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martes, 3 de abril de 2012

La lucha de Wente Winkul Mapu

En agosto de 2011, un equipo de Azkintuwe visitó la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla, donde ayer lunes fue herido mortalmente -en confusas circunstancias- el sargento del GOPE, Hugo Albornoz. Horas antes de nuestro arribo, las familias habían sido victimas de un violento operativo policial. De ello y las razones tras el reclamo territorial de jóvenes mapuches sin tierra trata el siguiente reportaje de archivo.





“Llegaron temprano, como a las 6 de la mañana y destruyeron todo lo que había a su paso. En todas las casas entraron violentamente, pateando puertas y tirando bombas lacrimógenas, incluso habiendo niños y ancianos dentro”. El testimonio es de Daniel Melinao (26 años), werken o portavoz de la comunidad “Wente Winkul Mapu”, del sector Chequenco de Ercilla. Los hechos que relata acontecieron el pasado 18 de agosto, cuando un centenar de efectivos policiales, armados hasta los dientes, ingresó a la comunidad buscando “armas” supuestamente en manos de los comuneros. La orden judicial de “entrada y registro” fue autorizada por el juez del Tribunal de Collipulli, Claudio Campos Carrasco, a solicitud del fiscal del Ministerio Público, César Chivas. Huelga destacar que a ningún mapuche le fue mostrada dicha autorización; demasiado ocupados estuvieron los Carabineros aquel día repartiendo patadas e insultos por doquier.

Dieciséis fueron los domicilios allanados durante el operativo, uno de los más grandes de los que se tenga memoria en la zona, según reportó Nestor Aburto, corresponsal de Radio Biobio en Los Ángeles y a quién Carabineros negó aquella mañana el ingreso a cubrir el “procedimiento” en la comunidad. Dieciséis casas con puertas, ventanas, dormitorios, camas, muebles, incluso cocinas a leña completamente destruidas. Hogares humildes, levantados con esfuerzo por los propios comuneros, transformados por obra y gracia de la paranoia gubernamental en peligrosos arsenales de insurgentes mapuches rurales. “A nuestra casa, que es pequeña, entraron cerca de 20 carabineros. A mi conviviente le pegaron, la insultaron, nunca le mostraron la orden de allanamiento, solo al final del operativo le quisieron hacer firmar un documento y a lo cual ella se negó”, relata Melinao.
 


“Yo no sabía que pasaba. A los golpes me tenían. Dieron vuelta todo, los muebles, la cocina, me decían que tenia que quedarme tranquila sino ellos iban a reaccionar. Yo no me callaba y en eso llegó uno y me pegó un palmetazo en el rostro. Me tomaron dos y me apretaban las manos. Luego me sentaron en el sillón y allí me tenían apuntada con una escopeta. Me preguntaban por Daniel y dónde escondíamos las armas. “Dónde tienen las armas, indios concha de su madre”, me decían. ¿Qué armas? ¿Cuándo hemos tenido armas?, les decía yo. Estuvieron como una hora, dieron vuelta todo y se largaron. La casa quedó toda desordenada y en el patio era imposible respirar; estaba todo pasado a bomba lacrimógena”, relata su pareja, Liliana Erices (25 años).

Si bien Daniel no se encontraba en casa, no se libraría aquella jornada de la delicadeza étnica policial. Horas después del operativo y cuando se dirigía a Collipulli para interponer una denuncia por lo acontecido, un piquete de Fuerzas Especiales detuvo su auto abruptamente en la ruta. “Me emboscaron en la entrada del Fundo Centenario, camino a Collipulli. Eran como 50 carabineros, un capitán me bajó violentamente, me apretó los testículos, me pegó con su escopeta y me tiró al suelo. “Delincuente de mierda, soy choro con capucha”, me decía mientras me daba patadas en el suelo. Yo no quise responderle nada”, relata Daniel. “Revisaron mi auto y no encontraron nada. A final me pasaron un parte por andar sin licencia y me largaron. Había sido un control carretero de rutina, me dijeron, riéndose”, agrega el werken.


Su familia no fue la única que lo pasó mal. “Yo estaba donde familiares en el pueblo y cuando llegué, a las una de la tarde, estaba todo destrozado. Zenón, mi hijo, me llamó por la mañana. “Estamos todos maneados, amarrados”, me dijo. Llegué a la casa y no había nada bueno, parecía que había pasado un huracán”, relata la ñaña (abuela) Francisca Marileo Toledo a Azkintuwe. “Llegaron como treinta a la casa. Yo no los quería dejar entrar, porque yo era jefe de hogar en ese momento y les dije que tenían que mostrarme la orden. Me tomaron entre cuatro y me tiraron al suelo. “La orden la tenemos en el furgón, indio de mierda”, me dijeron. Allí me patearon hasta que deje de protestar, boca abajo en el suelo”, relata por su parte Zenón Neculpan Marileo, su hijo. “El gobierno habla de terroristas, dice que los mapuches somos terroristas, pero ellos, los carabineros, son los que andan con el terror por delante”, agrega Zenón.

