de 5 mil documentos microfilmados. Así, en total serían entre 200 mil y 250 mil los documentos de la CNI incinerados por el Ejército en democracia.
FECHAS CLAVE PARA LAS INVESTIGACIONES DE DD.HH.
Los márgenes de fechas señalados por Rojas y Ramírez sitúan la incineración entre 1999 y 2002, periodo en que ocurrieron al menos tres hechos relevantes. Entre octubre de 1998 y marzo de 2000, Augusto Pinochet estaba preso en Londres y tanto el gobierno chileno de la época como el Ejército aseguraban que debía volver al país para ser juzgado.
Los archivos de la CNI podrían haber sido un insumo clave para dichas investigaciones, algunas de las cuales siguen abiertas hasta hoy.
En diciembre de 1999, además, asumió como director de la DINE el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del que fuera jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, condenado en Argentina como autor del asesinato del general Prats. Durante la gestión de Roberto Arancibia al mando de la DINE, fue procesado el subdirector del organismo, Fernán González Fernández, por obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez.
En ese momento, el ministro Sergio Muñoz (actual presidente de la Corte Suprema) acusó a Arancibia Clavel de nombrar oficiales de enlace con los procesados por los crímenes de la dictadura antes de que declararan. En ese operativo, Fernán González habría presionado a Carlos Herrera Jiménez para que no confesara el crimen del ex presidente de la ANEF.
Tras toda una carrera ligada a inteligencia militar, Fernán González pasó ese año a retiro, pero fue recontratado por Arancibia inmediatamente como analista de la dirección de la DINE. La teniente coronel Mercedes Rojas cree que González era el jefe del Departamento II de Contrainteligencia cuando se le ordenó revisar los microfilms de la CNI en búsqueda de información sobre violaciones a los derechos humanos, mientras que Ramírez Lazcano dice estar seguro de que era el jefe cuando se realizó la incineración.
El tercer hito relevante del periodo es que a mediados del año 2000 se implementó la llamada Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos. En esa instancia, las Fuerzas Armadas y de Orden de comprometieron oficialmente a recabar información que permitiera determinar el destino de cientos de detenidos desaparecidos. Pese a las altas expectativas iniciales, parte de la información entregada resultó falsa o fue ocultada. No se supo entonces que paralelamente el Ejército estaba incinerando archivos, sin dejar rastro del contenido de los documentos que se destruyeron.
En su informe al ministro Alejandro Madrid, la PDI destaca que el decreto que crea la CNI establece que era un “organismo militar especializado”, por lo tanto, a diferencia de lo que declaró la teniente coronel Rojas, se trataba de documentos militares y no civiles, lo que exigía un acta de incineración.
Los policías también reparan en la contradicción de la teniente coronel Rojas respecto al contenido de los documentos, pues primero dijo que había información sobre discursos de opositores y consultas realizadas a la CNI sobre personas, pero luego aseguró que no había antecedentes sobre política u opositores.
Las declaraciones policiales de Otárola y Rojas son muy recientes: tuvieron lugar en los años 2013 y 2014, respectivamente. A ambos les preguntaron si tenían antecedentes de una visita del brigadier (R) Pedro Espinoza –ex subdirector de la DINA, condenado entre otros crímenes por el asesinato del general Prats y de Orlando Letelier– al archivo de la DINE después de su retiro. Ambos negaron tener información al respecto.
La pregunta sobre Espinoza tiene su origen en un hecho ocurrido en 2007 y nunca dilucidado: ese año, Pedro Espinoza entregó un documento al ministro Alejandro Solís que fue clave para resolver el asesinato el general Prats, el que, según dijo, había obtenido el año 2004 desde los archivos de la DINE en calle Bulnes.
El documento, fechado en 1974, estaba firmado por el entonces capitán Juan Morales Salgado, oficial de la DINA, y dirigido al general Manuel Contreras. En él, detallaba los movimientos de Prats y su esposa en Buenos Aires, donde serían asesinados posteriormente.
En ese momento, el Ejército negó tener archivos referentes a la DINA o a la CNI y el entonces comandante en jefe Óscar Izurieta dijo que Espinoza “o se confundió o falta a la verdad”. El 12 de julio de 2007, el ministro Solís llegó hasta Bulnes N°129, donde fue recibido por el jefe de la DINE, general Ricardo Ortega, para revisar los archivos. Como era esperable, no encontró nada.
Los militares fueron cuidadosos en eliminar las huellas de los crímenes cometidos durante la dictadura. Los documentos que han sobrevivido a las incineraciones han llegado a manos de los jueces porque habían sido obtenidos por abogados de derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad, periodistas o incluso algunos altos mando que los conservaron para resguardarse, como el propio Manuel Contreras. Pero hubo descuidos, como los archivos de la DINA encontrados en el ex centro de tortura de Londres 38, hallados en 2005 durante la remodelación del lugar.
La gran duda hoy es cuántos de esos archivos existen aún. En el caso de los jóvenes quemados, Carmen Gloria Quintana ha demandado por años la colaboración del Ejército y específicamente la entrega de los documentos de la investigación interna que se realizó en 1986. Los hechos han confirmado que no ha existido voluntad de colaborar con la justicia, sino de ocultar la información disponible.
La primera indagación, a cargo de un ministro civil que se declaró muy pronto incompetente traspasando el proceso a la Justicia Militar, fue casi inexistente. Y lo que entregó fue un juicio en que no había homicidio sino un “accidente”. Como era previsible, esa verdad oficial del Ejército fue ratificada por la Justicia Militar. Por eso Pedro Fernández Dittus fue condenado sólo por cuasi delito de homicidio. El Ejército incluso lo premió ascendiéndolo a capitán.
El pacto de silencio, que debió haber contado con la anuencia del entonces vicecomandante en jefe del Ejército, general Santiago Sinclair, protegió a Julio Castañer, quien es apuntado por dos conscriptos como el que encendió el fuego para quemar a Quintana y Rojas, previamente rociados con bencina. En ese momento, Castañer era el jefe de la unidad de inteligencia del Regimiento Libertadores, el mismo al que pertenecían todos los uniformados que participaron en esa operación.
Pese a ello, Castañer siguió activo en el Ejército hasta 2005 y tras su retiro fue contratado como asesor de la Quinta División en Punta Arenas. Ahí estaba la semana pasada, antes de que el juez Mario Carroza lo procesara como uno de los autores del homicidio calificado de Rodrigo Rojas y del homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Esta semana el gobierno ha vuelto a reiterarle al Ejército que entregue la documentación que mantiene bajo custodia sobre los crímenes cometidos en dictadura. A la luz de las revelaciones que emergen del juicio por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, proceso que aún está abierto, una nueva negativa del Ejército sería un nuevo acto de obstrucción a la justicia y una burla a su subordinación al poder civil y democrático.
Fuente: CIPER Chile
http://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-ejercito-guardo-archivos-secretos-de-la-dictadura/
http://www.diarioreddigital.cl/ddhh/6670-testimonios-acreditan-que-el-ej%C3%A9rcito-ocult%C3%B3-e-inciner%C3%B3-archivos-secretos-de-la-dictadura.html
Veintinueve años después de que una patrulla militar quemara vivos a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, sobreviviendo solo esta última, dos conscriptos que integraban esa patrulla revelaron la identidad del principal autor material de un hecho que conmocionó al país y a la opinión pública internacional.
El Ejército se demoró 17 días en reconocer que militares habían participado en un “accidente”, asumiendo como único error el que el jefe del pelotón, el teniente Pedro Fernández Dittus, no prestó auxilio a las víctimas. Una versión que el Ejército mantiene hasta hoy a pesar de que en esos mismos días de julio de 1986 una investigación interna determinó que el entonces teniente Julio Castañer y otros oficiales habían tenido un rol protagónico en el estremecedor episodio.
Los dos conscriptos que acaban de romper el pacto de silencio que operó hasta ahora –Fernando Guzmán y Pedro Franco Rivas–, revelaron que Castañer fue quien prendió fuego a los dos jóvenes y que se les ordenó encubrirlo. Sus testimonios coinciden con la declaración que desde el primer minuto entregó Carmen Gloria Quintana: que fueron quemados deliberadamente y que uno de los autores fue Castañer.
Estos son los datos que debieron estar en la investigación interna que hizo el Ejército en la época y que Carmen Gloria Quintana ha pedido una y otra vez sin respuesta.
¿Dónde está la investigación del Ejército sobre este macabro episodio? Hasta hoy no hay rastro ni de ese documento ni de ninguno de los archivos que contienen el registro de las operaciones secretas de los organismos de seguridad durante la dictadura. Y hay pruebas de su existencia. Primero, de los registros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego de la Central Nacional de Informaciones (CNI), a los que suman los de la propia Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Miles de documentos que contenían tanto el detalle de los seguimientos a los opositores al régimen, como de las operaciones criminales para eliminarlos.
