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sábado, 5 de octubre de 2013

Familiares recibieron restos de adolescente víctima de la dictadura


Se trata de José del Canto quien fue asesinado cuando tenía 17 años.
Osamentas fueron encontradas en el Patio 29 del Cementerio General.

Los familiares de José Enrique del Canto Rodríguez, una de las víctimas de la dictadura, recibieron los restos del joven asesinado el 6 de octubre de 1973 luego que el SML lograra su identificación.

El SML estableció que "su fallecimiento se produjo por un shock hemorrágico producto de las heridas por armas de fuego, en el contexto de una muerte violenta homicida".

José del Canto, de 17 años al momento de su detención, es el séptimo adolescente menor de 18 en ser identificado en el Patio 29.

Fue detenido en un restaurante poco antes de que entrara a regir el toque de queda. Según un testigo presencial, una patrulla lo detuvo en el lugar junto a un amigo no identificado. Ambos fueron sacados y ametrallados por la espalda. Luego fue subido a un jeep con destino desconocido.

A la fecha van 53 víctimas identificadas por el SML de las 124 asociadas a Patio 29.




miércoles, 2 de octubre de 2013

Coquimbo, 40 años, donde el ejército dinamitaba a los niños


 Publicado el 02 Octubre 2013
 ESCRITO POR ARNALDO PÉREZ GUERRA

El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.


"¿Qué saben ustedes...?"


La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.

Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.


Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada.


La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".




Balas militares

Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.

En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.

"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.

En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su "delfín"), y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".

Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.

Lapostol, Moren y Cheyre

El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".

En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9313%3Acoquimbo-40-anos-donde-el-ejercito-dinamitaba-a-los-ninos&catid=26%3Apolitica&Itemid=11

jueves, 19 de septiembre de 2013

Claudia Andrea VALENZUELA VELASQUEZ

Hilda y Claudia

El 14 de septiembre de 1973, en la ciudad de Talca, fueron ejecutados tres miembros de una familia:
                    -          Héctor VALENZUELA SALAZAR, de 27 años de edad, Profesor universitario;
                    -          Hilda Isolina VELASQUEZ CALDERON, de 31  años de edad, Enfermera universitaria y militante comunista; y
                    -          Claudia Andrea VALENZUELA VELASQUEZ, de 6 años de edad. 
                             Carabineros llegó hasta el domicilio de la familia en el marco de las investigaciones que realizaban a raíz del incidente de Paso Nevado.  Allanaron la casa de Héctor Valenzuela y le dieron muerte a él, a su cónyuge y a una de sus hijas.  Dejaron heridos a los otros dos hijos del matrimonio, Paula y Gonzalo Valenzuela de 4 y 2 años respectivamente.  La explicación oficial señaló que se había tratado de un enfrentamiento. 
                             Los antecedentes reunidos por esta Comisión acreditan que la casa fue allanada en la madrugada y las víctimas ejecutadas en su interior; los efectivos policiales habían acordonado el sector desde temprano, advirtiendo a algunos vecinos que no salieran a la calle y ordenando que permanecieran en sus casas; y que cuando llegaron otros familiares del profesor y aún se encontraban los cadáveres en la casa, los Carabineros presentes explicaron que se había tratado de un suicidio. 
                             Por lo tanto, esta Comisión se ha formado convicción que José Castillo, Héctor Valenzuela, su cónyuge Hilda Velásquez y su hija Claudia Valenzuela son víctimas de una grave violación de sus derechos humanos, por cuanto fueron ejecutados por los agentes del Estado, al margen de toda justificación.
(Informe Rettig)  

5 de Diciembre 2003 La Tercera
Comenzó exhumación de cuerpos de ejecutados políticos
Cerca de las 08:00 horas de hoy comenzó la exhumación de cuerpos del matrimonio Valenzuela Velásquez y de su hija de seis años, quienes fueron ejecutados tras el 11 de septiembre de 1973.
A primera hora llegó hasta el lugar el juez con dedicación exclusiva Gerardo Vernales, quien dio la orden de exhumación de los tres ejecutados, identificados como Ilda Isolina Velásquez Vásquez, enfermera, Héctor Valenzuela, profesor y la menor Claudia Valenzuela Velásquez.
Según consignó Radio Chilena, la familia Valenzuela se encontraba durmiendo en su casa el 14 de septiembre de 1973, cuando Carabineros ingresó a su domicilio de población Independencia, allanó el inmueble y luego de un interrogatorio, les disparó, hiriendo a otros dos hijos del matrimonio, Paula de 4 años en esa época, y Gonzalo, de 2.
Los uniformados los involucraron erróneamente con el intento de escape del intendente de la zona, Germán Castro, y luego de darles muerte, sostuvieron que fue un enfrentamiento

5 de Marzo 2004 El Mostrador
Aclaran crimen de matrimonio ocurrido el '73 en Talca
Aclarado quedó en las últimas horas el homicidio de un matrimonio ocurrido el 14 de septiembre de 1973. El autor confeso del crimen quedó a disposición de tribunales gracias a la labor desarrollada por el juez del Primer Juzgado de Letras de Talca, Gerardo Bernales, y la policía de Investigaciones de esa localidad.
El homicidio del matrimonio había permanecido 11 años sin resolverse -y aunque la Comisión Rettig lo incluyó en el informe concluyendo que “Héctor Valenzuela, su cónyuge Hilda Velásquez y su hija Claudia Valenzuela son víctimas de una grave violación de sus derechos humanos, por cuanto fueron ejecutados por los agentes del Estado al margen de toda justificación”- el episodio se mezcló con un intento de suicidio que terminó dilatando el esclarecimiento de la verdad.
Ahora, con la confesión del coronel (r) de Carabineros, Emilio Muga Galfano, quien quedó a disposición de tribunales ayer jueves, el caso se encuentra virtualmente aclarado.
A la fecha del homicidio, el carabinero se desempeñaba como teniente de la Tercera Comisaría de Talca. Debido a una denuncia por lesiones, el policía concurrió al domicilio del matrimonio, ubicado en la población Independencia de esa localidad. En la cama estaban inconscientes Héctor Valenzuela Salazar e Hilda Velásquez Calderón, quienes habían inhalado gas licuado. El carabinero, haciendo uso de su arma de servicio, disparó contra el matrimonio y luego aseguró que se había tratado de un enfrentamiento.
Cuando la policía llegó al lugar –antes de producirse el homicidio-, allanó el domicilio. Se detectó que los tres hijos del matrimonio se encontraban heridos con arma cortante. Uno de ellos, Claudia Andrea, de seis años, ya estaba muerta. Los dos restantes –Paula, de cuatro años, y Gonzalo, de dos- fueron trasladados al hospital regional de Talca con lesiones de carácter grave.
Según el informe de la Comisión Rettig, “la casa fue allanada en la madrugada y las víctimas ejecutadas en su interior; los efectivos policiales habían acordonado el sector desde temprano, advirtiendo a algunos vecinos que no salieran a la calle y ordenando que permanecieran en sus casas; y que cuando llegaron otros familiares del profesor y aún se encontraban los cadáveres en la casa, los Carabineros presentes explicaron que se había tratado de un suicidio”.
El juez a cargo de la investigación había realizado hace algunos meses exhumaciones de los restos, que se encontraban enterrados en el cementerio municipal de Talca.
Héctor Valenzuela tenía 27 años al momento de su muerte. Era profesor de Filosofía y simpatizante del Partido Socialista. Su esposa, de 31 años, era enfermera universitaria y militante comunista.

