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viernes, 6 de septiembre de 2013

El 11 y los cuerpos apilados en el SML

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(*) Dr. Patricio Bustos Streeter es director nacional Servicio Médico Legal.
“La búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada es una obligación del Estado”. Esta afirmación, señalada por el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas al cumplirse 40 años del Golpe de Estado en Chile, está más vigente que nunca.
Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, la intervención militar suscrita por el propio Pinochet comenzó a obrar, y significó un quiebre también en la historia del Servicio Médico Legal.
Adentro del Servicio, hubo funcionarios que anónimamente cumplieron sus labores institucionales, a pesar de la amenaza y el terror. Los cuerpos, según cuentan testigos de la época, llegaban en camiones por decenas y en varias ocasiones eran arrojados en el frontis sin ningún procedimiento regular.
Afuera, cientos de personas se agolpaban en la entrada de la sede de Av. La Paz, para obtener información acerca del paradero de sus seres queridos, buscando con desesperación, entre las listas de muertos publicadas por el régimen. Los fotógrafos Marcelo y Christian Montecinos retrataron este momento, sin imaginar que tiempo después el primer hermano buscaría al segundo, luego de que fuera ejecutado en 1975, al ser sacado por una patrulla militar desde su departamento en las torres de San Borja.
La búsqueda y la identificación de las víctimas de desaparición forzada no es sólo un problema de los familiares que aún buscan sin encontrar. La búsqueda y la identificación de las víctimas de desaparición forzada, es una obligación del Estado, y de todos los chilenos. Sería deseable que —más temprano que tarde— así lo entendiéramos.
Desde el comienzo de la represión, el mandato de identificar a las víctimas de la represión política ha tenido grandes dificultades.
Una de ellas fue en abril de 2006, cuando se conocieron las discordancias en la identificación de las víctimas del caso Patio 29, basada en técnicas antropológicas y de superposición cráneo facial, utilizadas antes del desarrollo de la genética.
Hemos debido reconocer y superar dichas adversidades, que significaron sumar más dolor a las familias, y hemos logrado implementar avanzadas técnicas de arqueología, antropología, odontología y genética.
Pero las dificultades en la búsqueda e identificación de víctimas de la dictadura no se deben a las limitaciones científicas, sino al hecho comprobado de que en Chile la mentira se institucionalizó, a través de la acción de encubrimiento más grande realizada en la historia del país: la “Operación Retiro de Televisores”, implementada luego del hallazgo de los restos de 15 campesinos en los Hornos de Lonquén en 1978, y que consistió en la inhumación ilegal de los cuerpos y su eliminación física, lanzándolos al mar, dinamitándolos o quemándolos para borrar toda posibilidad de hallazgo e identificación.
Esto constituye, hasta hoy, uno de los principales escollos para avanzar en la verdad, es decir, identificar víctimas, determinar causa y modalidad de muerte, para abrir espacio a la aplicación de justicia.
Para doblar la mano a esta maniobra hemos tenido que acudir a la búsqueda de familiares en Chile y el extranjero para que puedan donar una muestra de sangre que sirva para la comparación genética con las osamentas que permanecen en nuestra unidad de identificación en espera de tener nombre. Ya llevamos más de 3 mil muestras y necesitamos más.
Para doblar la mano al paso del tiempo, hemos debido ir hasta las tumbas de quienes no alcanzaron a estar para recibir de vuelta a sus hijos, esposos, hermanos, desparecidos y ejecutados; padres cuyos fragmentos óseos hoy estamos exhumando para levantar nuevas muestras que amplíen las posibilidades de identificar a más personas.
La búsqueda y la identificación de las víctimas de desaparición forzada no es sólo un problema de los familiares que aún buscan sin encontrar.
La búsqueda y la identificación de las víctimas de desaparición forzada, es una obligación del Estado, y de todos los chilenos.
Sería deseable que —más temprano que tarde— así lo entendiéramos.
A 40 años del Golpe Militar, la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada no es una concesión ni un favor.
No es posible develar la verdad judicial, histórica y humana sin aclarar estas acciones de encubrimiento, avanzando en verdad y justicia, y por cierto a partir de las consecuencias que se deriven de ese reconocimiento, continuar el camino de la memoria, de la reparación, y de la educación de las nuevas generaciones.

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La Historia Oculta del Régimen Militar

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