Estos archivos han sido durante años objeto de una intensa búsqueda y de requerimientos oficiales al Ejército. Así ocurrió durante el juicio en Chile por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires (1974), y más recientemente en la investigación por el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva (1982), reabierta en mayo pasado.
A pesar de que el ministro en visita Alejandro Madrid ha obtenido reveladores testimonios de integrantes de los servicios secretos de la dictadura que dan cuenta de la existencia de esos archivos, el Ejército nuevamente ha negado tenerlos.
El equipo con el que trabajó Madrid logró reconstituir cómo los organismos de seguridad registraron los seguimientos que se hicieron a cada paso de Frei Montalva en sus tres últimos años de vida, lo que incluye interceptaciones de sus llamadas telefónicas, hasta culminar con su muerte en la Clínica Santa María.
A ellos se suman otros testimonios recogidos en ese mismo proceso sobre los registros que se iban guardando en dependencias de la CNI y que luego pasaron a la DINE, documentación que aún estaba bajo custodia hasta bien avanzada la democracia en dependencias del Ejército.
Las últimas revelaciones de los dos conscriptos sobre la verdad de lo ocurrido con Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, confirman que el Ejército ha ocultado deliberadamente información que podría haber dilucidado cientos de juicios sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Y lo sigue haciendo.
“La importancia de las declaraciones de los conscriptos es que devela que al interior del Ejército existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira en todos los casos de derechos humanos“, denunció Carmen Gloria Quintana en Tolerancia Cero.
ARCHIVOS INCINERADOS EN DEMOCRACIA
En enero de este año, el ministro Alejandro Madrid recibió un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI que recoge los testimonios de ex agentes que trabajaron con esos archivos. La pista más reciente es la que entrega Raúl Luis Otárola López, suboficial (R) del Ejército y ex integrante de la DINA y luego de la CNI:
“Recuerdo que el año 2005 bajé al referido subterráneo (de la DINE) a dejar documentos microfilmados, donde existen repisas metálicas donde están los rollos de celuloide soportados por cartridges, ordenados por códigos y números”.
La ruta de los archivos es fácil de seguir a partir de la trayectoria de Otárola López, quien empezó a trabajar en la sección “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976. En esa época, la unidad funcionaba en el Cuartel Belgrado de la DINA, el cuartel desde donde operaba el director del organismo de inteligencia, Manuel Contreras. Al año siguiente, la DINA sería reemplazada por la CNI, con lo cual los funcionarios del archivo se mudarían a las dependencias del nuevo organismo, en calle República con Toesca.
Ahí Otárola se desempeñó en la sección “Microfilm”, donde se enteró de que Manuel Contreras, el ex director de la DINA, se había llevado los rollos correspondientes al asesinato de Orlando Letelier en Washington, por el que fue condenado años más tarde. Su testimonio desmiente la versión que ha entregado el Ejército hasta ahora: que Contreras se llevó todos los archivos de la DINA a un paradero desconocido, no dejando nada en sus cuarteles.
Con el regreso a la democracia y la disolución de la CNI, los archivos tuvieron una nueva mudanza, esta vez a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), ubicada en el número 129 del Paseo Bulnes. En el subterráneo de ese edificio, declaró Raúl Otárola, se habilitó una bodega especial para guardar los microfilms de la CNI. Ese fue el lugar que dijo haber visitado el año 2005, cuando seguían almacenados los cartridges con información.
La ruta seguida por Otárola coincide con la que revelaron otros ex agentes, como la actriz y profesora de danza María Ximena del Rosario Galleguillos Aracena, quien ingresó a la sección de “Archivo y Kárdex” de la DINA en 1976, pasó a Microfilms en el Cuartel Belgrado, y de ahí a la CNI en República con Toesca:
“Mi función consistía en operar una máquina microfilmadora, donde se respaldaban y reducían los archivos físicos al formato celuloide, quedando contenidas en un cartridge donde podía almacenarse un gran número de documentos. Nuestra labor debía ser realizada en forma rápida, por tanto no era necesario interiorizarse de su contenido. Una vez efectuada la microfilmación, realizábamos el revelado, para lo cual fuimos capacitados por la empresa Kodak”, relató Galleguillos.
Esos microfilms sobrevivieron al menos una década en el subterráneo de la DINE. Según declaró Otárola, algunos rollos fueron incinerados en un horno de la Escuela de Inteligencia de Nos, para lo cual se levantó un acta del proceso que fue supervisado por la mayor Mercedes Rojas Kuschevich –quien estaba a cargo del archivo subterráneo– y por otra oficial cuyo nombre dijo haber olvidado.
Solo en este punto, el relato de Otárola se contradice con el de la teniente coronel (R) Rojas Kuschevich, quien aseguró a los detectives que todos los archivos de la CNI fueron quemados y que no se dejó registro de la incineración. Según el relato de Rojas, en 1989 fue destinada a la DINE, específicamente al Departamento II de Contrainteligencia:
“Entre 1991 y 1992 la información de la CNI, microfilmada en rollos de celuloide, fue entregada al Departamento II para su custodia, pasando a depender por consiguiente de nuestra sección. No podría precisar cuántos rollos eran, pero sí recuerdo que se almacenaron en la bóveda situada en el subterráneo del inmueble ubicado en calle República con Toesca. Con posterioridad a esa época, las instalaciones de la DINE fueron trasladadas hasta calle Bulnes Nº 129, siendo ubicada la bóveda que contenía los archivos de microfilmación en el subterráneo del referido cuartel”.
La teniente coronel (R) Rojas Kuschevich reveló un importante antecedente hasta ahora desconocido sobre el uso que le dio el Ejército a esos archivos en los años 90:
“Recuerdo que en el periodo en el cual se encontraba a cargo de la DINE el general Eduardo Jara Hallad (Jara asume esa dirección en 1996), ya ubicados en Bulnes, recibimos la orden de revisar los microfilms de la CNI, con la finalidad de ver su contenido y advertir si existía información referente a las violaciones a los derechos humanos”.
Según la misma teniente coronel, la documentación –que incluía oficios– estaba clasificada por materia, mencionando categorías como “embajadas”, “discursos de opositores”, “informaciones de prensa referida al gobierno militar”, “transcripciones de radio” y consultas efectuadas a la CNI por otras instituciones sobre antecedentes de personas.
Ante los detectives que la interrogaron, Rojas aseguró que no encontró información referente “a política, opositores o investigaciones de personas, tampoco respecto de labores operativas”, por lo que informó a sus superiores que no había nada relacionado con derechos humanos.
Sus dichos se contradicen con lo declarado por Raúl Otárola, quien afirmó haber elaborado fichas de opositores al régimen, incluyendo personas que estuvieron en campos de detención, para ese mismo archivo. A eso se suma una declaración del ex agente de la CNI George Frederic Styles Osorio, quien sostuvo que en la sección “Archivo y Kárdex” se “confeccionaban las fichas de cada persona en base a los informes que eran derivados desde la brigadas operativas”.
La última parte de la declaración de la teniente coronel Mercedes Rojas es la más polémica:
“Luego de esta revisión, entre 1999 y 2000 recibí la orden por parte del general Jara Hallad de incinerar estos archivos de microfilmación, ya que sólo ocupaban espacio. Por tanto di cumplimiento a esta instrucción en compañía del suboficial mayor Luis Zúñiga Celis y el cabo Osvaldo Ramírez Lazcano, concurriendo hasta dependencias de la Escuela de Inteligencia de Nos, donde los quemamos en un horno. Hago presente que no se levantó acta de este procedimiento por tratarse de archivos civiles y no militares”.
Si bien Rojas relató el episodio de la quema de esos archivos de la CNI en Nos, también agregó que los archivos correspondientes a la DINE permanecieron en custodia en las dependencias de calle Bulnes, al menos hasta su retiro en 2005.
El archivo del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), añadió Rojas, siempre se manejó de forma separada.
Si Rojas afirma que los archivos de la CNI se incineraron entre 1999 y 2000, la declaración de Ramírez Lazcano sitúa la quema entre el año 2000 y el 2002, y agrega un dato: se destruyeron entre 40 y 50 rollos de microfilm. El testimonio de Ramírez Lazcano fue recogido recién en junio pasado y tiene especial relevancia, pues es un suboficial en servicio activo en Contrainteligencia de la DINE.
Quienes han tenido acceso reciente al expediente del juicio por el asesinato de Frei Montalva, cruzan este dato con el entregado por el oficial de Ejército Ricardo Yáñez Mora –segundo hombre de la División de Informática de la CNI, según Otárola, a cargo de la sección de “Microfilm”–, quien declaró que en cada cartridge cabían alrededor de 5 mil documentos microfilmados. Así, en total serían entre 200 mil y 250 mil los documentos de la CNI incinerados por el Ejército en democracia.
FECHAS CLAVE PARA LAS INVESTIGACIONES DE DD.HH.