http://www.memoriaviva.com/Ejecutados/Ejecutados_V/valenzuela_velasquez_claudia_and.htm

lunes, 16 de septiembre de 2013

La dictadura de Pinochet espiaba a los niños en los colegios



[foto de la noticia]
La Dictadura Militar espió durante años a los estudiantes en sus propios colegios. Así lo revela un informe secreto de la Central Nacional de Informaciones (CNI), fechado en 1983, sacado a la luz por Mauricio Weibel, un periodista que trabaja para la agencia alemana Dpa.
El corresponsal de la agencia de información en Chile tuvo acceso a unos30.000 archivos secretos de la extinta Central Nacional de Informaciones CNI. Desde 1973 hasta 1990, años en los que estudo Augusto Pinochet en el poder, los documentos fueron enviados desde el organismo de inteligencia hasta el Ministerio de Educación
Las operaciones se produjeron en colegios religiosos, públicos y privados, como la Alianza Francesa, y fueron acompañadas con el despido masivo de profesores que pedían democracia y con la capacitación psicológica de los funcionarios de Educación.
El esfuerzo por levantar unos alumnos leales al Régimen fue apoyado con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos. Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron cursos periódicos sobre ‘Seguridad Nacional’ y ‘Doctrinas Totalitarias’, entre otros.
Según la investigación realizada por Weibel, llegaban fichas con antecedentes políticos de menores y docentes hasta las oficinas de los ministros ‘pinochetistas’. Los trabajos de espionaje eran elaborados por la CNI, y entre otros documentos, contaban con cartas firmadas por delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Pinochet.
Las comunicaciones con la CNI, responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas, fueron diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros. Ningún docente podía realizar clases en liceos (institutos) públicos sin ser investigado previamente por la agencia secreta.
La corporación privada Opción, afirma incluso que hubo decenas de casos de niños, de menos de un año de edad hasta los 17, asesinados bajo La Dictadura, muchos de los cuales aún figuran como desaparecidos. La organización publicó hace unos años un pequeño libro donde se analizan 83 casos, aunque afirman que pueden ser muchos más porque es un tema poco investigado.
Lo que sí ha investigado Weibel es que las operaciones de adoctrinamiento ocurrieron en paralelo a un traspaso masivo y venta de los colegios públicos a manos privadas, incluso a bajo precio, como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986. "El año pasado encontré varios archivos que nunca habían salido a la luz, los primeros que se encontraban", comenta el periodista a ELMUNDO.es
"Con ellos publiqué una serie de reportajes y al final hice un libro, junto a Carlos Dorat, llamado ‘Asociación Ilícita: Los Archivos Secretos De La Dictadura. De los 30.000 documentos había unos 2.000 muy importantes que tienen consecuencias hasta el día de hoy. Me pareció importante investigar el tema de la educación porque básicamente yo participé en el movimiento secundario de esos años y quería saber qué había pasado al otro lado de la calle", añade Mauricio.
Para el periodista, "el derecho a desarrollar negocios, la empresa privada, se consolidó sobre los derechos sociales. Hoy en día ocurre lo mismo. Hay que aprender a preguntarse cómo somos capaces de construir nuestros derechos. Cuando empezaron las protestas estudiantiles proponía temas sobre la educación pública gratuita a mi editor en Alemania y éste me contestaba: ‘Mauricio, si la educación siempre ha sido gratuita’. Yo tenía que contestarle: ‘En Chile no».
Mauricio opina que «el problema de la educación es tremendamente importante. Conocer cómo se instauró ese sistema; la participación de la policía, la venta a bajo precio de los establecimientos públicos… Es importante porque este sistema es profundamente segregador».
«Creo que la ex presidenta Bachelet va a avanzar en una educación superior gratuita. El tema es cómo conjugar la producción de conocimientos con la integración social, un desafío que aún no ha sido puesto en la mesa». Hoy sólo un 36 por ciento de la matrícula escolar chilena es proveída por el Estado, en establecimientos con malos resultados académicos mayoritariamente, según mediciones oficiales.
Lo cierto es que los estudiantes universitarios chilenos pagan, como mínimo, unos 6.000 euros por estudiar en universidades públicas, un producto heredado por la democracia como consecuencia de la intervención de La Dictadura en la estructura y en el financiamiento del sistema educativo.
En 2006, primero, con la ex presidenta Michelle Bachelet, y desde 2011 hasta la fecha, después, con Sebastián Piñera, cientos de miles de estudiantes han salido a la calle para exigir una educación gratuita y de calidad. Según los informes públicos, Chile se gasta casi lo mismo en Educación que en Defensa, cerca de 9.000 millones de dólares, algo más del 4% del PIB.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

QUE PINOCHET SE VAYA, MAMÁ



Bombardearon La Moneda y bombardearon a un país entero. Un país que no sólo estaba hecho de allendistas y pinochetistas, militares y guerrilleros, políticos y artistas clandestinos. Debajo de todo, abriéndose espacio entre las temblorosas piernas de un Chile aterrorizado, estaban ellos, jugando a la guerra, a la pelota, a las muñecas. Los infantes de una nación oscurecida, los que nunca pudieron ser niños.
                                                                           Por Carlos Said y Francisco Solís.

Fotografías: Museo de la Memoria / Fondo Pidee
La mañana del 11 de septiembre de 1973 fue trágica para Chile, y eso lo sabemos todos. Probablemente nuestros abuelos, tíos y padres nos contaron cómo fue ese despertar, escuchar al presidente por la radio, asustarse por el bombardeo. Probablemente los miramos con sorpresa, admiración y curiosidad, y nos imaginamos qué habría sido de nosotros en ese escenario. Pero probablemente nunca hemos pensado que también, ese día, había niños en medio de las balas.
Tal es el caso de Javiera Parada, la estudiante de 10 años cuyo padre, José Manuel Parada, fue raptado violentamente por agentes del Estado, antes de ser degollado y tirado en la carretera. En otra bullada detención, el joven Carlos Fariña Oyarce, de 13 años, fue sacado de su cama el 13 de octubre de 1973 y llevado por militares en un auto, siendo encontrados sus restos en agosto de 2000, cerca de Pudahuel y con varios impactos de bala.
Más allá de lo noticioso, hubo decenas de casos similares. Según cifras del Museo de la Memoria, unos 6.477 menores de 21 años fueron víctimas directas o indirectas del régimen militar, mientras que 415 fueron asesinados o están desaparecidos. A pesar de estos datos, el golpe fue dramático para todos los menores de esa época, en mayor o menor medida.
“Nosotros lo vimos. Lo vivimos. Fuimos allanados el 12 de septiembre, no pudimos salir, estábamos sitiados” dice Ana Farías (48). Con apenas ocho años en 1973, fue testigo de cómo las armas intentaban, bajo cualquier condición, aplastar la razón. “Había francotiradores en mi edificio, teníamos las tanquetas abajo y los soldados que disparaban. Me acuerdo que por alto parlante decían que por cada francotirador se iba a disparar a la torre entera, entonces teníamos que estar de guata… para mí fue muy fuerte”, recuerda.
Ana, al igual que otros miles de niños, se familiarizó con los tanques, los toques de queda, la censura y la tortura cuando aún no aprendía a hacerse las trenzas.  “Vivíamos en un mundo muy politizado. Entonces teníamos perfectamente claro lo que significaba un golpe. Nos llevaron a todos los niños de las torres a los estacionamientos subterráneos, ahí vivimos esos días, y vimos cómo caían las armas por los incineradores”, dice.
Ver imposible una infancia normal y feliz es sólo una parte del problema. La vida en comunidad también se vio trastocada, y los niños comenzaron a notar diferencias y a defender lo que creían como verdadero. “Yo estaba en tercero básico y todas sabíamos quiénes eran momias y quienes no, habían peleas políticas entre nosotros”, comenta Ana Farías, quien recuerda “los comentarios en el colegio de algunas niñas que estaban contentas porque se había acabado la UP. Pero fueron los comentarios de esa semana y, después, todos calladitos”.
El miedo se instaló como regla de vida y forma de relación social obligada. De un momento a otro, no todos eran amigos, no se podía saludar a algunos tíos, no era conveniente juntarse con el niño de la esquina porque los papás podían andar en algo. “Yo no tengo ningún amigo de juventud que no sea de izquierda… Fue una segmentación que se dio desde el golpe hacia adelante. Eso es lo que más marca la infancia, la división” sentencia Ana, con la melancolía de imaginarse una vida que, sin duda, pudo ser más feliz.
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REALIDADES ESCONDIDAS

