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viernes, 6 de septiembre de 2013

Milton Juica, ministro de la Suprema, y el mea culpa judicial por DD.HH.:

“Es una mentira del porte de una catedral los que dicen que no sabían lo que estaba pasando”

El magistrado, quien culminó con la investigación judicial del 'caso Degollados', entra en el tema de las culpas de la Justicia que hoy se abordará en el Pleno de la Suprema. “Mucha gente tenía miedo, para otros les era indiferente, otros creían que era bueno que pasara y otros estaban convencidos que la represión debía ser más fuerte aún”, señala. Y cree, eso sí, que ahora se ha avanzado tanto que “si Pinochet estuviera vivo, seguramente estaría condenado”.

El Presidente Sebastián Piñera en una entrevista el fin de semana pasado, fustigó a los tribunales de justicia por su papel en la dictadura: “Hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas”. Una deuda que sigue latente, porque la judicatura de esos años no defendió a las personas detenidas, torturadas o asesinadas. Por lo mismo, y en un gesto no menor, la Asociación de Magistrados ayer pidió perdón “a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena” porque, en su mayoría, los jueces —durante los 17 años de represión— miraron para el techo. Es más, en el pleno de hoy el máximo tribunal analizará la declaración y emplazamiento que les hicieron los magistrados en este tema.
Pero no todos los jueces hicieron oídos sordos. El ministro Milton Juica tuvo en sus manos dos causas emblemáticas —el ‘caso Degollados’ y Operación Albania— y siempre ha tenido una visión crítica de lo que hizo la mayoría de sus pares en dictadura, lo que le valió el veto de la derecha en 1998 para ascender a la Corte Suprema, el cual logró romper el 2001 y ser, incluso, presidente del máximo tribunal.
A la hora de los balances por los 40 años del Golpe Militar, su análisis es certero: “Al poco tiempo era clarísimo que había una represión total, que había detenciones totalmente ilegales, una tortura permanente (…) los tribunales consultaban al Ministerio del Interior, éste decía que la persona no estaba detenida y si lo estaba, que era en virtud del estado de sitio. Bastaba ese informe para aceptar que era así”.
-¿Cree que la ciudadanía perdonó al Poder Judicial?
-No es un problema de perdón, sino de críticas más que justificadas. Esperaban que sus derechos fundamentales fueran mejor asegurados y no lo obtuvieron. A las autoridades no se les perdona, se les critica y juzga por lo que hicieron y no hicieron y, en la época más difícil de la dictadura, la gente no tuvo tutela judicial en la defensa de sus derechos fundamentales. Aquí hay mucha gente que dice que no sabía lo que estaba pasando y eso es una mentira del porte de una catedral. Todas las personas que vivieron en esos años, sobre los 15, 16, 18 años, sabían perfectamente que se estaba viviendo una situación atroz. Una persona medianamente informada, con discernimiento, no podía ignorar lo que estaba sucediendo.
-¿Se refiere a nivel país o solamente al Poder Judicial?
-¡A todos! No sólo al Poder Judicial. Nadie puede decir que esto de los desaparecidos era mentira, que las torturas eran mentira, que las casas de seguridad eran mentira, una persona mínimamente informada estaba consciente de lo que pasaba. Lo que sucede es que mucha gente tenía miedo, para otros les era indiferente, otros creían que era bueno que pasara y otros estaban convencidos que la represión debía ser más fuerte aún. Tengo un documento, que siempre lo he guardado (toma una carpeta de su escritorio, la revisa y saca un papel) ¡es brutal!, es del año ‘78, la declaración del comité permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, dice: “Lamentamos tener que decir que hemos llegado a la convicción de que muchos, sino todos los detenidos desaparecidos, han muerto al margen de toda ley”. A mí me parecía que había que actuar y eso era investigando.
En la medida que los tribunales están ejerciendo sus funciones en esas causa, no hay impunidad. Eso no significa que todas vayan a tener un resultado positivo, nadie puede asegurar una sentencia ganada.
-¿Hubo mucha frustración por las trabas para avanzar en las causas?
-Asumí la causa de los degollados que llevaba el ministro (José) Cánovas que había jubilado, dije que iba a poner todas mis capacidades en el conocimiento de los hechos, investigué todo lo que pude, hice todo lo que pude y hubo un buen resultado. En la investigación que hizo Carlos Cerda hubo probablemente una gran frustración, todo lo que había hecho le fue dejado sin efecto por los tribunales de la época, pero sirvió de fuente para muchos procesos y ministros en visita, porque era un expediente que determinó comportamientos y nombres. Después aparece Sergio Muñoz que hace una investigación extraordinaria y remece todo.
-Por los 40 años del Golpe los mea culpa están a la orden del día en todos los sectores…
-Estos mea culpa debieron haberse producido mucho  antes, dicen ahora lo que debieron haber creído 20 o 30 años atrás.
-¿Ha habido justicia y verdad o hay una tarea pendiente?
-Todavía hay casos que están en investigación, pero que existan tareas pendientes no significa que haya un cierto grado de impunidad. El tiempo es muy delicado en materia penal, pero es importante para llegar a la verdad. Hay una conducta permanente de la jurisdicción actual de llegar hasta los últimos resultados y sancionar a quienes deben serlo. El Poder Judicial actual ha tenido mejores resultados que cualquier otro país de la región en materia de DD.HH.
-A veces parece más una respuesta para salir de las críticas…
-Casi todos los países de América Latina tuvieron una dictadura y una política de exterminio. Aquí no ha habido ánimo para perdonar legislativamente, los tribunales han considerado que los principios de DD.HH. establecidos en Tratados Internacionales rigen y, por lo tanto, su afán de investigación, de descubrir la verdad, de sancionar a los responsables se ha mantenido. Tenemos 29 ministros en visita, 216 sentencias se han dictado y 143 con sentencia ejecutoriada.
-¿No hay impunidad entonces?
-En la medida que los tribunales están ejerciendo sus funciones en esas causa, no hay impunidad. Eso no significa que todas vayan a tener un resultado positivo, nadie puede asegurar una sentencia ganada.
-¿Y la sensación colectiva de que no se ha castigado a los culpables se debe a que Augusto Pinochet murió sin ser condenado?
-Sólo en un caso demostró que estaba en situación mental —la demencia subcortical— y se le aceptó el sobreseimiento, pero murió con causas pendientes, porque con posterioridad empezó a demostrar que, a pesar de haber sido declarado inimputable, se comportaba como una persona con plena capacidad mental, con actividades de una persona normal, por lo que en los siguientes procesamientos no hubo esa clemencia. Él estaba procesado cuando murió y si estuviera vivo, seguramente estaría condenado.