Los márgenes de fechas señalados por Rojas y Ramírez sitúan la incineración entre 1999 y 2002, periodo en que ocurrieron al menos tres hechos relevantes. Entre octubre de 1998 y marzo de 2000, Augusto Pinochet estaba preso en Londres y tanto el gobierno chileno de la época como el Ejército aseguraban que debía volver al país para ser juzgado.
Los archivos de la CNI podrían haber sido un insumo clave para dichas investigaciones, algunas de las cuales siguen abiertas hasta hoy.
En diciembre de 1999, además, asumió como director de la DINE el general Roberto Arancibia Clavel, hermano del que fuera jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, condenado en Argentina como autor del asesinato del general Prats. Durante la gestión de Roberto Arancibia al mando de la DINE, fue procesado el subdirector del organismo, Fernán González Fernández, por obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez.
En ese momento, el ministro Sergio Muñoz (actual presidente de la Corte Suprema) acusó a Arancibia Clavel de nombrar oficiales de enlace con los procesados por los crímenes de la dictadura antes de que declararan. En ese operativo, Fernán González habría presionado a Carlos Herrera Jiménez para que no confesara el crimen del ex presidente de la ANEF.
Tras toda una carrera ligada a inteligencia militar, Fernán González pasó ese año a retiro, pero fue recontratado por Arancibia inmediatamente como analista de la dirección de la DINE. La teniente coronel Mercedes Rojas cree que González era el jefe del Departamento II de Contrainteligencia cuando se le ordenó revisar los microfilms de la CNI en búsqueda de información sobre violaciones a los derechos humanos, mientras que Ramírez Lazcano dice estar seguro de que era el jefe cuando se realizó la incineración.
El tercer hito relevante del periodo es que a mediados del año 2000 se implementó la llamada Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos. En esa instancia, las Fuerzas Armadas y de Orden de comprometieron oficialmente a recabar información que permitiera determinar el destino de cientos de detenidos desaparecidos. Pese a las altas expectativas iniciales, parte de la información entregada resultó falsa o fue ocultada. No se supo entonces que paralelamente el Ejército estaba incinerando archivos, sin dejar rastro del contenido de los documentos que se destruyeron.
En su informe al ministro Alejandro Madrid, la PDI destaca que el decreto que crea la CNI establece que era un “organismo militar especializado”, por lo tanto, a diferencia de lo que declaró la teniente coronel Rojas, se trataba de documentos militares y no civiles, lo que exigía un acta de incineración.
Los policías también reparan en la contradicción de la teniente coronel Rojas respecto al contenido de los documentos, pues primero dijo que había información sobre discursos de opositores y consultas realizadas a la CNI sobre personas, pero luego aseguró que no había antecedentes sobre política u opositores.
Las declaraciones policiales de Otárola y Rojas son muy recientes: tuvieron lugar en los años 2013 y 2014, respectivamente. A ambos les preguntaron si tenían antecedentes de una visita del brigadier (R) Pedro Espinoza –ex subdirector de la DINA, condenado entre otros crímenes por el asesinato del general Prats y de Orlando Letelier– al archivo de la DINE después de su retiro. Ambos negaron tener información al respecto.
La pregunta sobre Espinoza tiene su origen en un hecho ocurrido en 2007 y nunca dilucidado: ese año, Pedro Espinoza entregó un documento al ministro Alejandro Solís que fue clave para resolver el asesinato el general Prats, el que, según dijo, había obtenido el año 2004 desde los archivos de la DINE en calle Bulnes.
El documento, fechado en 1974, estaba firmado por el entonces capitán Juan Morales Salgado, oficial de la DINA, y dirigido al general Manuel Contreras. En él, detallaba los movimientos de Prats y su esposa en Buenos Aires, donde serían asesinados posteriormente.
En ese momento, el Ejército negó tener archivos referentes a la DINA o a la CNI y el entonces comandante en jefe Óscar Izurieta dijo que Espinoza “o se confundió o falta a la verdad”. El 12 de julio de 2007, el ministro Solís llegó hasta Bulnes N°129, donde fue recibido por el jefe de la DINE, general Ricardo Ortega, para revisar los archivos. Como era esperable, no encontró nada.
Los militares fueron cuidadosos en eliminar las huellas de los crímenes cometidos durante la dictadura. Los documentos que han sobrevivido a las incineraciones han llegado a manos de los jueces porque habían sido obtenidos por abogados de derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad, periodistas o incluso algunos altos mando que los conservaron para resguardarse, como el propio Manuel Contreras. Pero hubo descuidos, como los archivos de la DINA encontrados en el ex centro de tortura de Londres 38, hallados en 2005 durante la remodelación del lugar.
La gran duda hoy es cuántos de esos archivos existen aún. En el caso de los jóvenes quemados, Carmen Gloria Quintana ha demandado por años la colaboración del Ejército y específicamente la entrega de los documentos de la investigación interna que se realizó en 1986. Los hechos han confirmado que no ha existido voluntad de colaborar con la justicia, sino de ocultar la información disponible.
La primera indagación, a cargo de un ministro civil que se declaró muy pronto incompetente traspasando el proceso a la Justicia Militar, fue casi inexistente. Y lo que entregó fue un juicio en que no había homicidio sino un “accidente”. Como era previsible, esa verdad oficial del Ejército fue ratificada por la Justicia Militar. Por eso Pedro Fernández Dittus fue condenado sólo por cuasi delito de homicidio. El Ejército incluso lo premió ascendiéndolo a capitán.
El pacto de silencio, que debió haber contado con la anuencia del entonces vicecomandante en jefe del Ejército, general Santiago Sinclair, protegió a Julio Castañer, quien es apuntado por dos conscriptos como el que encendió el fuego para quemar a Quintana y Rojas, previamente rociados con bencina. En ese momento, Castañer era el jefe de la unidad de inteligencia del Regimiento Libertadores, el mismo al que pertenecían todos los uniformados que participaron en esa operación.
Pese a ello, Castañer siguió activo en el Ejército hasta 2005 y tras su retiro fue contratado como asesor de la Quinta División en Punta Arenas. Ahí estaba la semana pasada, antes de que el juez Mario Carroza lo procesara como uno de los autores del homicidio calificado de Rodrigo Rojas y del homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Esta semana el gobierno ha vuelto a reiterarle al Ejército que entregue la documentación que mantiene bajo custodia sobre los crímenes cometidos en dictadura. A la luz de las revelaciones que emergen del juicio por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, proceso que aún está abierto, una nueva negativa del Ejército sería un nuevo acto de obstrucción a la justicia y una burla a su subordinación al poder civil y democrático.
Fuente: CIPER Chile
http://ciperchile.cl/2015/07/30/testimonios-acreditan-que-el-ejercito-guardo-archivos-secretos-de-la-dictadura/
http://www.diarioreddigital.cl/ddhh/6670-testimonios-acreditan-que-el-ej%C3%A9rcito-ocult%C3%B3-e-inciner%C3%B3-archivos-secretos-de-la-dictadura.html
viernes, 31 de julio de 2015
Cables del Gobierno de EEUU apuntan a Augusto Pinochet como principal encubridor del Caso Quemados
Viernes 31 julio 2015 | 11:07 · Actualizado: 13:01
Este viernes el National Security Archive, institución que archiva y publica documentos desclasificados del Gobierno de EEUU, dio a conocer cinco cables confidenciales que indican que Augusto Pinochet fue el principal encubridor del Caso Quemados.


http://www.biobiochile.cl/2015/07/31/cables-del-gobierno-de-eeuu-apuntan-a-augusto-pinochet-como-principal-encubridor-del-caso-quemados.shtml
Este viernes el National Security Archive, institución que archiva y publica documentos desclasificados del Gobierno de EEUU, dio a conocer cinco cables confidenciales que indican que Augusto Pinochet fue el principal encubridor del Caso Quemados.
Según estos documentos, fue el dictador quien ordenó que no se investigasen los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y la estudiante Carmen Gloria Quintana fueron rociados con combustible y quemados, provocando la muerte del joven de ese entonces 19 años y ocasionando heridas de gravedad a la universitaria de 18, según la información dada a conocer por el diario español El País.
El responsable de la investigación, Peter Kornbluh, indicó que pese a que los cables fueron desclasificados hace más de una década, hoy tienen una mayor relevancia puesto que el caso fue reabierto 29 años después de los hechos, luego que un ex militar rompiera el pacto de silencio entre los testigo e involucrados.
Kornbluh agregó al respecto que “los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación… Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas”, señaló.
Los cinco cables confidenciales
Los archivos que publicó el National Security Archive indican que las maniobras para encubrir el actuar de los militares comenzaron en el hospital al que llegaron los jóvenes heridos de gravedad por las quemaduras.
Según consigna El País, el primer cable enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio de 1986 se indica que Rojas De Negri fue “quemado de forma deliberada por soldados”. Sumado a esto señala que “médicos en la Posta Central afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”.