Llegado el golpe y sus consecuencias, la vida de los chilenos cambió radicalmente. Si bien hubo quienes no sufrieron pérdidas personales, muchos compatriotas vivían sumidos en el miedo, no sólo por ellos, sino que por sus hijos.
La Comisión Valech certificó que 27.255 personas fueron víctimas de prisión política y tortura, uno de cada 500 chilenos de la época. De ellos, 1.069  eran menores de edad que estuvieron en un centro de detención, solos o con sus padres, y 11 fueron niños que nacieron en prisión.
En ese contexto es que se crea, en 1979, la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (Pidee), con el objetivo de entregar asistencia física y psicológica a todos los menores que presentaron trastornos derivados de los efectos de la dictadura.
María Rosa Verdejo, secretaria ejecutiva de la organización, señala que las consecuencias más comunes no eran físicas, sino que emocionales. “Eran niños cuya emoción constante fue el miedo. El miedo cruzó a todos los niños durante la dictadura. Miedo a que les pase algo a ellos o a sus padres, ese es el trauma mayor”, dice.
Sin embargo, no olvida que muchos menores sí fueron atacados sin mediar su inocencia. “La tortura psicológica la vivieron todos. Las torturas físicas las conocemos a partir de la época de las protestas, porque los niños también participaron, y eran golpeados o baleados”, cuenta.
¿Hasta qué punto los agentes de la dictadura creyeron poder exterminar un pensamiento, un espíritu compartido, una forma de ver el mundo? ¿Hay acaso algo más deplorable que atacar a un niño?
Verdejo conoce casos dramáticos. Con su mente en el pasado, rememora a Alex, un chico que tenía dos años cuando fue la Operación Albania y cuya madre “arrancó con él por los techos, luego de que mataran a su padre. A él lo tuvimos en la casa hogar y lo llevamos a ver a su mamá a la cárcel. Era muy chiquito y hasta se le cayó el pelo”, dice.
A pesar de ser una realidad difícil de imaginar, en la actualidad hay otros miles de niños que sufren situaciones no tan diferentes. Desde 2007, la Fundación Pidee está trabajando con menores y jóvenes de Tirúa, localidad marcada por el eterno conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Verdejo cuenta que “la situación allá es muy traumática, porque hay niños golpeados, heridos con balines y con sus domicilios allanados”.
La secretaria de Pidee es categórica sobre los efectos de estas políticas en la infancia y destaca que “tanto lo que ocurrió en dictadura, como lo que ocurre ahora con el pueblo mapuche no se sabe, porque no se visibilizan los traumas que se generan en la niñez con estas políticas de Estado”.
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LOS NIÑOS DESAPARECIDOS

Si bien la realidad de los niños en la dictadura de Pinochet es poco conocida más allá de los casos icónicos, este no es el caso en todos los países. En Argentina, la organización de Abuelas de la Plaza de Mayo, nacida durante la última dictadura militar, es la que se encarga de relocalizar a los niños secuestrados y desaparecidos por los organismos de terror del Estado.
“Se calcula que son 500 los niños secuestrados con sus padres o bien nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención”, declaran en esta organización. Además, informan que ya han identificado a 109 personas que fueron entregadas en adopción ilegalmente, el último de ellos, hijo de padres chilenos.
Las abuelas, al igual que muchas organizaciones pro Derechos Humanos, fueron perseguidas durante los años de dictadura y su labor se hizo complicada, principalmente por tener, según ellas mismas, “la espalda de la sociedad”. Luego de buscar ayuda en el extranjero y llegado el fin de la dictadura, esta organización se convirtió en un ícono internacional de la lucha por los derechos humanos.
En Chile, recién durante estos meses se han conocido algunos casos de niños que fueron entregados en adopción ilegalmente por militares. El más conocido es el de Ernesto Lejderman, que fue llevado por el ex comandante Juan Emilio Cheyre a un hogar, luego de que sus padres murieran enfrentados con una patrulla militar.
Existen otras denuncias, como la de la talquina Prosperina Godoy, quien dice que sus gemelas fueron robadas al momento de nacer, o la de Gladys Pérez, en Calama, a quien le dijeron que su hijo nació muerto. Sí se sabe que 11 mujeres dieron a luz en la cárcel al estar detenidas por causas políticas, mientras que hay cuatro casos de embarazadas en los que sus cuerpos nunca aparecieron y por lo tanto se desconoce si sus hijos están vivos.
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CHILE: Los documentos de la Policía Bonaerense sobre el golpe de Estado en Chile.

Adelanto del material que presentará la Comisión Provincial por la Memoria
 
Por primera vez en la Argentina se dan a conocer documentos que describen cómo sectores del Ejército, de derecha y fuerzas de seguridad pro golpistas persiguieron a exiliados y ficharon activistas para después deportarlos, asesinarlos o hacerlos desaparecer. 


María Sucarrat y Daniel Enzetti Los informes que Tiempo Argentino muestra en forma exclusiva en esta entrega especial se componen de legajos personales, comunicados internos militares y policiales, órdenes de acción, cuadernillos secuestrados a sectores de la militancia, y memorandos que detallan cada uno de los pasos dados aquí por los que resistían el asalto contra Salvador Allende. 

Pero sobre todo, se destacan nóminas de ciudadanos chilenos que a partir de mediados de septiembre de 1973 solicitaron protección al Ministerio de Relaciones y Culto con sede en Buenos Aires, y los cientos de partidarios de la Unidad Popular que a horas del golpe intentaron refugiarse en la Embajada argentina de Santiago. Muchos de ellos nunca más fueron vistos con vida. 


La documentación había sido elaborada en ese momento por el Servicio de Informaciones Policiales de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), después convertido en Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Y acaba de catalogarse para su difusión pública por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que la presentará el próximo viernes en un acto en la Facultad de Humanidades de La Plata. "Elemento de ideología comunista". 


El principal trabajo de Inteligencia rescatado lleva el número de expediente 1165, y se titula "Policía de la Provincia de Buenos Aires. Organizaciones, Integrantes Chilenos". Reseña pedidos de informes del SIPBA a sus delegaciones bonaerenses, y los posteriores envíos de esas delegaciones a la oficina central en La Plata. Paso previo a lo que después significarían los operativos de persecución y secuestro de militantes, trabajadores, estudiantes y referentes políticos chilenos y argentinos. 