TIRA Y AFLOJA

-Usted lo vivió ¿Está vigente el veto de la derecha a los jueces de causas de DD.HH.?
-Encuentro la expresión veto muy fuerte. La oportunidad que tiene el Senado de hacer el análisis sobre la idoneidad de un ministro es válida, lo que me parece tergiversa el sentido constitucional es que se consideren las razones de un tribunal para decidir sobre un conflicto. Eso entra en lo más importante que tiene un juez, su independencia, significa que el ministro supremo futuro tiene que pensar muy bien lo que va a resolver para no enemistarse y eso es lo grave.
-Algunos casos…
-¡El mío! Fui el primer caso en que se rechazó la designación del Presidente, en circunstancia que no había ningún reproche de mi conducta moral ni profesional, reunía todos los requisitos, no había ningún pero en mi carrera. Es lícito que haya presumido que se tuvo en consideración la manera como yo enfrentaba el derecho, especialmente en la protección de las garantías constitucionales.
-Y eso sigue vigente…
-Ahí están los casos de Carlos Cerda y Alfredo Pfeiffer, se les rechazó por su manera de entender el derecho, esa es la realidad.
-En la Corte Suprema hay quienes critican que el Senado esté involucrado en la designación…
-Los nombramientos siempre han sido complejos. Siempre se utilizó el sistema mixto, previsto para Presidentes que duraban seis años y así se podían producir hipotéticamente los equilibrios ideológicos. Cuando se planteó la modificación la Corte informó que no debía alterarse el sistema, porque podía haber politización.
-Este año el tema de los ascensos ha sido complejo…
-Todos los gobiernos se han demorado y hay demora porque, al final, tiene que haber un acuerdo político. Cuando se producen divergencias de carácter político pueden verse afectados quienes tienen una mayor relevancia jurídica respecto de quienes no tienen ninguna, porque crean menos problemas. Lo que me preocupa es que por este tira y afloja alguien que está en el mismo grado, en el mismo merecimiento, se le prive de ascender por una cuestión contingente.
-El presidente Piñera tiene una quina que tiene el nombre del juez Cerda nuevamente ¿hay un clima más favorable para su ascenso?
-No quiero dar una opinión, no me parece prudente. Solamente diré que todas las personas que están en una quina, si fue propuesta por la Corte Suprema, es merecedora de ocupar el cargo que está vacante.
-¿Comparte la idea que el compromiso absoluto de los jueces con la defensa de los DD.HH. sea requisito para ascender a la Suprema?
-No voy a cometer la imprudencia de decir que un colega está equivocado y espero que también me consideren a mí como opinión válida. La idoneidad moral de las personas es lo que interesa, pero puntos de vista tenemos todos y en materia de DD.HH. hay reglas básicas fundamentales que recoge el derecho internacional, que son superiores a cualquier opinión.
-¿Y si un juez denegó justicia?
-Habría que ver si lo hizo o no. La denegación de justicia es no hacer justicia, no hacer nada, pero si conociendo un  asunto resuelve de una manera determinada, no está denegando justicia, sino que aplicando lo que cree que es la justicia.

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