Rodrigo Rojas | Museo de la Memoria y los DDHH
En tanto, el director de la Posta en ese entonces, identificado como el doctor Guzmán, habría dejado escrito en el historial médico del joven que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso, y que tampoco debía ser trasladado” a otro recinto asistencial. Esta determinación habría impedido que se le tomara alguna declaración a Rodrigo Rojas antes de su muerte.
Un segundo cable, enviado el 14 de julio de 1986 a la Casa Blanca, consigna que “el Gobierno chileno, siguiendo las directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”, pese de las declaraciones de testigos y de una investigación que apuntan a los militares como los responsables del brutal ataque.
El documento indica que “no es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”, señala el sitio.
Una tercera información es enviada desde Santiago al Departamento de Estado en Washington el22 de julio de 1986. En este documento informan que Carabineros finalizó la investigación, concluyendo que la patrulla militar estuvo involucrada en la quema de los jóvenes, identificando sólo a un responsable con nombre y apellido.
El informe fue entregado por el director general de Carabineros, Rodolfo Stange, a Augusto Pinochet el 11 de julio. Según el cable, “el presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento”.
Javier Salvo | Agencia UNO
Semanas después, el 26 de agosto de 1986, la inteligencia militar de Estados Unidos asegura en otro documento que el Gobierno de Chile “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos” de este hecho.
En la información enviada desde la embajada estadounidense se agrega que “algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”.
Finalmente, el 18 de diciembre de 1986, un cable firmado por la CIA asegura que abogados cercanos al caso indican que el ministro de Justicia de aquel entonces, Hugo Rosende Subiabre, “está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”.
Según El País, estas acciones tienen como finalidad alargar el caso, ya que mientras no haya sentencia, los abogados de Rodrigo Rojas no podrán recurrir a la Corte Suprema, instancia que catalogan como “su mejor oportunidad de exponer los detalles del asesinato”.
A juicio de Peter Kornbluh, estos cables dados a conocer grafican “un caso crucial en la historia de violaciones de derechos humanos en Chile y, también en las relaciones entre el régimen de Pinochet y EEUU”.
http://www.biobiochile.cl/2015/07/31/cables-del-gobierno-de-eeuu-apuntan-a-augusto-pinochet-como-principal-encubridor-del-caso-quemados.shtml
miércoles, 22 de julio de 2015
El Ejército mintió: A 29 años del #CasoQuemados, ex conscripto rompe el Pacto de silencio militar y se reabre juicio
El Ejército mintió: A 29 años del #CasoQuemados, ex conscripto rompe el Pacto de Silencio Militar y se reabre juicio.-
Después de 29 años de silencio ante el crimen del “Caso Quemados” realizado durante la dictadura dictadura cívico -militar encabezada por Pinochet, se marca el fin de uno de los pactos de silencio que mantenían los militares, con las declaraciones judiciales de un conscripto que integraba la patrulla militar que quemó vivos a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana en julio de 1986, provocando la muerte del primero y graves lesiones a Carmen. Se trata del ex conscripto Fernando Guzmán, quien finalmente ha dado su testimonio y es testigo clave en este caso.
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RVF (Radio Villa Francia)
Después de 29 años de silencio ante el crimen del “Caso Quemados” realizado durante la dictadura dictadura cívico -militar encabezada por Pinochet, se marca el fin de uno de los pactos de silencio que mantenían los militares, con las declaraciones judiciales de un conscripto que integraba la patrulla militar que quemó vivos a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana en julio de 1986, provocando la muerte del primero y graves lesiones a Carmen. Se trata del ex conscripto Fernando Guzmán, quien finalmente ha dado su testimonio y es testigo clave en este caso.
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RVF (Radio Villa Francia)
Después de 29 años de silencio ante el crimen del “Caso Quemados” realizado durante la dictadura dictadura cívico -militar encabezada por Pinochet, se marca el fin de uno de los pactos de silencio que mantenían los militares, con las declaraciones judiciales de un conscripto que integraba la patrulla militar que quemó vivos a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana en julio de 1986, provocando la muerte del primero y graves lesiones a Carmen. Se trata del ex conscripto Fernando Guzmán, quien finalmente ha dado su testimonio y es testigo clave en este caso.
A raíz de su relato se reabrió el juicio por el “Caso Quemados” que lleva el Ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, quien ya dio la orden de captura a 7 ex uniformados. La orden de captura es en contra de los, en ese entonces oficiales y suboficiales del ejército; Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo.
Se rompe el pacto de silencio militar
La patrulla militar que detuvo y quemó a la estudiante y al fotógrafo estaba integrada por 26 personas, entre ellos 3 civiles. El único condenado hasta el momento ha sido el Teniente Pedro Fernández Dittus, a cargo de la patrulla ese día, condenado por no prestar auxilio, quien cumplió en 1993 solo un año de presidio, luego del cual salió libre arguyendo una sicopatía.
En sus declaraciones, el testigo y cómplice del hecho -Fernando Guzmán- relata quién fue el que roció con bencina y quemó a Rodrigo y Carmen Gloria, se trataría del en ese entonces, Teniente Julio Castañer, quien fue quien ordenó a un conscripto a rociarlos con bencina, y el mismo Castañer les prendió fuego con un encendedor y luego dice que era mejor matarlos, pero el Teniente Fernández Dittus “dijo que no, porque él era católico”.
Guzmán indica que todas las declaraciones previas eran mentira, que lo de la bomba que les había explotado a los jóvenes era un montaje, que les habían hecho aprenderse ese relato a los conscriptos, también les entregaron dinero y otros permisos, y con la advertencia -amenazante- de que “cuiden a sus familias”. Hasta el día de hoy Guzmán dice temer por su familia: “A estas alturas todavía tengo miedo y pienso que las amenazas pudieran hacerse efectivas“.
Además agrega que “hace cerca de 9 meses atrás, entregué una declaración, parecida a esta, al abogado Nelson Caucoto. antes de esto, hablé con algunas autoridades como por ejemplo el concejal de San Felipe Soto Lillo del Partido Socialista, me parece que actualmente es CORE; le mandé recados al Senador Ignacio Walker por intermedio de su secretaria Carolina Gallardo; también en Santiago hablé con el Señor Jorge Insunza del Partido Comunista quien me dijo que él no era abogado. A todos ellos expuse los antecedentes que hoy entrego“. Mientras que han sido otras autoridades quienes le han ayudado a sacar a la luz pública estos hechos.
Mientras tanto, en Chile luego de 25 años de democracia, y previos 17 de dictadura, aun se mantienen los “pactos de silencio” en la familia militar, impidiendo el esclarecimiento de la verdad sobre cientos de ejecutados y detenidos desaparecidos. Hasta el momento han sido juzgados militares generalmente por declaraciones de sobrevivientes de los campos de concentración, sin embargo, no ha habido juicio contra los responsables intelectuales de los asesinatos y desapariciones, quienes formaron parte de una dictadura cívico-militar, en que civiles políticos propiciaron y mandataron la instalación a sangre y fuego del modelo político y económico que tenemos hoy día, a través de la Constitución de 1980, redactada por Jaime Guzmán.
Además, las condenas que han recibido los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad son sumamente bajas, no dando muestras de la gravedad de los hechos y mucho menos un mensaje claro para que esto no vuelva ocurrir, pues las condenas resultantes son irrisorias. Por ejemplo, citamos el caso del padre de la actual presidenta, el general Alberto Bachelet, quien murió de un paro cardiaco a causa de las torturas recibidas, en que los coroneles (r) Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera recibieron sentencias de dos años y un día y de tres años y un día, respectivamente.
Por otra parte, los testimonios de 40.000 chilenos ante la comisión Valech en que aparecen los nombres de los uniformados que estuvieron involucrados en los casos de tortura y desaparición, no pueden ser develados si no dentro de 50 años, según establece la ley que creó la comisión, en 2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos. El argumento que se esgrimió en ese entonces era el resguardo de las víctimas, este decreto sigue vigente, y las víctimas que supuestamente estaba resguardando siguen encontrándose en la calle con sus propios torturadores.
Respecto a esto último, recomendamos leer el artículo de Victor Herrero: “Derechos Humanos: Bachelet, la Presidenta que hizo poco“.
Revisa la declaración judicial completa realizada en noviembre de 2014 por Fernando Guzmán:
[Audio] Archivo: la cruda declaración de Augusto Pinochet sobre el Caso Quemados
En el año 1986, Augusto Pinochet declaraba lo siguiente: "a lo mejor llevaba algo oculto, se le reventó y se quemó". Todo esto refiriéndose a Rodrigo Rojas De Negri, que junto a Carmen Gloria Quintana fallecieron quemados vivos durante una jornada de paro nacional en 1986 en plena dictadura.
domingo, 8 de septiembre de 2013
Carmen Gloria Quintana, el rostro de la tortura: “Durante muchos años las víctimas hemos sentido que molestamos”
asta el 2 de julio de 1986 Carmen Gloria Quintana tenía una vida normal. Estudiaba Ingeniería Civil en la U de Santiago, vivía con sus padres y sus cinco hermanos. Ese día, sin embargo, fue detenida junto a Rodrigo Rojas Denegri por una patrulla militar a cargo del teniente Pedro Fernández Dittus. Ambos fueron quemados vivos. Denegri murió y Carmen Gloria sobrevivió de milagro.