En uno de los requerimientos, el oficial Ramón Landajo, secretario de Informaciones y Personal del Servicio, pide datos a la policía platense: "Se tiene conocimiento que con motivo del reciente golpe militar en Chile, se ha producido un considerable incremento de asilados de ese país en la Argentina, concordante con ello han aparecido en nuestro país organizaciones de integrantes chilenos que se movilizan y actúan con el apoyo de grupos subversivos locales." Menciona al Frente Patriótico de Resistencia Chilena encabezado por dirigentes del Movimiento de Acción Popular Unificado (MAPU), y los partidos Comunista y Socialista chilenos, que "pretenden integrar un Frente Amplio de Operaciones". 


Y desasna a la delegación, dando un panorama general que sirva para afinar la búsqueda de "subversivos" en La Plata. Landajo explica el trabajo de la "Resistencia Revolucionaria Chilena, integrada por miembros del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), MAPU, VOP y PS", que "contaría con el apoyo del ERP 22 de agosto, que le ofrecería asesoramiento técnico y explosivos". 


Grupos que "estarían en directo contacto con los llamados Comité Latinoamericano de Solidaridad… sito en la calle Esmeralda Nro. 582 4to. Piso C", y "Comité de Solidaridad con la Lucha de los Pueblos Latinoamericanos, ubicado en Thames 2472, también de Capital Federal". 


El oficial ordena especialmente seguir de cerca a la Coordinadora de Movimientos de Ayuda a Chile (COMACHI), la que "estaría presidida por el Dr. Oscar Alende". Se piden informes a oficinas policiales bonaerenses de San Martín, Lanús, Chascomús y San Nicolás, entre otras ciudades. Los partes, firmados por los entonces comisario Osvaldo de Baldrich (jefe de la región Tigre) y subcomisario Oscar Gonnet, ordenan remitir en forma urgente "contactos de elementos extranjeros con organizaciones extremistas de Argentina". 


El comisario Osmar Perrela, de Mar del Plata, es uno de los que mejor hace los deberes. El 19 de noviembre de 1973 envía al SIPBA un informe detallado que marca algunos blancos para secuestrar o asesinar. 


Describe una conferencia de prensa realizada el 20 de octubre en la Facultad de Ingeniería local, donde "se fijaron los lineamientos para efectivizar la ayuda al pueblo chileno a través del COMACHI". Y explica que una semana después, en el Colegio de Abogados, se dictó una conferencia "a cargo del profesor Mario Toher, catedrático, que hasta el derrocamiento y muerte de Allende se desempeñó como profesor en la Universidad de Concepción (Chile).


 Habló sobre la situación política actual en Chile y al día siguiente hizo lo propio en la sede de la Asociación Obrera Minera Argentina, situada en la localidad de Batán, partido de Gral. Pueyrredón." Perrela sigue: el 18 del mismo mes, en el Sindicato de Luz y Fuerza, "se realizó un asado contribución y acto popular que reunió a unas 600 personas", donde hablaron "el Dr. Armando Fertita, presidente de la filial local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; señora Pilar B. de Castelli, por la Unión Mujeres Argentinas (UMA) y el señor Rector (sic) Polino (NdR: posiblemente se trate de un error de tipeo, y en lugar de una 'r' corresponda una 'h'), representante de la Comisión Central del COMACHI y ex concejal socialista en la Capital Federal". Sostiene que "los oradores en su alocución, rindieron homenaje a los 'patriotas chilenos caídos en la lucha contra el fascismo del Gral. Pinochet y a los millares de torturados chilenos, asesinados y fusilados, los que ensamblan dos figuras americanas cumbres, cuales son el Che Guevara y el Dr. Salvador Allende, los que llevarán a los pueblos a la victoria'". 


Pero más allá de la acción política, al comisario le interesa la plata: "Esta reunión finalizó a las 18:00, desconociéndose hasta el momento el monto de lo recaudado para ayudar a los chilenos." Los sabuesos marplatenses no sólo cuentan lo que pasó, sino que además, adelantan lo que vendría: "COMACHI realizará el próximo 15 de diciembre un funeral cívico para los tres argentinos fusilados en Chile (Teodoro Gonova, Miguel A. Lacorta y N. Bugallo)". 


Y mandan una radiografía de algunos activistas. Fertita: "Argentino, clase 1900, casado, abogado, L.E. 1.274.668… presidente de la filial local de la LADH… Actuó en 1966 en la Comisión Auspiciadora adherente al Congreso Latinoamericano por la Autodeterminación de los Pueblos, en solidaridad con Cuba y Santo Domingo… Elemento de ideología comunista". Pilar Castelli: "No registra antecedente en esta Delegación y a la brevedad se informarán sus datos de identidad…". 


Elías Caro: "Chileno, clase 1928, residente en el país desde 1948, yesero… El 25-4-56 fue detenido cuando efectuaba inscripciones murales y pegaba afiches del Partido Comunista… Integraba el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS)… 


El 26 de enero de 1969, en un procedimiento realizado por la Policía Federal en la calle Champagnat 1865 de Mar del Plata, durante una reunión comunista, fue detenido conjuntamente con otros elementos de esa ideología." "Infiltrado personal de esta Delegación…" Otro de los informes descubiertos corresponde a la policía de San Martín. Sostiene que "en la calle Matheu Nº 943 existe una entidad denominada "Centro Cultural Manuel Rodríguez de chilenos residentes", cuyo presidente actual es el señor Ulises Friz, que infiltrado personal de esta Delegación con las pertinentes coberturas y mantenidas charlas con miembros de la nombrada Organización se sabe que los días jueves a las 19.00 horas se realizan reuniones con delegados de la 'Liga por los derechos del hombre (sic)'".


A las que "concurre la conocida dirigente del PRT, Nora Sciapone, y asimismo es probable que concurran elementos del ARP que estarían conectados con la dirigente antes nombrada". El memorando, firmado por Ernesto Verdún, jefe de la delegación, explica que varios de los militantes que se mueven en la ciudad "concurren y se reúnen los días martes a la noche en el Sindicato de Músicos de la Capital Federal, siendo integrantes de esas reuniones dirigentes estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras y del 'Frente Patriótico de Resistencia Chilena'", que "en forma clandestina son solventados por la 'Liga de Resistencia Chilena' en lo que respecta a víveres, descanso, morada, etc.". Y finaliza: "Se deja constancia al señor Jefe que las presentes averiguaciones fueron practicadas a un nivel de absoluta reserva y cobertura, por lo que no fue dable abundar en mayores y más profundos detalles". 


Carlos Stella, inspector de la delegación San Justo del SIPBA, envía su trabajo el 14 de noviembre de 1973: "La Coordinadora de Movimientos de Ayuda a Chile, COMACHI, está presidida por el Dr. Oscar Allende (sic), e integrada asimismo por los legisladores Héctor Sandler, Amaya, y Solari Irigoyen, entre otros". Otro parte, correspondiente al trabajo que realizaban en La Plata los grupos de solidaridad a exiliados trasandinos, reproduce en detalle lo hablado durante esos plenarios. "Hicieron además consideraciones sobre la situación de Chile –redactan los efectivos bonaerenses–, estimando que los fusilamientos y demás acciones represivas son muestra de que la Junta Militar no se siente segura y que el pueblo chileno, recompuesto y reorganizado, emprenderá una ofensiva que hará revertir el proceso". 