No se trató solo de entrada y registro. Para los afectados se trató de un asalto policial a mano armada, llevado a cabo por verdaderos “delincuentes de uniforme”, según denuncia la ñaña Francisca. “Nosotros fuimos víctimas de un asalto. A mi los Carabineros me sacaron 120 mil pesos, que eran para la universidad de mi hijo menor. Me robaron esa plata, en otra casa robaron 50 mil pesos más, en todos lados sacaron dinero y cosas”, señala. “Yo le pido a las autoridades del gobierno que por favor les suban el sueldo a esa gente. Tal vez así no van a andar robando lo poco y nada que tenemos los mapuches. ¡Si actúan como verdaderos delincuentes! Hasta se llevaron la ropa de un hijo gendarme. Sus botas, camisas, todo su uniforme se lo llevaron”, denuncia la mujer. “De seguro se repartieron la ropa de mi hermano entre ellos”, agrega Zenón.


 
Cristian Melinao Melinao (37 años) también acusa sustracción de dinero desde su vivienda aquel día. “Me robaron cincuenta mil pesos, más la cédula de identidad y la billetera”, señala visiblemente molesto. Él tampoco estaba en su vivienda durante el ingreso de los uniformados y fue su madre, María Marileo Melinao (56 años), quien sufrió las consecuencias de la violencia policial. Cuenta que la trataron de “india cochina” y le gritaban de modo desafiante: “dónde está tu hijo terrorista que tiene las armas”. “Buscaban armas cuando lo único que tenemos es nuestra pobreza”, señala Cristian. En su caso, un policía de civil que integraba la comitiva tomó aquella mañana la bandera mapuche que poseía y con una cuchilla la destrozó en el patio. “Mi madre me contó lo que hicieron. Era la bandera de nuestra comunidad. No sé que ganaron ellos con hacerla pedazos, tal vez será que le tienen miedo”, reflexiona en voz alta.

En otra vivienda allanada conocemos el testimonio de la niña C.L.L. Se acerca junto a otros menores y cuenta que estaba con su mamá y su abuela cuando ingresó Carabineros a su casa. “Sintió un poco de miedo”, explica, y luego con mucha personalidad narra que los carabineros desordenaron todo, botaron la ropa y revisaron su mochila escolar “donde tenía mis cuentos”. A sus seis años, no es primera vez que le toca vivir un operativo policial. El 02 de agosto de 2010, durante un allanamiento similar en su vivienda, detuvieron a su padre, Leonardo Lican (26 años), quien permaneció 15 días incomunicado en la cárcel de Temuco, acusado de incendiar un camión en el sector de Pidima. Tras un año en prisión fue dejado en libertad, absuelto de todo cargo. Leonardo asegura que existe una persecución política en su contra.

“En varias ocasiones me han tratado de tener preso, pero no han podido porque no han encontrado ningún antecedente con que me inculpen”, señala. Hace más de un año, nos cuenta, le fue incautada además una camioneta marca Chevrolet y recién este próximo viernes 26 de agosto tendrá una audiencia en los tribunales para intentar recuperarla. Denuncia que se los persigue solo porque demandan tierras ancestrales de la comunidad, hoy en manos de la Forestal Mininco, Forestal Cautín y propietarios particulares. En total, cerca de 2 mil hectáreas que figuran dentro de antiguos “títulos de merced” y que –dictadura militar de por medio- hoy forman parte de los extensos dominios forestales. Se calcula en 1 millón las hectáreas bajo control de Mininco y Bosques Arauco en la VIII y IX región. En la comuna de Ercilla, el promedio por familia mapuche no supera hoy las dos hectáreas. La cara oculta del Chile “en vías de desarrollo”.

***
 


“Wente Winkul Mapu” es una comunidad con pocos años de existencia pero reprimida como pocas. Fue conformada el año 2008 y legalizada el 2010 por treinta y cinco jóvenes familias, todos ex miembros de la comunidad “Juan Millacheo Levio” del mismo sector de Chequenco. “Somos una comunidad que existe legalmente, pero que no tiene tierras”, nos cuenta Daniel. “Todos vivimos de allegados en tierras de nuestros padres, en lo poco y nada que tienen ellos. En mi familia somos seis hermanos. Todos estamos acá, viviendo en unos metritos de tierra donde no nos alcanza ni para plantar cilantros”, nos cuenta. “Son pocos los que pueden sembrar algo. La mayoría vivimos de hacer peguitas por aquí y por allá. Yo soy carpintero, se de albañilería, salgo al pueblo, trabajo unos días, junto unos pesos y regreso para dirigir la comunidad y sostener mi familia”, agrega el vocero. “Es por cambiar esta realidad que estamos luchando”, subraya.
Recorremos junto a Daniel la comunidad y a la memoria se nos viene la reservación navajo Pine Ridge, en el estado norteamericano de Dakota del Sur; hacinamiento, pobreza extrema, ausencia casi total de futuro para sus jóvenes y niños. Si a ello le sumamos un cerco policial implacable, jóvenes indígenas desfilando a diario por los tribunales y autoridades que hacen oídos sordos y los abandonan literalmente a su suerte, bienvenidos al Lejano Oeste. Es tanta la similitud con Pine Ridge que “Wente Winkul Mapu” tiene hasta su propio Leonard Peltier, el histórico preso político indígena de la tierra del Tío Sam. Se trata del lonko Juan Ciriaco Millacheo, emblemático líder mapuche, prófugo de la justicia chilena (“clandestino”, prefieren llamarlo sus peñis) desde mediados del año 2004.
 