Texto y fotos de Enrique Portilla F.
-¿Qué recuerdas de los días siguientes?
-Estuve prácticamente inconsciente todo el tiempo, dos veces en estado de coma, a punto de morir. Tenía el 65 por ciento del cuerpo quemado. Eran quemaduras profundas, de segundo y tercer grado. Tengo en la cara, brazos y piernas injertos de piel propia y de varios donantes. El costo era elevadísimo, creo que alcanzaba el millón de pesos diarios, y mi familia no estaba en condiciones de pagar eso. Lo cubrimos con la solidaridad de la gente, con la Vicaría y el FASIC, especialmente. Después varios países me ofrecieron atención médica y nos fuimos a Canadá con toda la familia. Estuve en Montreal desde septiembre del ‘86 a julio del ‘88. Creo que me habrán hecho unas 40 operaciones. Ahora debería realizarme otras más pero ya no quiero. Hasta hoy el olor de la anestesia me produce náuseas.
-¿Cómo fue para ti transformarte en un símbolo de la violencia de la dictadura?
-¿Cómo fue para ti transformarte en un símbolo de la violencia de la dictadura?
-Mi primera aparición pública fue en las Naciones Unidas, en Ginebra, en marzo del ‘87. Yo era bastante tímida y fue emocionalmente muy fuerte relatar frente a tantas personas lo que me habían hecho. En esos momentos estaba muy mal físicamente. Pero también fue gratificante, porque sentí la solidaridad de todos los países. La gente aplaudió de pie y ese día, unánimemente, condenaron de nuevo al régimen de Pinochet por violar los Derechos Humanos. Sentí que mi testimonio podía servir para que el mundo se diera cuenta de la situación que se vivía en Chile. Fue una forma de canalizar mi dolor. En ese periplo de denuncia recorrí casi toda Europa. También fui a Australia, Canadá, Estados Unidos y varios países de América Latina. Al principio viajaba acompañada de algún familiar, a partir de 88 viajé también sola.
-¿Cuándo decidiste no seguir con las operaciones?
Las últimas fueron en los años 89-90. Estaba saturada. Y por esas fechas comencé también a ordenar mi vida, a continuar mis estudios.
-Ahí te cambiaste de Ingeniería a Sicología…
Si. Siempre me atrajo la línea humanista, la Filosofía, la Sicología. Pero me cambié también por lo que había vivido. Necesitaba explicarme la maldad humana, el fanatismo del poder, que lleva hasta el atropello de derechos fundamentales, de la vida misma. En el ‘90 también conocí a mi esposo, Juan Enrique, y todo eso me permitió continuar con mi vida, a pesar de lo que me había sucedido.
-También decidiste no dar más entrevistas.
En esa época yo era considerada por los medios como un símbolo de la tortura y la represión política en Chile. Lo fui por lo grave que me sucedió, pero también por la valentía con la que asumí todo esto. Estuve muy expuesta en los medios, sobre todo luego de la visita del Papa. Paralelamente estaba el juicio, con la reconstitución de escena. Me carearon con el tipo que me había quemado. También iba a Canadá a operarme y seguía denunciando. Fue todo muy rápido y yo estaba muy desconectada emocionalmente con lo que había vivido. Pero entre tanta actividad, hubo un punto en que me empecé a conectar conmigo, que deseé hacer lo que yo quería hacer: reiniciar mis proyectos personales, ser madre, esposa, trabajadora. Entonces me aparté de esa sobreexposición, avocándome a los aportes puntuales que podía hacer.
¿Cómo fue este reencuentro contigo misma?
-Yo estuve dos años en psicoterapia en el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, organismo del cual estoy muy agradecida por su compromiso con las víctimas. Cuando estaba embarazada de mi primera hija; tenía pesadillas muy traumáticas, soñaba que me perseguían, me enterraban cuchillos en el estómago. Soñaba con cárceles y con que me mataban. En la terapia, me di cuenta de que había estado tres años bastante disociada de mí misma; una disociación psicoafectiva muy fuerte. Y la terapia me sirvió mucho, porque aunque uno sepa muchas cosas desde lo racional, inconscientemente también tiende a culparse por las circunstancias. Uno dice “por qué salí ese día, por qué no me quedé en casa. No me habría pasado nada, no habría hecho sufrir tanto a mi familia…”. Mis padres se separaron después de nuestro viaje a Canadá, mi familia quedó dividida; hubo un montón de situaciones que todavía son dolorosas para mí. Uno se autocuestiona y hasta llega a perder la perspectiva de que el gran culpable de todo esto es Pinochet y todos los políticos que sustentaron a esa dictadura. Ellos usaron muchos artilugios psicológicos para destruir a la gente: a las mujeres de los Detenidos Desaparecidos les decían que sus maridos se habían ido del país, que andaban con otras mujeres y así llevaban la culpa a la familia, privatizaban el dolor y diluían la responsabilidad del Estado.
LA ABYECCIÓN DE TORRES SILVA
-Tu caso fue llevado por el juez Alberto Echevarría y el fiscal militar Torres Silva. ¿Qué te producen hoy esos nombres?
Evocan la maldad y la abyección. Es gente sin ética y siento lástima por lo que han llegado a ser como personas, porque han usado su conocimiento para destruir los valores básicos en que se sustenta la sociedad. Ojalá tuvieran ocasión de arrepentirse y pedir perdón. Pero es difícil que lo hagan. Es gente que tuvo mucha responsabilidad en que los procesos se eternizaran y en el sufrimiento infligido a muchas víctimas. Los procesos judiciales de la dictadura -no solamente el mío- fueron como una segunda traumatización. Porque las víctimas necesitan que las instituciones que nos hemos dado como sociedad, las validen en su experiencia y pongan efectivamente las cosas en orden. Yo necesitaba que los tribunales dijeran “los militares la quemaron viva intencionalmente”. Yo necesitaba mucho ese reconocimiento del Poder Judicial para saber que no vivía en un mundo sicótico. Pero todas las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticamente negadas. A mí me decían que me había quemado sola, que andaba trayendo bombas y una gran parte de la sociedad no quería creer la verdad. Eso constituía un mundo sicótico, un país sicótico, que dudaba de su propia realidad.
-¿Qué recuerdas de ese juicio?
En mi caso fueron 15 años de trámites, de ir a declarar, de reconstituciones de escena, de careos, de sufrir amedrentamiento, secuestro de testigos. Mi propia hermana Emilia, sin tener arte ni parte, estuvo detenida seis días para que “reflexionara” su declaración inicial. A otros testigos los secuestró la CNI, los paseaban con los ojos vendados, encañonados. Era como si se pretendiera castigar a las víctimas por atreverse a denunciar y a exigir justicia. De ahí la necesidad de que el Poder Judicial diga quiénes son los responsables y se les castigue. El reconocimiento es la parte más fundamental de la reparación. Reconocer que esto sucedió y que hay culpables, y que éstos paguen su responsabilidad frente a la justicia, es algo que nos da madurez: es asumir como adultos nuestras responsabilidades. En ese sentido, los que idearon esta represión, los que dieron instrucciones y los que las ejecutaron deben asumir su responsabilidad. Y si es necesaria la cárcel, que vayan a la cárcel
-El teniente Fernández Dittus, sin embargo, salió casi indemne.
-El teniente Fernández Dittus, sin embargo, salió casi indemne.
En total fue condenado a 600 días, y le fueron descontados los que cumplió en un regimiento. Aquí influyó mucho el fiscal Fernando Torres Silva, porque gracias a su voto se produjo un empate en la Corte Suprema: tres jueces opinaron que esto era homicidio calificado y lesiones graves, mientras otros tres votaron por cuasidelito de homicidio. En Chile cuando hay empate se otorga la pena que favorece al reo. Pero eso implicaba que no se validara lo que yo había vivido ni declarado, ni lo que declararon otros varios testigos ni lo que el propio Rodrigo Rojas dijo antes de morir. Fue un caso flagrante de negación de justicia. Todos los juicios en que tuvo participación el fiscal Torres Silva deberían ser declarados nulos por su cobarde servilismo con Pinochet. Él, deshonestamente, trabó la posibilidad de justicia en muchos casos.
-Como sicóloga has atendido a víctimas de las violaciones a los derechos humanos ¿Cómo los afecta hoy lo que vivieron en la dictadura?