Y agrega: "Finalmente señalaron que la campaña de difusión que desarrollan esas entidades, tiene como finalidad de que la población viendo como obra la dictadura militar en Chile y conociendo todos los hechos, se encuentra esclarecida con respecto a quienes son los enemigos del pueblo y cuales son sus métodos, para que así se aleje la posibilidad de que esa circunstancia se repita en Argentina, en cuanto el Gobierno del Pueblo tome medidas de reivindicación y liberación (sic)". Insumos para las fichas personaleS. 


El trabajo de espionaje, infiltración, averiguación de antecedentes políticos y cruzamiento de datos con otras dependencias policiales del país fue posibilitando que el SIPBA armara el primer gran archivo de sectores y cuadros "marxistas" de la Argentina, a partir de la influencia de Isabel Martínez y José López Rega durante el tercer peronismo, y sobre todo después de la muerte de Juan Perón el 1 de julio de 1974. Convertido en la DIPPBA después del golpe de Estado de 1976, el Servicio empezó a combinar en sus planteles represivos policías bonaerenses en actividad con efectivos exonerados por mal desempeño y maniobras de corrupción. 


Asesorados por la derecha del movimiento y expresiones ultramontanas de diferentes sectores sociales, que después recalarían en fuerzas de choque como las Tres A o la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Así se explica que inmediatamente al asalto de gobierno ocurrido en Santiago, y la muerte de Allende, el Servicio haya puesto énfasis en los delegados estudiantiles que se plegaron a la resistencia, y en aquellas acciones de repudio que en la Argentina contaban con la colaboración de la universidad. 


Una de esas acciones fue el Acto de Solidaridad con la Lucha de los Pueblos Latinoamericanos organizado por sectores de Quilmes, a fines de 1973. En un informe enviado al Servicio por el entonces comisario Delfor Gallo, de la delegación Lanús, el espía desmenuza la actividad reproduciendo lo dicho por los oradores. Arranca con el docente Ricardo Bonaglia: "Se refirió al proceso de 'Liberación' del continente americano, que comenzó con la Revolución cubana, que sacudió violentamente el yugo de la dominación imperialista yanqui, tras los postulados democráticos de 'Fidel Castro' y 'Ernesto Che Guevara'".


Sigue con el abogado y también docente Alejandro Tello, quien "se refirió a que el Pueblo Argentino debe reclamar de sus gobernantes que exijan de la dictadura militar chilena el libre traslado de los exilados a nuestra Tierra, que se encuentran refugiados en nuestra representación diplomática en aquél país". Y describe conceptos del diputado Sandler, que "finalizó sus palabras con un vibrante llamado al socialismo nacional y a la liberación". El original mecanografiado finaliza: "La concurrencia siguió con interés la palabra de los oradores y aplaudió sostenidamente a los oradores, en clima de total cordialidad."   el cuadernillo "movimiento por la liberación" Como parte del material exhibido por la CPM, se conoce por primera vez desde su secuestro un cuadernillo mecanografiado por el Movimiento por la Liberación, que participó en varias de las actividades de solidaridad hacia el pueblo chileno inmediatamente después al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. 


Algunos párrafos del documento: "Frente a las poderosas acometidas de los pueblos en la lucha por lograr su Liberación Nacional, la Democracia popular y el Socialismo, ante la toma de conciencia de miles de millones de oprimidos y las sucesivas derrotas que esos pueblos infligen al imperialismo, los imperialistas, encabezados por EE UU, se ven obligados a recurrir a una nueva forma de colonialismo encubierto y disfrazado: el neocolonialismo."


"Su propósito es dividir y ocultar las luchas que llevan a cabo las naciones y pueblos oprimidos contra su enemigo común, el imperialismo yanqui. En este marco, se trata de que el genocidio cometido contra el pueblo vietnamita quede aislado y sin aparente relación con las tremendas masacres cometidas contra los pueblos de Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile y Argentina." El texto denuncia a "Pinochet y su camarilla fascista en Chile", y elabora un informe de la realidad argentina de entonces: "El índice de mortalidad infantil alcanzado en 1970 fue del 63,10 por mil, es decir que de cada mil niños que nacen, más de 63 están condenados a muerte." 


"La desocupación que crea mano de obra barata para los monopolios supera el millón y medio de obreros, empleados y campesinos." "La crisis de la vivienda propia ha creado el hacinamiento en villas, pensiones y hoteles." Y "el 50 por ciento de los niños argentinos en edad escolar no alcanzan a completar el ciclo de educación primaria”. También describe la distribución del mercado en pocas manos norteamericanas, y explica que la mayoría de los argentinos, a pesar de no tener conocimientos en economía, "sabe que la presencia del imperialismo yanqui es una realidad cotidiana…  


Al despertarse por la mañana se encuentra bajo sábanas Grafa-Bunge y Born (de la United Merchants de Nueva York) sobre su nuca… en unos minutos se lavará los dientes con Kolynos (del consorcio American Home Products)… se peinará con fijador Palmolive (subsidiaria de The Gillette Company)… el desayuno lo hace con Nescafé (del monopolio suizo-yanki Nestlé, subsidiario de la Banca Morgan) y con leche La Martona (del grupo Ledesma ligado a la banca Rockefeller) … 


El azúcar puede provenir del ingenio La Esperanza (del grupo yanqui Deltec)… en caso de emplear un edulcorante artificial, usará Bucaryl (de la subsidiaria de Abbot Laboratorios)… Servirá el desayuno sobre una mesa cubierta con un laminado plástico (fabricado por el consorcio yanqui Witcel Bond), lo acompañará con galletitas Criollitas (del grupo inglés Bagley) y margarina untable o manteca (de Molinos Río de la Plata, propiedad de Bunge y Born)… 


Al encender la hornalla de la cocina, estará usando gas de garrafa ESSO, se vestirá con una camisa de Acrosel (elaborada por el monopolio Sudantex) y con pantalón Farwest." Y finaliza: "Ya fuera de su casa, cuando tome el tren, viajará en un vagón hecho por General Motors, o tomará un colectivo Berdford." 


Los archivos que hoy hablan 

11.09.2013 
Salvador Allende y la vía chilena al socialismo

Pequeña síntesis del material recopilado e interpretado por la Comisión Provincial por la Memoria, en referencia al golpe militar registrado en Chile y su vinculación con la Argentina. 

En los legajos del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) se encuentran muchas menciones indirectas a la experiencia de la Unidad Popular en Chile entre 1970 y 1973. 

En la presente Colección incluimos dos documentos que consideramos muy significativos por las dimensiones que abordan. Uno de los legajos incluye recortes de la prensa gráfica argentina realizados por la DIPPBA sobre el triunfo de la Unidad Popular, el atentado que derivó en la muerte del jefe del Ejército René Schneider y los acuerdos en el Congreso con la Democracia Cristiana, que permitieron finalmente asumir la presidencia a Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970 (Referencia Nº 13.698. "Sucesos de Chile". Tomo 3 bis). El otro legajo (Referencia Nº 15.876 "Situación política de la República de Chile") es un análisis de la situación social y política de Chile en octubre de 1972, durante el gran paro patronal producido contra el gobierno de Allende. 


Informes de diferentes fuentes y teletipos enviados a todos los servicios de inteligencia por la SIDE, razón por la que aquí se conserva una copia. 


PERSECUCIÓN Y ASILO TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE. Mesa Ds, varios. Legajo N°1171. "Nómina de asilados en Embajada Argentina en Chile y nómina de personas que han solicitado salvoconducto al MMRREE y Culto.” En este legajo fue incorporado un Parte de Informaciones elaborado tras una reunión realizada por un Grupo de Tareas del I Cuerpo el 20 de Noviembre de 1973 sobre las personas que se hallaban asiladas en la Embajada Argentina en Santiago de Chile al 7 de noviembre de 1973 y, también, el análisis de los antecedentes de dos grupos de personas que solicitaron conjuntamente sus salvoconductos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para poder salir del país rumbo a la Argentina. 