 
Millacheo, junto a una docena de dirigentes de las empobrecidas comunidades de Tricauco, San Ramón y Chequenco, fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de “incendio terrorista” contra el Fundo Poluco Pidenco, de Mininco. También a pagar 425 millones de pesos como indemnización a la todopoderosa maderera del grupo Matte. De acuerdo al estado de resultados presentado por la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros, Empresas CMPC –propietaria de Mininco S.A.- obtuvo en 2010 utilidades por US$640 millones, 139% mayores que los US$268 millones de 2009, mientras que los ingresos anotaron un alza interanual del 35% llegando a US$4.219 millones. Todo ello, consigna la Superintendencia, “debido a mayores volúmenes de ventas en todos los negocios y a las alzas en los precios mundiales de la celulosa”.

Con tal adversario en frente, ¿era esperable un debido proceso judicial? “Los peñi llegaron al juicio condenados”, señala Melinao. “Se trató de un proceso viciado de principio a fin, por eso nuestro lonko no se presentó”, subraya. No es el único que lo piensa. A juicio de Elías Paillan, miembro del equipo del Observatorio Ciudadano, el juicio estuvo marcado por diversas irregularidades. “Básicamente tuvieron que ver con la utilización de la Ley Antiterrorista 18.314, restricciones al debido proceso que se derivan de dicha ley, la utilización en el juicio de “testigos protegidos” por parte del Ministerio Público y la inhabilitación -por parte de la Corte Suprema- de la jueza de Garantía de Collipulli que inicialmente había rechazado la calificación del ataque incendiario como un delito terrorista presentada por la fiscalía y denegado sus peticiones de protección y anonimato de testigos”, señala Paillán.

 
Junto al lonko Millacheo fueron condenados en la misma causa el entonces líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), José Huenchunao Mariñan, la activista Patricia Troncoso Robles, protagonista de una prolongada huelga de hambre el año 2008, y la dirigenta de Tricauco, Mireya Figueroa Araneda (50), quien permaneció clandestina hasta el año 2009. Tras su detención en la Región Metropolitana, Figueroa permaneció varios meses recluida en la cárcel de Angol. En septiembre del año 2010 y por razones humanitarias, fue finalmente dejada en libertad. La dirigenta, madre de cuatro hijos, falleció de cáncer el pasado mes de marzo en su comunidad. Además de Forestal Mininco, en dicha causa también actuó como querellante la gobernación provincial de Malleco, ello en representación del Ministerio del Interior, una constante en todos los juicios relacionados con conflictos de tierras al sur del Biobio, según advierte Paillan. “Una constante de los gobiernos de la Concertación”, agrega Melinao.


 
Hoy, el emblemático caso “Poluco Pidenco” se encuentra radicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que declaró admisible el año 2007 una denuncia por violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos presentada por la defensa de los condenados. No es primera vez que las comunidades mapuches deben buscar en tribunales internacionales aquello que les niegan la justicia local. Al 2011, son cuatro las denuncias mapuches contra el Estado y admitidas por la CIDH. No se trata de denuncias al voleo. Prueba de ello es la reciente decisión de la CIDH de llevar a juicio al Estado chileno ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, ello por el caso de los lonkos Aniceto Norin y Pascual Pichún. Ambas autoridades tradicionales fueron condenadas en 2003 a cinco años de cárcel por “amenaza terrorista” contra el abogado y latifundista de Traiguén, Juan Agustín Figueroa. Dicha condena la obtuvo el ex ministro de Patricio Aylwin tras lograr que la Corte Suprema anulara una primera sentencia absolutoria del Tribunal Oral en lo Penal de Angol.

A juicio del abogado Jaime Madariaga, que patrocinó la denuncia de ambos lonkos en la capital estadounidense, la decisión de la CIDH implica un verdadero hito histórico. Y sobre todo, un precedente a considerar por los comuneros de “Wente Winkul Mapu”. “Los peticionarios persiguen mayormente justicia, pero no reparación en dinero, sino fundamentalmente garantizar que aquello que les pasó no le suceda a otros mapuches”, señala el abogado a Azkintuwe. “No seria de extrañar –agrega Madariaga- que estas personas que están siendo allanadas o golpeadas hoy en Ercilla después aparezcan acusadas de “terrorismo”. Es lo que pasó en el caso de los lonkos de Traiguén y también años más tarde en Poluco Pidenco. Hoy la CIDH ha decidido acusar al Estado chileno de violar los derechos humanos y esto sienta un precedente importante para comunidades como Wente Winkul Mapu; de ahora en adelante, tanto las autoridades como los tribunales tendrán que evaluar muy bien si exponen o no al Estado a una nueva sanción internacional. Y aquello es una garantía de mayor justicia”, subraya.

http://www.azkintuwe.org/20120401_001.htm

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