Yo he atendido segundas y hasta terceras generaciones de gente violentada por la represión, todos con bastante daño psicológico. Son familias muy traumatizadas, deshechas. Durante mucho tiempo, para proteger a los niños, mantuvieron esas experiencias en secreto. Instauraron un mundo sin dolor, que sin embargo, era una falsa protección porque el dolor lo llevaban dentro y lo transmitían inconscientemente. Por eso en los jóvenes ves angustia, ansiedad. En ese sentido creo que en el Informe Valech debió haber una propuesta de reparación para la salud mental de las víctimas. En ese tema hay una carencia absoluta. Todos hemos tratado de sobrevivir, pero a muchos se nos ha acabado el disfrute por la vida.
LA VILEZA DE SZCZARANSKI
-Las víctimas reclaman contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por su actuación en el tema de las indemnizaciones. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
La postura del CDE y de la señora Clara Szczaranski me causó mucho dolor. El organismo que ella dirige ha usado los mismos argumentos de la dictadura para defenderse. No tengo ningún buen concepto de ella, por la vileza con que ha actuado.
-¿A qué argumentos te refieres?
El CDE alegó que yo me había quemado sola y que no tenía daño moral porque me había casado, tenía hijos y era una exitosa profesional. En ese punto ella actuó en forma muy desleal: una vez, ingenuamente nos reunimos con lla en una casa particular para saber en qué postura estaba y mi marido le contó que yo era psicóloga, que trabajaba, que estábamos bien como familia, contentos. Ella usó esas cosas personales en mi contra. Me pareció de una bajeza horrible. En otra ocasión llegó a decir: “No te podemos indemnizar porque eso sería precedente para que, si un carabinero borracho atropella a alguien, éste demande al Estado”. Pero si el rol de Szczaranski es defender el bolsillo del Estado, cómo se explica su obsecuencia en el caso de los Pinocheques. Al hijo del dictador se le perdona haber estafado al fisco, mientras a una víctima se le pretende negar por todos los medios una indemnización. Uno se pregunta qué valores defiende el CDE, ¿el derecho a la vida?, ¿los Derechos Humanos? ¿las medidas que se inscriben en el Informe Rettig para ser sustentadas por parte del Estado? Yo creo que ninguno de esos. El CDE está dirigido por el interés económico, pero también por las ansias de poder de Szczaranski, que ha transformado al CDE en una instancia truculenta y oscura.
ESA JOVEN ERA YO
¿Qué te pareció el Informe Valech?
-Es un gran avance en cuanto a que reconoce la verdad de los torturados, de la gente que sufrió prisión política. Esa era una gran deuda con todas esas personas, entre las cuales me incluyo. Fue injusto para mí cuando en el Informe Rettig ni se me menciona: “Rodrigo Rojas fue quemado vivo junto a una joven”, dice. ¡Esa joven era yo! De ahí el dolor, para mucha gente que sufrió la represión, de no ser consignada en la historia. En ese sentido es un gran avance. Lo nefasto es la omisión de los nombres de los torturadores. Yo creo que debieran conocerse porque son los responsables, los ejecutores de las torturas y de tanto dolor. Sólo así se puede llegar a una reconciliación real.
¿Esperabas que este informe llevara a la derecha a reconocer su responsabilidad?
La reacción de Lavín y de UDI era previsible, aunque tal vez todos guardáramos una cuota de ingenua esperanza en algún tipo de reconocimiento. El mezquino cálculo electoral les hizo perder la oportunidad histórica de reconciliarse con el país. Seguramente cargarán por mucho tiempo, sino por siempre, con la sombra de la dictadura. Si hubieran sido valientes y responsables con el proyecto que sustentaban en esa época, habrían reconocido que fueron parte importante del apoyo institucional a una dictadura que torturaba. Tenía la esperanza de que apareciera esa valentía, pero no ocurrió. La postura de las FFAA ha sido más valiente, aunque debería traducirse en hechos concretos como entregar toda la información que poseen. Por ejemplo, en mi caso, el Ejército hizo una investigación interna cuyos resultados nunca se conocieron. No hubo sanciones. Por el contrario, al teniente Fernández Dittus se le premió con un ascenso a capitán y fue jubilado a los 35 años por “causas médicas” que nadie sabe.
-¿Qué te pareció la declaración de la Corte Suprema?
Resulta patético que el Poder Judicial no haya reconocido la responsabilidad que le cabe. Es algo muy insano. Es terrible cuando una institución básica de la sociedad no funciona y asiente todo tipo de atropellos. En mi caso fueron evidentes los desaciertos y la mala fe de algunos jueces. Si hubieran tenido otra actitud habrían evitado muchos dolores, familias destruidas. Ellos se escudan en el temor y el temor es humano. Pero las personas también tienen la capacidad de discernir. Si todos los magistrados hubiesen renunciado concertadamente habrían revertido muchas cosas. Es decir, el temor puede ser un argumento individual, aunque sólo hasta cierto punto. Lo que no se puede es colocar ese mismo argumento a nivel institucional, porque ningún país merece tal incompetencia en su Poder Judicial.
En una entrevista dijiste que “las víctimas han sido marginadas del proyecto político”. ¿Qué le falta a la Concertación en materia de DDHH?
Durante muchos años las víctimas hemos sentido que molestamos. Se nos ha hecho aparecer como un impedimento para que la sociedad avance. Pero avanzar no significa ocultar la verdad ni validar lo que hizo la dictadura. Avanzar significa mirarse de frente y asumir los dolores y las responsabilidades de todos. Los informes Rettig y Valech fueron un avance. Pero la llamada Mesa de Diálogo fue un triste circo, que no entregó la información requerida. Falta mirar con perspectiva de futuro, no con la mezquindad de la cosa chica ni como hace Szczaranski en el CDE. Se hace mucho daño a las personas y a la sociedad cuando hay doble discurso sobre un mismo tema, y ese doble discurso entrampa a la Concertación.
sábado, 12 de noviembre de 2011
Reagan y Pinochet: El momento en que Estados Unidos rompió con la dictadura
Por : Peter Kornbluh en Reportajes de investigaciónPublicado: 23.11.2010
“Este hombre tiene las manos llenas de sangre”, le dijo el secretario de Estado George Shultz al presidente Ronald Reagan mientras discutían sobre el futuro del general Augusto Pinochet. “Ha hecho cosas monstruosas”, concluyó.
En un comienzo, la administración Reagan veía al régimen de Pinochet como un aliado anticomunista que merecía el apoyo de Estados Unidos. No mucho después de asumir la presidencia (enero de 1981), Reagan levantó las sanciones que la administración Carter había impuesto al régimen militar por su responsabilidad en la bomba que hizo explotar el auto en el que viajaban el ex embajador chileno en Washington Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt. Ambos perdieron la vida. Reagan, en cambio, envió a Chile su embajadora ante Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, a reunirse con Pinochet y “expresarle el deseo de mi gobierno de normalizar por completo las relaciones con Chile.”
El asesinato de un joven fotógrafo chileno que acababa de volver del exilio en Washington puso nuevamente la atención de los altos funcionarios de la administración Reagan en la necesidad de aumentar las presiones para que Pinochet se fuera. Rodrigo Rojas había regresado a Chile en mayo de 1986. El 2 de julio, él y una joven mujer, Carmen Gloria Quintana, fueron detenidos por una patrulla militar durante una protesta callejera, rociados con gasolina, quemados y arrojados a una zanja. Rojas murió unos días después a causa de las quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.
El Departamento de Estado buscaba un apoyo de alto perfil para la oposición chilena no comunista y un esfuerzo por distanciar públicamente a Washington del régimen militar votando “no” a los créditos multilaterales y otros préstamos a Chile. El NSC parecía despreciar lo que los funcionarios llamaban “vías indisciplinadas y poco pragmáticas” de la oposición democrática y tener más simpatía por reunirse con los militares para que apoyaran la transición. El NSC creía que un acercamiento más sutil a los miembros de la Junta de Gobierno y el Ejército sería más efectivo para presionar a Pinochet.
En la transcripción desclasificada (ver documento) de la reunión queda claro que el Presidente Reagan era el más férreo defensor de Pinochet, aunque reconociera que era el momento de que Pinochet se fuera. “Salvó a su país… Si hubiera alguna forma en que pudiéramos aparecer como no oponiéndonos a él, indicar que respetamos lo que ha hecho, pero al mismo tiempo decir que queremos ayudar a Chile por el bien de Chile”. Cuando Reagan sugirió que podía ir personalmente a Chile en una visita de Estado para hablar con Pinochet, su secretario de Estado, George Shultz le replicó: “De ninguna forma. Este hombre tiene las manos llenas de sangre…”.