Estas investigaciones corresponden a sólo un pequeño fragmento del total de los asilados, pero el documento vale como muestra de las investigaciones realizadas sobre ciudadanos argentinos, chilenos y de todo el mundo que se encontraban en Santiago de Chile al momento del golpe de Estado. Muchos de ellos asilados, a su vez, tras huir de sus países de origen (como Bolivia, Brasil, Uruguay), que ya se encontraban bajo el yugo de dictaduras cívico-militares. Referencia Nº 16.603. Son Partes de Informaciones firmados por el Jefe de Seguridad Federal, Coronel (RE) Rubén Gregorio Berazay, y distribuidos a trece servicios de inteligencia de Argentina durante el mes de diciembre de 1973, con las nóminas, fotografías y antecedentes de las personas arribadas de Chile entre septiembre y diciembre de 1973. 


La totalidad de las personas registradas en esta serie de legajos habían recurrido a la Embajada Argentina en Santiago de Chile a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre y habían ingresado a nuestro país tras conseguir sus salvoconductos. Las fojas con las fotografías y los antecedentes personales (razones por las que se encontraba en Chile, fecha de ingreso a nuestro país, lugar donde fijó residencia; así como dos apartados donde se analizan antecedentes penales e ideológicos) fueron reorganizadas a partir de diciembre de 1974 por la DIPPBA (entonces SIPBA) y conformaron con ellos diferentes tomos del legajo de Referencia Nº 16.998. 


En esos tomos continúan las investigaciones de inteligencia sobre ellos. Sobre toda la información del Archivo rige la Ley Nacional 25.326 de Habeas Data, que implica la protección de la intimidad de las personas allí mencionadas, por lo tanto hemos decidido no incorporar los mencionados tomos dentro de la colección. Referencia Nº 16.998 "COMACHI. Adherentes y residentes chilenos. Sept 1973". Seguimiento a las actividades de las diferentes filiales de los Comités de Ayuda a Chile en toda la provincia de Buenos Aires y otros agrupamientos de solidaridad, así como relevamientos de antecedentes de muchos de sus adherentes. 


Cuenta con documentación desde el momento del golpe del 11 de septiembre de 1973 y de su primer aniversario, que incluye folletos, volantes, transcripciones de discursos, nómina de participantes, e informes de distintos organismos de inteligencia (SIDE, SIN, etcétera), que da cuenta del funcionamiento de la Comunidad Informativa. También se reúnen allí antecedentes de aquellos que ingresan al país como asilados, fotografías y prontuarios que elabora Seguridad Federal. Referencia Nº 13.698. "Sucesos de Chile". 


Los tomos seleccionados de este legajo constan fundamentalmente de recortes de notas periodísticas publicadas desde el año 1970 hasta el año 1975, hemos excluido los materiales previos y posteriores referidos a conflictos limítrofes entre Argentina y Chile que dan origen al conjunto de legajos. Tomo 5. Antecedentes de personas que llegaron de Chile solicitando asilo. Mesa Ds, Varios, Legajo N 3827. 


Que refiere a la toma de rehenes en Acnur durante el año 1975.     

este viernes a las 18:30
Los documentos que hoy adelanta Tiempo Argentino serán presentados por la Comisión Provincial por la Memoria el próximo viernes a las 18:30 hs. en el aula E2 de la Facultad de Humanidades de La Plata, ubicada en Calle 48 entre 6 y 7, de esa ciudad. Los originales conforman la entrega 17 de la colección del Centro de Documentación que administra la Comisión, titulada "El golpe de Estado en Chile y su impacto en la región". En la jornada también se llevará a cabo la charla "A 40 años del golpe en Chile, los desafíos de las democracias en América Latina", coordinada por la CPM y la Maestría de Historia y Memoria de la Facultad. Participarán del panel Patricia Funes, doctora en historia y miembro del Consejo Asesor de la CPM; Ana Barletta, directora de la Maestría en Historia y Memoria; y Marta Cisterna, coordinadora de la Comisión de Observadores de DD HH de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, de Santiago de Chile (teleconferencia). Sandra Raggio será la moderadora. 

Me gustan los estudiantes

11.09.2013
Las acciones de la Bonaerense apuntaron al trabajo militante de la juventud
Varios documentos sostienen las investigaciones policiales a militantes y estudiantes. Algunos de ellos: 

Asunto: Actividad estudiantil. 
Síntesis: En inmediaciones del Comedor Universitario, hoy al mediodía, un joven que por medio de un brazalete identificábase como perteneciente a la Juventud Peronista, utilizando un megáfono invitaba a los estudiantes de todas las tendencias a concentrarse a las 19.00 de la fecha… 

Asimismo, para invitar a dicho acto, FULP y FUA refrendaron panfletos con la misma finalidad, señalando en los mismos su adhesión al pueblo chileno… En inmediaciones a la Facultad de Ciencias Médicas, firmados por el Centro de Estudiantes de Chile-La Plata, se invitaba a diversos actos… (17 de septiembre de 1973). 


Asunto: Manifestación estudiantil en la zona céntrica. Ampliando información relacionada con la manifestación estudiantil, la misma se detuvo al pie del monumento erigido en la Plaza Italia, una vez allí realizaron un minuto de silencio a los caídos en los sucesos de Chile… 


A continuación usaron de la palabra tres oradores no identificados, quienes se refirieron a los sucesos que culminaron con el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende. (14 de septiembre de 1973). las 


JUVENTUDES POLÍTICAS ALUDEN A LOS GRAVES HECHOS DE CHILE. Una declaración de enérgico repudio "al bárbaro golpe de las fuerzas armadas chilenas, orquestado –dice– por el imperialismo yanqui y la oligarquía cipaya" ha emitido la Coordinadora de Juventudes Políticas de Pergamino… Luego de afirmar que este hecho sume al pueblo chileno en una dictadura reaccionaria, expresa que ello forma parte "de la estrategia orquestada por el imperialismo yanqui en toda la América Latina. (Sin fecha identificada). 


ACTIVIDAD ESTUDIANTIL, LA PLATA. "En la fecha y siendo aproximadamente las 11.30 hs., un grupo de alrededor de 300 estudiantes, pertenecientes a establecimientos secundarios de esta ciudad, se congregaron… con la finalidad de manifestar a viva voz su repudio "por los hechos ocurridos en la República de Chile. Luego de proferir palabras hostiles hacia los militares que intervinieron en el alzamiento del vecino país, los estudiantes entonaron estribillos tales como: "Nixon, yanki gorilón, el pueblo te saluda, la p... que te parió". (12 de septiembre de 1973). 

Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh

Guayacán, donde ejecutaron a niños
En recuerdo de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy
Por Arnaldo Pérez Guerra

CONOZCA: Coquimbo, donde dinamitaron a Sonia, Mario y a Germán



El ejército niega todavía que Cheyre esté vinculado con el asesinato de dos niños en Guayacán, Región de Coquimbo, ocurrido en diciembre de 1973. La querella fue presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos en julio de 2001 contra el ex dictador Pinochet, e interpuesta por los familiares de Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente. Los menores fueron fusilados por una patrulla militar que custodiaba unos gaseoductos en una población del sector La Herradura (Guayacán), habitada por funcionarios de Impuestos Internos.
"¿Qué saben ustedes...?" La tarde del 24 de diciembre de 1973, tres niños -Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en las cercanías de la población ubicada en la parte superior de los estanques para el almacenamiento de combustible en Guayacán, Coquimbo. El padre de Patricio, al regresar de su trabajo, vio a los niños y se llevó a su hijo a casa. Los otros dos menores quedaron ahí, y no llegaron jamás a sus hogares, cuestión que causó alarma en el barrio. Los vecinos se organizaron en parejas para buscarlos, y se vieron obligados a infringir el toque de queda que, ese día, por ser Navidad, se alargó hasta las 21:00 hrs.
Nelson Díaz, padre de Patricio, y Luis Varas, utilizaron un automóvil. Llegaron hasta la portería de los estanques. Allí se percataron que, extrañamente, no había ningún militar, ni guardia. Los estanques eran custodiados permanentemente por los militares. Horas antes habían constatado la presencia de muchos soldados, que disparaban sus metralletas de manera habitual sin que nadie supiera hacia qué blancos. Claro, a los pobladores les habían dicho que ahí "se podían producir atentados extremistas", pero nada de eso había ocurrido. El personal que custodiaba los estanques pertenecía al Regimiento de Artillería Motorizado Nº2 "Arica" de La Serena.
Los vecinos, alarmados y frustrados por la búsqueda inútil, regresaron a sus casas. Nelson Díaz y Luis Varas fueron detenidos por una patrulla de militares que les revisaron su auto e, incluso, dispararon sobre el techo del Fiat-600 en que se movilizaban. Contra la muralla y con las manos en la cabeza, fueron amenazados de muerte en caso de moverse. Así permanecieron allí, en espera de alguien de mayor rango apareciera; y eso ocirrió algo después, cuando un capitán les presentó excusas y los dejó en libertad. Como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada y se sometió a las familias de los menores a "arresto domiciliario". Toda la población fue allanada por militares armados quienes los interrogaron sobre "la desaparición de los menores" y "qué sabían de eso".
Balas militares 
Como si el arresto domiciliario no hubiera sido suficiente abuso, los padres de los menores empezaron a ser trasladados a menudo al regimiento, para ser torturados. Mientras tanto se efectuaban intensas búsquedas para dar con el paradero de los niños, participando el Cuerpo de Bomberos de Coquimbo, carabineros e Investigaciones con una brigada de Homicidios que enviada especialmente desde Santiago. Carabineros utilizó perros policiales "expertos en rastreo". Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa.
En agosto de 1978, niños del vecindario -que jugaban en el sector-, encontraron los restos de los menores sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de, aproximadamente, 100 metros de las casas. Estaban a una profundidad no superior a 20 centímetros, lo que resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales.
"Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad", señala el abogado Hugo Gutiérrez. En el Instituto Médico Legal de Santiago, se realizaron los peritajes. Los padres fueron citados para la entrega de los restos, entrevistándose con un médico legista, que practicó la autopsia. Les indicó que la causa de muerte era "a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo", y agregando que "esos proyectiles los usan sólo el Ejército". Sin embargo, el médico les señaló que "no podía certificar esa causa de muerte". "Efectivamente el certificado señala 'causa de muerte indeterminada'", agrega Gutiérrez.
En la querella se cita, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol (su "delfín"), y va dirigida contra Augusto Pinochet y "todos los que resulten responsables". También se cita a Osvaldo Pincetti (*), que mantuvo secuestrados a los padres de los niños, y al oficial Carlos Verdugo Gómez, que formaba parte de la Unidad Especial de Inteligencia del Regimiento "Arica".
Se presume que el grupo que estaba de guardia en ese momento, fue el que fusiló a los niños. Después, escondieron los cuerpos para volver a enterrarlos en las cercanías cuando la búsqueda de la policía y los vecinos terminó. Por eso no había ningún militar cuando los vecinos los buscaron en los estanques. Los padres nunca presentaron el caso en ninguna instancia, "por temor. No se califica todavía la participación de Cheyre. Lo citamos en calidad de 'inculpado'. No sabemos qué participación tuvo, y queremos que declare lo que sabe. Es razonable pensar que él, como ayudante del comandante, supo de los hechos y está al tanto de la participación de la patrulla militar. El ministro Guzmán hasta ahora no ha citado a nadie en el proceso", señala Hugo Gutiérrez.
Lapostol, Moren y Cheyre El ex comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, niega que sus oficiales hayan participado en los fusilamientos de la Caravana de la Muerte, o dando un tiro de gracia por orden de Arellano. El año pasado, señaló a Canal 13: "Yo le ordené en forma taxativa al entonces teniente Cheyre que ninguna persona ni ningún oficial, ni suboficial, cabo, sargento, soldado, participara en nada, ni en un consejo de guerra, a la orden del general Arellano". Sin embargo, Lapostol confirmó que "los ejecutados fueron elegidos por Arellano".
En la Caravana de la Muerte viajaba el capitán Marcelo Moren Brito, que formaba parte de la Agrupación de Combate Santiago-Centro bajo el mando también de Arellano Stark. Moren Brito viajó a Santiago horas antes del golpe militar en septiembre de 1973. Moren no era un desconocido en La Serena: era en ese momento, el segundo comandante del Regimiento "Arica".

Este artículo Arnaldo Pérez Guerra, fue publicado por El Siglo y La Insignia, en marzo del 2002, bajo el título "La responsabilidad de Cheyre"

(*) Nota de "Las historias que podemos contar": Recuérdese que el Pincetti nombrado, era un empleado civil de la DINA y el CNI con conocimientos de hipnosis y parapsicología, cuyos alias eran "el Pincetti" y "profesor destino" porque conducía un espacio radial de horóscopos antes del golpe; y cumple hoy prisión por su involucramiento en el asesinato del carpintero Juan Alegría, crimen encargado por su jefe Álvaro Corbalán Castilla -preso también a cadena perpetua-, para encubrir el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. El profesor destino intentó hipnotizar al carpintero Alegría para que éste escribiera una nota autoinculpándose por el asesinato de este dirigente; por lo tanto, es posible que estuviera intentado conseguir que los padres de los niños se autoinculparan por el asesinato de sus propios hijos.
Envío:Agnddhh

NELSON CAUCOTO, ABOGADO DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTUVO EN LA VICARIA DE LA SOLIDARIDAD
“Hay que esclarecer todos los crímenes”
Por Christian Palma

Caucoto señala que la única posibilidad de una “verdadera reconciliación” en Chile es a partir de que la Justicia avance en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.
Desde Santiago
“Una forma, en definitiva, de lograr avanzar en la reconciliación está dada por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura.”
Nelson Caucoto es el actual jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. En plena dictadura trabajó en la Vicaría de la Solidaridad (organismo de la Iglesia Católica, creado por el papa Pablo VI para ayudar a las víctimas del régimen militar) y luego en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Además presentó más de 300 querellas en contra de Augusto Pinochet y es uno de los principales litigantes en causas de DD.HH. Con más de 30 años de experiencia, ha llevado adelante casos emblemáticas como Víctor Jara, Degollados, Operación Albania, Paine y Lonquén, entre otros, lo que le valió, en 2007, el Premio de Derechos Humanos. El 11 de septiembre de 1973, este destacado abogado cursaba el último año de Derecho en la combativa Universidad de Concepción y, como a casi todos los de su generación, la fatídica fecha le cambió la vida para siempre.