Sin embargo, el rol más significativo de Estados Unidos fue delatar el plan secreto de Pinochet de usar la violencia para anular el plebiscito en caso de que ganara el “No” y así mantenerse en el poder. Ya en mayo de 1988, cuatro meses antes del plebiscito, la CIA obtuvo datos de inteligencia sobre “la creciente determinación de los militares de evitar la subida el poder de un gobierno civil en Chile”. Hacia fines de septiembre, la CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por su sigla en inglés) habían acumulado evidencia significativa de un plan para una matanza y un autogolpe si el voto no se inclinaba hacia Pinochet el 5 de octubre. En un cable secreto al Departamento de Estado, el embajador Harry Barnes reportó:
http://ciperchile.cl/2010/11/23/reagan-y-pinochet-el-momento-en-que-estados-unidos-rompio-con-la-dictadura/
Mucho se ha escrito sobre el rol de Estados Unidos en la génesis del Golpe de Estado de 1973 en Chile, pero poco se sabía hasta ahora de cómo se decidió en Washington quitarle el apoyo a Pinochet durante el gobierno de Ronald Reagan, en noviembre de 1986. Y tampoco del rol que jugó en ello el salvaje asesinato del fotógrafo Rodrigo Rojas, quien junto a Carmen Gloria Quintana fue quemado por una patrulla militar. El National Security Archive obtuvo documentos desclasificados que ayudan a recrear el momento en que los estadounidenses se dieron cuenta de que Pinochet ya no era funcional para sus intereses y el debate que se provocó para definir la mejor forma de sacarlo del poder y apoyar a la oposición. Aquí, los diálogos en los que Reagan aparece como el más reacio a dejar caer al dictador.
Trece años antes, Estados Unidos ayudaba a Pinochet a llegar el poder. En noviembre de 1986, en Washington llegaba el momento en que el gobierno estadounidense decidía que el general había cumplido su propósito y era tiempo de que se fuera.
En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por su sigla en inglés) que tuvo lugar el 18 de noviembre de 1986, los principales asesores de Reagan pusieron el asunto en perspectiva: “El gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular, quieren que Chile vuelva a su tradición democrática de 150 años. Entonces, la decisión clave no es si queremos o no democracia en Chile. La queremos. La pregunta para nosotros es cómo podemos contribuir más efectivamente a un resultado democrático en Chile”. (ver documento)
La historia de cómo el gobierno estadounidense, desplegando la fuerza de la CIA sobre Chile, ayudó a orquestar el derrocamiento del gobierno del democráticamente electo Salvador Allende y el ascenso al poder del régimen militar de Pinochet es bien conocida en el mundo. Pero la historia de cómo Washington decidió cortar con Pinochet, presionarlo y cautelosamente apoyar a la oposición civil para impedir su intención de ser un presidente vitalicio, nunca ha sido completamente revelada. Y fue en noviembre de 1986.
Veinticuatro años después de que se tomara esa decisión, documentos desclasificados de la Casa Blanca, recientemente obtenidos por el Nacional Security Archive en los archivos de la Biblioteca Presidencial Reagan –los que CIPER da a conocer por primera vez– dan luces sobre las reuniones en que la conservadora administración Reagan concluyó que Pinochet ya no servía a los intereses de Estados Unidos. La conclusión fue que había que forzarlo a dejar el poder.
El deterioro de una relación
A diferencia del presidente Jimmy Carter, la nueva administración no lo presionaría más por las violaciones a los derechos humanos. Pinochet interpretó el respaldo que le volvía a brindar Washington como una reivindicación y una ratificación de su régimen. En un discurso unos meses después de la elección de Reagan, Pinochet declaró que si antes Chile se hallaba sólo en su firme oposición al imperialismo soviético y su respaldo al sistema de la libre empresa, ahora formaba parte de una clara tendencia mundial. Chile, subrayaba el dictador, no era el que había cambiado.
El colapso de la economía de libre mercado chilena en 1982, seguido de un aumento del descontento popular hacia mediados de 1984, levantó las primeras dudas en las cabezas de los funcionarios de Estados Unidos sobre si seguir o no apoyando al régimen. Ese año 1984, en el que Reagan fue reelegido para un segundo período, un informe de inteligencia de la CIA titulado “Pinochet bajo presión” reportaba que “la política chilena había cambiado de manera irreversible, creemos, durante los últimos años”:
** La actitud del pueblo con respecto a las políticas de libre mercado del gobierno se ha agudizado a causa de la recesión económica.
** El resurgimiento de los sindicatos y los partidos políticos ha propiciado la reactivación de la vida política chilena.
** Los radicales de izquierda se han vuelto más activos en lo político, hasta el punto de organizar mítines y participar en debates informales con partidos moderados, en tanto que el Partido Comunista chileno ha extendido su organización por todo el país de un modo que sólo supera el Partido Demócrata Cristiano.
** La identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante el disenso político y en torno al programa de restauración del gobierno civil.
Este informe –junto con las acusaciones del Congreso respecto hipocresía de las políticas de la Casa Blanca que apoyaba una contrarrevolución violenta en Nicaragua en nombre de la democracia pero al mismo tiempo no hacía nada respecto a Chile–, llevó al Departamento de Estado a la primera revisión significativa sobre la continuidad del apoyo de la administración Reagan al régimen de Pinochet. El entonces asistente del secretario de Estado para América Latina, Langhorne Motley, recomendó una “intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia en Chile”.
Cuando funcionarios de la embajada de EE.UU. trataron de empujar al régimen y a la oposición no comunista hacia el diálogo para una transición, se encontraron con un Pinochet intransigente ante un cambio político real. En una reunión en el salón Oval con Reagan en septiembre de 1985, el secretario de Estado George Shultz le dijo al presidente que la resistencia de Pinochet estaba llevando a una nación “cada vez más polarizada, lo que no haría sino beneficiar a los comunistas”.
El asesinato de Rodrigo Rojas
En una clara señal del rechazo de Washington a las violaciones de derechos humanos de Pinochet, el embajador de Estados Unidos Harry Barnes se unió a miles de chilenos en la procesión del funeral en Santiago. Pinochet le dio la espalda a Estados Unidos desplegando los guanacos sobre la multitud.
La naturaleza salvaje de esa atrocidad y el hecho de que Rojas era residente en Estados Unidos, resonó en Chile y en Washington. La tarde del 14 de julio, la lectura de documentos del Presidente Reagan incluyó un reporte secreto sobre el “probable involucramiento del Ejército chileno en el asesinato de Rojas”. Hombres clave del Congreso estadounidense pidieron que el gobierno repudiara públicamente al régimen de Pinochet. “La onda expansiva que dejó la muerte de Rojas tiene un impacto relevante en las actitudes de los congresistas. El sentimiento por acciones duras seguirá construyéndose particularmente si los responsables de este crimen no son identificados y enjuiciados”, decía al reporte secreto enviado al secretario Shultz por su delegado para América Latina, Elliott Abrams.
Con su informe, Abrams encendió las alarmas sobre Chile: “La última línea es que enfrentamos un empeoramiento de la situación en Chile y necesitamos usar todos los medios disponibles para proteger nuestros intereses”. Y advirtió que una presión efectiva de Estados Unidos requerirá “más que voleos verbales para conseguir que Pinochet acepte irse o persuadir al Ejército de persuadirlo a él”. Abrams recomendó considerar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional “para revisar nuestra política hacia Chile”.
Antes de que la reunión del NSC pudiera organizarse, los funcionarios estadounidenses quedaron sorprendidos por un aumento de los militantes de izquierda en Chile. En agosto, un enorme arsenal de armas destinadas al recientemente formado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el brazo armado del Partido Comunista, fue descubierto en Carrizal Bajo. Y el 7 de septiembre, miembros del FPMR intentaron asesinar a Pinochet cerca de su casa de descanso en el Cajón del Maipo. “La extrema izquierda probablemente continuará poniendo bombas, saboteando y realizando otros ataques en búsqueda de aumentar la tensión y crear inestabilidad”, reportó la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos el 9 de septiembre. En respuesta al ataque, Pinochet declaró Estado de Sitio e inició una nueva fase de represión en Chile.
La reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 18 de noviembre
“Existe amplia evidencia que sugiere que Pinochet ha perdido su confianza en la democracia como un sistema que puede contrarrestar exitosamente a los comunistas”, afirmó en un documento secreto el consejero de Seguridad Nacional, John Poindexter, para preparar una reunión del NSC sobre la política estadounidense hacia Pinochet (esa reunión estaba originalmente programada para el 14 de noviembre y luego fue postergada para el 18 de ese mes). “La estrategia de Pinochet de quedarse en el poder parece ser la de polarizar el país, mantener a la oposición débil y dividida, de modo de que pueda presentar al país una elección entre él y los comunistas en 1989 y forzar a la Junta a nombrarlo como candidato (en el plebiscito)…Él cree que ganaría”. ( ver documento)
Dominado por ideólogos de derecha, el Consejo de Seguridad Nacional de Reagan vio la reunión como una forma de adoptar una “estrategia cuidadosamente calibrada” para sacar a Pinochet del poder. Pero los documentos desclasificados de la reunión revelan un conflicto entre el NSC y el Departamento de Estado sobre cómo manejar la “creciente tensión entre nuestro interés nacional en una transición a la democracia ordenada y pacífica en Chile, y el aparente deseo del presidente Pinochet de mantenerse en el cargo indefinidamente”.