–¿Cómo llega a convertirse en abogado de DD.HH. y qué casos lo conmovieron más?
–El golpe militar me hizo cambiar las prioridades, y me nació la necesidad de poner mi profesión al servicio de la gente que estaba sufriendo y siendo perseguida. Apuré el tranco, hice mi memoria para licenciarme y me fui a Santiago. Me presenté en enero de 1976 a una entrevista con Fabiola Letelier en la recién creada Vicaría de la Solidaridad, y me quedé en ese organismo hasta que terminó, en diciembre de 1992. No podría decir que un caso me conmovió más que otro, ya que todos tienen componentes brutales en común de muertes, torturas, vejaciones y desapariciones. El dolor en los familiares es tan grande... eso, en parte, es lo que me ha mantenido hasta estos días trabajando en las causas, buscando verdad y justicia.

–¿Qué le parece el caso del ex general Juan Emilio Cheyre y los nuevos episodios de violaciones a los DD.HH. que siguen saliendo a la luz?
–Tengo opiniones divididas. Comenzando por valorar su tarea como comandante en jefe, que permitió un reconocimiento histórico de los crímenes cometidos por esa fuerza, señalando que una cifra cercana a las 200 víctimas fueron ultimadas y lanzadas al mar por los militares, para luego dar un paso también inédito en cuanto a suscribir un compromiso de no vincularse nunca más con un golpe de Estado. Eso, creo, constituye un legado que hay que tener presente, pues no recuerdo una situación de esos alcances en los militares de este continente. Todo ello lo hizo en el marco de una ofensiva inmensa en su contra de los militares en retiro, y de una silenciosa oposición interna de los militares activos. No fue fácil hacerlo, qué duda cabe. Ahora, ese gran aporte de Cheyre se ha visto ensombrecido a la luz de lo acontecido en el caso Lejdermann (ver edición del 28/08/2013 de Página/12), por la precariedad e insuficiencia de sus respuestas en el caso concreto. No parece aceptable que haya sostenido que nunca leyó el Informe Rettig (sobre violación a los DD.HH.), que es un instrumento de carácter estatal y oficial del gobierno de Chile, y que por tanto nunca se interesó por conocer mayormente el devenir del caso.

–¿Qué falta en Chile para que exista una verdadera reconciliación? Al parecer, los odios y diferencias siguen pasando de generación en generación...
–Es verdad que no hay una completa reconciliación entre los chilenos; sin embargo, hay aspectos que anuncian luces esperanzadoras. Hemos avanzando en reconocer que los crímenes existieron. Se ha reconocido que las violaciones de derechos humanos en la dictadura dejaron una inmensa secuela de sufrimientos y dolores, con chilenos torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados. Otra señal la otorga el avance de la Justicia, respecto de la cual ya no existen los reparos de hace algunos años, y existe consenso de que los tribunales deben seguir cumpliendo su tarea de investigar los crímenes cometidos. Una forma, en definitiva, de lograr avanzar en la reconciliación está dada por el esclarecimiento total de los crímenes cometidos por la dictadura.

–¿Cómo se viene este nuevo 11 de septiembre, teniendo en cuenta el escenario de los 40 años del golpe y que a Piñera, los otros 11/9, le han tocado más bien tranquilos?
–Los 40 años del golpe militar han tenido y van teniendo características distintas a los anteriores decenios. No creo que alguien haya imaginado alguna vez que cuatro décadas más tarde el recuerdo del golpe estuviera tan intensamente presente en la sociedad chilena como lo está hoy. Los medios de comunicación han cumplido un enorme papel en estas efervescencias. Los reportajes en diarios, revistas, radios y las imágenes de la TV dan cuenta de un reencuentro liberador con la verdad de lo ocurrido en la dictadura. Se han mostrado imágenes jamás vistas por los chilenos. Hoy proliferan los seminarios, encuentros y debates en las universidades y organizaciones sociales. Todo ello le hace bien a Chile. Ello ha traído aparejada una variada manifestación de perdones o reconocimientos que nunca antes se habían hecho. Las palabras del presidente Piñera y del senador Carlos Larraín (del derechista partido RN) son valorables en ese sentido. Hoy pareciera que todos abrazan la causa de los derechos humanos.

–¿Qué tan lejos estamos de la Justicia tan necesaria para cerrar heridas? ¿Hay avances en la materia?
–El avance de la Justicia ha sido significativo y hay que valorarlo. Hoy existen aproximadamente 800 procesamientos dictados contra los violadores de derechos humanos en los últimos 13 años, cuestión nunca vista en los 27 años anteriores. Existen alrededor de 250 agentes condenados por violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, en Chile existen 1400 juicios por derechos humanos. En el país, la Judicatura ha tenido un giro de 180 grados. En tres años se ha avanzado más que en los 27 años anteriores. La Justicia ha ido haciendo su trabajo y hay que instar para que no exista víctima que no haya tenido la posibilidad de una investigación judicial seria, imparcial y efectiva. Nuestra crítica fundada y responsable a esa actividad judicial radica en la escasa cuantía de las penas a los criminales, lo que nos parece inadecuado por la gravedad de los crímenes y la necesaria prevención general y especial que conlleva como fines la pena. Hay que impedir a toda costa que en el futuro estos crímenes se repitan, y para ello hay que intimidar a los delincuentes con penas racionales, justas y proporcionales a la gravedad de los crímenes.

–¿Queda mucho aún por conocer? ¿Saldrán a la luz más casos de violaciones a los DD.HH.?
–Gran parte de la historia de Chile en dictadura está en los expedientes judiciales con los que se han ido esclareciendo los crímenes. Esos expedientes dan cuenta de la política de exterminio que se practicó. Y en ese exterminio se utilizaron todos los métodos imaginables e inimaginables. Se fusiló, se quemó, se explosionó, se degolló, se mató gente en la tortura, en falsos enfrentamientos, se inocularon sustancias tóxicas, químicas, bacteriológicas y se usó el gas sarín. Todos los días se están dictando nuevos procesamientos, nuevas condenas. Cada juicio es más verdad construida. Lo más significativo es que nadie se opone o se cruza como en el pasado reciente a esa actividad judicial.

–¿Qué le parece que la Corte Suprema reconozca omisión y responsabilidad en graves acciones durante la dictadura de Pinochet?
–Uno de los aspectos centrales en la actividad judicial en derechos humanos es el comportamiento de los tribunales. Los del tiempo de la dictadura fueron obsecuentes y funcionales a los designios de la tiranía, brindándole una amplia y total impunidad. Sin embargo, hoy ese poder judicial es distinto y ha ido fijando las bases de una futura convivencia nacional con una nueva perspectiva histórica. Así, nuestra Judicatura, desde no hace más de diez años a la fecha, ha incorporado plenamente el Derecho internacional de los derechos humanos, y ese instrumental jurídico obligatorio para el Estado de Chile ha permitido que judicialmente se declare la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ese es un legado para las futuras generaciones y una clara advertencia para las eventuales dictaduras del futuro, por cuanto sus crímenes serán perseguidos donde sea o cuando sea que se hayan cometido. Los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema han sido iluminadores en ese sentido y tienen una dimensión histórica que es bueno resaltar. Que la Corte Suprema en pleno, el viernes pasado, haya reconocido las omisiones y la grave desprotección en que se dejó a los ciudadanos me parece una buena determinación, y viene a sumarse a este nuevo clima que inauguran los 40 años. Quizá lo que más destacaría en esa declaración es aquella parte en que el máximo tribunal insta a todos los jueces del país a persistir en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Ese es el camino.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh


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La Historia Oculta del Régimen Militar

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