Cuando la reunión comenzó a las 11:07 en el salón del gabinete de la Casa Blanca, Poindexter delineó al presidente Reagan y sus principales asesores de seguridad nacional los principios de las políticas del NSC, con un sesgo hacia la mantención de vínculos positivos con los militares chilenos e incluso con Pinochet:
** Primero, la necesidad de mantener el rol positivo de los tres miembros de la Junta pro transición y apoyar sus esfuerzos por lograr que el Ejército se les una en la transición;
** Segundo; la necesidad de responder a las preocupaciones de seguridad e institucionales del Ejército y evitar los actos que fomenten actitudes nacionalistas y/o un movimiento en apoyo Pinochet”
** Tercero, la necesidad de evaluar cómo las acciones de Estados Unidos, especialmente aquellas que puedan ser interpretadas como un retiro del apoyo estadounidense al régimen, afectan las acciones y estrategia del Partido Comunista Soviético/Cubano/Chileno.
** Cuarto, la necesidad de mover a la oposición democrática hacia una postura más disciplinada y pragmática de modo de que aumente su credibilidad en el Ejército;
**Quinto, la necesidad de tomar acciones que constituyan una presión efectiva sobre Pinochet y evitar aquellas que sean contraproducentes; y la necesidad de mantener nuestro acceso e influencia sobre Pinochet y su círculo íntimo.
A partir de ahí, el director suplente de la CIA, Robert Gates (actual secretario de Defensa, con quien se reunió el ministro de Defensa de Chile Jaime Ravinet en Santiago la semana pasada) estableció el análisis de la agencia sobre la situación de Chile. El descubrimiento de depósitos de armas “trajo de vuelta para la mayoría de los chilenos la amenaza de una insurrección comunista en los próximos años”, le dijo Gates a Reagan. Y advirtió que “el dominante Partido Comunista, con una fuerza de 30.000 miembros, ha progresivamente girado hacia la violencia como el único medio para polarizar el ambiente y derrocar a Pinochet”.
La evaluación final de la CIA era optimista: “Después de todo, recientes evoluciones en las actitudes de los miembros de la Junta y la reacción de la oposición moderada al intento de asesinato (de Pinochet) de alguna forma han aumentado las esperanzas de que pueda realizarse un proceso de transición pacífica que saque a Pinochet del poder hacia 1990 y permita a los militares entregar el gobierno a una coalición no comunista”.
Sin embargo, Gates identificó también “cuatro importantes obstáculos para dicha transición: (1) La determinación de Pinochet de quedarse en el poder por las próximas décadas; (2) la amenaza de violencia terrorista; (3) la subversión externa y el apoyo de grupos violentos; y (4) la incapacidad de la oposición moderada de cohesionarse en torno a un programa de transición específico aceptable para los militares”.
Fue el secretario Shultz quien expuso el argumento más convincente para presionar a Pinochet. “No se engañe”, le dijo a Reagan en su cara. Pinochet “ha sido cruel, represivo y lo que ha hecho es simplemente indefendible”. Rechazando la posición del NSC de que de alguna forma Washington podría convencer suavemente a Pinochet de irse, Shultz afirmó: “Lo que estamos tratando de hacer es estar seguros de que estamos en el lado de la transición, pública y privadamente. Es por eso que nuestros actos, como ir al funeral (de Rodrigo Rojas) nos han dado credibilidad. Si sólo hacemos cosas que son agradables para Pinochet, no vamos a ninguna parte. Tenemos que estar dispuestos a rockear con él un poco”.
“No creo que podamos sólo tratar con la persuasión”, hizo ver Shultz en otro momento de la reunión. “Tenemos que mover algún músculo o no va a cambiar. La última línea de Pinochet es quedarse en el poder”.
Esta reunión clave, que pretendía establecer una “nueva dirección” para las políticas de Estados Unidos hacia Chile, tiene un final incierto y surrealista, con el Presidente Reagan alabando los esfuerzos de Pinochet de privatizar la seguridad social en Chile y contando historias de horror sobre el sistema estadounidense. Pero la conclusión fue clara: el gobierno de Estados Unidos, que había ayudado a Pinochet a llegar al poder trece años antes, iniciaría finalmente un esfuerzo concertado para forzarlo a dar un paso al lado.
El desenlace de un dictador
Un día después de la reunión del NSC sobre Chile, el presidente Reagan dio una conferencia para negar reportes de prensa que indicaban que su administración había vendido secretamente armas a Irán. En semanas, su administración se hundiría en el más grande escándalo político de la década —conocido como el caso Irán-Contra—, que involucraba la venta ilegal de armas a Irán para financiar la insurgencia Contra en oposición a los Sandinistas en Nicaragua. El escándalo casi le costó a Reagan su presidencia; llevó al despido de John Poindexter y otros consejeros de seguridad nacional que habían estado involucrados en actividades ilegales, entre ellas el haber enviado a líderes de los Contra a Santiago para recibir armas de los militares chilenos. En última instancia, el escándalo Irán-Contra distrajo mucho la atención de Washington hacia Chile durante los últimos años de la dictadura militar.
La campaña del “No” que culminó con el plebiscito de 1988 y la victoria a favor de la democracia fue una tremenda hazaña de estrategia política de los chilenos. Que Estados Unidos abandonara su apoyo previo a Pinochet jugó un rol, aunque menor, en el proceso político en Chile. E National Endowment for Democracy (NED), creado para realizar abiertamente las operaciones políticas que antes hacía la CIA de manera encubierta, el que junto a la federación de sindicatos AFL-CIO y el National Democratic Institute (NDI) contribuyó con unos US$ 1,6 millones desde Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de la oposición democrática y organizar el registro de votantes y campañas educativas, realizar encuestas de opinión efectivas, contratar consultores de medios y organizar un sistema paralelo de conteo de votos para el día de la elección.
El plan de Pinochet es sencillo: a) si gana el SI, perfecto; b) si la lucha resulta estar muy reñida, recurrirá al fraude y la coerción, c) si parece que los votantes se decantan claramente por el NO, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI se encargará de protagonizar ciertos actos violentos antes del 5 de octubre y durante la jornada de elecciones. Sabemos que los consejeros más cercanos a Pinochet se están dando cuenta de que tiene muchas posibilidades de perder, por lo que creemos muy probable que se ponga en práctica la tercera opción, lo que comportaría una pérdida considerable de vidas.
En un informe clasificado “Top Secret” la Agencia de Inteligencia de Defensa, informaba que el plan pudo resultar en un “grave y generalizado derramamiento de sangre”.
La administración Reagan actuó en forma rápida y decisiva para confrontar estas amenazas de Pinochet. Silenciosamente, los funcionarios militares estadounidenses contactaron a otros miembros de la Junta para advertirles que las consecuencias de abortar un plebiscito serían duras para Chile. Washington también compartió información de inteligencia con los británicos, de modo que ellos también pudieran presionar a sus contactos dentro del Ejército para que resistieran el intento de Pinochet de quedarse en el poder.
El 3 de octubre, el Departamento de Estado expuso públicamente el plan de Pinochet para mantenerse en el poder y lo denunció, diciendo que “dañará seriamente las relaciones con Estados Unidos y destruirá la reputación de Chile a nivel mundial”. En un mensaje diplomático dirigido directamente a Pinochet, el gobierno de Reagan afirmó: “Nada podría arruinar de forma tan duradera su imagen en Chile y el mundo entero como el autorizar o permitir actos de extrema violencia o iniciativas ilegales que conviertan en una farsa su promesa solemne de un referéndum libre y justo”.
Esta presión no tuvo impacto en Pinochet, pero pudo haber sido un factor, junto con el ferviente compromiso y deseo de la mayoría de los chilenos, que influenciara a otros miembros de las Fuerzas Armadas a oponerse a una extensión violenta de una dictadura que ya era sangrienta y prolongada. Avanzada la tarde de ese histórico 5 de octubre de 1988, cuando estaba claro que Pinochet había perdido el plebiscito, otros miembros de la Junta se negaron a firmar una orden escrita por Pinochet que le confería poderes de emergencia para anular la votación. Esa noche marcó el fin de su régimen militar infame y el comienzo del regreso de la democracia en Chile.
*Peter Kornbluh es autor de “Pinochet: Los Archivos Secretos” y dirige el “Chile Documentation Project” en el National Security Archive, un organismo no gubernamental dedicado la investigación sobre política exterior basado en Washington D.C. Marian Schlotterbeck es candidata a doctora de la Universidad de Yale y actualmente vive en Santiago. Algunos de los documentos del Departamento de Estado y de la CIA citados en este artículo fueron recientemente donados por National Security Archive al Museo de la Memoria y Derechos Humanos.
http://ciperchile.cl/2010/11/23/reagan-y-pinochet-el-momento-en-que-estados-unidos-rompio-con-la-dictadura/
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